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El derecho a una muerte digna


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El derecho a una muerte digna

1997


Doctrina

JA 1997-I-925

SUMARIO: I. Introducción.- II. Eutanasia. Concepto y clasificación.- III. Ejemplos jurisprudenciales de los diferentes tipos de eutanasia: a) Eutanasia voluntaria activa; b) Eutanasia voluntaria pasiva; c) Eutanasia involuntaria activa; d) Eutanasia involuntaria pasiva.- IV. Limitación de nuestro estudio.- V. Argumentos en favor y en contra en la eutanasia pasiva voluntaria: a) Argumentos a favor de la eutanasia voluntaria pasiva; b) Argumentos en contra de la eutanasia pasiva voluntaria; c) Conclusión.- VI. Solución de los proyectos de ley argentinos: a) Objeto de la norma; b) Requisitos que deben reunirse para la aplicación de la ley tanto en lo que respecta al paciente como en lo referente a los profesionales intervinientes; c) Consecuencias frente al incumplimiento de lo dispuesto por la norma; d) Eximición de responsabilidades para los sujetos intervinientes que hayan obrado con arreglo a las disposiciones de la ley.- VII. Valoración de los proyectos de ley argentinos

I. INTRODUCCIÓN

El promedio de vida humana ha aumentado considerablemente en los últimos años; influyen en ello -entre otras cosas-: los mayores conocimientos que se tienen en el campo de la medicina, los avances en el área de la farmacología y el auxilio de la ingeniería que provee de aparatos capaces de hacer más certero el diagnóstico, realizar tareas propias de la vida, o ayudar mecánicamente a su realización (como los respiradores artificiales).

Hoy, gracias a la ingeniería biotecnológica, se puede continuar viviendo con importantes funciones vitales paralizadas. Y también se puede mantener la vida en virtud a sustancias químicas que nuestro organismo no produce. Pero esa continuación de la existencia con disminuciones funcionales -que a veces se limitan a las meramente vegetativas- es muy costosa de realizar. Cara desde el punto de vista económico tanto para el paciente como para los familiares, y el Estado que gasta recursos de salud escasos en prolongar agonías de enfermos terminales.

También es costosa desde el punto de vista emocional y psicológico; es por ello que, no siempre se requiere o no siempre se puede vivir denigrado en funciones vitales, dosificado, dependiente del suministro de energía eléctrica, y pendiente de los altibajos de lo monitores que marcan los ritmos vitales. No todos los seres humanos consideran digno respirar o defecar dependiendo de un aparato, o por muy desarrollada o perfecta que sea la maquinaria o la técnica que lo logra no se puede obligar a las personas a su utilización con el fin de mantener funcionando anormalmente su cuerpo.

Cierto es que el hecho de que mecánicamente o eléctricamente se logre realizar algunas de las funciones del organismo humano constituye un gran avance y un indiscutible progreso y que muchos aceptarán prolongar la vida o la parte que de ella les queda a cualquier costo y mediante cualquier terapia, porque prefieren una milésima de vida, o una vida limitada o reducida a la muerte. Pero también es cierto que algunos no pueden vivir una vida quimioterizada, biotecnologizada, mecanizada y terapizada y que no pueden ser obligados a someterse a procesos terapéuticos que prolongarán su existencia física en un tiempo limitado.

La posibilidad de prolongar la vida artificialmente nos enfrenta a diversos problemas. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

1. ¿Tienen los hombres derecho a suspender los tratamientos terapéuticos o negarse a someterse a técnicas quirúrgicas cuando dicha suspensión o negativa les ocasione la muerte?

2. ¿Tienen los enfermos terminales derecho a solicitar que se les dé medicamentos que les produzcan la muerte?

3. ¿Hasta qué punto el Estado tiene el deber de defender la vida de los ciudadanos?

4. ¿Tienen los padres y los hijos derechos a suspender los tratamientos de sus ascendientes o descendientes sin su consentimiento cuando tal suspensión le va a causar la muerte?

5. ¿Pueden los pacientes disponer previamente que en determinadas condiciones no se los someta a tratamiento terapéutico?

