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El agua, factor de inclusión social


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"El agua, factor de inclusión social". Ley 6.750

Nº__239___/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los once días del mes de julio del año dos mil once, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “FAJANS, ARMANDO C/ B.I.M. BASTERRA INGENIERIA MECANICA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O DEUDOR DE LAS OBLIGACIONES Y OMISIONES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, N° 69.777, año 2010, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos a fs. 850.



C U E S T I O N E S

I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos en autos?

II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos al demandado José L. Basterra a fs. 850, contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 802/817.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 859 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 873.

A fs. 864/866 vta. emite su dictamen N° 1682/10 el señor Procurador General, a fs. 868/872 vta. se glosa el memorial potestativo de la parte recurrida y a fs. 876 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- Preliminarmente, y con independencia del criterio sustentado por el órgano concedente, corresponde que me expida sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal de los recursos interpuestos.

En ese cometido, como lo destaca en su dictamen el Sr. representante del Ministerio Público, advierto que no obstante la concesión dispuesta por la Cámara de Apelaciones a fs. 850, la lectura del memorial recursivo permite apreciar que interpuso y fundó únicamente el recurso de inconstitucionalidad, por lo que propicio se tenga por no interpuesto el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

3.- Recurso de inconstitucionalidad: en el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, media oportuno planteo de la cuestión constitucional y la atacada es una sentencia definitiva. Consecuentemente corresponde ingresar al tratamiento del presente remedio en su faz sustancial.



I.- El caso: el actor demandó la suma de $ 19.852 con motivo de que su motor dejó de funcionar al intentar regresar de Brasil, pese a que antes del viaje había puesto el auto en condiciones, llevándolo puntualmente al taller B.I.M. a tales efectos, donde había pedido una revisión y cambio de los conductos (mangueras) del sistema de refrigeración de la unidad. Indicó que un mecánico que lo asistió en Brasil advirtió que la pieza de goma de conducción del líquido refrigerante no había sido reemplazada, por lo cual se había cortado o roto, haciendo perder todo el refrigerante en segundos, dejando al rodado inmovilizado con grandes daños internos en su motor. La demandada se opone al progreso de la pretensión señalando que la orden de reparación no especificaba el cambio de mangueras pero aún así, la perdida de agua no se debió a ello. Agregó que el circuito de enfriamiento cuenta con electroventiladores que, si dejan de funcionar y el motor sobre pasa los 90º obra un sensor de temperatura del motor que emite una orden de comandar los mismos en una secuencia de 2 velocidades. Sostiene que aparte de ello existe un sensor de “máxima temperatura” que enciende una luz de emergencia al respecto. Agrega que respecto de la pericia técnica se remite a las impugnaciones efectuadas al momento de plantear su nulidad. A su turno, en el expediente sobre prueba anticipada (Nº 580/04), se pide y el juzgado admite el reconocimiento judicial y la pericial técnica mecánica, a realizarse esta última dentro de los 10 días de aceptado el cargo. El 9/3/04 se notifica al demandado de ello; el 15/3 se realiza el reconocimiento judicial del automotor, al que asiste el abogado del demandado. El 17/3 el perito pide adelanto y se suspenda el plazo hasta que no se lo otorguen, lo que se provee corriéndose traslado a la oferente el 20/4. El 23/3 el demandado solicita se autorice a participar como consultor técnico al Ingeniero Martina, y se le informe fecha, lugar y hora donde se llevará adelante la pericial técnica, a los fines de ejercer sus derechos en un vehículo que se encuentra en poder de la contraparte. El 20/4 el juzgado autoriza a participar al consultor técnico y el 19/4 el perito presenta su dictamen, providencia contra la que el demandado plantea nulidad de la pericia fundado principalmente en que al no habérselo notificado como lo pidió y no haber constatado los defectos mecánicos, ni siquiera puede impugnar sus conclusiones. El juzgado desestima el planteo de nulidad con fundamento en que la parte pese a estar debidamente notificada de la pericia, del plazo fijado, etc., no arbitró los medios necesarios para notificar al perito de la designación del consultor técnico, ni que tampoco observó el dictamen pericial ni sus conclusiones. El demandado apela y el juzgado lo desestima por irrecurrible, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 357 del CPCC.

La sentencia de primera instancia admite la demanda por la suma de $5.800 que incluye: $300 tapón de goma y mano de obra para su instalación; $100 por un día de privación de rodado; $400 por los gastos realizados desde Torres hasta Resistencia; $5.000 en concepto de daño moral. La base de la antijuridicidad es el servicio defectuoso, dando por cierto que dentro del pedido de chequeo o service efectuado por el actor, estaba incluído el control de los elementos de goma del sistema de refrigeración, siendo el demandado quien debe probar para deslindar su responsabilidad que cumplió acabadamente con la orden a la luz de lo dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor.



