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El Defensor no puede ser imparcial


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El Defensor no puede ser imparcial

Una entrevista con el doctor Jorge Santistevan de Noriega, por Juan Larco, Hernando Burgos y Abelardo Sánchez León




En su corta existencia la Defensoría del Pueblo ha logrado legitimidad por su actuación autónoma en defensa del Estado de Derecho y de la legalidad. Su titular explica en qué circunstancias, a pesar de su neutralidad política, debe tomar partido y en qué sustenta su optimismo frente al futuro constitucional del país. 

­Lo ocurrido hace poco con el Consejo Nacional de la Magistratura y antes con el Tribunal de Garantías Constitucionales, ha sido calificado por usted como violación del Estado de Derecho. ¿Eso no constituye un cuestionamiento político al régimen y un abandono de la posición apolítica y neutral que, según usted mismo, es propia de la institución que dirige? 

Los ingleses tienen una expresión: whiste blowing, que se traduce más o menos como dar un bocinazo. El Defensor del Pueblo tiene que ser un defensor del ciudadano frente al Estado y un riguroso guardián del Estado de Derecho y de la legalidad democrática. No se concibe el pleno respeto a los derechos humanos en un régimen que atenta contra el Estado de Derecho; no se concibe la supervisión a la administración estatal si es que no se mantienen firmes los principios de la legalidad democrática. En consecuencia, ante un tema que afecta al Estado de Derecho, no hay neutralidad. Por lo tanto, el «bocinazo» del Defensor del Pueblo se da en función del respeto al Estado de Derecho, independientemente del gobierno del que se trate o de la institución estatal involucrada en violaciones a la legalidad. Nosotros no podemos dejar de cumplir esa misión. 

Frente a los problemas que ahora tiene el Estado de Derecho va a tener usted bastante trabajo. 

Estamos convencidos de ello. Como guardianes del Estado de Derecho hay quienes consideran que ésta debe ser la Defensoría del Pueblo más ocupada del mundo. 

Y algunos de sus «bocinazos» deben hacer doler ciertos oídos. 

Es inevitable. Rodrigo Carazo, quien fue el primer Defensor en Costa Rica, me dijo que «al principio todo el mundo saluda al Defensor, pero éste es por esencia una institución que molesta. Si hay un Defensor que no molesta es que no está haciendo bien su trabajo». 

¿Ha recibido muestras de incomodidad por parte de representantes del gobierno? 

Ha habido algunas expresiones públicas de discrepancia y hasta hay gente que puede haberme quitado el saludo, pero me parece que eso es inevitable; nuestra labor es la de ofrecer defensa no sonrisas. Lo que es más frecuente son los mensajes sotto voce, gente que viene a decirme que hay ciertas cosas que no gustan, por ejemplo, a nivel del gobierno, o de la mayoría en el Congreso o en determinados sectores de las Fuerzas Armadas. Pero, asimismo, tambien sotto voce, llegan mensajes de aprobación desde el interior de éstas. 

El congresista Enrique Chirinos Soto afirma que el Defensor del Pueblo se ha pasado a la oposición, ¿qué dice usted? 

El Defensor del Pueblo realiza una tarea neutral en términos políticos. En la labor pedagógica que hay muchas ocasiones en las cuales tiene que opinar sobre hechos nacionales, tiene una actitud proactiva, mira más allá de la coyuntura. Su compromiso es con la Constitución, con la ley y con los principios del ordenamiento jurídico, es decir, con el Estado de Derecho, por lo que si se produce una situación que mella la legalidad tiene que decir su palabra. Esa es su tarea y en ese sentido no puede ser imparcial. Si desde el gobierno se le mira como de la oposición y si, en alguna otra ocasión, desde la oposición se le toma como gobiernista, eso o es irrelevante o es señal de que avanzamos. 

¿De dónde provienen las principales acciones contra el Estado de Derecho en el Perú? ¿Del gobierno, del Congreso? 

