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El constitucionalista josé vicente concha ferreira discurso del doctor Hernán Alejandro Olano García


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EL CONSTITUCIONALISTA JOSÉ VICENTE CONCHA FERREIRA

Discurso del doctor Hernán Alejandro Olano García,

en su posesión como

Miembro Correspondiente de la



Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Bogotá, D.C., octubre 24 de 2002.
Al recibir la honrosa comunicación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en la que se me informaba acerca de mi elección como Miembro Correspondiente, quise preparar un estudio sobre alguno de los fundadores de la Corporación, y encontré dentro de esa primera nómina al doctor José Vicente Concha, al que me une especial admiración porque jamás escribió ni siquiera algo vagamente distinto de lo que pensaba, ni en sus innumerables cartas, algo que pueda aducirse como contradicción entre su política y sus procedimientos administrativos. Concha era la línea recta, la unidad en el pensamiento y en la acción, en el honor y en el deber. No obstante, a estas alturas, nadie se ha ocupado de escribir su biografía o siquiera ponerlo de imagen para estas épocas de crisis en el concepto de autoridad.
Nacido en Bogotá el 21 de abril de 1867 y fallecido en Roma el 8 de diciembre de 1929, estudió sus primeras letras en el Colegio del Espíritu Santo y su carrera de Derecho en la Universidad Católica. Contrae primeras nupcias con doña Leonor Córdoba Velasco, hija del General Jaime Córdoba Vallecilla y de doña Enriqueta Velasco Borrero, con quien tuvo cuatro hijos: doña Leonor, doña Isabel, doña Julia y el Cardenal Luis Concha Córdoba. Ya viudo, contrajo matrimonio con una nieta del General Tomás Cipriano de Mosquera, doña Elvira Cárdenas Mosquera, con quien tuvo otras tres hijas: doña Elvira, doña María y doña Josefina. De todos ellos nos expresaremos más ampliamente en el capítulo correspondiente.
Comencé entonces a buscar casi infructuosamente, estudios sobre el primer constitucionalista del siglo XX, hasta recopilar la totalidad de datos existentes sobre José Vicente Concha Ferreira, quien en 1894, cuando fue fundada esta Academia, fungía como Procurador General de la Nación y como tal, facilitó la edición de los códigos nacionales y contribuyó a su divulgación, e igualmente enriqueció la jurisprudencia patria como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia con la publicación de sus obras sobre Derecho Penal, Pruebas Judiciales y Derecho Constitucional, como pasaremos a estudiar. Precisamente, siendo Procurador General de la Nación, rompió relaciones con Miguel Antonio Caro, al advertir en él tendencias reeleccionistas que pugnaban con su integridad de criterio.
Como jurista, que es el tema que no atañe, don José Vicente Concha Ferreira, en sus Apuntamientos de Derecho Constitucional encerró los principios básicos de la ciencia política y compone un precioso manual del ciudadano libre. Allí apenas concedía al Estado una mínima intervención en las entretelas del juego social y en el último capítulo referido a las diferentes especies de resistencia a la opresión, (la pasiva y la defensiva o agresiva), le dejó a los estudiantes este encargo final: "lo que se denomina derecho de insurrección no se puede discutir en el terreno puramente teórico". Semejando hablar de un tirano, pero un poco adelante recogió el freno y estatuyó: "No se debe usar de ese supremo recurso, sino cuando no exista otro medio de obtener el reconocimiento y la garantía del derecho. Ninguna constitución, por consiguiente, debe consignar en sus páginas aquel derecho, aunque sea teóricamente sostenible, porque organizaría de ese modo la anarquía. Y precisamente el objeto principal de las leyes fundamentales de un pueblo, organizar de tal manera los poderes políticos de la nación, que se haga poco menos que imposible llegar en su ejercicio a violar los derechos que son la base de la vida social".1
Sería Concha quien reinstaló el Consejo de Estado en 1914, fundado por Simón Bolívar, y desempeñó en hora difícil para la nación el Ministerio de Guerra y luego la Presidencia de la República, con discreción y acierto reconocidos por toda la opinión sensata del país, logrando mantener incólume el crédito seriamente amenazado por la crisis con que la primera guerra afectó todos los Estados del orbe, y con clara visión de estadista, supo observar la neutralidad de la República en aquella irrecordable contienda.
Fue Juez del Circuito en Zipaquirá y Fiscal del Tribunal Superior de Cundinamarca y más tarde rechazó el ofrecimiento que se le hizo para dirigir como Decano la Facultad Nacional de Derecho. Embajador en Francia, en los Estados Unidos (donde defendió a capa y espada los derechos de Colombia sobre el Canal de Panamá, considerando indigna de Colombia la propuesta de ese país) y finalmente ejerció como Jefe de la Misión ante la Santa Sede.
En su labor como congresista se destacó su lucha por la libertad de prensa, la abolición de los monopolios, la restricción a las facultades extraordinarias del Ejecutivo y el respeto -de acuerdo con la Constitución del 86- de las propiedades de los liberales durante la Guerra de los Mil Días. Después, durante el Quinquenio de Reyes, se mantuvo en la oposición y alentó la unión de los partidos políticos tradicionales contra la dictadura, en lo que se llamó el Republicanismo.
Periodista desde 1891 hasta 1912 de publicaciones como El Colombiano, El Telegrama, el Correo Nacional, El Día, El País, Pluma Libre, La Joven Colombia, y El Nuevo Tiempo.
El Decreto 2038 de diciembre 10 de 1929, por el cual el gobierno nacional lo honró a su muerte, como una de las más puras glorias del Estado, recomendó su memoria a la gratitud de sus conciudadanos y su vida integérrima como ejemplo digno de imitarse por todos los colombianos, principalmente por la juventud, que podrá encontrar en su fecunda existencia inequívoco derrotero para mantener con firmeza la soberanía y los principios tutelares de la República.
Sin quedarse atrás, la Gobernación de Cundinamarca con el Decreto 733 de 1929, lo declaró ilustre y benemérito hijo del Departamento y modelo de cultura cívica, de elevado patriotismo, de probidad insospechable y de integridad republicana, así como decidido defensor de las libertades públicas, fundadas en el orden, que lo llevaron a ocupar la Secretaría de Gobierno, la Gobernación del Departamento, la Presidencia de la Asamblea y a bajar a la tumba rodeado del unánime respeto de sus compatriotas.
Su vida fecunda fue toda de pensamiento y de acción, sin otro interés que el bien público y en su discurso de posesión como Presidente de la República, culminó diciendo que, elevado a una posición que nunca ambicionó; falto de las aptitudes especiales como de las inclinaciones de los hombres nacidos para el mando; testigo desde edad temprana de lo efímero de entusiasmo y glorias políticas, inicio ahora la tarea que me confió el pueblo sabiendo los peligros y amarguras de la vía que emprende. No son extraordinarios mis propósitos: defenderé con firmeza la soberanía y derechos de la Nación; cumpliré la ley y haré que se cumpla, cuando ello entre en la esfera de las facultades que se me confieren; respetaré los derechos de todos mis conciudadanos y haré que se espeten, no sólo en los centros más cultos, sino hasta en la recóndita aldehuela y no sólo en los de los grandes y los fuertes, sino también muy especialmente los de los desvalidos y pequeños; y cuando en día más o menos próximo termine mi labor, sólo habré aspirado a que mis compatriotas, si hubiere sabido hacerme digno de ello, m discernirán, para legarlo a mis hijos, el título, tan modesto en las palabras como hermoso y de gran valía, que se lee en la necrópolis de Bogotá, en el humilde sepulcro de un soldado de la guerra misma, el título de buen ciudadano".2
Quiero antes de proseguir, indicar que el estudio sobre José Vicente Concha se encuentra dividido en varias partes:

  • Concha Constitucionalista,

  • Concha Académico,

  • Concha Hombre de familia,

  • Concha Hombre de Estado,

  • Concha, ideólogo de la República,

  • Concha penalista,

  • Concha internacionalista y,

  • Genealogía de los Concha.

Sin embargo, en aras a la brevedad y síntesis de este trabajo, que espero, ya completo, anteceda la nueva edición de la obra constitucional de José Vicente Concha Ferreira, sólo me referiré a las dos primeras partes.


I. CONCHA CONSTITUCIONALISTA

El análisis doctrinario del derecho constitucional en nuestro país, inicia en las postrimerías de la Gran Colombia con el libro de García del Río titulado Meditaciones colombianas, obra que señalaba con brillante estilo la situación política de aquel momento de la vida nacional, aunque según concepto del doctor Carlos Restrepo Piedrahita en su obra "Constituyentes y Constitucionalistas colombianos del siglo XIX"3, el estudio del derecho constitucional se inaugura el 21 de febrero de 1839, cuando el gobernador de la provincia de Bogotá reconoció la propiedad intelectual y el consiguiente privilegio por quince años al joven profesor Cerbeleón Pinzón, natural de Vélez y a quien "la más aflictiva pobreza le agobió de ordinario", para explotar su obra, en dos tomos y extremadamente teórica, bajo el título de Tratado de ciencia constitucional, utilizado por dos generaciones de estudiantes universitarios, empezando por los de su ciudad, donde por vez primera se enseñó ciencia constitucional en Colombia.