Todos estos ítems están relacionados con la cuestión de la muerte digna, que es un tema que preocupa mundialmente, a tal punto que se han formado organizaciones tendientes a su defensa, por ejemplo en Francia existe la "Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad", en EE.UU. existe la "Society for the Righ to Die"; ambas forman parte de la Federación Mundial de la Sociedades del Derecho a Morir (1).

El legislador argentino no ha permanecido indiferente a esta problemática; es por ello que en la primera mitad del año 1996 ingresaron en la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos de ley relativos a los derechos de los enfermos terminales de disponer que se les suspendan las alternativas terapéuticas y se los deje morir. Uno fue presentado por el diputado Miguel Bonino y adopta la denominación de "Ley de derechos de enfermos terminales" el segundo fue presentado por los diputados Carlos Álvarez y José M. Corchuelo Blasco y alude a igual tema.

Ante esta situación parlamentaria consideramos necesario realizar algunas precisiones terminológicas, efectivizar imprescindibles clasificaciones y limitar nuestro estudio a uno de los tipos que se pueden presentar, enumerar los argumentos favorables y desfavorables, plantear las cuestiones jurídicas, describir las soluciones dadas por los proyectos de ley y hacer una valoración de éstos. Concretamente nos proponemos dar:

a. Denominación y clasificación de la eutanasia.

b. Ejemplos jurisprudenciales de los distintos tipos de eutanasia.

c. Limitación de nuestro estudio.

d. Solución de los proyectos de ley argentinos.

e. Valoración de los proyectos de ley argentinos.

II. EUTANASIA. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

El término "eutanasia" es de origen griego: eu y thanatos (2) y quiere decir buena muerte o bien morir.

En general se relaciona con la eutanasia el hecho de provocar una muerte fácil y sin dolores a un paciente que está próximo a morir por causa de enfermedad terminal, como así también la negativa a recibir tratamientos médicos o terapéuticos que prolonguen la vida.

La eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria.

La "eutanasia voluntaria" es aquélla en la que el paciente presta su consentimiento para que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que le prolonguen la vida y/o solicitar que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. Este tipo de eutanasia se caracteriza porque el paciente presta su consentimiento para la acción (suministrar fármacos) o la omisión (suspensión de tratamientos o desconexión de aparatos) que le va a producir el fin de la vida.

La "eutanasia involuntaria" es aquélla en la cual el paciente no presta su consentimiento para la muerte; en ella el fin de la vida se produce o bien sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad; en estos casos se habla de dar una "muerte piadosa".

Ambas clases de eutanasia pueden a su vez subclasificarse en activa, positiva o directa y pasiva, inactiva o indirecta.

"Eutanasia activa" es aquélla en la que existe una acción positiva tendiente a producir la muerte, como por ejemplo proporcionar una sobredosis de píldoras conciliadoras del sueño o suministrar una inyección de cloruro de potasio.

"Eutanasia pasiva inactiva o indirecta" es la producida por la omisión de los tratamientos o medicamentos o terapias o alimentos que prolongan el proceso de morir.

En la doctrina española se ha hecho una conceptualización más sutil de la eutanasia pasiva, diciendo que en un sentido riguroso por eutanasia pasiva habría que entender la producción de la muerte de otro ser humano a través de la omisión de "unos medios proporcionados o necesarios". Y que no constituye eutanasia pasiva la omisión no sólo legítima sino éticamente debida de "medios desproporcionados" para mantener una vida artificial sin que haya una relación de proporcionalidad con la finalidad perseguida (3).

