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Efectiva defensa y defensa tecnica efectiva en el proceso contravencional de misiones


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PONENCIA PARA EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE JUSTICIA DE PAZ Y SEGUNDAS JORNADAS DE JUSTICIA DE PAZ DEL N.E.A. CHACO - 10 Y 11 DE JUNIO DE 2010

AUTOR: JOSE GABRIEL MOREIRA – JUEZ DE PAZ TITULAR, OBERA-MISIONES

EFECTIVA DEFENSA Y DEFENSA TECNICA EFECTIVA EN EL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE MISIONES

El proceso contravencional en la provincia de Misiones no establece la asistencia obligatoria del Defensor Oficial en caso de que el imputado, sometido al proceso judicial, no designe uno de confianza. ¿Constituye este vacío legal una violación al debido proceso, que torna inconstitucional a todo el sistema contravencional?, ¿Existen casos que no requieran de asistencia del Defensor Oficial?, ¿Se garantiza el debido proceso con el nombramiento de un Defensor Oficial?, ¿La defensa efectiva es sinónimo de defensa técnica efectiva?

Desde 1994 con la reforma de la Constitución Argentina, se han incorporado con rango constitucional normas supra nacionales, que hoy conforman el Bloque de Constitucionalidad y que por lo tanto deben ser aplicadas a fin de evitar lesionar las garantías constitucionales y los principios procesales vigentes.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece las garantías procesales que deben cumplirse a fin de no violar el derecho de defensa. Los arts. 8 y 25 prevén expresamente el derecho de defensa como requisito del debido proceso, en general el derecho a ser oído y el derecho a contar con un defensor, derechos que son expresiones de una efectiva defensa y de una defensa técnica efectiva.

Si bien todo procedimiento judicial actual contiene principios procesales y garantías constitucionales que los rigen, y aseguran por sobre todo que se lleven adelante sin violentar el “debido proceso”, también es cierto que las normas de fondo que son aplicables en cada procedimiento, varían según qué bienes jurídicos que se intentan proteger, y que conductas se pretenden sancionar, y en dicho aspecto no escapa a nuestro conocimiento que el derecho contravencional es preventivo, y que protege bienes como la paz social, la tranquilidad de los vecinos, la seguridad de los espacios públicos, el respeto a las buenas costumbres, a las personas, a los animales, atacando para ello las conductas de los ciudadanos, que no obstante ser reprochables por el sentir de la comunidad que integran, no constituyen delito.

Si partimos de una conducta punible que no alcanza la gravedad de aquella tipificada como delito, y de que la sanción contravencional tiende a prevenir conductas más graves que luego podrían caber en un proceso penal, sería posible entonces, encontrar los caminos que permitan distinguir aquellas faltas contravencionales, que por sus características no requieran una defensa técnica obligatoria otorgada por el Estado (en los casos donde el presunto infractor no haya designado su defensor de confianza), de aquellas que sí lo requieran, supliendo de esa forma el vacío legal que existe ante la no obligatoriedad de la designación del Defensor de Oficio.

No podemos olvidar que el procedimiento contravencional es muy acotado, puesto que desde sus raíces se ha buscado que la infracción o falta tenga relación directa y se conjugue con aquél, al punto de no convertir al proceso contravencional en uno de índole penal, cuyos plazos implicarían extender por meses la investigación, siendo las conductas punibles pasibles de sanciones leves o levísimas y, como lo sostienen las doctrinas de bagatela e insignificancia, hasta de imposible condena.

En este sentido, el derecho contravencional es un derecho penal especial, como lo sostiene el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni 1, por ser la única y verdadera prevención pre-delictual factible en un Estado de derecho.

Numerosos instrumentos internacionales, así como también los distintos ordenamientos internos, han consagrado en su articulado los principios penales tendientes a garantizar una protección eficaz por parte del órgano jurisdiccional que se trate. De estos principios se infieren derechos fundamentales tales como el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, con las debidas garantías de igualdad, equidad, presunción de inocencia; con una defensa adecuada; en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas; el derecho al respeto del principio de legalidad y retroactividad de la ley más benigna; el derecho a recurrir de un fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior; entre otros.

El debido proceso constitucionalmente hablando, es aquel que cumple con los cuatro elementos: acusación, prueba, defensa y sentencia del juez imparcial. En cuanto a la naturaleza de la ACUSACIÓN requiere que, quien la deba preparar, formular y sostener, sea un funcionario distinto e independiente de quien deba juzgar sobre su fundamento; la DEFENSA tiene como base la imposibilidad de pretender que el imputado colabore con la investigación del delito que se le atribuye y la prohibición de asignarle a la actitud de no colaboración, alguna consecuencia en su contra. La defensa la ejercerá el propio imputado (defensa material) y su abogado (defensa técnica). La PRUEBA es el dato externo al juzgador, capaz de darle conocimiento sobre la imputación y constituye el máximo resguardo contra la arbitrariedad judicial y debe procurarse sin vulnerar garantías. Debe asegurarse al imputado la posibilidad de ofrecerlas, controlar su producción (tanto de las propias como de las que se ordenen a pedido de otro sujeto) y alegar sobre su eficacia conviccional.