Según José María Samper, "Débese al doctor Pinzón más que a nadie la vulgarización en Colombia de los principios sobre que reposa el derecho público de los pueblos libres; y acaso ningún publicista ha hecho adelantar tanto como él, entre nosotros, las nociones propias para arraigar en los pueblos el odio a las dictaduras y el amor a las instituciones verdaderamente liberales y republicanas"4. Precisamente José María Samper habría de publicar en 1852 un breviario de 27 páginas, con el título Cuaderno que contiene la explicación de los principios cardinales de la Ciencia Constitucional, en la que se advierten las huellas de las enseñanzas recibidas de don Cerbeleón Pinzón. Luego le seguiría a este opúsculo en 1855 las Reflexiones sobre la Federación Colombiana; en 1861 el Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas; en 1873 Los partidos en Colombia y en 1881 la Historia Crítica del Derecho Constitucional de Colombia, a la que siguieron los dos tomos del Derecho Público interno de Colombia, el primer volumen dedicado a un resumen histórico de nuestro derecho constitucional, y el segundo destinado a comentar artículo por artículo la Constitución de 1886.
Paralela a la obra de Cerbeleón Pinzón, y estando vigente la Constitución de 1843, se produjo la del cartagenero Antonio del Real, que publicó los Elementos de derecho constitucional, seguidos de un examen crítico de la constitución neo-granadina, la cual fue confrontada ideológicamente años más tarde con las tesis consignadas en la obra Escritos políticos, jurídicos y económicos de don Florentino González, primer profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en donde editó hacia 1872 una traducción que hizo de las Constituciones de algunos Estados de la Unión Americana, que siguieron a sus célebres Lecciones de derecho constitucional.
González es recordado aún hoy día en la Argentina, a punto que el constitucionalista Nestor Pedro Sagües ha propuesto a varias universidades colombianas, la creación de la cátedra de derecho constitucional con el nombre de quien en su obra revela su vasta ilustración y extensa lectura, aunque a juicio de algunos "quizá se resiente de cierta aridez literaria, que la hace poco llamativa al común de los lectores, y, por otra parte, fue en ella en donde con más tesón y con mayor esfuerzo dejó ver don Florentino su delirante fervor por la Constitución de los Estados Unidos, a la cual, según es notorio, rindió una especie de culto idolátrico, hasta olvidarse en ocasiones -él, tan inteligente y tan sabio- de que no pueden copiarse las instituciones políticas de los pueblos, como no es posible un mismo tratamiento terapéutico para dos individuos de organismos distintos, siquiera padezcan los dos de una misma dolencia."5
También fue muy importante el aporte del colombiano del departamento de Panamá, el radical Justo Arosemena, quien en 1870 imprimió en Le Havre su estudio Constitución de los Estados Unidos de Colombia con antecedentes y comentarios, a la que seguiría en dos volúmenes el libro Constituciones políticas de la América meridional, que sería reeditada y aumentada ocho año más tarde bajo el título Estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina. Aunque de particular interés para nuestro estudio fueron sus comentarios a la constitución de 1863.
Otro notable constitucionalista del siglo XIX, fue el cartagenero Juan Félix de León, que orientado por el positivismo, publicó en 1877 sus Lecciones de ciencia constitucional, y el año siguiente La Constitución de los Estados Unidos de Colombia según las lecciones orales de derecho constitucional dictadas en la Universidad Nacional. Con la fundación del Externado por Nicolás Pinzón Warlos en 1886, hoy Universidad Externado de Colombia, "el derecho constitucional se convirtió en disciplina especialmente cultivada por los radicales y en su desarrollo alcanzaba hasta la rama especializada y particularmente exigente de derecho constitucional comparado, no sólo interno sino también extranjero, progreso admirable para esos tiempos".6
A ellos seguirían Manuel J. Angarita y Fernando Vélez. El primero escribió la Codificación Nacional en dos volúmenes, inciándose el primer tomo con el texto de la constitución comentada. El segundo, llevó a cabo en Medellín hacia 1891 la edición del libro Datos para la historia del derecho nacional y el siglo culmina con un pequeño volumen del Rector de la Universidad Republicana, Antonio José Iregui, Ensayo sobre ciencia constitucional y con la voluminosa compilación Código de Constituciones vigentes e todas las naciones civilizadas, editado en Sevilla, España por el colombiano Estevan (sic) Ovalle en 1898. Sin dejar de mencionar entre otros brillantes constitucionalistas a José Manuel Restrepo, Ezequiel Rojas, Sergio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez Moledo, Carlos Martínez Silva, Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, entre otros.
