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El derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de la ciudadanía comunicativa


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Derechos colectivos

  • El derecho de acceso de las comunidades a la comunicación pública.

  • El derecho al desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones, a la consecución de recursos adecuados, la distribución del conocimiento y habilidades, la igualdad de oportunidades económicas y la corrección de las desigualdades.

  • El derecho al reconocimiento de que los recursos del conocimiento son, a menudo, un bien común de propiedad de un colectivo.

  • El derecho a la protección de dicho recursos de su apropiación privada por parte de las industrias del conocimiento.

Derechos de participación

  • El derecho a adquirir las capacidades necesarias para participar plenamente en la comunicación pública.

  • El derecho de la gente a participar en la toma de decisiones públicas sobre la provisión de información, la producción de cultura o la producción y aplicación del conocimiento.

  • El derecho de la gente a participar en la toma de decisiones públicas en la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de comunicación.

Con esta óptica, la Plataforma por el Derecho a la Comunicación —que aglutina a Organizaciones no Gubernamentales (ONGS) con actividades en el ámbito de la comunicación para el cambio social, a nivel local, nacional y global— lanzó, en noviembre de 2001, la Campaña de Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información11 (CRIS, por sus siglas en inglés). Su propósito es abrir un amplio espacio de debate en la sociedad civil sobre el sentido y porvenir de la sociedad de la información.

La Campaña CRIS tiene una visión de la sociedad de la información fundada en el derecho a la comunicación, como medio para afianzar otros derechos humanos y fortalecer la vida social, económica y cultural de la gente y de las comunidades. Entonces, CRIS propone que la discusión en la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información no se puede centrar exclusivamente en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), sino que debe tomar en cuenta otras temáticas: derechos humanos, acceso a la información, género, propiedad y control, gobernabilidad y fiscalización, diversidad y pluralismo, y derechos de propiedad intelectual.



¿Por qué hablar de ciudadanía hoy?

De una manera real se empieza a percibir, como fundamento para la consolidación de los noveles sistemas democráticos de América Latina, la urgente necesidad de su legalidad y legitimación desde la sociedad civil. No sólo en los ámbitos académicos, sino cada vez con mayor ímpetu entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el tema de la ciudadanía va cobrando especial importancia por una serie de razones que provienen fundamentalmente de cuatro vertientes:



a) Política

  • La falta de reconocimiento y menosprecio, desde el tiempo de la Colonia, de la cultura política de los sectores populares debido a razones políticas e ideológicas que impiden concebir , comoespecialmente interculturalesal “otro”, en sus múltiples diferencias igual (conciudadano). Esto se manifiesta en desigualdad e injusticia social producto de una profunda negación cultural y de una serie de sentimientos y acciones arraigados de discriminación e intolerancia12.

  • Paralelamente, se observan marcados procesos de auto negación, donde el “otro” se siente y percibe como inferior (ciudadano de segunda o tercera clase) y desestima su propia identidad cultural.

  • Se siente el agotamiento del sistema de partidos políticos. La gente valora la política como necesidad de participar y ocuparse del destino de la comunidad, pero siente que esta actividad fue “maleada” por un grupo minoritario (“politiqueros”) que se aprovecha de ella para lograr intereses personales o partidarios y, además, no deja participar a otros en la escena política (clientelismo, nepotismo).

b) Histórica

  • Una modernidad aún inconclusa en la que conviven multiplicidad de sentidos de vida y pluralidad de culturas, en cuyo seno se entrecruzan diferentes lógicas de desarrollo que no logran ser resignificadas y apropiadas por la gente debido a las concepciones lejanas y alejadas desde las que fueron pensadas y transplantadas.

  • Una larga etapa histórica de gobiernos de facto (militares) en diferentes países latinoamericanos en la década de los años ’70 que avasalló las posibilidades reales del ejercicio constitucional de derechos, esencialmente los relacionados con la libertad de expresión y opinión, y anuló las garantías constitucionales de los ciudadanos. Todo ello, sumado a violaciones de los derechos humanos por medio del uso de aparatos de represión y muerte, desgastó el sistema democrático y perfiló un clima de injusticia en el viven las mayoríasahora en menor medida, pero con clara evidenciaque alejadas o aisladas del poder económico y político. Estas jóvenes democracias tienen aún mucho camino por recorrer para recobrar la esperanza perdida y el sueño anhelado.

c) Económica

  • “Paradójicamente, a pesar del crecimiento evidente de la miseria y de la pérdida general de la calidad de vida en muchos aspectos, el debate sobre la pobreza ha quedado relativamente escindido de la discusión sobre la ciudadanía” (Calderón y Lechner: 36). La pobreza es una “marca de inferioridad” (que califica al otro como carente, indigno, desprotegido, marginal) que desconoce al “otro” —culturalmente distinto— como sujeto de derechos legítimos y, por lo tanto, impide la universalización, el reconocimiento y el ejercicio de estos. En ese marco, coincidimos con los autores abordados, no puede existir el ciudadano.