Apelado el fallo por ambas partes, la Sala Cuarta lo confirma, elevando el monto de la condena a la suma de $12.806,85 ($3.204 daño material -costo total reparación motor-); $1.800 por desvalorización del rodado; $402,85 por privación de uso; $2.400 por gastos de traslado desde Torres a Resistencia y $5.000 por daño moral), lo que motiva la deducción del recurso extraordinario local en trato.

II.- Los fundamentos de la sentencia de la Cámara:

1.- Para desestimar el planteo de nulidad de la pericia incorporada como prueba anticipada tuvo en consideración que: a) el nulidiscente fue debidamente notificado de la medida por lo que su falta de intervención en el Acta de Constatación es imputable a su propia conducta discrecional; b) que la falta de intervención del Defensor Oficial carece de sustento toda vez que de conformidad a lo previsto por el art. 307 del CPCC dicha actuación se lleva a cabo en supuestos donde resulta imposible citar a la contraria por razones de urgencia, situación que no se da en el caso.

2.- Para confirmar la responsabilidad de la parte demandada básicamente señala que: a) conforme lo indicado por el experto en la pericia realizada en el Expte. Nº 580/04, el tapón del circuito de líquido fue encontrado con un grado avanzado de deterioro, además de un corte por donde se produjo la pérdida del líquido refrigerante; b) en la orden de reparación se ha consignado expresamente “controlar mangueras”, en documental que no fue impugnada; c) como consecuencia de ello, de encontrarse deteriorados algunos elementos del sistema, debieron ser cambiados, y era la demandada por su profesionalidad quien tenía a su cargo la tarea; d) en el Acta de Mandamiento la Oficial de Justicia observó las mangueras de la parte trasera del motor del circuito de agua en aparente estado de resequedad y el perito Menéndez manifestó que el tapón del circuito de líquido refrigerante se encontraba con un grado avanzado de deterioro, además de un corte donde evidentemente se produjo la pérdida del líquido refrigerante que resultó ser en definitiva la causa del sobrecalentamiento del motor, agregando que era un elemento que debió ser cambiado en la reparación del automóvil; e) si bien dicho peritaje fue impugnado por el accionado, sus conclusiones no fueron desvirtuadas por prueba en contrario, manteniendo plena validez, ya que no existen pruebas fehacientes que determinen lo contrario; f) en ese contexto el recalentamiento del motor guarda conexión con la omisión de control y/o sustitución del tapón y las mangueras correspondientes; g) si bien el perito manifestó que si se hubiese detectado oportunamente en el tablero la luz testigo, el conductor tenía tiempo para detener el vehículo y evitar un sobrecalentamiento excesivo, también lo es que luego aclaró que es poco probable que el tapón se haya roto previo a accionarse la tapa de depósito del líquido refrigerante y, en tal caso, la pérdida del mismo debió provocar los daños que pudo constatar; h) no modifica lo anterior los datos aportados en la pericial incorporada en cuanto a que el automotor contaba con una alarma lumínica que detecta la temperatura crítica que sobrepasa el promedio, toda vez que en el Expte. de prueba anticipada surge que la causa de recalentamiento fue la pérdida del líquido refrigerante y ante un desperfecto de tal naturaleza consideran que el sistema de alerta no se encontraba en las condiciones adecuadas de encender alarma alguna; i) no enerva lo expuesto la alegación referida a que lo acaecido se produjo luego de 1.800 km., ya que las consecuencias inmediatas a tenor del art. 901 el CC no son tales, por el tiempo muy cercano que se producen, sino en razón que no tienen intermediario.

III.- Los agravios extraordinarios: señala la demandada que se le otorga plena validez al peritaje llevado a cabo mediante una prueba anticipada de la cual su parte ha planteado la nulidad a lo largo de todo el proceso por no haber sido notificada de su fecha de realización. Agrega al respecto que el Tribunal de Alzada confunde el acta de constatación con la pericia misma realizada en un momento posterior, en la que no pudo participar el consultor técnico que propusiera un mes antes de su realización. Dice que a diferencia de lo tenido en cuenta por la Alzada, su parte intervino en el acta de constatación -la cual suscribió junto a su letrado-, y luego peticionó expresamente se la notifique de la realización de la pericia para participar con el consultor técnico, dándosele intervención un mes después, al día siguiente de haberse recepcionado el peritaje. Por otra parte expresa que el pronunciamiento de la Cámara altera el nexo causal determinado en primera instancia -en cuanto consideraba que la fundición del motor era consecuencia del obrar humano del demandante-, al sostener apodícticamente que la rotura del motor era consecuencia directa e inmediata de la rotura de un tapón de manguera, pasando por alto circunstancias de la causa tales como que los peritos habían determinado que la conducta humana del responsable del automotor -actor- era la causa necesaria y determinante de que el mismo se fundiera. Precisa al respecto que el vehículo era una cosa riesgosa y el no apagarlo a tiempo para evitar el recalentamiento determinó el daño. Manifiesta que de ese modo arriban a la conclusión que la fundición del motor es consecuencia inmediata de la rotura de un simple tapón de manguera, omitiendo considerar la existencia de detectores y de alarma temprana de temperatura y que ambas se encontraban funcionando.