Pero si el siglo XIX fue importante para el desarrollo del derecho constitucional, el siglo XX definitivamente marcó el desarrollo de esta ciencia destacándose en la primera mitad del siglo y en primer lugar, nuestro homenajeado José Vicente Concha Ferreira, seguido de Tulio Enrique Tascón, Francisco de Paula Pérez, Alfredo Constaín, Luis López de Mesa y Darío Echandía y, en la época contemporánea Carlos Restrepo Piedrahita, Alfonso López Michelsen, Alfredo Vásquez Carrizosa, Luis Carlos Sáchica, Álvaro Copete Lizarralde, Jaime Vidal Perdomo, Manuel Gaona Cruz, Diego Uribe Vargas, Jacobo Pérez Escobar, Javier Henao Hidrón, Ernesto Saa Velasco, Fernando Hinestrosa, Carlos Alberto Olano Valderrama, Gabriel Melo Guevara, Eduardo Rozo Acuña, Vladimiro Naranjo Mesa, Orlando García-Herreros, Antonio José Rivadeneira, Jaime Angulo Bossa, Tulio Elí Chinchilla, Jesús Vallejo, Diego Younes Moreno, Oscar Dueñas Ruiz, José Albendea Pabón, Mario Madrid-Malo, Álvaro Echeverri, Carmenza de Restrepo, Juan Manuel Charry, Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita, Jaime Castro, José Gregorio Hernández y más recientemente Sandra Morelli, Manuel José Cepeda, Mario Roberto Molano y Diego López Medina, entre otros, que me ruego excusen si se me escapan.
En las primeras décadas de la anterior centuria, aunque ya había corrido un siglo desde que Colombia comenzó su vida como Nación independiente, definitivamente no era muy rico el repertorio de derecho constitucional, por tanto, Antonio José Cadavid, Decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, consideró en el prólogo que la publicación del libro Apuntamientos de Derecho Constitucional de José Vicente Concha, era de lo más oportuno, necesario y útil, ya que se constituía prácticamente en la primera obra del género constitucional publicada en el siglo XX y que llegaría en 1923 a sus tres ediciones.
A su primera edición había precedido una breve advertencia del autor, en la que se hizo presente que sus Apuntamientos eran un simple auxiliar de memoria para los jóvenes que se iniciaban en el estudio del Derecho, en los que Concha reunía resumidas las exposiciones de algunos de los más reconocidos tratadistas de Derecho Constitucional en ese momento, obras que por su extensión y por otras circunstancias no eran ni son hoy día de fácil consulta para los universitarios.
Fue tan grande el éxito del libro, que el autor desde Roma, donde ocupaba la Embajada ante el Vaticano, lo actualizó para su tercera edición, enriqueciéndolo considerablemente en vista de las transformaciones constitucionales del primer cuarto del siglo XX, y de los cambios fundamentales que se derivaron de la Primera Guerra Mundial en las constituciones de varios pueblos.
El libro de Concha, es más de carácter teórico que práctico. No es un comentario a la Constitución colombiana por entonces vigente, ni mucho menos un estudio comparativo de las constituciones que han regido al país, ni se propuso tampoco realizar un paralelo, para sacar las respectivas consecuencias, entre la Constitución federal americana y las Constituciones, generalmente de régimen centralista, que se informaban en el derecho público europeo. El propósito el autor, muy conforme a lo que debe ser el estudio de derecho constitucional, era el de enseñar los principios fundamentales de la materia, exponiendo las razones que los apoyan, señalando los principios contrarios, con indicación de los motivos que se alegan en su favor, y sin dejar, por vía de provechosa ilustración, de decir en qué países y en que tiempos han prevalecido unos u otros de esos principios.
Definió el Derecho Constitucional como el conjunto de leyes que organizan los Poderes superiores de un Estado determinado, y al Estado como la personificación jurídica de la Nación, que en Derecho se constituye por la existencia de una autoridad superior a los individuos que preside la sociedad, y no tiene superior en las relaciones que rige, a la que se denomina soberanía.
Estudió además las diferencias sustanciales entre Estado y Gobierno, sus formas y su relación con el Poder. En lo que se refiere al individuo, Concha afirma que la personalidad humana da origen a la institución jurídica de la capacidad, y consecuencia de ésta serían todos los derechos subjetivos que pertenecen al individuo. Sucede lo propio con el Estado, cuando se afirma su personalidad y consiguiente capacidad jurídica, de donde surge la noción de la soberanía. En resumen, así como la capacidad jurídica del individuo abarca todos los derechos que le competen, también la capacidad jurídica del Estado comprende todos sus derechos públicos.
También, después de un detenido análisis, concluyó que el derecho del Estado en su más alta expresión, no es sustancialmente distinto de los demás derechos, y que se sustenta en la conciencia colectiva de la Nación, en un sentimiento uniforme, que nace de la índole jurídica, de los precedentes históricos y de las influencias del ambiente en que se mueve un pueblo. Todas las instituciones políticas de un Estado, suponen el consentimiento de la comunidad y son el resultado de un adaptamiento histórico de la Nación, y se robustecen con la tradición, que crea el hábito general de obedecerlas.
Estudiados y conocidos los principios, Concha avanzó con ventaja y acierto en la tarea de comentar y entender con fidelidad la Constitución, comparándola con las demás que rigieron en la Nación y con las de algunos otros Estados con un matiz mucho más práctico, nada sectario y escrito con la serenidad que caracterizaba al autor y a una obra de ciencia, para consagrar con objetividad ciertas doctrinas que son elementales en la vida cristiana.