Lo contradictorio es que son iniciativas que el Congreso aprueba, un Congreso democráticamente elegido. Pero, a decir verdad, allí no queda la cosa. Nosotros nos hemos pronunciado también frente a resoluciones de la Corte Suprema, como aquella que ratificó una decisión de la Corte de Madre de Dios, que condenaba a un ciudadano por ejercer el periodismo sin estar colegiado, es decir, lo sentenciaba por algo que no es un delito. 

En la sociedad hay muchos que creen que la legalidad es algo muy complicado y ajeno. ¿No siente que el «bocinazo» de la Defensoría no tiene el eco que desearía? 

Tenemos muestras de que nuestras intervenciones no son estériles. Por ejemplo, junto con el padre Hubert Lanssiers hemos sido capaces de proponer ­y que esto sea aceptado por el Presidente­ 360 indultos para personas que estaban encarceladas por terrorismo a pesar de ser inocentes. 

Igualmente, hemos advertido acerca de las levas, una costumbre militar que no es constitucional ni legal; no pretendo decir que hemos acabado con ellas, pero gracias a nuestra intervención pública hay menos levas y más conciencia de las personas para reclamar. El problema requiere algún tipo de modificaciones legales. Eso se está trabajando en el Congreso, mientras tanto seguimos atendiendo las denuncias. 

Otro caso es el de las esterilizaciones. Nosotros investigamos y advertimos. Todo peruano tiene derecho a conocer todos los métodos de planificación familiar, incluyendo los quirúrgicos. Pero no debe privilegiarse sólo uno y debe respetarse siempre el libre consentimiento. Tenemos la evidencia de que después de la intervención de la Defensoría las esterilizaciones han bajado notablemente. Eso significa que efectivamente se estaba andando a marchas forzadas.

La intervención de la Defensoría también ha dado lugar a que el Congreso modifique ciertos dispositivos inconstitucionales, como el referido al régimen de propiedad en las playas, que permitía que las urbanizaciones aledañas a éstas cerraran el acceso a las mismas; y a que el Legislativo cuestione dos decretos de urgencia del Ejecutivo que dejaron sin pensiones y otros beneficios sociales a los médicos y enfermeras de la Policía Nacional.

Sin embargo, a pesar de las protestas del Defensor los problemas persisten en el Tribunal Constitucional y en el Consejo Nacional de la Magistratura, así como en el Poder Judicial y el Ministerio Público. 

­Pensar que el Defensor del Pueblo puede más que el Parlamento para que se restituya el Tribunal Constitucional, para que no se renueven las comisiones reorganizadoras del Ministerio Público y el Poder Judicial y para que se restituyan las facultades al Consejo Nacional de la Magistratura, es equivocarse. En ninguna parte del mundo el Defensor del Pueblo tiene esos poderes. Ciertamente no podemos cambiarlo todo, pero hay temas en los que estamos sembrando semillas para que más adelante mejoren las cosas, como lo hemos hecho hace poco con la presentación del Informe sobre Justicia Militar. Pero esos son los problemas más notorios que afectan a la sociedad en general. En su quehacer diario la Defensoría se ocupa de una gran cantidad de personas, que nunca salen en los periódicos o en la televisión, que se encuentran en la imposibilidad de hacer valer sus derechos por sí mismos. Estos son los sectores particularmente vulnerables (pensionistas, usuarios de servicios públicos, destituídos en general). 

Pero da la impresión de que hay ciertos problemas políticos, que afectan al Estado de Derecho, que escapan mucho más que otros a la acción del Defensor del Pueblo porque obedecen a una voluntad política de otro nivel. Lo sucedido con el Tribunal Constitucional, con el Consejo Nacional de la Magistratura, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, aparece como una acción sistemática que apuntaría a una concentración del poder y a allanar el camino a la reelección presidencial como parte de un plan de largo aliento, el denunciado «Plan Verde», que tendría origen castrense. ¿Qué posibilidades tiene en este caso la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es la opinión del Defensor del Pueblo ante este escenario? 

