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El derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de la ciudadanía comunicativa


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El derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de la ciudadanía comunicativa


Carlos A. Camacho Azurduy
Coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Doctorando del programa “Comunicación, Derecho a la Información y Ética en España y América Latina” de la Universidad Complutense de Madrid.


Abstract


Se percibe que a principios de este siglo los medios de comunicación masiva, al igual que otras instituciones sociales, aportan a la construcción de una ciudadanía comunicativa que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo, como en la mayoría de los casos. Uno de los aspectos que favorece en esta dirección es la participación que permiten los medios, lo cual facilita a las personas que puedan ejercer su libertad de expresión y acceder al espacio público que les fue negado en otras instancias (por ejemplo, partidos políticos).

El consumo de la oferta mediática y, especialmente, de la información periodística, coadyuva en la constitución y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía porque permite que las personas se formen una opinión sobre algún hecho de interés común (asunto público), la pongan a consideración pública y deliberen sobre la misma en busca de consensos que influyan o determinen acciones hacia los sistemas de poder. De este modo, se participa en la toma de decisiones que afectan, de forma directa o indirecta, la propia vida y la de la comunidad.

En este proceso de constitución de la ciudadanía comunicativa, es nuclear la información periodística porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre. Esta certeza se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho humano a la información que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de “maduración social”, donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.



Amo la palabra Hermano
que hace que tu vida
y mi vida unan sus manos y,
como balanzas busquen el equilibrio,
para que cuando tú bajes yo te alce
y cuando yo caiga tú me levantes.

Anónimo


Los campos articuladores de nuevos escenarios

En América Latina se valoriza en las últimas dos décadas la democracia como régimen institucional, pero se constata que aún falta mucho por avanzar para que subsista como una forma de vida donde no exista una brecha entre la formalidad de la ley, por un lado, y la conciencia y la práctica de los derechos humanos, por el otro. Esta profunda grieta se debe a que muy poco es lo que se avanzó en cuanto a tener una gobernabilidad democrática —que concierne a la relación entre el sistema político y la ciudadanía— por la falta de adecuación de la política y del Estado a las transformaciones sociales en curso producto de acelerados procesos de modernización1. Estas “deficiencias afectan la viabilidad política de las estrategias de desarrollo y pueden poner en peligro la legitimidad misma del régimen democrático” (Calderón y Lechner, 1998: 12).

Los procesos de modernización requieren la conducción de una nueva acción política que tome en cuenta la mayor y mejor cooperación, participación e incidencia de los ciudadanos. De hecho, resulta paradójico que hoy en día asistamos a un auge de la “cultura del yo” (privatización de actitudes y conductas) que contrae drásticamente y cambia de forma el ámbito integrador —en tanto espacio compartido— que representa lo público. Una interacción que en el omnipresente espacio del mercado conforma ciudadanos-consumidores o ciudadanos-espectadores; en ambos casos, apartados en espacios privados e íntimos2, bien demarcados en sus intereses, pasivos en el juego político del poder (pertenencia democrática).

Frente a esta situación, Fernando Calderón y Norbert Lechner se cuestionan si “¿No es el estar-juntos-con-otros, esa comunidad de semejantes, el espacio propiamente político de la democracia?” (:26). Y si “¿puede la población de nuestras sociedades (o sea, nosotros) llegar a ser ciudadanos? Vale decir: la gobernabilidad democrática presupone ciudadanos, pero ¿qué hace la democracia para formar ciudadanos?” (:38-39) y nosotros le añadiríamos, ¿qué hace la comunicación y la información para apoyar este proceso?.

Precisamente, la gobernabilidad democrática requiere patrones de corresponsabilidad entre el sistema político y los individuos como sujetos de derecho convertidos en ciudadanos —a partir de prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales— que comparten algo común en libertad e igualdad. Todo esto está profundamente ligado a los procesos de democratización, de educación y de revalorización de los derechos humanos3, tal como lo recalcan los autores mencionados:

La ciudadanía presupone que las instituciones puedan garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos sociales. En consigna, sólo si hay derechos hay ciudadanos (:34).