Y es que no es posible escribir sobre ciencia alguna, y menos sobre ciencias jurídicas, son poner como bases aquellas doctrinas que son como los cimientos de la escuela a que uno pertenece. Ni se explica siquiera los varios esfuerzos que algunos hombres, tal vez de vigoroso entendimiento pero de voluntad no muy recta, hacen por apartarse de todas las escuelas. No era posible pues que el autor de los Apuntamientos, cristiano sincero y consciente y hasta padre de un príncipe de la Iglesia, olvidase que las leyes jurídicas, muy señaladamente las leyes constitucionales, que miran de modo particular a la organización política de las sociedades civiles, han de tener como base fundamental la ley moral, y han de buscar su razón en la filosofía cristiana. Antes que estudiar toda otra ciencia social o política, es necesario estudiar la filosofía del derecho, apoyada en la ética; de no ser así, se corre el riesgo de dar en un eclecticismo que suele llevarnos a una confusión indiferente, y aún complaciente, de la verdad y el error.
Para Concha, la ley no es sólo la manifestación de la voluntad de la mayoría de un pueblo. Eso realizaría no más que el concepto de la ley positiva, que no siempre es buena ni en sí misma ni en relación de las circunstancias de tiempo, lugar y otras en que fuere dictada. El concepto de ley, teniendo en cuenta lo que es por su naturaleza, lo que debe ser en cuanto sea positiva, escrita o consuetudinaria, es, como enseña Santo Tomás, una ordenación de la razón, encaminada al bien común, dictada y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Y sí entenderemos, al revés de lo que entiende la escuela legalista, que el concepto de la justicia y del derecho es muy anterior a toda ley positiva, y que la voluntad sola de un dictador, llámese éste presidente, monarca o parlamento, no tiene la virtud de convertir el mal en bien y de anular las enseñanzas de la recta razón.
La fuente de toda autoridad, enseña el libro del doctor Concha, está en Dios. Pero no hay que creer que esta doctrina autorice la conocida con el nombre de derecho divino de los reyes, que se ha invocado muchas veces, por unos, para cohonestar o justificar los poderes más absolutos y despóticos en manos de una sola persona, y por otros, para impugnar, falseándola, maliciosa o erradamente, la doctrina cristiana y católica de que es Dios la fuente suprema de toda autoridad, para oponerle a ésta el dogma llamado de la soberanía popular, que, entendido equivocadamente degenera en revolución, demagogia y anarquía.
Pero al mismo tiempo, el autor acepta un principio que domina de modo especial el desarrollo de la obra y es el de que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación de la cual emanan todos los poderes públicos. Esta doctrina se consagra hoy día en nuestra Constitución de 1991, y puede decirse que, con pocas excepciones, es la que impera hoy en todos los Estados de régimen constitucional.
A ella es opuesta la teoría, muy desafortunada del Pacto Social, la cual sirvió de base a las instituciones constitucionales de la primera República francesa, que sustituyó la monarquía y que fue producto de la evolución. Desafortunada en cuanto fue la abanderada de más exagerado concepto de autonomía individual, y en la negación de la existencia y los poderes de la sociedad por derecho natural, y apenas si alcanzaría a fundar sistemas que en definitiva tuvieron como amparo la fuerza bruta.
Consecuencia de esto, es muy importante reconocer que el individuo tiene derechos que le confiere la naturaleza misma, los cuales no podría desconocer ni vulnerar el Estado sin apartarse de sus fines.
En su obra, encontramos la clasificación en dos grupos de los derechos individuales: los referentes a la igualdad civil, y los que comprende la libertad individual.
La igualdad civil comprende: a) la igualdad ante la ley, o sea que todos los ciudadanos o súbditos de una nación estén sometidos a una misma norma, dictada por el legislador con carácter general sin distinción de personas en ningún caso; b) la igualdad ante la justicia, es decir, la exclusión de las jurisdicciones especiales o de excepción; c) la admisibilidad igual de todos los ciudadanos para ejercer las funciones públicas, en cuanto reúnan las condiciones requeridas por la ley; d) la igualdad en la obligación de contribuir para el pago de los gastos públicos, cada cual según sus medios.
Por su parte, la libertad individua, mirada sólo desde el punto de vista del Derecho constitucional, consiste en la facultad de hacer todo aquello que no daña a otro, y, por consiguiente, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, por tal aspecto no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos, límites que sólo la ley determina.