IV.- Las pautas para resolver el presente – El encuadre jurídico de la controversia traída a revisión: inicialmente cabe señalar que las cuestiones traídas a consideración de este Tribunal son de aquéllas que, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, se encuentran excluidas en principio de la vía extraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna. Por lo tanto, la admisión del recurso de inconstitucionalidad en materia como la presente, está supeditada a la demostración de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. N° 232/00; N° 06/03, entre muchas otras de esta Sala).

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene doctrinado respecto a los principales agravios invocados que “La valoración de la prueba, incluso la de presunciones, incumbe a los jueces de la causa y es, como principio, insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria” (Fallos 294:331) y en consecuencia “Los agravios que se dirigen contra la valoración que los jueces hicieran de la prueba y su encuadre en las normas de derecho común aplicables, son ajenos a la instancia extraordinaria de no mediar prescindencia de lo dispuesto por la ley o de pruebas fehacientes regularmente presentadas” (Rep. ED. 15, pág. 857, n° 314) [….] Dicha doctrina resulta aplicable al recurso extraordinario local que está fundado en similares motivos que el estatuido en el orden federal. Es decir, que la procedencia del mismo está supeditada a la existencia de un vicio de gravedad extrema, que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad. (conf. Sent. N° 160/94, N° 1.055/04, entre otras, de esta Sala).

Por otra parte cabe destacar que el caso de marras encuadra en lo dispuesto por el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto se refiere a los daños causados por la prestación de un servicio. Al respecto calificada doctrina señala que “…una hermenéutica sistemática permite entender que, el art. 40, ha sido pensado exclusivamente para subsumir los supuestos de daños causados por el servicio prestado defectuosamente o los provenientes del riesgo creado, en tanto repercutan sobre la persona o bienes del usuario o consumidor”. (conf. “Ley de Defensa del Consumidor, comentada y anotada”, Picasso-Vázquez Ferreira, La Ley, T. I, pág. 499).

La doctrina agrega que dicho art. 40 “…no consagra un elenco de eximentes y solamente indica en un párrafo final que 'Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena'. El adverbio 'sólo' con el cual comienza el párrafo denota la rigurosidad con la cual el legislador disciplina esta responsabilidad admitiendo la liberación de los integrantes de la cadena de comercialización en la medida en que la causa material del menoscabo se desplace hacia otro centro de imputación, de modo concurrente o total, a través del hecho de la víctima, del comportamiento de un tercero extraño o del caso fortuito o fuerza mayor” (conf. Pizarro, Ramón Daniel, “Algunas reflexiones en torno a la relación de causalidad, a la legitimación pasiva y a las eximentes en la responsabilidad por productos”, cit. en Picasso-Vázquez Ferreira, págs. 514/515), dando su opinión crítica en el sentido que no obstante que nuestro sistema legal presenta un elenco de menor extensión de los eximentes que el del derecho comparado, “…la mayor severidad de nuestro régimen legal no se vivencia en la praxis judicial donde con frecuencia son rechazadas las acciones promovidas por los consumidores y usuarios que invocan el art. 40”. (conf. Picasso-Vázquez Ferreira, ob. cit., pág. 515).



V.- La solución propiciada: analizados los agravios vertidos en relación a los fundamentos dados por la Cámara y las pautas señaladas precedentemente, me llevan a anticipar mi opinión por la desestimación del remedio.

En efecto, ante los serios y variados fundamentos que sustentaron el pronunciamiento en crisis -cuya reseña efectuara en el punto II al que me remito en honor a la brevedad-, la parte impugnante no desarrolló argumentos que superen -en una visión muy amplia- la mera discrepancia con la decisión de la Cámara, es decir se abstuvo de demostrar la arbitrariedad de la misma, como lo exige esta instancia extraordinaria, lo que determina que más allá que la decisión y sus fundamentos puedan o no ser compartidos, los agravios deban ser desestimados.