Graficando la clasificación tenemos que:

EUTANASIA

VOLUNTARIA

activa o directa

pasiva o indirecta

INVOLUNTARIA

activa o directa

pasiva o indirecta

III. EJEMPLOS JURISPRUDENCIALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EUTANASIA

Un ejemplo de cada uno de los supuestos ayudará a comprender mejor la clasificación.

a) Eutanasia voluntaria activa

La "eutanasia voluntaria activa" se produce cuando el enfermo solicita al médico que le suministre un medicamento que le ayude a morir sin dolor, y éste se le otorga. Ejemplo de este tipo de eutanasia fue el caso inglés del Dr. Cox. El Dr. Cox había sido el médico de Lilian Boye durante 30 años; en los últimos años de la vida de ésta los medicamentos no le calmaban los dolores; por tal motivo le solicitó a su médico que la ayudara a morir sin dolor; ante su pedido el Dr. Cox le suministró una dosis mortal de cloruro de potasio que produjo la muerte inmediata de Lilian Boye, y escrupulosamente generó el suministro de la inyección en la historia clínica de la paciente. Tal hecho fue conocido por una enfermera católica, quien lo denunció a las autoridades del hospital. Como el cuerpo había sido cremado no existían demasiadas evidencias del hecho, salvo la constancia del propio médico en la historia clínica. El jurado lo encontró culpable y lo condenó a un año de prisión en suspenso y a no ejercer más la medicina. Luego se le permitió retornar a sus funciones en el Royal Hampshire County Hospital en Winchester, pero con la condición de que su trabajo fuera supervisado por un médico senior. El caso despertó grandes polémicas en Inglaterra entre quienes estaban a favor de la eutanasia activa y quienes estaban en contra (4).

En EE.UU. fue muy famoso el caso del Dr. Kevorkian, quien era conocido como el "doctor de la muerte". Este médico era de Detroit, ciudad que pertenece al Estado de Michigan, uno de los pocos estados que en el año 1992 no tenía sancionada la instigación al suicidio y había ideado una serie de máquinas que ayudaban a morir y las había descripto en artículos y por televisión. Se sabe de por lo menos nueve personas que las utilizaron para causarse la muerte. Una de las formas que había ideado consistía en colocar un veneno en la parte de atrás de un auto y cuando los pacientes apretaban un botón el veneno se les introducía en una aguja que el médico les había colocado previamente.

La diferencia entre el caso del Dr. Cox y el del Dr. Kevorkian radicaba en que en el primero existía un gran conocimiento entre el paciente y el médico que le permitía conocer el estado y decisión del paciente, mientras que en el segundo caso el médico prácticamente desconocía al enfermo (5).

b) Eutanasia voluntaria pasiva

La "eutanasia voluntaria pasiva" se produce cuando un paciente se niega a una intervención quirúrgica que puede salvarle la vida, o peticiona la suspensión de un tratamiento médico sin cuya realización va a morir o solicita que se lo desconecte de un aparato que le ayuda a prolongar la vida en condiciones que el paciente considera indignas. Ejemplo de este último supuesto fue el resuelto por un juez de Quebec, Mr. Justicie Dufour, dictado en 1992, en el caso de Nancy B... Nancy era una joven de 25 años que sufría una rara neuralgia cerebral, denominada síndrome de Guillaim-Barre, que le había paralizado desde el cuello hacia abajo y la obligaba a vivir conectada a un respirador artificial.

La joven solicitó al juez que se le permitiera desconectarse de la máquina porque ya no soportaba más la vida que llevaba en la que solamente tenía la televisión y las paredes de su cuarto. El magistrado consultó a los médicos que atendían a la paciente y éstos le informaron que con el auxilio de la máquina la joven podía vivir muchos años más. El juez señaló que él sería feliz si Nancy cambiaba su idea, no obstante lo cual accedió a la demanda de la joven y ordenó se le desconectara el respirador y Nancy B. murió en febrero de 1992 (6).

La jurisprudencia de nuestros tribunales también registra precedentes en los que se ha puesto de resalto la no obligatoriedad de los tratamientos quirúrgicos.