Por SENTENCIA se entiende la resolución definitiva de la situación del acusado dentro de un término razonable, en debate oral y público y mediante el dictado de un fallo que se funde en la consideración razonada de las pruebas recibidas en ese acto y en la ley: absolución o condena. Debe existir correlación entre acusación y sentencia, de modo que en esta no se puede condenar por hechos delictivos que no fueron intimados como integrantes de la acusación y objeto del debate.

En el proceso contravencional en Misiones, la acusación está en manos de la Policía, quienes reúnen las facultades legales para intervenir y proceder ante hechos que, prima facie, constituyen una contravención. La prueba comienza a desarrollarse ya en esta etapa prejudicial (es el caso de la alcoholemia, o informe médico que pueden acompañar un sumario por ebriedad), para continuar su desarrollo en el ámbito judicial. En ambas etapas el imputado tiene posibilidad de incorporar prueba a la investigación, por ejemplo testigos, realizar un descargo, contra denunciar, adjuntar documentos, etc.

La defensa técnica del imputado, tanto en la etapa prejudicial como judicial, no es proporcionada por el Estado, ante la falta de designación de uno particular por parte del imputado, pero si está prevista la posibilidad de que el mismo concurra con su abogado particular. La Sentencia del Juez Natural e Imparcial, se cumple de manera correcta, pues luego de recibidas las actuaciones con la instrucción, acreditados o no los hechos denunciados, el acusado es oído y la causa pasa al dictado de sentencia en su presencia y la de su “defensor particular” si lo hubiere designado. En los casos donde el imputado negare su culpabilidad, y no existan elementos de prueba que hagan a la verosimilitud de la denuncia, se procede al llamado a juicio oral y público, otorgando al imputado un plazo adicional para la presentación de elementos de prueba que hacen a su defensa, pudiendo ordenarse la confección de informes socio ambientales, o de concepto, cumplido ese procedimiento se pasa al dictado de sentencia por acta.

En el procedimiento contravencional así caracterizado, destinado a la prevención e inspirado en la protección de la paz comunitaria, el requisito constitucional de la defensa aparece cumplido en la mayoría de los casos, al garantizarse una “efectiva defensa” (esto es la efectiva oportunidad de defenderse antes de una sentencia condenatoria, aun cuando no se cuente con una defensa técnica efectiva), siempre que se presuma la inocencia del imputado mientras no se le haya declarado judicialmente culpable; que tenga la real y oportuna posibilidad de presentar sus pruebas, y a controvertir todas las que se alleguen en su contra; de elevar solicitudes; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.



Como corolario de lo expuesto, se entiende que el derecho a la “defensa efectiva” no se concibe sólo como la posibilidad de que el imputado, procesado o condenado esté representado por un defensor técnico de confianza o público, sino para que garanticen efectivamente la protección de sus derechos fundamentales, se haga respetar el debido proceso que le otorgan los preceptos, igualmente, de rango constitucional y en forma permanente, esto es, hasta cuando la situación de la persona sea resuelta definitivamente.

1 “...tratándose de un derecho penal especial, esa legislación contravencional local debe respetar todas las garantías que constitucionalmente corresponde observar a la ley penal”. “…el delito y la contravención se distinguen sólo cuantitativamente. La diferencia cuantitativa da lugar a que se modifiquen algunos de los principios generales (por lo que configura un derecho penal especial) y a que el juzgamiento de las mismas se rija por un procedimiento también distinto del ordinario”.“...la legislación contravencional es el medio penal más adecuado para la prevención de los delitos, puesto que tipifica conductas menos graves, pero que, frecuentemente, son pasos previos al delito en la biografía del delincuente. Ello permite la injerencia en la pena preventiva antes de que se cometan conductas tan graves como son los delitos, dejando a salvo todas las garantías constitucionales (claro está: siempre que de ellas conozca un juez). Se trata de una verdadera tarea preventiva del delito, cumplida por esta rama especializada del derecho penal. Es la única y verdadera prevención pre-delictual factible en un Estado de derecho por vía de legislación penal...” Manual de Derecho Penal Parte General, Cuarta Edición, Ediar, Bs. As. 1985, págs. 103 a 106


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