  • Los altos índices de pobreza llevan a se preocupe defundamentalmente de los sectores popularesque la gente satisfacer, en primera instancia, sus necesidades básicas más elementales antes que participar y decidir públicamente. Estas condiciones de vida extremadamente difíciles se reflejan, como acertadamente apunta el PNUD (2002: 188), en expresiones de desilusión, fatalismo y pesimismo muy fuertes, sensación de abandono y desamparo, inseguridad y frustración respecto al futuro.
    Empero, muchas veces, ésta es razón sustancial para el surgimiento de movimientos sociales agrupados en torno a la identidad cultural, el género, el consumo, etc., que exigen el cumplimiento de sus derechos. Por otro lado, al tener estas necesidades resueltas, los sectores más acomodados se repliegan, cada vez más, en ámbitos privados (individuales, grupales o familiares) que los alejan de la construcción de comunidad.

  • El PNUD (2000: 31, 131) sostiene que la pobreza está vinculada, en su dimensión subjetiva, con la incapacidad de ejercer ciudadanía (condición pre-ciudadana), que se manifiesta en relaciones sociales excluyentes y desigualdad de oportunidades, impidiendo afirmar los valores y traducir las aspiraciones de todos los sectores de la sociedad en proyectos de vida compartidos. En ese sentido, Cançado (en Benvenuto: 20), Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantea que en este inicio del siglo XXI la erradicación de la pobreza extrema se constituye en uno de los grandes desafíos de la protección internacional de los derechos humanos.

d) Social

  • Si bien la democracia ha tenido importantes avances, se percibe un malestar y deterioro social que repercute en una desconfianza generalizada. Esta situación ocasiona que, tal como afirma el PNUD, “A mayor desconfianza, menor posibilidad de ciudadanía, y por tanto mayor dificultad en consolidar proyectos en la perspectiva del desarrollo humano (:185).

  • Se ha detectado en segmentos sociales amplios una actitud individual negativa que puede constituirse en una enorme barrera para el desarrollo y la formación de ciudadanía: el fatalismo13. De hecho, “conlleva resignación y conformismo y generalmente está asociado con altos niveles de frustración y bajas condiciones y oportunidades para superarlos” (:224).

En mayores y menores grados estas vertientes, entre otras, muestran a la ciudadanía en Latinoamérica como el resultado de un proceso sociopolítico que pretende -en pleno siglo XXI- la lucha por la igualación de todos en pos del fortalecimiento de Estados con plenas garantías para dar concreción y vigencia a los derechos humanos en la consolidación de sociedades verdaderamente democráticas, justas y equitativas.

Por ello, la urgente tarea de encarar un trabajo multidisciplinario en la construcción de ciudadanía desde diversos frentes. Este trabajo se aproxima a la labor específica de los medios de comunicación masiva en esta dirección. A continuación, se detallan algunos rasgos que permiten comprender los aspectos que abarca el tema de la ciudadanía antes de que se analicen los procesos masivos para su gestación activa y responsable.



La ciudadanía comunicativa

Manuel Antonio Garretón (1995: 103) plantea una multidemsionalidad ciudadana —ligada al acceso y la calidad—, esto es, un conjunto de derechos y deberes donde la persona ejerce su capacidad de ser sujeto, es decir, de llegar a controlar o decir algo sobre los procesos que definen un determinado campo, por ejemplo, en relación al mundo terrirorial, educacional, comunicacional, de género, etnia, generación, etc. Por lo tanto, en cada uno de estos campos se es titular de derechos humanos inalienables de acuerdo a una particular condición que proviene de la diversidad.

Al respecto Garretón (:104) considera que en el concepto de ciudadanía moderna “estamos frente a una extensión de derechos irrenunciables que provienen precisamente de la diferencia y no de la igualdad básica de los seres humanos”, lo que le otorga a cada persona o grupo la posibilidad de definir y luchar por tales derechos. Empero, esta potencialidad de la expansión ciudadana —como la llama el autor mencionado— se ve frustrada y negada por la exclusión, marginación, descomposición y fragmentación de las sociedades, la ausencia de proyectos globales de sociedad, etc., que caracterizan a los pueblos de América Latina, especialmente, los sectores populares.

