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El C. Eduardo Turati Alvarez


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Que reforma los artículos 83 y 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Eduardo Turati Álvarez, del grupo parlamentario del PAN
El C. Eduardo Turati Alvarez: -Señores diputados: «El ejercicio democrático del poder público exige la auténtica separación y equilibrio de los tres poderes que lo constituyen; para ser vigente dicho postulado, es necesario avanzar en el sentido de otorgar un suficiente poder político y la autonomía absoluta que requieren tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial para que entre ellos se vigilen, se limiten y en definitiva, al impedir la hegemonía de uno de ellos sobre los otros, se logre el auténtico equilibrio de poderes, mismo al que en los discursos decimos aspirar pero que en la práctica negamos sistemáticamente, ya sea por el servilismo de la mayoría de integrantes del Legislativo y el Judicial, o por la falta de instrumentos legales que permitan llevar a cabo dicha función.

Es claro a todas luces, que en México el Poder del Ejecutivo es prácticamente absoluto, y que los poderes Legislativo y Judicial existimos como meros apéndices del mismo para mantener una supuesta imagen de democracia, y para actuar como comparsas que legitiman los caprichos del Ejecutivo, lo cual sucede lo mismo a nivel federal que estatal, que municipal; los diputados y senadores de la llamada mayoría relativa, como los miembros del Poder Judicial son nombrados, las más de las veces desde el Ejecutivo, para representar a quienes los colocaron con el fin de defender intereses sectoriales o totales del gobierno, traicionando así su función de defensores de los gobernados, para la cual supuestamente fueron electos.

El abuso del Poder del Ejecutivo, debido al sometimiento, principalmente, del Legislativo, ha traído como consecuencia la innegable corrupción de los funcionarios públicos que aceptada por boca de todos los gobernantes y gobernados, desde hace años llegó a ser, incluso, bandera de campaña del actual presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid.

Tan actual y escandalosa es la presencia del cáncer de la corrupción en las altas esferas de la vida política nacional, que obligó desde principios del sexenio a diseñar toda una secretaría de estado, la Secretaría de la Contraloría, cuyo objeto es reglamentar el artículo 4o. constitucional en materia de: "sujetos de responsabilidad en el servicio público, sus obligaciones, responsabilidades y sanciones administrativa, autoridades competentes y procedimientos para aplicar dichas sanciones, incluyendo servidores públicos que gozan de fuero, y al registro patrimonial de los mismos.

Todo lo anterior, sin embargo, no significa más que un tímido esfuerzo para combatir la corrupción enquistada en los altos niveles de la administración pública, a la vez de ser inoperante de origen, ya que olvida el principio universalmente aceptado de que “aquél que juzga, no puede ser juez y parte" resulta absurdo, por no decir una burla, el que una dependencia del Ejecutivo, la encargada de garantizar la honestidad de los demás dependencias del mismo Poder Ejecutivo; aunque hay quienes justifican el despilfarro que representa la existencia de la Secretaría de la Contraloría, con el peregrino argumento de que cumple la función de realizar una auditoría interna permanente, su argumento se ve desmentido por el mismo artículo 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se le concede tan sólo la facultad "discrecional" para "ordenar las visitas de inspección y auditorías a los funcionarios públicos, cuyos signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudieran tener.”

Por ser reclamo nacional el, de verdad, garantizar la honestidad en el ejercicio de la función pública.

Por ser imperativo el iniciar con medidas efectivas el combate a la corrupción en los niveles de máxima autoridad, es decir, empezando por el propio Presidente de la República hasta los funcionarios de alto nivel, mismos que son considerados como trabajadores de confianza según el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.

Por ser indispensable darle la fuerza necesaria al Poder Legislativo, para que sea mayor fiscalizador de la cuenta pública, para romper el sometimiento del Poder Legislativo a los intereses de los diferentes sectores que conforman el Ejecutivo en sus distintos niveles, y que ha venido a convertir a muchos miembros del Legislativo en cómplices de actos de corrupción de miembros del Ejecutivo.

Porque el combate a la corrupción debe iniciarse desde donde reside la autoridad, que es quien debe dar el ejemplo de la honestidad que reclama a la sociedad.

Porque la condición humana y la lógica elemental exigen que los controles se encuentren fuera del control de quien debe ser controlado.

Porque haciendo nuestra la idea genial del diputado José Angel Conchello, “en el combate a la corrupción hay que recordar que las escaleras se barren de arriba hacia abajo”.

Porque la facultad, hasta ahora "discrecional" de la Contraloría de la Federación para ordenar inspecciones y auditorías a los funcionarios públicos de los que se sospecha enriquecimiento ilícito, ha servido tan sólo para “vendettas políticas” o para castigar funcionarios menores, la mayoría de las veces con el fin de ocultar daños mayores a la opinión pública, y dejar impunes a los grandes defraudadores nacionales.

Porque en definitiva, se pretende otorgar al Legislativo un instrumento fuera de la manipulación del Ejecutivo, que le permita cumplir con su función de fiscalizador del gasto público y equilibrador del poder.

La presente iniciativa tiene como fin: Incorporar a la legislación vigente la obligación de practicar a los miembros de los altos niveles de la administración pública, desde el Presidente de la República hasta los miembros de la misma, que se incluyen en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una primera auditoría que certifique la veracidad de los datos aportados por el funcionario en cuanto a situación patrimonial, de acuerdo con el Capítulo IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos antes del mes, a partir del nombramiento en cuestión, y una segunda auditoría en los mismos términos al finalizar dicha gestión.

Asimismo, otorgar la facultar para requerir de la Contraloría de la Federación, la aplicación obligatoria, de oficio, del artículo 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ante la solicitud en ese sentido por algún miembro del Poder Legislativo.

Por último, establece el carácter público de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, con el fin de que los ciudadanos puedan consultarlas, y en su caso, pedir que se les expidan copias certificadas de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS



Artículo único. Se adicionan los artículos 83 y 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 83 ..................................................................

Los funcionarios que se indican en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, considerando al propio Presidente de la República, deberán someterse a una auditoría patrimonial que verifique la veracidad de la declaración a que este artículo obliga, tanto al iniciar el encargo al que fue nombrado como a su término, no rebasando más de 30 días la realización de dicha acción a la fecha del nombramiento o a la separación del cargo.

Declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos a que se refiere la presente ley, tendrán el carácter de públicas. Todo interesado podrá consultarlas y pedir copias certificadas de las mismas, estando la Secretaría de la Contraloría de la Federación obliga a expedirlas en un término máximo de 10 días naturales.

Artículo 84. .................................................................

Ante solicitud fundada presentada por algún miembro del Poder Legislativo, la Secretaría deberá ordenar la práctica de auditorías a los funcionarios públicos que fueren señalados y que se consideren en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cualquier momento del desempeño de su gestión.



Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 1987.- Diputado Eduardo Turati Alvarez

El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.


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