Así lo ha expuesto la Cámara Nacional en lo Civil, sala H, al decir que: "Entre los derechos a la integridad física relativos al cuerpo y a la salud, es dable afirmar que nadie puede ser constreñido a someterse contra su voluntad a tratamientos clínicos o quirúrgicos o examen médico cuando está en condiciones de expresar su voluntad". Y que "no surgiendo del caso que la conducta del paciente configure una forma de suicidio, debe respetarse la voluntad de aquél y la solución viene impuesta por la índole de los derechos en juego, que determinan que el paciente sea el árbitro único e irremplazable de la situación: el principio expuesto no debe ceder aunque medie amenaza a la vida. Ello es así porque es él quien se expondrá a los riesgos "a los sufrimientos", a la inmovilidad, a la posibilidad de una subsistencia llena de diferencias y limitaciones y a una intervención médica que "a veces sólo ofrece la posibilidad de una prolongación transitoria de la vida" (7).

c) Eutanasia involuntaria activa

La "eutanasia involuntaria activa" es aquélla en que se da muerte a una persona contra su consentimiento o sin su consentimiento.

Un ejemplo de este tipo de muerte tuvo lugar en Bélgica, donde Zussane Coipel Van de Put ingirió talidomida como método para no quedar embarazada y dio a luz una niña sin brazos y con múltiples deformidades, a quien dio muerte con ayuda de sus padres y de su hermana, con una mezcla de barbitúricos. El hecho fue sospechado por el médico pediatra, quien lo puso en conocimiento de las autoridades. Los abogados centraron su defensa en que la muerte era un mal menor para la vida de la niña "el fiscal, quien la encontró culpable, pidió clemencia, y el gran jurado por 12 votos la encontró inocente" (8).

Montoya recuerda los siguientes casos: "El de Roswell de Fort Lauderdale quien fue condenado a perpetuidad en 1985 por matar a su esposa que sufría el mal de Alzheimer. Por otra parte Peter Rosier, de Fort Myers, le dio una droga mortal a su cónyuge que padecía una enfermedad terminal por lo que fue absuelto en 1988" (9).

d) Eutanasia involuntaria pasiva

La eutanasia involuntaria pasiva se produce generalmente cuando el paciente está en estado vegetativo y sus parientes solicitan la suspensión de las terapias que lo mantienen con vida.

El primer caso con trascendencia mundial fue el de Karen Ann Quinlan, quien permaneció en estado vegetativo durante 7 años producido por el alcohol y por las drogas. A pedido de su familia la Corte de New Jersey la autorizó a retirarla de un respirador que la mantenía con vida, y siguió viviendo durante unos años más, y la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó el certiorari cuando la sentencia fue apelada.

Otro precedente importante fue el de Nancy Cruzan que llegó a ser resuelto por la Corte Suprema de los EE.UU. A raíz de un accidente automovilístico Nancy Cruzan se encontraba en estado vegetativo y era alimentada en forma artificial mediante una sonda. Sus padres en su calidad de representantes solicitaron autorización para retirarle la sonda, hecho éste al cual los médicos se negaban. Una hermana y una amiga de la víctima declararon que ésta les había manifestado que en caso de quedar en estado vegetativo no quería continuar su vida en esas circunstancias. En primera instancia se hizo lugar a la presentación pero la Suprema Corte de Missouri rechazó la pretensión, señalando que las manifestaciones hechas por Nancy en cuanto a que ella no quería vivir como un vegetal "no eran clara ni convincente evidencia dada por adelantado" de acuerdo al estatuto aludido, y por lo tanto rehusó permitir a sus padres la suspensión de la alimentación e hidratación artificial.

Por su parte, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó el derecho de los pacientes a suspender o no someterse a determinados tratamientos como así también la constitucionalidad de los Living Will; pero en el caso concreto no aceptó la petición de los padres de suspender el tratamiento de sostén de vida por entender que ninguna persona puede asumir la elección por el incapaz si no se cumple con los requisitos exigidos por el state will living y si no hay claras y convincentes evidencias del deseo del paciente.

Además el Chef de Justicia William Rehnquist señaló que un estado puede exigir un elevado standard de prueba acerca de los deseos de un paciente (10).

Supuestos como el de Nancy Cruzan, son sin lugar a dudas muy comunes y muy difíciles de solucionar. Comunes porque son muchas las personas que se encuentran en estado vegetativo y no pueden prestar su consentimiento, y complejos de resolver porque los derechos personalísimos son en principio insusceptibles de ser dispuestos por intermedio de representante.