Lo adelantado ya que la recurrente se limita a cuestionar principalmente la valoración efectuada por la Cámara respeto de la validez e importancia de la prueba pericial mecánica realizada en forma anticipada, a afirmar que el auto se encontraba apto al momento de salir del taller y a expresar que la causa del recalentamiento fue el no apagar el vehículo a tiempo. Ello sin acreditar que, con las pruebas que produjo -o que pudo haber producido- se encuentra demostrada la existencia de una de las eximentes de responsabilidad ut-supra referidas.

Al respecto considero que no asiste razón al impugnante cuando pretende instalar la culpa de la víctima en lo señalado por el experto a fs. 600/604 (ver fs. 848 vta., 2º párrafo), por varias razones, a saber: a) El perito allí expresó que si el automotor recorrió 1.976 km. sin inconvenientes, estaba apto para circular esa distancia (fs. 602). Tal aseveración no implica otra cosa, máxime que es un hecho notorio que las mangueras no están destinadas a cubrir esa distancia, sino mucho mayores, ya que ni siguiera se cambian cada vez que se realizan los servicios técnicos de rutina (cada 7.500 o 10.000 km. o períodos de tiempo, según el auto, modelo, etc.). Es decir que la culpa de la víctima, de un tercero o el caso fortuito no queda acreditado -sin más- por el hecho que luego de pocos días y 1.976 km. recorridos luego de un control para viajar, las mangueras sufran un desperfecto; en ese sentido la parte impugnante no rebate como lo exige esta instancia extraordinaria, la afirmación de la Cámara referida a que no obstante la cantidad de kilómetros recorridos, las consecuencias inmediatas a tenor del art. 901 del CC no son tales por el tiempo muy cercano sino que se producen en razón que no tienen intermediario (fs. 809, 2º párrafo); b) no señaló con apoyo científico que la señal de alerta luminoso “Stop” funcionaba y que al encenderse, no fue apagado el automotor; c) como consecuencia de lo anterior, el perito no afirmó -y menos en base a elementos técnicos examinados- que el auto sufrió el daño en el motor a causa de no haberlo detenido a tiempo.

El citado déficit probatorio en que incurrió la parte demandada obsta a la consideración de la validez o no de la prueba pericial mecánica peticionada por el actor en forma anticipada. Lo aseverado ya que dicha parte no demostró -como lo requiere esta instancia de excepción-, que dicha prueba le impidiese realizar una prueba pericial técnica en donde se ofreciesen puntos más específicos relacionados con lo destacado en el párrafo anterior.

Es decir, colocándome en la situación más favorable a la postura del recurrente en cuanto propicia la invalidez de la prueba anticipada, tal resultado no modificaría la suerte del presente en donde el accionado no probó -pudiéndolo hacer- la existencia de los citados eximentes de responsabilidad. En ese orden de ideas modernamente la doctrina señaló que “…si bien -a priori- el defecto del producto debe ser probado por quien lo invoca, su falta de prueba no libera de responsabilidad a los proveedores, dado que éstos deberán demostrar, para eximirse, la inexistencia del defecto generador de la responsabilidad, la culpa del consumidor o de otra causa ajena” (conf. Sozzo, Gonzalo, “Daños sufridos por consumidores [Jurisprudencia y cambios legislativos], en DPyC, 2002-1, pág.567 y sgtes., cit. en Picasso-Vázquez Ferreira, ob. cit., pág. 522), lo que mutatis-mutandi es de aplicación a los supuestos donde se invoque la realización de servicios defectuosos (conf. Pizarro, Ramón Daniel, “Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, Parte Especial, T. II, La Ley, Bs. As., pág. 442 y sgtes.), como ocurre en el caso de marras.

Por último, no coincido con lo dictaminado por el Procurador General en cuanto dictaminó que debe nulificarse el pronunciamiento por considerar que la conclusión de la Cámara, referida a que el recalentamiento del motor guarda conexión con la omisión de control y/o sustitución del tapón y las mangueras correspondientes, no tuvo en cuenta la conducta desplegada por el Sr. Armando Fajans en ocasión de producirse la emergencia. Lo adelantando ya que si bien el Sr. representante del Ministerio Público hace mención de ambas periciales técnicas y de la confesional para dictaminar en ese sentido, de ninguna de tales probanzas surge probado que se haya prendido el testigo luminoso ni tampoco que el actor no haya tomado los recaudos -detención inmediata del rodado-, y por ende ser el causante de dichos daños.

Ello me convence que -y más allá que pueda o no ser compartida la decisión de la Cámara-, a la luz del cuadro probatorio descripto, las pautas de determinación de la responsabilidad y eximición de la misma en el ámbito del consumo y el cuadro probatorio descripto, no se ha demostrado la arbitrariedad de la decisión en crisis.

