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El asalto e incendio de la federacion obrera de magallanes el 27 de julio de 1920 – contribuciones para su historia


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V.- LAS CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS

Otras repercusiones

de los sucesos del 27 de julio

 

 



            Veamos algunas de las repercusiones de los acontecimientos del 27 de julio, y en general de la inquietud social del Territorio, desde 1919 en adelante.

 

            Uno de los primeros efectos de estos agitados acontecimientos, fue la notoria rotativa de las autoridades políticas del Territorio. 



 

De hecho el Gobernador Luis Contreras -quién, como se ha visto ([47]), había seguido una política de mediación y diálogo con empresarios y trabajadores y había dado origen a la Cámara del Trabajo- después de los sucesos de Natales de 1919 fue reemplazado como Gobernador interino por el marino Arturo Sweet en marzo de 1919.

 

Resulta evidente que, apenas sucedidos los hechos de Natales y Bories, el Gobernador Contreras  fue convocado por el Ministerio del Interior a Santiago, y al poco tiempo y sin regresar a Magallanes, fue destituido del cargo.  Algo similar ocurrió con Alfonso Bulnes su sucesor.



 

A continuación, en mayo de 1919 fue nombrado Gobernador titular Exequiel Fernández, siendo reemplazado como Interino nuevamente por Arturo Sweet.  A su vez, en enero de 1920, el Gobierno nombró Gobernador a Alfonso Bulnes Calvo (el que conservó su puesto a pesar de la insubordinación de los Guardianes, como pudo verse antes), y quién fue sustituido como suplente por Agustín Dagnino desde el 9 de octubre de 1920, pero en diciembre de 1920 fue nombrado Samuel Ossa Borne en el mismo cargo. 

 

De este modo, al momento del incendio de la Federación Obrera, las autoridades superiores eran el Gobernador Civil Alfonso Bulnes y el Mayor José María Barceló Lira quién, a su vez, era la autoridad militar superior como Comandante del Batallón “Magallanes” y por lo tanto responsable de la participación de militares en el asalto e  incendio a la Federación Obrera. 



 

En términos generales puede observarse que los sucesos de Natales en 1919 y de la Federación Obrera en 1920, produjeron la salida de los respectivos Gobernadores del Territorio, cualquiera haya sido el grado de responsabilidad o de involucramiento de cada uno en los hechos: para la autoridad política central en Santiago, era impresentable que Magallanes diera una imagen de ingobernable.

 

Así Luis Contreras Sotomayor, fue Gobernador entre septiembre de 1917 a marzo de 1919; Exequiel Fernández le sucedió de marzo de 1919 a diciembre del mismo año; Alfonso Bulnes Calvo ejerció la Gobernación entre diciembre de 1919 y noviembre de 1920; Samuel Ossa continuó entre noviembre de 1920 y enero de 1921 y Vicente Fernández Rocuant asumió en enero de 1921.  Es decir, en tres años desde los sucesos de Natales en 1919 hasta 1921, hubo cinco Gobernadores a cargo del Territorio de Magallanes…



 

La orientación de Fernández Rocuant frente a las manifestaciones obreras, sin embargo, como se verá más adelante en 1921, fue muy similar a la de sus predecesores.

 

Uno de los efectos colaterales de los sucesos del 27 de julio, fue un cambio brusco, intempestivo de directiva en la Sociedad de Empleados de Comercio.  Esta organización, no afiliada a la Federación Obrera de Magallanes, sin embargo, no podía quedar ajena a los graves sucesos que la afectaron: en sesión efectuada el 26 de julio, la asamblea de Empleados destituyó a toda la directiva y expulsó a cinco miembros y “…con fecha 27 del mismo mes todos los componentes del ex Directorio lo hicimos por escrito, según copia que obra en mi poder…” según escribe el dirigente T. Ureta a “El Magallanes” del 2 de agosto.



