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El debido proceso como derecho fundamental en la actividad administrativa


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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Escuela de Derecho

El debido proceso como derecho fundamental en la actividad administrativa

Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Profesor Patrocinante: Dr. Juan Carlos Ferrada B.

Jessica Avendaño Uribe



Valdivia Chile 2003

Informe Memoria de Prueba



Señor:

Juan Omar Cofre Lagos.

Profesor de Seminario de Investigación Jurídica.

Presente

De mi consideración:

Por la presente vengo en informar la memoria de prueba titulada "El debido proceso como derecho fundamental en la actividad administrativa", de la señorita Jessica Avendaño Uribe.

Este trabajo está estructurado en dos capítulos. En el primero de ellos se realiza un análisis doctrinal del concepto de "debido proceso", buscando conceptualizar con precisión los alcances de este término en la dogmática procesal. En este punto, el trabajo de la Srta. Avendaño es exhaustivo, aunque algo desordenado, destacando la revisión de textos y doctrinas comparadas en las que pudo inspirarse el constituyente de 1980 para la consagración del derecho fundamental enunciado en el Art.19 N°3. No obstante, el análisis abusa, en ocasiones, de la cita textual y bibliográfica, lo que complica una lectura ágil del texto.

Por su parte en el capítulo segundo, la memorista realiza un análisis de la jurisprudencia judicial contenida en las principales Revistas especializadas en los últimos 13 años (1990-2002), periodo de referencia muy adecuado, ya que le permite recoger con cierta sistematicidad los criterios utilizados por nuestras Cortes en el último tiempo, haciéndolo coincidente además con el ejercicio de la jurisdicción en condiciones de normalidad institucional. En esta sección la memorista hace un esfuerzo por revisar críticamente los criterios empleados por nuestros jueces, dando cuenta de los vacíos y contradicciones que existen en esta materia en nuestro derecho, y poniendo especial atención en los yerros conceptuales generados a partir de la ampliación irreflexiva de la interdicción de las comisiones especiales, como causal de procedencia del Recurso de Protección.

Finalmente la memorista formula algunas conclusiones en su trabajo, que son coherentes y consistentes con el trabajo desarrollado y que la verdad no pueden sino ser compartidas por cualquier lector atento del texto aquí evaluado.

Por todas estas consideraciones, es que soy de opinión de calificar esta
memoria con nota cinco coma cinco (5,5).

Sin otro particular, saluda atentamente.



Juan Carlos Ferrada Bórquez

Profesor Instituto de Derecho Público

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad Austral de Chile.

INTRODUCCION


La garantía constitucional del debido proceso, consagrada según la doctrina en el Art. 19 Nº 3 de nuestra Constitución Política de la República (CPR), constituye un principio fundamental para la vigencia del Estado de Derecho. Ello nos permite sostener que esta garantía debiera estar presente en todo proceso que la ley contemple, siendo el órgano llamado a resolver el conflicto quien debe adoptar las medidas necesarias para el respeto de este derecho.

Aun cuando es indudable la gran importancia de este derecho, si ponemos atención en la redacción de la disposición constitucional antes citada, veremos que su interpretación y, por tanto, su aplicación no se encuentran exentas de problemas. Esto producto de la expresión “órgano que ejerza jurisdicción” utilizada por el inciso 5º del Nº 3 de dicha norma, que restringe la aplicación de este precepto exclusivamente a los órganos que ejerzan jurisdicción, excluyendo a aquellos que ejercen otro tipo de funciones como serían las simplemente administrativas.

Es así como se ha producido discusión dentro de la doctrina respecto de si los órganos administrativos, al resolver una materia cualquiera, ejercen o no jurisdicción y si por lo tanto ellos deberían sujetar su actuación a la garantía del debido proceso. Cuestión que da origen al problema objeto de la presente investigación, el cual se estudiará fundamentalmente a través de la jurisprudencia.

La hipótesis planteada es que los órganos de la Administración de Estado no ejercen funciones jurisdiccionales, pues no cumplen con los requisitos mínimos para que así sea, requisitos relacionados principalmente con criterios como: la independencia, imparcialidad y permanencia entre otros, por lo tanto estos entes no harían más que ejercer funciones simplemente administrativas. De ello se colige que no les sería aplicable la norma constitucional del Art. 19 Nº 3 inc. 5º y por tanto, no estarían sujetos a la garantía del debido proceso en su actuación.

Hecho el marco doctrina en el cual se estudiará la opinión de distintos autores en este punto y que servirá de base para iniciar el trabajo, se procederá a la investigación propia del problema desde una perspectiva fundamentalmente práctica, mediante el análisis de todos los fallos publicados en las Revistas de Derecho y Jurisprudencia, Fallos de Mes, Gaceta Jurídica, Gobierno Regional y Municipal y Gobierno y Administración del Estado, desde el año 1990 hasta el 2002, y que digan relación con el problema; de manera tal, de dilucidar cual ha sido en la realidad el tratamiento que en la jurisprudencia ha tenido esta materia.

CAPITULO I. ANALISIS DOCTRINAL

1. Aproximación al concepto de Debido Proceso


El establecimiento de derechos a favor del ciudadano, por si sólo no es suficiente. El Estado debe proporcionar las medidas de protección necesarias para asegurar que tales derechos se respeten. Uno de los instrumentos de tutela de los derechos es el proceso.

El proceso en alguna de sus acepciones más comunes se define como progreso, transcurso de tiempo, acción de ir hacia delante, desenvolvimiento. Desde un punto de vista jurídico, podemos definir de manera muy general proceso judicial como “una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”1, constituyendo estos actos en si mismos una unidad.

Es así, como la idea de proceso es esencialmente teleológica, fin que consistirá en la decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa juzgada. De esta manera ante la violación de un derecho, será este mecanismo a través de la solución del conflicto quien reestablezca el respeto de los derechos conculcados. Pero suele suceder que el derecho sucumba ante el propio proceso y este instrumento falle en su cometido. De ahí la necesidad de tutelarlo, de manera tal que él pueda a su vez tutelar efectivamente los derechos, es así como surge la garantía del debido proceso.

El debido proceso ha sido definido, en términos muy generales por la doctrina comparada, como aquel derecho fundamental que garantiza al ciudadano que su causa sea oída por un tribunal imparcial y a través de un proceso equitativo; derecho al proceso debido que agrupa y se desdobla en un haz de derechos filiales reconocidos a la vez todos ellos como derechos fundamentales, y que incluye entre otros principios y garantías el derecho a la defensa, el principio de igualdad de armas, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de aceleración procesal y el de presunción de inocencia2.

Así, si bien no existe un concepto unívoco3 de esta garantía ya que ella se ha definido a través de la enumeración de otros derechos, al igual que en la doctrina comparada, en nuestro ordenamiento jurídico ella se relaciona principalmente con la protección de un conjunto de derechos mínimos que deben existir dentro de todo procedimiento.

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