Si estas afectaciones al Estado de Derecho provienen de la idea de reelegir al presidente o de cualquier otro motivo, siempre se van a encontrar con el Defensor del Pueblo. Porque no es posible que el diseño constitucional por el que se votó en referéndum y que, se supone, inaugura una etapa nueva en el país, sea desdibujado por cualquier interés. 

Que lo que ocurre tenga un motivo reeleccionista, no lo sé, aunque muchos levantan sospechas en ese sentido. En todo caso, si la población no está de acuerdo con esto su arma más poderosa es el voto. En las urnas decidirá cómo cambia de opciones políticas para que cambie lo que se le ha venido dando hasta ahora. En consecuencia, lo importante es la legalidad de las elecciones, el acto comicial libre de manipulación y las garantías contra cualquier intento de fraude. 

La Constitución establece límites a la reelección, por lo que las acciones encaminadas a una segunda reelección resultan contrarias a ésta. 

Desde un punto de vista que defiende a ultranza el derecho al voto no habría por qué limitar la reelección, aún cuando la posibilidad de alternacia en el poder es una garantía de democracia y su práctica puede ser muestra de sano gobierno. Pero si se definió en la Constitución que solamente se permitían dos elecciones consecutivas, entonces ahí hay un problema. La forma más fácil, en apelación al respeto al derecho al voto, sería la de ir a un referéndum o de ir a la modificación constitucional. Y si bajo esas fórmulas triunfa la idea de levantar la limitación a una elección presidencial adicional a la segunda, todos estaríamos de acuerdo. Lo que preocupa es que no se utilicen los mecanismos legales previstos ­ni el referendum, ni la enmienda constitucional­ para decidir al respecto. 

La mayoría de las instituciones que tienen que ver con la preservación de la legalidad ­el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura­ han resultado lesionadas por decisiones inconstitucionales adoptadas por el Congreso. ¿No siente que la Defensoría del Pueblo es el último bastión de la defensa de la legalidad? ¿No le asalta una sensación de soledad? 

A veces, pero en definitiva no estoy ni me siento solo. Desde que estudié Derecho en la universidad supe que para defender principios en este país había que nadar contra la corriente. Pero esta opción (la Defensoría) la escogí hace dos años. Yo he vivido mucho tiempo fuera y he podido quedarme en el exterior. Tenía resuelta mi vida en el extranjero, pero decidí volver al Perú. Es aquí donde quiero ofrecer mi contribución. A mis 53 años de vida estas anomalías no me resultan extrañas en el Perú. Lo que hay que hacer es reducirlas, nadando a contracorriente y acompañado de los medios de comunicación ­que cumplen una tarea esencial en el Perú del siglo XX­, de muchos juristas valiosos, de organizaciones que expresan el pensamiento ciudadano, y de muchos otros que ­aunque no puedan hoy cambiar las cosas­ trabajan para el futuro. 

Si el Congreso es capaz de dar las medidas contrarias a la Constitución antes mencionadas, también podría destituir al Defensor del Pueblo o recortarle sus atribuciones. 

El Congreso está facultado para destituir al Defensor, pero así como requiere de una mayoría calificada de dos tercios del número legal de sus miembros para nombrarlo, también necesita de la misma para removerlo. En cuanto a las atribuciones de la Defensoría, en efecto el Congreso podría cambiarlas. Pero no podría hacerlo en el sentido de restringir lo que establecen las cláusulas constitucionales sobre el Defensor del Pueblo. Ahora bien, si la pregunta es ¿hay amenazas posibles o teóricas al Defensor del Pueblo?, obviamente que puede haberlas, pero en la práctica me parece que están siendo superadas por una mezcla de sorpresa por la neutralidad política que se le ha impuesto al trabajo en la Defensoría, con el respeto por la legitimidad social lograda. 

A buena parte de la población parece resultarle indiferente el que se viole o no la legalidad. Las preocupaciones acerca del Estado de Derecho aparecen lejanas ante ella, más motivada por necesidades que aparecen más urgentes e inmediatas. 