En este marco, María Elena Hermosilla (1995: 180) sostiene que los medios de comunicación masiva pueden aportar en la constitución de ciudadanía estimulando la autonomía (social, política, económica y cultural) de los sujetos individuales y sociales para que estos puedan gestionar, construir y asumir su propio destino sobre la base del desarrollo y perfeccionamiento de sus condiciones de vida. Frente a la oferta de los medios, las personas construyen una ciudadanía comunicativa. A propósito, Claudia Villamayor y Ernesto Lamas (1998: 224) plantean lo siguiente:

El ejercicio de ciudadanía es un proceso de aprendizaje al que contribuyen las diferentes instituciones presentes en la sociedad, entre ellas los medios de comunicación. Desde un medio de comunicación siempre se construye ciudadanía: se puede ayudar al fortalecimiento de una ciudadanía activa y participativa o se puede fomentar una ciudadanía pasiva vinculada únicamente con el consumo.

Garretón (:106-107) complementa el análisis con dos dimensiones interdependientes en la relación entre los medios de comunicación masiva y la ciudadanía (ver Cuadro 1-1).



Cuadro 1-1 Dimensiones de la Ciudadanía Comunicativa

PRIMERA DIMENSIÓN “También ejerzo mi ciudadanía a través de los medios”

SEGUNDA DIMENSIÓN “También aprendo a ser ciudadano en mi relación con los medios”

En los medios las personas expresan y ejercen su ciudadanía en diversos campos, por ejemplo, a través de diversas formas de control social del poder. Sin embargo, los medios también pueden sustituir de forma ilusoria la participación a la que no se tiene acceso realmente o se puede dar el caso que los medios intenten sustituir a otras instancias de participación (por ejemplo, partidos políticos).

Las personas definen y (re)configuran su ciudadanía en la relación que establecen con la oferta mediática (consumo cultural)14. Por ejemplo, la información que estos producen aumenta el poder ciudadano (control social). Asimismo, aquí se plantea un tema de fundamental importancia, cual es el control ciudadano de los medios para la regulación democrática de estos.

En esta línea, Villamayor y Lamas (:223) reconocen que en la actualidad los medios juegan un papel prácticamente insustituible en la construcción y ejercicio de ciudadanía orientada a la consolidación de una sociedad democrática, ya que mediante el acceso15 y la participación en estos, las personas pueden ejercer ciudadanía al hacer uso de la libertad de expresión y acceder al espacio público, al mismo tiempo que controlar a las instituciones y ejercer presión sobre ellas.

El eje de la ciudadanía comunicativa: la información

El papel estratégico de la educación, del conocimiento y de las redes de información constituyen en la actualidad uno de los principales elementos de integración social al mundo moderno. Solamente un grupo muy reducido de latinoamericanos tienen acceso a redes de información y al manejo de las nuevas formas de conocimiento. Resulta pues fundamental que una renovación ciudadana busque una expansión de las nuevas formas de conocer y comunicar.
Fernando Calderón y Norbert Lechner, 1998

La información es fundamental para conocer y comprender la realidad actual. El hombre moderno tiene necesidades informativas que son satisfechas en gran parte por los medios de comunicación masiva; empero, la selección que estos hacen no siempre está acorde con las aspiraciones, necesidades, exigencias y expectativas de los receptores. La cada vez mayor “avalancha de mensajes” coloca al individuo, según Rivadeneira (1984: 37), “en una situación de ‘observador’ de resultados en cuya producción él parece no participar”, lo que le lleva a un estado de marginamiento social.

Ya en 1949, la Teoría Matemática de la Comunicación de C.E. Shannon y W. Weaver concibió la información como opuesta a entropía, caos o casualidad. Una de las aportaciones más importantes al modelo matemático es la de Eric Berne (citado por Valbuena, en Benito: 758-759), para quien la información es lo que conscientemente desea y se propone comunicar (emisor) o recibir (receptor), porque es lo que saben, lo que les da seguridad. La actitud del receptor es, en última instancia, la que otorga valor a la información, por tanto, es quien determina si la considera como ruido —lo que inconscientemente recibe sin desearlo ni proponérselo— o como información.