En este marco, se está configurando un nuevo escenario político donde los medios de comunicación masiva adquieren una creciente influencia en el ejercicio de la democracia y de la política. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002: 131) propone la necesidad de “buscar mayor congruencia entre comunicación y política, a fin de que ambas esferas se potencien para fortalecer, tanto en las instituciones estatales como en la sociedad civil, una cultura política deliberativa.”

Jesús Martín-Barbero (1998: xv) añade que la comunicación y la cultura son el “estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica —su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad— para enfrentar la erosión del orden colectivo.” Por lo tanto, se teje una red de relaciones entre comunicación, cultura y política articuladas por un “puente articulador fructífero” (Alfaro, 1997): la ciudadanía.

El restablecimiento de la democracia en Bolivia, en octubre de 1982, marcó el inicio de un proceso de cambio orientado a crear las condiciones necesarias para la edificación de una sociedad justa, democrática y participativa, en el marco del respeto a las garantías constitucionales de las personas. Sin embargo, luego de 20 años de vida democrática se constata que la “cultura política de la población se ha estancado e incluso empobrecido” debido a que se abandonó la educación política sobre la base de los valores democráticos: una tarea educativa ligada a incentivar el sentimiento de pertenencia a la comunidad —en el marco del diseño de modelos de sociedad y de Estado— y la convicción de que la solución de los problemas del país depende del protagonismo de las personas, es decir, de la participación activa y comprometida en la esfera pública (Peñaranda, 2001: 2).

Frente a este panorama, Susana Peñaranda (2001) plantea la urgente necesidad de trabajar desde todos los frentes en la constitución de una nueva cultura política ciudadana, capaz de formar una ciudadanía plena que estimule la conciencia sobre los derechos y deberes que tienen los seres humanos y fortalezca el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, ahora debilitado por la poca participación en el ámbito público4. A decir de esta autora, “La nueva cultura política debe formar verdaderos ciudadanos, esto es, ciudadanos activos y responsables”.

Por lo tanto, estamos hablando de encarar procesos sociales de construcción de ciudadanía, o sea, responder a la interrogante sobre “cómo los supuestos ‘sujetos de derecho’ se convierten en tales a partir de prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales”. En definitiva, un proceso de gestación de las subjetividades individuales y colectivas, de aprendizaje de expectativas recíprocas y de definición de un espacio de responsabilidad en relación con los “otros”, en general, y con el Estado o la autoridad pública (“otro privilegiado”), en particular: ¿qué derechos tengo?, ¿cuáles son mis responsabilidades (y las del otro hacia mí)? Precisamente, el “desafío de la transición actual está en la capacidad de combinar los cambios institucionales formales con la creación y expansión de prácticas democráticas y de una cultura de la ciudadanía” en la cotidianidad (Jelin, 1996: 114).

En esta línea, los medios de comunicación masiva adquieren una importancia creciente constituyéndose en escenario de debate público y de construcción de verosimilitud del hecho político y, asimismo, en actores del proceso político: en la definición de la agenda pública, en la influencia de líderes mediáticos en la formación de la opinión pública, en la fiscalización de los actos del gobierno. Esta doble cualidad de los medios se explica por la “pérdida de legitimidad [y credibilidad] de los partidos y el debilitamiento de sus funciones típicas como mecanismos de expresión de las demandas ciudadanas” (PNUD, 2002: 137).

Empero, a pesar de que los medios se han constituido en el ámbito de representación simbólica donde diversos grupos de la población —por medio de la ocupación del espacio público— expresan sus demandas e intereses, debaten los asuntos públicos y se reconocen como miembros de una comunidad, estos no pueden transformar estas demandas sociales —tarea de representación institucional de la política (ibídem)— en decisiones estatales (políticas públicas).