 

En el “Club Magallanes”, considerado por muchos, como el centro donde se decidió el asalto a la Federación, también hubo cambios.  En “El Magallanes” del 3 de agosto se informa que habían sido designados los nuevos directivos de este club, los que resultaron ser “…Mariano Edwards, Manuel Iglesias, Temístocles Urrutia Semir, Roberto Ewing, Juan Secul, Ezequiel Fuentes, Perdro Ward, y como integrantes de la Junta Calificadora, Oscar Munizaga, Rodolfo Stubenrauch, Nibaldo Sanhueza, Alfredo Carvajal y Mateo Paravic.” ([48])

 

La oleada de rumores y comentarios subrepticios que pobló la ciudad después del asalto a la Federación, fue la forma como los ciudadanos simples de Punta Arenas reaccionaron a tan grave atentado.  En los siguientes y últimos días de julio circularon diversas especies, entre las cuales la que atribuía a algunos sacerdotes de la Congregación Salesiana residente, alguna autoría o participación en el incendio. 



 

Desde el día martes 27, la ciudad quedó  sumida en un ambiente de terror, de silencio y de rumores.

 

Ha de recordarse que los dos periódicos vinculados a la Federación Obrera, “El Trabajo” y “El Socialista”, habían sido destruidos en el asalto e incendio y el periodista Gregorio Iriarte habla en su carta ya copiada, de un ambiente en el que: “…El Gobernador presiona cada vez más a las personas para que no hable de esto sino favorablemente…” y donde: “…toda la población…no puede hablar fuerte y andar acompañado en la calle.”



 

Tan extendidos fueron esos comentarios y rumores por la ciudad, que el semanario eclesiástico “El Amigo de la Familia” y el diario católico “La Unión”, reaccionaron airadamente.

 

Así, el semanario “El Amigo de la Familia”, muy preocupado por la extensión de los rumores respecto del clero, publicó el siguiente desmentido en su edición del domingo 8 de agosto: “Atrevimiento inaudito fue el de los sectarios que, en su manía de denigrar y desacreditar al nobilísimo clero católico, se han empeñado en presentar al clero de Punta Arenas como incendiario y asesino, con motivo de los hechos del 27.  Dejamos aquí constancia de la protesta del clero publicada en el diario La Unión del 1-8-1920.  Los sacerdotes de Punta Arenas. Heridos vilmente en su dignidad de hombres y de sacerdotes por la burda calumnia que pretendía presentarlos al pueblo nada menos que como incendiarios y asesinos, no pueden menos de protestar contra semejante injusticia, y declaran que nada es más contrario a la verdad de las cosas y a la educación y carácter de que se precian.  Apelan al simple sentido común del pueblo y a la sola humanidad de todos, para levantar y arrojar lejos de sí el cargo villano con que el odio y el sectarismo han querido agobiarlos. Es demasiado enorme para que quepa en cerebros equilibrados y arraigue en corazones sanos.  No serán los detractores del clero quienes se atrevan a instruir una acción judicial contra sus víctimas.  Sabe el pueblo quienes  le han dado siempre pruebas de ser sus mejores amigos, y los que así calumnian a los sacerdotes mienten y se rebajan. “ ([49])  Obsérvese la virulencia del lenguaje de esta declaración sacerdotal…



 

A este respecto, cabe mencionar una curiosa y extensa carta enviada a “El Magallanes” y publicada por dos directivos de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. 

 

El diario católico “La Unión” había publicado el 5 de agosto, un comentario editorial criticando el izamiento de la bandera a media asta realizado por la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en señal de luto por la muerte de su asociado y federado Juan Enríquez. ([50]) El periódico católico “La Unión” reflejaba una vez más su vergonzosa postura contraria respecto de la Federación Obrera recién atacada.



 

Cabe observar que muchos callaron cuando ocurrieron estos graves hechos en Magallanes.

 

El mencionado gesto público de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que la enaltece en sí misma, es el único que se ha logrado registrar entre las organizaciones mutualistas del Territorio, respecto de los graves sucesos descritos.