V. LIMITACIÓN DEL TEMA A TRATAR

Las diferentes clases de eutanasia que hemos clasificado presentan distintos problemas al derecho, cuyo tratamiento excedería en mucho el marco del presente. Por ello vamos a limitar nuestro estudio al tema de la eutanasia voluntaria pasiva, ya que ésta es la que ha sido motivo de los primeros precedentes jurisprudenciales en nuestro país y es la regulada en los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de la Nación.

VI. ARGUMENTOS EN FAVOR Y EN CONTRA DE LA EUTANASIA PASIVA VOLUNTARIA

a) Argumentos a favor de la eutanasia voluntaria pasiva

Entre los distintos argumentos que se han ensayado para justificar la eutanasia voluntaria pasiva o la posibilidad de las personas de suspender o negarse a recibir ayuda terapéutica o quirúrgica ante una enfermedad podemos señalar los siguientes:

1. Resulta contrario a la dignidad del ser humano obligarlo a continuar sometido a tratamientos médicos o quirúrgicos que no pueden salvarle la vida sino prolongar la agonía.

2. La libertad sólo puede ser coartada cuando perjudique a terceros y que el enfermo terminal decida no continuar con la vida, ya sea suspendiendo los tratamientos o no sometiéndose a las terapias, no perjudica los derechos de terceros.

3. El enfermo terminal es un sufrimiento y un cargo para sí, para su familia y para el Estado, que no tiene ningún justificativo de prolongarse contra su voluntad.

4. De este modo no se provoca la muerte del enfermo a través de métodos que le cortan la vida, sino que se evitan dolores, sufrimientos y angustias ante un caso que se presenta como irreversible o terminal (10).

5. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados, es rechazar el encarnizamiento terapéutico; con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no impedirla (11).

6. El derecho a negarse a recibir un tratamiento médico hace al derecho a la intimidad de las personas, que tiene base constitucional y que es superior al derecho del estado de preservar la vida.

7. El interés individual a la autodeterminación excede en importancia al interés del Estado en preservar la vida. El interés público se debilita y el interés personal se fortalece a medida que aumenta el grado de invasión personal: por tanto existe una notable diferenciación entre la insistencia del Estado de que debe salvarse una vida, cuando el mal que aqueja es curable y cuando la discusión se centra en por cuánto tiempo y a qué costo para la persona que sufre una enfermedad irreversible pueda prolongársele la vida brevemente (12).

8. Los recursos médicos siempre son escasos y es mejor dejarlos para aquellas personas que quieren continuar con su existencia y no gastarlo en quienes les resulta insoportable vivir en tales condiciones.

b) Argumentos en contra de la eutanasia pasiva voluntaria

La base de la eutanasia voluntaria pasiva está en el respeto de la voluntad del paciente a que se lo deje morir con dignidad y las principales objeciones giran en torno a la manifestación de voluntad.

1. Se señala que la voluntad de un enfermo terminal es:

a. Fácilmente captable.

b. Fácilmente influenciable.

c. Fácilmente viciada por la depresión,

y por ende el consentimiento no puede ser juzgado como "libre" y no es válido para producir la muerte.

2. Por otra parte se señala que incentivar estas prácticas mediante una legislación permisiva es contraria a la solidaridad humana.

3. Se alega que la eutanasia es una práctica inhumana porque es inhumano indicar a los enfermos que son una carga, que son costosos y que depende de ellos seguir siendo una pesada carga para los demás.

4. Se indica que con el avance de la medicina no conviene aceptar la muerte cuando los avances de la ciencia pueden traer soluciones a problemas hoy insolucionables, "y si lo que se quiere evitar es el dolor, esto se puede lograr sin llegar a la muerte".

5. Se señala el cambio de las pautas culturales. Hasta ahora si había una conducta que aparecía como símbolo de altruismo en el comportamiento social era la del abnegado servidor del orden público que evitaba el suicidio. Sin embargo parece como si esta pauta de normalidad estuviera cambiando: parece como si lo normal fuera cooperar al suicidio de otro (13).