Derecho a la información en la vía de la comunicación para el cambio social

Los cubanos, por supuesto, no pretenden haber resuelto los problemas de la libertad de expresión, de la información y de la democracia revolucionaria con los discursos de Fidel Castro. Superadas las angustias de la supervivencia, han empezado a trabajar en esos problemas con la misma seriedad y el mismo ahínco con que se enfrentaron a los obstáculos de vida o muerte del bloqueo.
Gabriel García Márquez, 1975

La presente investigación se enmarca dentro del campo de la comunicación para el desarrollo o, siguiendo la reflexión de James Deane y Denise Gray-Felder (1999), la comunicación para el cambio social, concebida como un proceso de diálogo privado y público a través del cual se pretende que las personas —fundamentalmente los grupos marginados tanto política como económicamente— decidan quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo y, así, mejoren su calidad de vida guiados por los principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa de todos.

Este enfoque propone una nueva agenda para la comunicación en el marco del desarrollo, trasladando el énfasis del proceso a los individuos y las comunidades como agentes protagonistas de su propio cambio, hacia el apoyo al diálogo y el debate sobre temas claves de interés que afectan a determinados grupos, con miras a incorporar adecuadamente información a los diálogos y debates, en suma, hacia un modelo de comunicación horizontal, persona-a-persona, de muchos-hacia-muchos, de la gente-para-la-gente.

Por todo ello, la comunicación para el cambio social nos permite reflexionar e intervenir estratégicamente desde un eje fundamental: el derecho a la información, que no se reduce a permitir a las personas saber lo que deberían pensar o hacer, sino que otorga “sentido a sus vidas y forma a sus aspiraciones. Es decir, tomar el control de sus propias vidas” (:13). Las personas adecuadamente informadas tienen los suficientes argumentos para opinar sustentadamente, participar en la definición e implementación de acciones de carácter público que afectan directamente su calidad de vida, controlar socialmente a las autoridades que las representan y sobre las que han depositado responsabilidades, debatir sobre problemas comunes y tomar decisiones para su presente y futuro. Todo esto es, sin duda, ¡ejercer su ciudadanía!

Si tomamos en cuenta que la información que circula públicamente proviene fundamentalmente de los medios, entonces, podemos hablar de una ciudadanía que también se construye a partir del consumo cultural (apropiación y uso) de la oferta mediática, y la que hemos definido con María Helena Hermosilla (1995) como ciudadanía comunicativa. En esta dirección, en el presente estudio esbozamos un modelo teórico de construcción de ciudadanía comunicativa (ver Gráfico 1) sobre la base del ejercicio pleno del derecho a la información, que incorpora los siguientes elementos: formación de opinión pública, participación ciudadana y deliberación pública, en el marco de gestación de espacios públicos democráticos.

Sin embargo, a pesar de las múltiples posibilidades de acceso a mayor cantidad y calidad de información y oportunidades de difusión de visiones de mundo diferenciadas —con sus aspiraciones, necesidades, experiencias y análisis— que permiten las tecnologías de la información y la comunicación5 en esta sociedad de principios de siglo, se percibe una profunda “brecha informativa” entre los que tienen posibilidades reales de acceso, aprovechamiento y uso, y los que han sido —¡y son!— marginados y excluidos, continuando “sin voz” e “invisibles” ante un mundo que parece avanzar sin ellos.

Entonces, la construcción de ciudadanía, en función del fortalecimiento de los nóveles sistemas democráticos en América Latina, empieza a constituirse en un tema prioritario en el ámbito estatal y en sectores no gubernamentales, especialmente en los académicos, donde se carece de reflexión científica que permita generar nuevos conocimientos al respecto para explicar y comprender la realidad. Precisamente, a partir de la reflexión generada por el Informe de Desarrollo Humano – Bolivia 2002 (IDH-BOL/2002) —elaborado por el PNUD (2002)— consideramos que la ciudadanía es donde se deben sintetizar los imperativos de la democracia y del desarrollo, con un marcado referente de lucha contra la pobreza. Porque pobre, en su dimensión subjetiva, es también aquel que no tiene ciudadanía, “a quien sus derechos le están siendo arrebatados por un sistema que no le permite ser ciudadano y le niega la dignidad” (:185).

Gráfico 1 – Modelo teórico de construcción de ciudadanía comunicativa

Fuente: elaboración propia.