 

Dice al respecto la carta de los directivos D. Blanco, Presidente y L. Pérez Mendizábal, Secretario de la S.E.S.M. publicada en “El Magallanes” del 10 de agosto: “…el izamiento de la bandera a media asta fue por el duelo por la muerte de un socio, las ideas que éste profesara y la muerte que en suerte le cupo, está fuera de la discusión social…en las circunstancias delicadísimas en que nos encontramos, debido a los sucesos ocurridos el 27 del mes próximo pasado, “La Unión” en su artículo editorial del 5 del presente da una interpretación malévola a un acto sencillo y necesario…” ([51])

 

Pero, más allá de aquellos rumores claramente desmentidos, no se encuentra en el semanario católico durante todo el período desde julio de 1920 en adelante hasta mediados de 1921, ninguna referencia -siquiera piadosa- por las víctimas ni una condenación implícita o explícita de los hechos.



 

Fuerza es de constatar entonces, que el clero católico de Punta Arenas mantuvo un ominoso y aprobatorio silencio público frente al asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes. ([52])

 

Otro efecto también indirecto de los sucesos ya relatados, fue la remoción y traslado del Juez del Territorio.  El magistrado Carlos Orrego Forest fue enviado a San Bernardo, según informa “El Magallanes” del 7 de agosto de ese año.



 

Pero, los sucesos del 27 de julio, sumados a la revuelta obrera de 1919 en Natales, dieron origen a otras medidas gubernamentales, orientadas al control sobre la población del Territorio y sobre todo sobre los desplazamientos de extranjeros.  Tan temprano como el 1° de mayo de 1920, el Gobernador Alfonso Bulnes había remitido al Juez Letrado del Territorio, al Prefecto de Policía y a los Subdelegados de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego, instrucciones perentorias en el sentido de que “…en algunos puntos de la frontera se han destacado Carabineros, con el objeto de no permitir la entrada al país de personas que no acrediten su identidad personal i buenos antecedentes si son estranjeros, como también para la vijilancia de los campos.”   Y a continuación expresaba que “Las personas que viajen entre esta ciudad i Natales deberán en adelante, para dar cumplimiento a la circular anterior, presentar a los Carabineros o Policías encargadas de la vijilancia de las fronteras, sus cédulas de identidad personal otorgadas por la Prefectura de Policía de Magallanes.” ([53]).

 

Los hechos del 27 de julio debieron producir un intenso clima de temor y de odiosidades, sumadas al que ya se había incubado con anterioridad.  Algunas personas se sintieron amenazadas en su integridad y solicitaban autorización para portar armas en la ciudad, como es el caso del funcionario de Aduana Héctor Espinoza.



 

De ello, da cuenta el siguiente informe -hasta hoy inédito- que el Jefe de la Sección de Seguridad de la Policía Fiscal Carlos Torres Droguett, dirige al Prefecto de Policía Aníbal Parada: “N° 341. Señor Prefecto: A fin de practicar averiguaciones sobre la necesidad de dar permiso al sr. Hector Espinoza para cargar revólver, se comisionó al Aspirante 2° Luis Oteiza, quién logró establecer lo siguiente: Que el sr. Espinoza, desempeña un puesto de responsabilidad en la Aduana y que muchas veces coadyuva a la vijilancia de mercaderías estacionadas en los muelles de carga y que por informes dados por los señores Eduardo Poblete, Emilio Blaya, Zenón Murillo, quienes espusieron que el sr. Espinoza es una persona correcta, respetuosa y de buena conducta, y que además, el sr. Espinoza, a raíz de los sucesos del 27 de julio  se presentó a esta Sección a esponer que había sido amenazado de muerte, por creérsele culpable de lo acontecido.  Lo que comunico a Ud. para los fines del caso. Punta Arenas, 14 de agosto, 1920. C. Torres Droguett. Jefe Sección.” ([54])

 

A su vez, el 26 de agosto de 1920, el Gobernador Subrogante A. Dagnino, después de reunirse con un grupo de comerciantes, envió a las 13 casas comerciales de Punta Arenas donde se expendían armas y municiones, el siguiente oficio: “Punta Arenas, 26 de agosto de 1920.  N° 360. Muy señor mío: En conformidad a lo acordado en la conferencia tenida con Ud. en esta Gobernación, sobre la venta de armas en el comercio de esta ciudad, manifiesto a Ud. que se han dado instrucciones a la Prefectura de Policía para atender los pedidos que se hagan por los interesados en comprar armas, certificando aquellos que se consideren sean de verdadera necesidad para el comprador, única forma en que se podrán vender un arma y municiones hasta nuevo acuerdo. Hasta nuevo aviso, esta Gobernación no autorizará el transporte dentro del Territorio, ni el envío a otros puntos del país de ninguna clase de armas, pólvoras, municiones o explosivos, sin aviso previo que será calificado en cada caso por el infrascrito.” ([55]).