Admito que hay una distancia entre las preocupaciones acerca del Estado de Derecho y la exigencia de medidas dirigidas a producir bienestar en la población. El Estado de Derecho, ese conjunto de reglas que marca el límite al ejercicio de los poderes, tiene que funcionar como garantía de otras normas destinadas a mejorar la calidad de vida y a concretar los derechos de las personas. Si hubiera una situación de bienestar con un Estado de Derecho castrado, eso debería preocuparnos mucho, porque en cualquier momento cualquier fuerza poderosa podría eliminar las ventajas del bienestar. 

¿Qué podría hacer la Defensoría en relación con la sociedad civil para fortalecer el Estado de Derecho? 

Si además de nuestros «bocinazos» por el Estado de Derecho y de resolver problemas pudiéramos, en los tres años que nos quedan al frente de la Defensoría, sembrar las bases para que existan grupos de ciudadanos conscientes y organizados en derechos humanos ­que los hay y muy activos­, en derechos de la mujer ­que los hay y muy activos­, en usuarios de servicios públicos ­que se están organizando­, en los derechos urbanos, yo creo que habremos contribuido grandemente a crear corrientes de ciudadanía conscientes que sustenten ese Estado de Derecho que a veces suena un poco abstracto. 

¿El Defensor del Pueblo es un funcionario del Estado? 

Sí y con un sueldo tan bueno o tan malo como los otros, según los anteojos o la lupa con el que se mire. La Defensoría forma parte del Estado, sus funcionarios son funcionarios estatales, no del gobierno. Cumple una función de intermediación y de representación. Cuando la Defensoría admite una queja, lo que hace es representar el interés del ciudadano que la eleva frente al Estado. 

¿Se trata del Estado contra el Estado? 

No, se trata de intermediar entre el ciudadano y la administración estatal, porque la Defensoría es representación de los ciudadanos. De allí viene una parte de las contradicciones. No somos imparciales entre el ciudadano y el Estado. La Defensoría se ubica entre la sociedad civil y el Estado; cumple la función de bisagra entre el ciudadano y el Estado. Por eso me interesa tanto la tarea de construir ciudadanía en función de intereses colectivos. Eso me parece esencial, ya no sólo para el desarrollo de la Defensoría sino sobre todo del Perú como una sociedad estable. 

Después de lo que ha pasado con el Consejo Nacional de la Magistratura, con el Tribunal Constitucional y con otras instituciones, ¿qué es lo que podemos esperar como destino del Estado de Derecho en el Perú? 

Esta tendencia tiene que revertirse en algún momento. Si el Estado de Derecho continúa desmoronándose vamos a terminar mal este siglo. Ahora mismo ya es preocupación no sólo de juristas, periodistas o políticos, sino también de empresarios, de inversionistas. Tiene que haber un momento en que se dé un vuelco. Este momento dependerá de la responsabilidad de gobernantes y legisladores o, eventualmente, de las opciones de los propios electores. Lo que deseo es que recuperemos espacios lo más rapido posible y que trabajemos pronto por cambiar este estado de cosas en favor del avance de la constitucionalidad. 

Asimismo, pienso que el futuro está más lleno de organizaciones de defensa de los intereses colectivos, de los intereses ciudadanos, y más lleno de construcción de ciudadanía, que de política para arreglar el Estado de Derecho. La gente de hoy está mucho más dispuesta a juntarse en función de intereses comunes, que pueden ser la seguridad ciudadana, los derechos urbanos, los derechos del consumidor, los derechos del usuario de servicios públicos, los del elector, los de la mujer. Hay un terreno fértil para eso. Para que funcione la supervisión de las elecciones, el control de los servicios públicos, etcétera, tiene que funcionar el Estado de Derecho, porque es la base que lo sustenta. Creo que se va a ir creando más ciudadanía y menos política partidaria. Esta actuación de los ciudadanos en función de intereses concretos, es lo que va a dar estabilidad a las democracias latinoamericanas del próximo siglo. 

­Es usted optimista al respecto. 

Un Defensor del Pueblo tiene que ser un optimista profesional y yo lo soy


Desco / Revista Quehacer Nº 112 /Mar-Abr 1998


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