6. La posibilidad de abusos "relacionados con la legislación de la eutanasia" podría aumentar el temor de los ancianos de que una enfermedad grave es una ocasión que les permite a sus familiares provocarles la muerte mediante el simple método de no permitirles conectarlos a un respirador.

7. Si bien se puede admitir que se disponga voluntariamente no continuar con tratamientos, esto es injustificable cuando se trata de la vida ajena, que es un derecho no disponible por intermedio de representante.

c) Conclusión

El objetivo de los proyectos de ley de afirmar el derecho del paciente a morir con dignidad es loable, pero difícilmente se alcanzan a cumplir, porque el procedimiento elegido es complicado. Se exige una decisión escrita, el dictamen de los médicos, las firmas de los testigos, que no estén en grado sucesible o no se vean beneficiados con la muerte.

VI. SOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY ARGENTINOS

Como ya hemos señalado, durante el pasado año 1996 han sido presentados en el seno de la Cámara de Diputados, algunos proyectos de ley relativos a los derechos de los enfermos terminales de disponer que se les suspendan las alternativas terapéuticas y se les deje morir, entre los que se encuentra el denominado "Ley de derechos de enfermos terminales" elaborado por el diputado Miguel Ángel Bonino y, el que ha sido designado como "Ley de derecho de oposición al empleo de todos los tratamientos médicos o quirúrgicos que prolonguen la existencia, que produzcan dolor, sufrimiento y/o angustia en caso de enfermedades incurables, irreversibles o terminales", cuya autoría corresponde a los diputados Carlos R. Álvarez y José M. Corchuelo Blasco.

Serán estos, los proyectos de ley que van a ser el objeto de nuestro examen en este trabajo, toda vez que el restante, elaborado por el diputado Luis Nicolás Polo, denominado "Ley sobre prolongación artificial de la vida humana", carece a nuestro juicio de trascendencia para el análisis jurídico que aquí se pretende llevar a cabo.

Efectuaremos entonces el estudio conjunto de los dos proyectos de ley citados, para lo cual, y a los fines de una mejor sistematización del análisis, agruparemos el examen en los siguientes ítems:

a) Objeto de la norma

Respecto del fin pretendido en los proyectos normativos en examen, ambos son contestes en establecer que lo que se persigue radica en la circunstancia de permitir que el paciente pueda negarse a iniciar o llevar adelante un tratamiento médico que pueda salvar o extender su vida, sin cuya aplicación irreversiblemente fallecería.

En este sentido, y en los fundamentos que acompañan a los respectivos proyectos, se destaca como puntos de partida el respeto por las "libertades íntimas de las personas". Así, en los fundamentos del proyecto de ley formulado por los diputados Álvarez y Corchuelo Blasco se señala: "El paciente tiene derecho a morir naturalmente, sin que ello implique el abandono de persona o negligencia del personal médico y eso es a lo que este proyecto de ley quiere darle un marco legal".

Corresponde señalar también, respecto de este primer ítem que estamos examinando, que en ambas soluciones normativas se excluye por completo la posibilidad de ejercer la denominada "eutanasia activa". En efecto, el art. 4º del proyecto del diputado Bonino expresa: "Se prohíbe expresamente por esa ley el ejercicio de la eutanasia activa".

Los diputados Álvarez y Corchuelo Blasco, por su parte, lo expresaron de la siguiente manera en los fundamentos que acompañaron su proyecto: "No estamos de este modo provocando la muerte del enfermo, a través de métodos que le acortan de manera súbita la vida, lo que sería un caso de eutanasia, sino evitar dolores, sufrimientos y angustias ante un caso que se presenta como irreversible y terminal".

b) Requisitos que deben reunirse para la aplicación de la ley tanto en lo que respecta al paciente como en lo referente a los profesionales intervinientes

Como ya lo hemos adelantado, abundan los proyectos de ley -en particular el de Álvarez y Corchuelo Blasco- en el establecimiento de requisitos que han de ser cumplidos para la posible aplicación de la norma.