La libertad individual, para Concha, en su sentido más amplio, comprende: a) la libertad individual en el sentido estricto, que consiste en la facultad de andar libremente como en la de permanecer dentro del territorio nacional y salir de él; b la seguridad, es decir, las garantías contra las prisiones o penas arbitrarias; c) la propiedad individual, de la cual no puede ser privado el individuo sino por vía de contribución general o de pena; d) la inviolabilidad del domicilio, donde su dueño es una especie de soberano, y al cual no puede penetrar la autoridad pública sino en la forma y con los requisitos que señala la ley; e) la libertad de trabajo y de industria, que permite al individuo consagrarse libremente a las ocupaciones y labores que elija libremente, siempre que con ello no dañe los intereses generales, ni los particulares de un tercero.
Los demás derechos y libertades explicados por Concha, son la libertad de conciencia y de cultos, la libertad de reunión, la libertad de prensa, el derecho de petición como una forma de la libertad de opinión, la libertad de asociación y la libertad de enseñanza, involucrado en él el derecho de aprender, sumado a ellos el que los derechos individuales tienen un carácter común: limitan los derechos del Estado, pero no le imponen el deber de prestar un servicio positivo a los ciudadanos; lo obligan solo a abstenerse de intervenir en ciertas materias y dejan libre al individuo para proceder en ellas con libertad y según su propio criterio.
Expresa el autor, que los derechos individuales que algunos publicistas y Constituciones apellidan derechos o garantías sociales, son diferentes de los derechos políticos, y forman una clase separada. Estos últimos son los que dan título al individuo para intervenir en los diferentes ramos del gobierno, en la expedición de las leyes, en la administración pública general, y en la de justicia en particular; los que le permiten tomar parte en las elecciones, como ser elegido. La diferencia entre los derechos individuales y los sociales, consiste en que los primeros pertenecen al individuo aun fuera de las relaciones del estado social, si así pudiera contemplársele, mientras que los segundos emanan de ese mismo Estado. Como consecuencia de esa distinción, resulta además, que los derechos individuales pertenecen a todos los miembros que forman la sociedad, sin distinción de sexo, edad, capacidad, ni circunstancias en que se hallen, mientras que de los derechos políticos no disfrutan todos por igual, porque el ejercicio de ellos viene a constituir una ingerencia o participación en el ejercicio del Poder público; tal sucede, por ejemplo, con la libertad de imprenta, la libertad de asociación, etc.
Sentados esos principios fundamentales, ya se deja entender que los demás, que son sus consecuencias, se exponen y explican en la obra de Concha: el sistema de gobierno representativo; el sufragio como medio para designar los representantes de la Nación para el ejercicio de la soberanía que en ella reside; la división del poder público en las tres ramas que enseñó Montesquieu en su famosa obra del Espíritu de las leyes; la limitación de los poderes públicos, ninguno de los cuales tiene el ejercicio de la soberanía plena; las relaciones de estos poderes, de manera que cada uno sirva de contrapeso y corrija los posibles abusos de los otros; lo que constituye las libertades individuales y las garantías sociales; lo que son y deben ser las leyes constitucionales y sus diferencias con las leyes comunes, con indicación del concepto de Constituciones rígidas y Constituciones flexibles, según los esquemas adoptados en los diferentes países; la división de las leyes en preventivas y correctivas y penales, la responsabilidad gubernativa, el gobierno de gabinete y por fin otras muchas doctrinas que han de considerarse como pertenecientes a la materia propia del derecho constitucional.
Para el actual debate sobre la procedencia de la reforma al régimen bicameral, Concha se refiere a los defectos de la Cámara única, diciendo que precisamente se necesita que las leyes se expidan con lentitud y madura reflexión para que satisfagan a los intereses públicos y tengan estabilidad, lo cual en gran parte resulta del sistema de la atribución del Poder legislativo a dos Cámaras, que no es fácil que se dejen arrastrar por un arrebato de pasión.
Cada vez que consulto la obra del doctor Concha, encuentro que el libro sigue siendo muy actual y parece escrito hace muy poco, destacándose en él su serenidad, imparcialidad y moderación, como verdadera obra de la ciencia constitucional. Nadie creería que es un libro escrito por quien también fue político, pues no hace siquiera alusión velada a cualquiera de los sucesos políticos de Colombia ni mucho menos a aquellos en los que fue actor.
En relación al texto de Concha, el doctor Antonio José Cadavid en el prólogo al mismo, culmina diciendo que "el libro parece escrito por un inglés, y efectivamente es de publicistas ingleses de donde se han tomado las más de las enseñanzas abundantes y muy sabias e la obra. Y no sorprenda esto: es que al lado del combatiente vigoroso e intrépido está el hombre de estudios profundos, de serias y hondas meditaciones, el trabajador incansable y fecundo, el cultivador cuidadoso de su fértil entendimiento, el amigo verdadero de la juventud. Nada más natural sino que produzca frutos como los que ahora presenta su libro, que podrá ser provechoso, no solamente en Colombia, sino en toda la América latina."7
II. CONCHA ACADÉMICO