 

Al día siguiente, el mismo Gobernador Subrogante despachó este oficio al Administrador de Aduana, Gobernador Marítimo y al Comandante del Batallón Magallanes: “Gobernación de Magallanes.  Punta Arenas, 27 de agosto de 1920. N° 363. En esta Gobernación, se ha recibido la comunicación siguiente: ´Circular Reservada N° 3. Santiago, 2 de julio de 1920.  Hasta nueva orden, sírvase US. no autorizar el transporte por el Territorio de su jurisdicción ni su envío a otros puntos de la República de armas, municiones, polvora u otros explosivos.  Dios guarde a US. (Fdo.) Pedro García de la Huerta.’ Lo que tengo el agrado de transcribir a Ud. para su conocimiento.  Dios guarde a Ud. Fdo. A. Dagnino.” ([56]).

 

Resulta sorprendente observar que la Circular Reservada a que hace alusión este oficio, fué enviada desde Santiago el 2 de julio, y sólo aparece en Magallanes el 27 de agosto, situación que también debe haber pesado sobre la  permanencia del Gobernador Bulnes Calvo, puesto que no se apresuró a aplicarla ni a comunicarla en cuanto la recibió.



 

            Por otra parte, además, la propia institución municipal sufrió algunos efectos en su funcionamiento, por los acontecimientos relatados. 

 

La última sesión de la Comisión de Alcaldes de Punta Arenas tuvo lugar el 19 de julio de 1920, y a continuación, se produjo una suspensión prolongada de las sesiones municipales, las que se reiniciaron el 9 de octubre del mismo año, de manera que la Municipalidad fué gobernada mediante Decretos Alcaldicios: el estado de sitio llegó hasta la institución municipal de Punta Arenas.



 

            Otra repercusión del asalto e incendio de la Federación Obrera y de la persecusión y represión policial que ella implicaba, fué la serie de allanamientos policiales, los que, en su caso, condujeron a la clausura del Hotel “Toscano” de Gerardo Alvarez, un español avecindado en Magallanes, conocido por sus inclinaciones anarquistas. 

 

Este hecho aparece reflejado en la siguiente decisión de la Comisión de Alcaldes del 27 de agosto de 1920: “…3° que Don Jerardo Alvarez, dueño del negocio denominado “Hotel Toscano” ubicado en la calle Colón esquina Talca, infringe la disposición mencionada en el considerando primero, pues su establecimiento se encuentra a menos de 200 metros del Colegio Eusebio Lillo situado en la calle Colón; 4° Que a más de espender bebidas alcohólicas para sus huéspedes durante las horas de almuerzo y de comida, las despacha también a horas avanzadas de la noche y a personas estrañas, de pésima reputación y que hace algunos días fueron sorprendidas con armas, proclamas subversivas y manuscritos análogos, todo lo cual consta del parte de Policía que se acompaña… Fundado en las disposiciones legales y reglamentarias expresadas y además en la facultad que me otorgan los números 7° y 8° del Reglamento Orgánico de la Junta de Alcaldes de Magallanes, decreto: Cancélase la patente de Hotel de 4° clase que don Jerardo Alvarez paga por su negocio antes indicado y clausúrase el local en que funciona. Transcríbase este Decreto a la Prefectura de Policía para su cumplimiento y dese cuenta a la Junta de Alcaldes en la primera reujnión que celebre. 27 de agosto de 1920. N° 2397.” ([57]).  La Junta de Alcaldes ratificó éste Decreto alcaldicio, en su sesión del 26 de octubre de 1920.