Así, se requiere en primer lugar que la persona que solicita la asistencia médica para terminar con su vida (en los términos expresados en el proyecto "Bonino") o que desee oponerse al empleo de tratamientos médicos o quirúrgicos que prolonguen su existencia, que le produzca dolor, sufrimiento y/o angustia (de acuerdo a la terminología utilizada en el proyecto "Álvarez-Corchuelo Blasco") sea mayor de edad.

Se prevé que la solicitud se deberá hacer por escrito de acuerdo a los formularios que como anexos se acompañan a los textos legales.

En lo que se refiere a los profesionales intervinientes, se requiere en primer lugar que los médicos acrediten que el paciente padece una enfermedad que tenga las características que ya fueron descriptas y que de acuerdo con los criterios científicos ninguna terapia de posible aplicación lograría su cura.

Se requiere asimismo que el profesional médico haya informado al paciente respecto de la naturaleza, característica y probable evolución de su enfermedad.

Conforme al proyecto de los diputados Álvarez y Corchuelo Blasco es preciso también que a los médicos intervinientes el paciente les exprese su voluntad de no someterse a los tratamientos indicados.

A tal fin, el profesional médico debe asegurarse de que el requirente se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que ha considerado todas las consecuencias posibles que su decisión pueda acarrear.

Establecen también las propuestas normativas requisitos de forma que serán necesarios para que se pueda cumplir con la voluntad del paciente. Tales recaudos prevén -en esencia- que el médico haya sido testigo de la firma de la solicitud por parte del paciente o por quien la haya suscripto en su nombre; y que además intervenga otro profesional de la medicina acreditando el cumplimiento de todos los recaudos.

Por parte, el proyecto "Bonino" exige que la solicitud sea suscripta por dos testigos que conozcan al paciente y que no sean parientes hasta el 4º grado.

Finalmente, se exige que el médico hable el mismo idioma que el paciente, o en su defecto que éste sea asistido por un intérprete.

c) Consecuencias frente al incumplimiento de lo dispuesto por la norma

El proyecto Álvarez-Corchuelo Blasco, establece dos órdenes de consecuencias frente al incumplimiento normativo.

En primer lugar se prevé la pena de prisión de 4 a 12 años para el que "procure la firma o la testificación de un certificado de solicitud de oposición a someterse a los tratamientos médicos o quirúrgicos que prolonguen la existencia, que produzcan dolor, sufrimiento y/o angustia".

Por otro lado, el art. 10 del citado proyecto establece la nulidad de toda cláusula testamentaria o contractual que afecte la posibilidad de presentar o anular la solicitud de oposición.

d) Eximición de responsabilidades para los sujetos intervinientes que hayan obrado con arreglo a las disposiciones de la ley

Por último, se prevé la eximición de responsabilidad, cualquiera fuese su naturaleza, "por un acto realizado de buena fe y sin negligencia, sujeto a las disposiciones de la presente ley".

VII. VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY ARGENTINOS

Como ya hemos expresado, las propuestas normativas que examinamos constituyen a nuestro juicio loables intentos de afirmar el derecho de todo ser humano a morir con dignidad; pero como lo hemos adelantado también, el engorroso procedimiento previsto podría hacer fracasar el objetivo tenido en mira por el legislador.

No se nos escapa que el tema en debate es extremadamente sensible en la epidermis social, pero ello no significa que la norma deba contener excesivas previsiones y disposiciones sobreabundantes.

En efecto, desde un intrincado procedimiento escrito que intentamos reseñar en el capítulo anterior, y que se patentiza en los sacramentales términos en los que están redactados los anexos que acompañan a los proyectos, hasta la inclusión de disposiciones que como la obvia "eximición de responsabilidades por haber cumplido la ley", hacen al proyecto extremadamente farragoso y lo colocan frente al riesgo de su fracaso concreto.

Sí en cambio, creemos que habría sido importante que se legislara respecto de la situación de los incapaces.