El doctor Alberto Abello Palacio representó en el funeral de José Vicente Concha el 7 de marzo de 1930 a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, destacando su entrega a la vida jurídica del país durante más de cincuenta años y su luminosa existencia, que fue un cántico solemne a la majestad de la ley y a la defensa del derecho, con las siguientes palabras:


Bien está que la Academia Colombiana de Jurisprudencia se asocie a este homenaje póstumo que la República rinde a uno de sus hijos más esclarecidos, porque José Vicente Concha, cuyos despojos mortales vamos a entregar a la voracidad insaciable de la madre tierra, encarnó la vida jurídica del país durante casi media centuria, y porque su existencia luminosa fue un cántico solemne a la majestad de la ley y a la defensa del derecho.
Las libertades públicas bien entendidas y no el libertinaje que pervierte a los pueblos y los desvía de sus naturales designios, tuvieron en Concha un devoto incansable, y su elocuencia subyugadora y convincente la puso con calor y con énfasis al servicio de la causa que quiere el equilibrio social sin extorsiones para nadie y con aplicación de las prácticas democráticas y cristianas, que reclaman el respeto a todo ajeno derecho, comenzando por el prestigio de la autoridad que jamás bastardeó en su mente de estadista ni en sus actos de gobernante integérrimo.
Concha siempre se mostró como hombre de acción y de pensamiento, y esta modalidad de su vida pura y bella aparece de realce en los escritos que enderezaba en momentos trascendentales de la vida nacional a marcar normas jurídicas y a señalar la senda que debía seguirse en pos de la anhelada meta de la felicidad. Formidable se destaca en aquel documento en que con entereza sin igual habló de los profesionales del desorden, y sereno se descubre en aquella luminosa pieza en que recuerda a las asambleas departamentales el lleno de sus obligaciones, haciendo resaltar que son organismos administrativos que no deben dejarse llevar por los senderos de la política, que no es ni con mucho la fuente de inspiración que deben tomar las entidades encargadas de hacer y mantener el progreso de las secciones en que se divide el territorio de la patria.
La pureza del sufragio, fuente de la cual nace la verdadera democracia cuando se practican los postulados severos de la ley y de la moral, y causa de justos disturbios cuando quiera que en los países se trata de desvirtuar sus resultados, fue en el espíritu de Concha una convicción sincera y firme, que llevó al terreno de los hechos sin dobleces ni caídas, y con orgullo de patriota reclamaba para sí el título de guardián solícito de la voluntad popular.
A nuestro juicio no es acreedor a alabanzas el gobernante que hace sentir el influjo de su autoridad y de su prestigio personal en el sentido de que se acate el resultado numérico de los comicios populares, porque con ello apenas se cumple trivial deber, pero como no es dable desconocer que entre nosotros no siempre se ha respetado el veredicto de las urnas, y hablamos es en Colombia y se impone por ello el concepto de la relatividad, aquí es la ocasión de hacer resaltar entre los méritos de Concha la voz de trueno con que siempre reprobó las insanas maniobras de los que atentan contra el sagrado derecho al voto, que debe ser reverenciado porque por medio de él habla el pueblo y decide de su suerte, próspera o adversa. Dejaríamos de ser justos, si al mencionar esta cuestión de grande y hondo interés para el país, no anotamos la feliz circunstancia de que los tiempos que corren son de bonanza y de tranquilidad, y que de tal modo ha penetrado en la conciencia colectiva la imperiosa necesidad que hay de proteger el mandato popular, que no es posible temer que vuelvan en Colombia las épocas en que se hacía de las elecciones una mascarada ridícula, y en que se quebrantaba la majestad de la carta fundamental y la conciencia electiva del pueblo colombiano. Hoy se puede garantizar con legítima satisfacción que el gobierno que nos rige es el primer defensor de las instituciones electorales.
Al hablar de Concha como jurista, no es posible prescindir de recordar que durante la administración ejecutiva que presidió con singular decoro, supo mantener el prestigio de la autoridad civil, sin mengua de la potestad religiosa; y que procuró por todos los medios lícitos a su alcance que en la práctica no resultara una irrisión la sabia enseñanza que nos dice que la Iglesia y el Estado son sociedades perfectas, ambas máximas en sus respectivas esferas, y que por lo mismo deben ir como entidades amigas que buscan la conciliación y la paz de las conciencias y que marchan respetándose mutuamente en sus legítimos fueros.