 

Otro fue el destino de Román Cifuentes, dirigente de la Federación y fundador de la Agrupación Socialista.

 

Recordemos los hechos que le afectaron.  Según el relato de Gregorio Iriarte, “…fue asaltada la casa del administrador de “El Socialista”, Román Cifuentes.   Se le atacó a balazos, pero sin herirlo. Se le golpeó brutalmente a él y a su mujer, de cuyas resultas ésta tuvo un mal parto al día  siguiente. Cifuentes fue sacado de su casa y llevado a que mostrara a los asaltantes el taller del periódico, que está unas seis cuadras distante. Una vez en el taller rompieron a combo todas las máquinas, empastelaron los los tipos y prendieron fuego a la casa. Después de esto se retiraron. Los vecinos- gente pobre- se levantaron a apagar el incendio, lo que consiguieron después de algún esfuerzo. Se avisó de esto a la policía y ésta contestó que ‘la cosa no tenia importancia’.  En la casa de Cifuentes no quedó un solo vidrio bueno; las puertas fueron rotas a hachazos.”



 

Cifuentes huyó con su esposa de Magallanes y, después de permanecer fuera de Punta Arenas varios años, lo volveremos a encontrar a fines de la década de los años veinte, como dirigente de los obreros en madera.

 
VI. LAS VERDADERAS CAUSAS DEL INCENDIO DE LA FOM
 

¿Porqué se produjo

el asalto e incendio de la Federación Obrera

y quiénes son los responsables?

 

 

Pero, interrogándose sobre las causas de estos hechos y del 27 de julio en particular, cabe preguntarse que, si eran las tendencias anarquistas decisivamente predominantes en la Federación Obrera hasta 1920, ¿es posible atribuir a las inclinaciones anarquistas de la mayoría de sus dirigentes, una de las causas de su destrucción por parte de los elementos más conservadores de la sociedad magallánica?



 

Para comprender el significado de los terribles hechos del 27 de julio de 1920, hay que situarse en el contexto real en que se encontraba el territorio y la sociedad magallánica en ese entonces, así como el conjunto del territorio patagónico.  

 

La clase adinerada de Magallanes, estaba sin duda atemorizada o impresionada, en especial por los eventos recientemente ocurridos en Puerto Natales y en Puerto Bories, y también por las alarmantes noticias que llegaban desde la Patagonia argentina, y por lo tanto, la reacción (en el doble sentido del concepto) debía ser proporcional a las dimensiones del temor en que se encontraban los estancieros.



 

Sin lugar a dudas, por la naturaleza de los hechos, por la forma cómo actuaron los obreros organizados y armados, y por el “ejemplo demostración” que podía provocar, la rebelión obrera de Natales y Puerto Bories tiene que haber sido uno de los factores de fondo que ocasionó el temor de la burguesía magallánica y su inclinación a una reacción represiva como la sucedida el 27 de julio.

 

Pero, además, para intentar encontrar una explicación a estos hechos podría arguirse la “tesis del complot”. 



 

¿Preparaban acaso la Federación Obrera o algunos de sus dirigentes, una intentona insurreccional para el caso que se diera la oportunidad, como sucedió pocos meses después en la Patagonia argentina, o como había sido percibida la rebelión de Natales del año anterior?  

 

Nada existe en los antecedentes testimoniales escritos y orales disponibles, que permita corroborar ésta hipótesis, pero es un hecho comprobado que al interior de la Federación había –más o menos organizado, no lo sabemos- un grupo de federados que disponían de armas, revólveres en este caso. 



 

Por lo demás, el tipo de relaciones que la Federación Obrera había venido estableciendo con las más diversas autoridades e instituciones públicas y privadas del Territorio, desmiente toda hipótesis de una asonada clandestinamente preparada. 

 

Considérese que en numerosos textos escritos y algunos testimonios orales recogidos en el curso de esta investigación, aparece que habían algunos federados con armas, para defenderse de un posible y rumoreado ataque a la casona de la Federación.  ¿Desde cuando existían armas en poder de algunos federados? 