En Bolivia, esta exigencia de dignidad es también una demanda de justicia y equidad directamente relacionada con el problema de la pobreza, ya que los sectores excluidos reclaman —en el plano de la subjetividad— ser respetados y tomados en cuenta para transformarse —con las suficientes oportunidades sociales y políticas— en actores que puedan configurar su propio destino en una relación de mutua colaboración con los demás. En esta línea se enmarca la propuesta del IDH-BOL/2002 desde una capacidad política considerada como crucial (la deliberación):

(…) que como resultado de procesos deliberativos, los pobres se conviertan en actores, sus protestas en propuestas, y que tengan la capacidad de acción y negociación en las instancias respectivas. Fruto de este proceso se debería llegar a consensos que sean favorables a este sector (:187).

La democracia debe asumir responsablemente la tarea de restituir la dignidad de los sectores sociales más afectados, particularmente los pobres y excluidos y vulnerables, expandiendo los espacios colectivos de deliberación en los que se desplieguen y amplíen las capacidades de decisión política6 en torno a lo público como una manifestación del ejercicio ciudadano. Tal como aclara el PNUD (:203),

En ese sentido, sólo una salida deliberativa que construya un espacio público en el que los derechos ciudadanos sean igualitarios para los distintos miembros de la comunidad política (es decir, donde la palabra de cada actor tenga el mismo valor y el otro sea considerado como igual), permitirá un intercambio libre, propositivo, en el que se dé un ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de los distintos actores.

Para la consolidación de la democracia en América Latina es imperativo que los distintos grupos sociales se asuman como ciudadanos, con capacidad para convertirse —frente a la exclusión y discriminación en que viven— en sujetos capaces de ejercer derechos y deberes, buscando la participación activa en los espacios donde se toman decisiones (vida pública) que afectan de manera directa su vida cotidiana.

Vista desde este enfoque, la información como derecho fundamental —reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948— puede coadyuvar en la formación y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía en el marco del desarrollo humano. Por lo tanto, aquí se diseña y fundamenta un modelo teórico de ciudadanía comunicativa. Mediante ésta las personas asumen, por medio del consumo cultural de la oferta informativa noticiosa, una competencia política que coadyuva en la generación de esferas públicas. Esto es, un conjunto específico de roles sociales a través de los cuales los ciudadanos se interesan sobre un hecho de interés público, forman un juicio al respecto y lo expresan (opinión pública), además de que toman decisiones, fiscalizan, demandan y ejecutan todas aquellas acciones que los lleven a defender intereses comunes en un contexto deliberativo (participación ciudadana).



Del derecho a la información al derecho a la comunicación

La democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y justicia social, que se enmarca en el derecho humano a la información y la comunicación. Vale decir, es consustancial a la vida democrática de la sociedad misma, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Osvaldo León, 2002

Ya en 1969, Jean D’Arcy (citado por Hamelink, Cees, 2002: 1) planteó: “vendrá el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que incluir un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información (…) Este es el derecho de los hombres a comunicarse”. Hace unos años atrás, el Foro Mundial de Derechos Humanos “Viena +5” (Ottawa, Canadá, junio 1998) exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que convoque a una Conferencia Mundial de la Comunicación, que contemple una amplia participación de la sociedad civil, con el mandato de analizar y sustentar el reconocimiento del derecho a la comunicación para consolidación de la democracia.

Es así como el sueño de D’Arcy puede hacerse realidad, en una primera instancia, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información7 que —organizada por la ONU y encabezada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)— se realizará en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003. Esta Cumbre tiene el propósito de desarrollar una visión y entendimiento común de la sociedad de la información y diseñar un plan de acción estratégico para adaptarse a esta “nueva” sociedad. De la misma manera, pretende sentar las bases para la Conferencia Mundial de la Comunicación, a realizarse en Túnez, África, el año 2005.