El egregio estadista que nos congrega en este sitio que todo lo nivela, puede decirse que fue el iniciador de publicaciones jurídicas como editor en la imprenta de La Luz con el doctor Miguel Abadía Méndez, y en la Librería Americana, que permitieron, gracias también a la laboriosidad del doctor Eduardo Rodríguez Piñeres, la reimpresión de los códigos nacionales ya agotados, y la vulgarización de obras de derecho que enriquecieron la jurisprudencia patria.
Concha publicista escribió otras de grande aliento, como sus estudios de ciencia constitucional, derecho penal y pruebas judiciales, que por sí solas bastarían para consagrar una firme y sólida reputación y que lo hicieron sobresalir entre los primeros jurisconsultos con que se honra la república. Esas obras, que son monumentos de sabiduría, serán siempre y en todos los tiempos una como prolongación de Concha, que vivió vida intensa por el triunfo del derecho, que es la granítica base sobre la cual descansan los pueblos que tienen la conciencia de sus responsabilidades históricas.
Una de las actuaciones más sólidas y brillantes de Concha es sin duda aquella que se dirigió a obtener del congreso la expedición de la ley 17 de 1898, “en desarrollo de los artículos 31, 32 y 44 de la Constitución de la República”, que pasó a la historia legislativa con el justiciero nombre de “ley Concha” (la ley 54 de 1924, también se denominó luego “ley Concha”, derivada de los Acuerdos del Canje de Notas #27643 del 27 de febrero de 1924 y que buscó aclarar la legislación existente sobre el matrimonio civil en esa época)8, que consagró el principio de que los monopolios no pueden ser ejecutados mientras no se haya realizado la plena indemnización. Esa ley vino a garantizar de manera estable la propiedad privada, porque ella dispuso en severas máximas que a ningún industrial, en el caso de que se organicen monopolios, se le puede impedir por ningún medio el ejercicio de su industria, mientras que legal y efectivamente no se le haya hecho el pago del valor de la indemnización, justipreciada según las leyes. Sabio y previsor fue Concha cuando en el congreso de 1898 trabajó con calor por que se reglamentaran los artículos de la carta fundamental que tratan de los derechos civiles adquiridos con justo título, del derecho a no ser privado de la propiedad sino por pena, o apremio, o indemnización, o contribución general, de la expropiación por motivos de utilidad pública y de la no confiscación; porque los derechos civiles y las garantías sociales que no se reglamentan debidamente, se hacen nugatorios en la práctica, no por culpa de las autoridades, sino por falta de normas que los garanticen y pongan a salvo de torcidas o erróneas interpretaciones.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia, Instituto que silenciosamente estudia sin descanso los graves asuntos que dicen relación a la intangibilidad del derecho, ha querido que el más humilde de sus miembros diera la última despedida a Concha, que fue en su carácter de procurador general de la nación uno de sus fundadores, que deja un gran vacío en su seno y cuya desaparición terrenal ha causado hondo quebranto a la patria, que ha menester el concurso de mentes privilegiadas que como la suya colaboraron en pro de los inmanentes intereses de la colectividad.” Hasta aquí el discurso del doctor Alberto Abello Palacio.
Hoy, el más reciente de los Miembros de esta Academia, desea recordar la augusta figura de José Vicente Concha Ferreira, para quien, como lo mencioné atrás, el único honor que esperaba tras su muerte, era el de ser considerado un buen ciudadano.
Quiero agradecer nuevamente su presencia en este Solemne Acto y a la Academia, por la confianza que hoy depositan en mí, la cual espero no defraudar en ningún momento.
Finalmente, es mi deseo entregar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con motivo de mi ingreso a la misma, una colección completa de mis primeras 22 obras individuales y colectivas en sus varias ediciones, para que hagan parte de su biblioteca.
Muchas gracias.



1 Concha, José Vicente. "Apuntamientos de Derecho Constitucional". Librería Americana, Bogotá, 1923, página 264.

2 Cruz, Antonio. "Grandes Oradores Colombianos". Biblioteca Familiar Presidencia de la República # 35, Santa Fe de Bogotá, D.C., 1997, página 154.

3 Estudio preliminar a la cuarta edición de la Obra "Constituciones de Colombia" de Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Biblioteca del Banco Popular, Volumen 127, Tomo I, Bogotá, 1986.

4 Restrepo Piedrahita, Carlos, Op. Cit., página 56.

5 Cadavid, Antonio José, en el prólogo al libro "Apuntamientos de Derecho Constitucional" de José Vicente Concha, página 10.

6 Restrepo Piedrahita, Carlos, Op. Cit., página 104.

7 Cadavid, Antonio José, en el prólogo al libro "Apuntamientos de Derecho Constitucional" de José Vicente Concha, páginas 16 y 17.

8 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Constitución Política de Colombia. Sexta Edición, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, D.C., 2002.





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