Concepto

De acuerdo con el comunicólogo boliviano Erick Torrico (1989: 21), la información es un proceso unilateral de transferencia de datos (representaciones sobre un objeto dado de la realidad) destinados a reducir parte de la incertidumbre que rodea al receptor con relación a una circunstancia determinada. En general, la información es la asignación de una forma peculiar a una parcela de la realidad comunicable, “puesta en forma”16 de mensaje para que pueda ser transmitido por los medios de comunicación masiva a un grupo de receptores. Desantes (1974: 186) concuerda con este planteamiento al explicar que informar significa “dar forma a un mensaje objetivo y poner en forma a un sujeto” situando al alcance de éste (divulgando) aquello que necesita y como lo necesita.

En relación al tema, Torrico (:22) plantea premisas fundamentales mediante las cuales se considera a la información como vital, parcial, subjetiva, parcializada y, finalmente, como poder:

a) Vital: los procesos de transmisión, recepción o intercambio de información son vitales e imprescindibles para la existencia y sobrevivencia de cualquier ser vivo.

b) Parcial: por limitaciones técnicas y humanas, la información no puede abarcar la totalidad de la realidad sobre la cual opera, por lo que es parcial: descompone la realidad global y se ocupa sólo de uno de sus componentes.

c) Subjetiva: al no poder ser totalizadora es selectiva y, por lo tanto, completamente subjetiva, pues el informador elige un punto de vista desde el cual va a informar desde una parcela de la realidad.

d) Parcializada: el informador adopta consciente o inconscientemente una postura de preferencia por uno de los aspectos de la realidad en detrimento de los otros, por lo que la información es parcializada.

e) Poder: la información está ligada a funciones de dirección social y política, por lo que se constituye en un factor o instrumento de poder, dominación, control. Por ello, añade Torrico, “a mayor acumulación y concentración informativas habrá mayor autoridad, capacidad de decisión e influencia”.

El concepto de una información absoluta, normativa u objetiva que permita describir y predecir este mundo, es decir, “llenar los vacíos” y darle sentido a la realidad, se apoya para Brenda Dervin (citada por Valbuena, en Benito: 761) en una serie de supuestos que parten de la afirmación que la comunicación humana es el proceso creativo de uso de la información:

a) la información es un recurso valioso;
b) la información describe la realidad;
c) la información reduce la incertidumbre;
d) la información permite al hombre enfrentarse más efectivamente con la realidad.

Por otro lado, Felicísimo Valbuena (en Benito: 763) nos habla de un nivel óptimo de información, “el que permite a las personas actuar como sistemas homeostáticos, en equilibrio”. De una infracarga de información que se produce cuando la persona no se encuentra con el conocimiento ni las alternativas suficientes para hacer frente a una situación. Y, finalmente, la sobrecarga de información cuando la persona traspasa el nivel óptimo de información necesario: “los estímulos son excesivos y la persona no está preparada para adaptarse a la situeación.”



A partir de lo que Soria (1991: 14-15) llama la “revolución jurídica” de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, él deduce de la idea del derecho a la información una serie de particularidades a partir de la doctrina iusinformativa:

a) La información es un acto de justicia: al investigar, difundir y recibir información se está dando a cada persona lo suyo, a lo que tiene derecho, y en eso consiste precisamente la justicia. El público está compuesto por núcleos personales, libres y responsables, que son titulares de un derecho humano.

b) La información es una función pública: nadie puede ejercitar el derecho humano a la información si no es para dar perfecto cumplimiento al derecho de los demás, para realizar la justicia informativa.

c) La información no es tanto un poder como un derecho y un deber: la información tiene la posibilidad de ejercer control social de los tres poderes clásicos del Estado. Por ello, la información debe ser considerada más como un derecho humano (a la información) y un deber profesional (informar), que como un poder.

d) La finalidad de la información es formar al hombre en su dimensión social para hacer la comunidad: el fin de los mensajes informativos es conocer la realidad para tomar decisiones prudenciales (comunicación de hechos), inducir al hombre a obrar la virtud y extenderla (comunicación de ideas) y facilitar al hombre cómo pensar formulando sus propias opiniones (comunicación de opiniones). En síntesis, la finalidad de la información es formar al hombre en su dimensión social para hacer la comunidad.
Para Juan Pablo II (citado por Aspíllaga: 10), que ha merecido llamarse “Papa de los derechos del hombre”, la finalidad última de la información es la de “ofrecer a los hombres de hoy el conocimiento adecuado y continuo de los acontecimientos, que les resulta necesario o útil para contribuir eficazmente al bien común y para procurar un progreso más rápido de la sociedad.” Para cumplir con esta finalidad, el contenido de la información debe ser siempre verdadero y completo, respetando las normas morales, los legítimos intereses y la dignidad del hombre, tanto en la obtención como en la difusión de noticias.