Nos encontramos en una primera fase del derecho a la comunicación, que es la consolidación del derecho a la información. Por ello es crucial trabajar en éste último con la intención de lograr el pleno ejercicio del primero. Porque, por ejemplo Antonio Pasquali y Romel Jurado (2002) reconocen que el derecho humano a la comunicación es condición sine qua non para que toda persona participe en la vida democrática de los Estados, así como para ejercer su derecho al desarrollo. En esta dirección, han formulado una propuesta sobre este derecho, que engloba el ejercicio pleno e integral de los siguientes derechos:



a) Derecho a la libertad de opinión: es la potestad de las personas de formular y emitir juicios propios sobre cualquier asunto público o privado.

b) Derecho a la libertad de expresión: consiste en la utilización de cualquier medio, canal, forma o estilo para exteriorizar ideas, sin que se ejerzan formas de control o censura.

c) Derecho a la libertad de difusión: se refiere a la realización de actividades de comunicación en igualdad de condiciones jurídicas, además de la posibilidad de constitución de empresas o entidades dedicadas a la comunicación.

d) Derecho a la información: es la potestad de todas las personas para acceder, producir, circular y recibir todo tipo de información, salvo que afecte el derecho a la intimidad de las personas o que esté protegida por una cláusula de reserva estipulada en el ordenamiento jurídico.

e) Derecho al acceso y uso de los medios y tecnologías de la información y comunicación: se asienta en la potestad para acceder y usar libremente los medios y tecnologías de la información y la comunicación en la producción, circulación y recepción de contenidos.

Justamente, el planteamiento de Pasquali y Jurado es ratificado por Pedro Farias (en Benito, Ángel, 1991: 338-339), quien concreta el derecho a la comunicación como el “conjunto de facultades, inherentes al hombre como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes”. Para promover la “maduración social” y, así, desarrollar las virtualidades de la sociabilidad, el objeto de este derecho humano está integrado no sólo por pensamientos, ideas y opiniones (libertad de expresión), sino también por informaciones (libertad de información). Por eso, son indisociables el derecho a la comunicación —como postulado de la sociabilidad humana— y el derecho a la información8.



Por su lado, Cees Hamelink (2002) parte de una concepción más englobante de todos los derechos reconocidos y reivindicados en torno a la comunicación e incorpora, de manera particular, los derechos relacionados con el nuevo escenario de la comunicación9, que van más allá del derecho a la información tal como fue plasmado hace más de 50 años. De este modo, Hamelink plantea una serie de derechos que deben ser tomados en cuenta para el reconocimiento, trazado y adopción de una declaración universal sobre el derecho a la comunicación10 :

Derechos de información

  • El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

  • El derecho a tener opinión.

  • El derecho a expresar opiniones sin interferencia de los partidos públicos o privados.

  • El derecho de la gente a ser adecuadamente informada acerca de temas de interés público.

  • El derecho a acceder a información sobre temas de interés público (en poder de fuentes públicas o privadas).

  • El derecho al acceso a medios públicos de distribución de la información, ideas y opiniones.

Derechos culturales

  • El derecho a promover y preservar la diversidad cultural.

  • El derecho a participar libremente en la vida cultural de nuestra comunidad.

  • El derecho a practicar las tradiciones culturales.

  • El derecho a disfrutar de las artes y del beneficio del progreso científico y sus aplicaciones.

  • El derecho a la protección de la propiedad y patrimonio cultural nacional e internacional.

  • El derecho a la creatividad e independencia artística, literaria y académica.

  • El derecho a usar nuestro idioma en privado y público.

  • El derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la educación y a establecer sus propios medios de comunicación.

Derechos de protección

  • El derecho de la gente a ser protegida de la interferencia con su privacidad por los medios de comunicación masiva, o por las agencias públicas y privadas involucradas con la recolección de información.

  • La protección de las comunicaciones privadas de las personas frente a la interferencia de las partes públicas o privadas.

  • El derecho a respetar el estándar del debido proceso en formas de comunicación pública.

  • El derecho a protección frente a formas de comunicación que son discriminatorias en términos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

  • El derecho a ser protegido frente a la información engañosa y distorsionada.

  • El derecho a la protección frente a la propagación sistemática e intencional de la creencia que individuos y/o grupos sociales merecen ser eliminados.

  • El derecho a la protección de la independencia profesional de los empleados de agencias de comunicaciones públicas o privadas frente a la interferencia de los dueños y administradores de esas instituciones.
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