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El acceso a la información judicial. Estudio de casos. Damián Loreti


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El acceso a la información judicial. Estudio de casos. Damián Loreti

Publicado en RAP Provincia de Buenos Aires





LORETI, Damián “El derecho a la información judicial: Estudio de casos. Análisis de la Jurisprudencia norteamericana, española y argentina. Revista RAP Régimen de la Administración Pública. Provincia de Buenos Aires, Julio 2005. Año III. Nº 28.

El derecho a la información judicial: Estudio de casos.


Análisis de la jurisprudencia norteamericana, española y argentina.

Por Damián M. Loreti

Introducción


El presente trabajo propone relevar los casos más importantes en materia de acceso a la información judicial de los juicios penales como pilar del sistema de Estado de Derecho en el marco de la nueva Sociedad de la Información.

El objetivo es abordar la importancia de la transparencia en el acceso a la información del Estado como baluarte de las sociedades modernas y democráticas. Para ello trabajaremos sobre el reconocimiento de los elementos que hacen a la Sociedad de la Información no en los aspectos de utilización de tecnologías sino en los sustantivos: el conocimiento de los hechos, las normas y las consecuencias de su aplicación en la relación entre las personas y las instituciones. En particular la judicial.

Este acercamiento nos conducirá a tratar la necesidad de la transparencia como elemento vital de las sociedades democráticas. La oscuridad o la opacidad que exista en determinado régimen en el espacio y el tiempo sirve de indicador del grado de democracia, en principio, y de desarrollo –seguro acompañante de elevados índices de transparencia – que también hacen su aporte fundamental para un estado avanzado del ejercicio de los derechos humanos.

Otro de los temas a considerar es el rol y la importancia de la justicia como poder del Estado. Este encuadramiento se formulará desde dos ópticas: la primera para evaluar las competencias de la justicia como árbitro de los conflictos entre las personas o entre el Estado y los individuos, teniendo especialmente en cuenta que su grado de independencia es directamente proporcional al grado de desarrollo y amparo de los derechos de las personas.

Por razones de especificidad temática, sólo nos dedicaremos al análisis de la actuación de la justicia penal.

La segunda mirada se realizará atendiendo al Poder Judicial en su condición de productor de información de interés público, tanto durante en el proceso como al dictar sentencia, ya que sus decisiones deberán servir de guía, ejemplos o estímulos para el cuerpo social.

La metodología a utilizar será el sistema de estudio y relevamiento de casos. Para ello no se pretenderá tomar un universo exhaustivo de la totalidad de las decisiones judiciales vinculadas al acceso a la información de los juicios penales, sino aquellos que fijan las tesituras de los poderes judiciales sometidos a estudio.

Los modos de acercamiento se vincularán a las distintas etapas del proceso penal y por país, es decir, se organizará la exposición de modo tal de hacer explícito el estudio en orden a qué sucede cuando se inician las investigaciones, qué cuando se realiza el juicio y qué cuando la sentencia es dictada y debe darse a publicidad el veredicto y sus consecuencias, apuntando en cada caso el impacto que lo resuelto tendrá sobre los actores del juicio, los medios y periodistas como mandatarios tácitos del sujeto universal del derecho a la información, y éste último

Finalmente, habremos de exponer nuestras conclusiones y un plan sistémico de reformas reglamentarias para tratar de hallar soluciones genéricas a conflictos que – como se verán – son cotidianos.

1. La importancia de la transparencia de la información judicial en la nueva “Sociedad de la Información”.

1.1. La nueva Sociedad de la Información


La información siempre ha tenido un valor determinante y ha sido clave del éxito en todas las sociedades a lo largo de la historia. Desde el brujo al broker, pasando por los maestros y filósofos, todos ellos han logrado una situación de poder y preponderancia en virtud de sus conocimientos y acumulaciones de saberes.

En la antigüedad, el funcionamiento del Estado estaba teñido de opacidad.

Lo que se desarrollaba de la mano del rey era considerado de su propiedad y ajeno a la posibilidad de que los súbditos tomaran conocimiento de ello.

En la edad contemporánea, pese a la instauración de sistemas de Estado de Derecho, son raros los casos en que se incluyen institucionalmente regímenes de acceso libre a la información del Estado.

No sólo el secreto de estado por razones de seguridad imperaba, también el de las relaciones económicas internacionales, el de la seguridad económica, la prosperidad y otras se invocaban para limitar el acceso a la información.

Es recién desde la postguerra –con excepción de los países nórdicos – en que no por razones de apertura, sino de interés propio de los interesados y finalmente por una cuestión de justicia, cuando el administrado tiene derecho de acceder a su expediente para poder defenderse1.

En la actualidad, en todo el mundo, las tecnologías de la información y las comunicaciones están generando una nueva revolución industrial que ya puede considerarse tan importante y profunda como sus predecesoras.

Es una revolución basada en la información, la cual es en sí misma expresión del conocimiento humano. Hoy en día, el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas  oral, escrita o visual , con independencia de la distancia, el tiempo y el volumen2.

Decir que la información es esencial respecto del poder y la sociedad no es nada nuevo, pero tiene en estas fechas un nuevo valor añadido, estamos frente a una revalorización de su importancia y su rol.