En efecto, al decir de Dresser, una persona incompetente tiene el mismo derecho de negarse a recibir un tratamiento para salvar o mantener su vida que una competente, y no pierde ese derecho por ser incompetente o por no poder ejercerlo. Aunque se rechazará el ejercicio de un derecho de no aceptar un tratamiento médico para salvar o mantener la vida de una persona si se la considera incompetente para tomar esa decisión, y como tal imposibilitado de ejercer el derecho de autodeterminación, su derecho puede ser ejercido mediante la "decisión sustituta". Las personas autorizadas para ejercerla deciden sobre cuestiones relacionadas con medidas para salvar o mantener la vida que se aplicarán a personas incompetentes (14).

En virtud de la doctrina de la "decisión sustituta", los familiares o tutores legales de los enfermos terminales incompetentes, cuya vida se mantiene artificialmente, sustituyen su decisión por lo que creen que el enfermo si fuera competente decidiría en esa circunstancia con respecto a la suspensión de esos medios artificiales para mantener su vida; si una persona actualmente incompetente, cuando era competente hubiera otorgado un testamento "voluntario" o "piadoso", ello sería prueba suficiente de la intención de la persona y las personas que deciden por el enfermo terminal incompetente deberían dar importancia a esa intención (15).

Al decidir si se ejerce el derecho de una persona incompetente de rechazar un tratamiento para salvar o mantener su vida, la decisión de las personas autorizadas para tomarla debe ser equivalente a la que tomaría la persona incompetente si fuera competente, teniendo en cuenta sus intereses y preferencias concretas y su actual y futura incompetencia. Los responsables de las decisiones sustitutas deberían, por ende, considerar las opiniones de la persona incompetente y evaluar cuidadosamente las pericias médicas y toda otra evidencia que demuestre la condición, el tratamiento y el pronóstico del paciente.

Todos estos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que hemos descripto, no hacen más que ratificar nuestra opinión acerca de la necesidad de que en la normativa se incluya el supuesto de los incapaces y la posibilidad de que sus representantes puedan prestar el consentimiento requerido para la suspensión de los tratamientos.

Volvemos a reiterar que, sin perjuicio de las observaciones que formulamos, aparecen como sumamente positivos estos primeros proyectos tendientes a legislar sobre el derecho a una muerte digna; pero asimismo esperamos que en la sanción definitiva de la norma, se mejore la técnica legislativa y se incluya el supuesto de los incapaces.

NOTAS

(1) Junicaud, Dominique, "Du droit de mourir. Un regard philosopique sur une question controverseé" en Biologie Personne et Droit, n. 13, París, 1990, p. 71.



(2) Cifuentes, Santos, "Derechos personalísimos", Ed. Astrea, 1995, p. 398; Varga, Andrew, "Bioética, principales problemas", Ed. Paulinas, p. 267.

(3) Olleros, Andrés, "Derecho a la vida y derecho a la muerte", documentos del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra, p. 123.

(4) Dworkin, Ronald, "Life's dominion", p. 185.

(5) El caso es descripto por Thomasma, David, "Euthanasia", 1990, New York, 222.

(6) Dworkin, Ronald, "Life's dominion an argument about abortion and Euthanasia" Harper-Collins, London, 1993, p. 184.

(7) C. Nac. Civ., sala H, 21/2/91, con nota laudatoria de Sanz, Raúl, "Un fallo doblemente acertado", ED 144-122, con nota favorable de Bidart Campos, "Una conducta autorreferente judicialmente protegida", ED 23/10/91.

(8) Varga, Andrew, "Bioética. Principales problemas", p. 269.

(9) Montoya, Mario Daniel, "El derecho constitucional a morir", LL 1991-A-1066.

(10) Fundamento dado en el proyecto Álvarez y Corchuelo Blasco.

(11) Del nuevo catecismo de la iglesia.

(12) De la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por Miguel Bonino.

(13) Ollero, Andrés, "Derecho a la vida y derecho a la muerte", p. 116.

(14) Dresser, "La vida, la muerte y los pacientes incompetentes; incapacidades conceptuales y valores ocultos en el derecho", 28 Ariz LR 373, 1986.

(15) John F. Kennedy Memorial Hospital Inc. v. Bluelworth (1984, Fla).



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