e) La información no es patrimonio exclusivo y excluyente de los periodistas ni de las empresas informativas: la titularidad universal del derecho a la información pertenece a todos-los-cada-uno. Los informadores y las empresas informativas actúan en virtud de una delegación o mandato general, social y tácito que el sujeto universal hace en ellos, administrando el poder de informar de todas y cada una de las personas.
Por ello es que se plantea que la empresa informativa y los periodistas son responsables ante el público: el informador trabaja para la información en, con y desde la empresa. La propiedad de un medio o el ejercicio de la labor periodística no conllevan el derecho de propiedad de la información, sino el deber profesional de informar, hacer posible y facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y constituir, en definitiva, la comunidad.
Tiene hoy pleno sentido la afirmación de Aspíllaga (:23-24) cuando fundamenta que las actividades informativas tienen una íntima conexión con la justicia:
Al dar información el periodista está dando a todos, a cada uno, lo que es suyo, aquello a lo que tienen derecho. Y en dar a cada uno lo suyo consiste precisamente la justicia. De modo que se puede informar que un periodista es justo o injusto según informe bien o mal.
Por ello es que se concibe que los profesionales de la información —“comunicadores de la palabra humana”, como los llama Juan Pablo II— no trabajan para la empresa, ni siquiera para la información, sino para el público. Y, precisamente, este trabajo debe ser realizado con un sentido del bien común y de responsabilidad, por medio de los cuales toda persona asuma libremente mayor protagonismo respecto de los destinos de la humanidad en función de la comprensión plena, adecuada, exacta y fiel de la realidad por medio de la información.

Además de estas particularidades de la información, Desantes (1990: 22) recomienda tomarla en su doble sentido de agere (actuación informativa o proceso de poner en forma) y de facere (mensaje o producto resultado de tal actuación informativa).



Conclusiones

No cabe duda de que la revolución electrónica entraña la promesa de grandes y positivos avances con vistas al desarrollo mundial; pero existe también la posibilidad de que agrave efectivamente las desigualdades existentes al ensanchar la brecha de la información y las comunicaciones. ¿Cómo podemos asegurar que la revolución de la información y las comunicaciones, que tiene en Internet su primer motor, promueva la globalización del desarrollo y de la solidaridad del hombre (…).
Juan Pablo II, 2002

Sin lugar a dudas, se percibe que a principios de este siglo los medios de comunicación masiva, al igual que otras instituciones sociales, aportan a la construcción de una ciudadanía comunicativa —tal como la denomina Hermosilla (1995)— que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo (Villamayor y Lamas, 1998). Uno de los aspectos que favorece en esta dirección es la participación que permiten los medios, lo cual facilita a las personas que puedan ejercer su libertad de expresión y acceder al espacio público que les fue negado en otras instancias (por ejemplo, partidos políticos).

Fundamentalmente, el consumo cultural —en el sentido asignado por García Canclini (1991)— de la oferta mediática y, especialmente, de la información periodística (Gutiérrez, 1997; Macassi, 1994; Calderón et.al., 1996) coadyuva en la constitución y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía porque permite que las personas se formen una opinión sobre algún hecho de interés común (asunto público), la pongan a consideración pública y deliberen sobre la misma en busca de consensos que influyan o determinen acciones hacia los sistemas de poder. De este modo, se participa en la toma de decisiones que afectan, de forma directa o indirecta, la propia vida y la de la comunidad.

En este proceso de constitución de la ciudadanía comunicativa es nuclear la información periodística porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre o de la indeterminabilidad con tendencia a cero, introduciendo certidumbre objetiva, predictibilidad en un ambiente de elección o evidencia que conlleva el fundamento del asentimiento. Esta certeza, convencimiento o seguridad se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho a la información que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de “maduración social”, donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.

De ahí que Rivadeneira (1990) explica que poseer información “es igual a tener elementos de conocimiento para la adquisición de patrones de acomodación social, para la participación, acción y decisión dentro del grupo sociocultural.” Y seguidamente cuando el autor mencionado afirma que “El fenómeno de la marginalidad social es en gran medida un problema de información y formas de comunicación” (:55), se está refiriendo

Todo este proceso se asienta en la construcción de ciudadanía comunicativa, que tiene como eje articulador el ejercicio pleno del derecho humano a la información.


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