 

Hacia 1920, por lo demás, el porte de armas por parte de particulares era permitido, era usual y no estaba legalmente prohibido.  El testimonio de Juan Aguilar Collao dice que varios dirigentes portaban armas regularmente, y como hemos visto en los sucesos de Natales de 1919, los dirigentes obreros y el Administrador del Frigorífico Bories también andaban armados.

 

Por su parte, la mejor demostración del designio de destrucción premeditado, fue el hecho que las autoridades implantaron un virtual toque de queda en la ciudad por algunos días (precisamente para terminar de detener a los dirigentes sobrevivientes y para acallar la verdad de los hechos), y que además, no se sancionó a los autores (civiles y uniformados) del asalto, sino que por el contrario, se abrió una causa judicial contra los obreros y algunos dirigentes que lograron ser detenidos.



 

Por lo tanto, el Gobierno de Juan Luis Sanfuentes, a través de sus autoridades del Territorio, tuvo, por lo tanto, una responsabilidad política y moral directa en la comisión del incendio y masacre de la Federación Obrera de Magallanes, tanto por que no se evitó el ataque como porque no se sancionó a los autores, lo que refleja un grado de complicidad gubernamental en los hechos.

 

Por lo demás, la frase “Varios voluntarios fueron atropellados por la autoridad”, que aparece en el parte respectivo del Libro de Guardias de la Segunda Compañía de Bomberos, constituye la muda acusación más evidente de intervención y complicidad sobre quienes ejercían la autoridad en el Territorio, en la ciudad y en el lugar del incendio.



 

A raíz de la destrucción de la Federación Obrera y de la dispersión de sus dirigentes (particularmente de aquellos de orientación anarquista), prácticamente la totalidad de la actividad sindical en Magallanes se paralizó, o por lo menos, se vió fuertemente dificultada, mientras en la Patagonia argentina, la preocupación por los hechos de Punta Arenas y sus repercusiones al otro lado de la frontera, llegaba hasta las autoridades políticas y policiales de Santa Cruz.

 

En efecto, el 24 de agosto de 1920, el Comisario de Policía de Río Gallegos, Diego Ritchie (quién intervino en los sucesos de Natales en 1919, al rescate del Subdelegado Bravo, como se ha relatado antes) le escribía al Coronel Edelmiro Correa: “Señor Gobernador Interino, don Edelmiro Correa Falcón: comunico a usted que esta policía ha descubierto que la Federación Obrera Local, en combinación con sus similares de Buenos Aires, de los puertos de la costa y Punta Arenas, prepara una huelga general para el mes entrante, movimiento que asumiría el carácter de revolucionario, pues se tiene vehementes sospechas, por más que no ha sido posible comprobarlo aún a pesar de las investigaciones practicadas, que en uno o más puertos del territorio se están fabricando bombas de dinamita”.



 

Y el 7 de septiembre del mismo año, le reiteraba su preocupación en estos términos premonitorios“…la situación del territorio ante la amenaza de las manos obreras y ácratas la conceptúo  grave, pues no hay duda alguna que se prepara una huelga general que forzosamente se tornará en un movimiento de sedición dado el estado de intranquilidad que reina en el campo obrero y los numerosos anarquistas y reincidentes existentes en el territorio, cuyas filas van engrosado con los elementos peligrosos expulsados de Punta Arenas con motivo de la huelga revolucionaria ocurrida allí y cuya entrada es imposible de evitar por nuestra larga y dilatada frontera, escasamente vigilada.” ([58]).

 

La fantasía del jefe policial argentino (cuando habla de la “huelga revolucionaria” ocurrida en Punta Arenas) iba aquí acompañada con una extraña asociación de hechos que, en realidad, estaban completamente inconexos entre sí. 



 

¿Estaba Ritchie asociando aquí el incendio de la Federación Obrera o la rebelión obrera de Puerto Natales, con las huelgas que se estaban desplegando en la Patagonia argentina?.

 

Los gremios que se habían reunido en la Federación Obrera de Magallanes perdieron su sede de reunión, pero sobre todo, tuvieron que enfrentar solos frente al fortalecido poder patronal la negociación de sus condiciones de trabajo.


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