La forma en que se la maneja, administra y hace circular es una clave de éxito, además de ella misma, de empresas, proyectos políticos y administrativos.

Y ello es así porque “la información sólo tiene valor si lleva a la satisfacción de un deseo humano”3.Además, está sometida a una exigencia de tipo general de ser universalizada.

La información no puede ni debe permanecer oculta en los pliegues del poder o en manos de los funcionarios con mucha o poca capacidad de decisión que lo defienden a capa y espada como su reducto o parcela infranqueable.

Esa necesidad de conocer de la ciudadanía es una exigencia en la Sociedad de la Información para que sea tal. Porque en la medida en que todos tengamos derecho a beneficiarnos con ella, por tales beneficios “podríamos considerar todos aquellos rendimientos tanto económicos, materiales, inmateriales, de satisfacción personal, etc. que proporciona el acceso a una determinada información.... hoy en día podemos proclamar que la información es una auténtica necesidad.... los que plantean el término sociedad postindustrial como sociedad basada sólo en la información se equivocan”4.

En lo que nos preocupa, la información nos interesa como insumo de las sociedades democráticas, ya que en la medida en que los ciudadanos más cerca estén de la gestión, tanto en participación como en control de gestión, tanto más horizontal y de mejor calidad serán las prestaciones gubernamentales, entre ellas la justicia.

Si todos accedemos a la información habrá mayor transparencia en orden a que se irrigará la totalidad de la esfera pública, y también – por qué no – parte de la esfera privada de interés público.

La idea de que la “res pública” pertenece a todos debe ser la norma general, y las excepciones deben ser las menos y limitadas en su forma y contenido a que sean necesarias para la subsistencia de una sociedad democrática, prescriptas por la ley, no dejen márgenes de interpretación ambiguos ni tampoco se impongan de modo discriminatorio.

En este sentido, el planteo de la excepción de acceso a cierta información judicial porque conspiraría contra el eficaz desarrollo de la administración de justicia será una de las temáticas que recibirán especial tratamiento a lo largo del trabajo.

Ello significa reconocer, por supuesto, que la justicia también debe estar sometida al principio general de acceso a la información y transparencia y –si es pertinente a un régimen democrático avanzado- debe tratar de aprovechar todos los avances tecnológicos de la sociedad de la información.

Si ello ocurre, la transparencia de la justicia es un requisito esencial para formar la confianza de los ciudadanos en su sistema.

Una opinión pública que confía en su sistema de administración de justicia y sus magistrados, en que se están haciendo bien las cosas sin beneficios inexplicables y permiten predecir cuál será la aplicación de la ley que harán los tribunales, significará un requisito esencial en fortalecimiento de una sociedad estable. Donde los ciudadanos se sientan parte integrante de la sociedad y no meros súbditos o espectadores.

Además, la información de los tribunales y la transparencia con la que se accede a la misma es un aporte que hace al derecho protectorio de los individuos que se encuentran afectados al sistema judicial ya que le permite comprobar que se han resueltos casos similares al suyo en el mismo sentido. A su vez le permitirá acceder a información facilitándole la comprobación sobre lo ocurrido en las etapas del proceso.

Ello así porque debe desterrarse la vía de las instrucciones secretas que fueron norma en algunas etapas de la historia de la humanidad y utilizadas en contra de las personas.

Por eso, en la Sociedad de la Información, la transparencia es importante no solamente para la sociedad en general sino para las personas involucradas.

Pero, además, es oportuno destacar que la utilización de los medios de comunicaciones propios de la sociedad de la información también son una herramienta a ser considerada.

Desde las reconstrucciones fácticas en soporte digital, hasta el reconocimiento de declaraciones por medios electrónicos, pasando por notificaciones vía correo con uso de firma electrónica avanzada o digital y acceso a los expedientes por INTERNET constituyen herramientas que además de servir con eficiencia, velocidad y coordinación, pondrían de manifiesto principios superiores como la transparencia en la administración de justicia y la interactividad con los justiciables y el resto de la comunidad.

Esto no significa que los niveles de acceso sean idénticos en las distintas etapas del proceso.

También esta Sociedad de la Información y su relación con la justicia tendrá implicancia en el modo en que se registrarán los antecedentes judiciales para saber cómo se podrán utilizar o no como elemento de cargo o descargo para otras decisiones.

Manteniendo este enfoque deberá atenderse a la vinculación que se establecerá con los medios de información y la oportunidad de sus intervenciones como mandatarios tácitos del ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, con particular atención a su impacto – o no – sobre testigos, imputados y jurados.

Esta transparencia debe satisfacer las inquietudes de los ciudadanos para que no se vean desinformados en cuestiones que repercuten de modo directo o indirecto en su vida de relación.

Por supuesto, el derecho de acceso a la información judicial y la exigencia de transparencia deben ser ejercidas de modo armónico con otros principios que podrán parecer cortapisas del primero.

La presunción de inocencia, el debido proceso, la prohibición de juicios paralelos, el respeto a los derechos del imputado a gozar de un juicio justo son integrantes de un plexo de circunstancias tomadas en cuenta – o que deben serlo – cuando se generan conflictos inter partes o con los medios, o con la comunidad.

El estudio de las decisiones jurisprudenciales será el tema de los capítulos siguientes.


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