Sobre el particular esta Sala, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha venido precisando reiteradamente los requisitos esenciales para habilitar esta instancia extraordinaria. Como lo ha señalado el Alto Cuerpo “La sola lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas sometidas a la Corte. Para ello no es suficiente la fundamentación que se limita a invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni la remisión genérica a ellas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe bastarse a sí mismo, lo cual exige: “1) cita específica de las normas cuya interpretación y aplicación pudiera comprender la causa; 2) enunciación de los hechos necesarios para puntualizar su vinculación con las cuestiones en litigio, por su relación directa con éstas; 3) explicación clara y precisa de la cuestión federal que se desea someter a pronunciamiento de la Corte; 4) especificación clara, expresa y concreta de las pruebas demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5) impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bastantes para sustentarlo” (cit. en Sent. Nº 329/98, Nº 08/01, N° 42/06, entre muchas otras) (la negrilla me pertenece).

De todo lo expresado se advierte que el fallo no puede ser acusado de contener el aludido vicio, en tanto, como lo dijera inicialmente, los fundamentos que lo sustentan evidencian un cuidadoso análisis de las circunstancias del caso, las probanzas que estimaron conducentes para su solución y la normativa aplicable, revelando consecuentemente la queja de la recurrente una mera discrepancia con sus conclusiones a partir de una genérica inteligencia distinta de los elementos de convicción a tomar en cuenta, lo que es impropio de este medio de impugnación, toda vez que en la mejor de las hipótesis arguye puntos de vista opuestos al resultado arribado, que no persuaden sobre la existencia de causales de envergadura suficiente para dar vida al recurso, ya que la desplegada constituye una labor de interpretación que hace al ejercicio privativo reconocido al órgano judicial con relación a la materia.

Ello conjuga con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que: “La vía del recurso extraordinario no lleva a la sustitución del criterio de los jueces de las otras instancias por el de la Corte Suprema en la valoración e interpretación de normas de derecho común.” (Fallos 292:117). Por el contrario, sostiene Sagüés: “… la teoría de las sentencias arbitrarias se crea para los supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, a causa de los cuales la sentencia pronunciada queda descalificada como acto judicial.” (“Recurso Extraordinario”, Ed. Astrea, edición 1992, T. 2, p. 57).

Todo lo expuesto en el voto que vengo desarrollando me lleva a recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene decidido que “La tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputen tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación” (Fallos 307:75 y Sent. N° 180/96 y N° 123/98, entre otras); como así, que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tienen como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. N° 301/95, entre otras, de esta Sala).

Por los fundamentos expuestos me expido por la improcedencia del presente recurso, votando negativamente a esta cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA SRA. JUEZA MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se tenga por no interpuesto el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se desestime el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado José L. Basterra a fs. 836/849 vta. contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 802/817.

Las costas de esta instancia, dado el resultado del recurso y lo dispuesto en el art. 68 del CPCC, deberán imponerse al recurrente vencido.

Los honorarios del profesional interviniente, deben ser regulados de conformidad a las pautas establecidas en los arts. 3, 5, 6, 7, y 11 de la ley arancelaria, tomando como base el monto condenado. Efectuados los cálculos correspondientes estimo los de la abogada Celia Judchak de Katz en las sumas de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($480,00) y de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS ($192,00) como patrocinante y apoderada, y los del abogado Alberto Federico Figueroa en las de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($337,00), y de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO ($134,00), también en el doble carácter, respectivamente. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA SRA. JUEZA MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y estimación de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.




Dra. MARÍA LUISA LUCAS ROLANDO IGNACIO TOLEDO

Jueza Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



MARCELA DELLAMEA

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



S E N T E N C I A

Nº__239_____ RESISTENCIA, 11 de julio de 2011.



AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia,



R E S U E L V E:

I.- TENER por no interpuesto el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

II.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado José L. Basterra a fs. 836/849 vta. contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 802/817.

III.- IMPONER las costas de esta instancia al recurrente vencido.

IV.- REGULAR los honorarios profesionales de la abogada Celia Judchak de Katz en las sumas de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($480,00) y de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS ($192,00) como patrocinante y apoderada, y los del abogado Alberto Federico Figueroa en las de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($337,00), y de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO ($134,00), también en el doble carácter, respectivamente.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la Sra. Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.



Dra. MARÍA LUISA LUCAS ROLANDO IGNACIO TOLEDO

Jueza Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



SI-///

///-GUE LA FIRMA.



MARCELA DELLAMEA

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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