Página principal

Edgar tamayo arias estados unidos


Descargar 423.71 Kb.
Página1/8
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño423.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


rectangle 1



INFORME No. 44/14

CASO 12.873

INFORME DE FONDO (PUBLICACIÓN)


EDGAR TAMAYO ARIAS

ESTADOS UNIDOS


OEA/Ser.L/V/II.151

Doc. 9


17 julio 2014

Original: inglés





Aprobado por la Comisión en su sesión No. 1986 celebrada el 17 de julio de 2014.
151 período ordinario de sesiones





Citar como: CIDH, Informe No. 44/14, Caso 12.873 Fondo (Publicación). Edgar Tamayo Arias. Estados Unidos. 17 de julio de 2014.




www.cidh.org

INFORME No. 44/14

CASO 12.873

FONDO (PUBLICACIÓN)

EDGAR TAMAYO ARIAS

ESTADOS UNIDOS

17 DE JULIO DE 2014
ÍNDICE


3. Discapacidad mental 7

D. El derecho al trato humano durante la detención y a no recibir castigos crueles, infamantes o inusitados (Artículos XXV y XXVI de la of Declaración Americana) 34

1. Condiciones de detención en el corredor de la muerte 34




INFORME No. 44/14

CASO 12.873

FONDO (PUBLICACIÓN)

EDGAR TAMAYO ARIAS

ESTADOS UNIDOS



17 DE JULIO DE 2014

I. RESUMEN


  1. El 6 de enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición y una solicitud de medidas cautelares presentadas por Sandra L. Babcock de la Northwestern University School of Law (“la peticionaria”) contra los Estados Unidos de América (“el Estado” o “los Estados Unidos”). La petición fue presentada en representación de Edgar Tamayo Arias (“la presunta víctima” o “el señor Tamayo”) quien se encontraba privado de la libertad en el corredor de la muerte en el Estado de Texas. El señor Tamayo fue ejecutado el 22 de enero de 2014.




  1. La peticionaria alega que el juicio del señor Tamayo no satisfizo los estándares mínimos de justicia, en violación del derecho internacional. En particular, alega que el señor Tamayo fue privado de la oportunidad de buscar asistencia consular debido a que el estado de Texas se abstuvo de notificarlo de su derecho a contactar un funcionario consular, conforme al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La peticionaria también señala que el abogado designado por los tribunales internos para la defensa de la presunta víctima no produjo prueba sustancial disponible respecto de las circunstancias atenuantes vis-a-vis la imposición de la pena de muerte. Conforme señala la peticionaria, de haber escuchado la prueba sobre las circunstancias atenuantes, el jurado se habría inclinado hacia una sentencia de prisión perpetua para el señor Tamayo. Además, la peticionaria señala que la presunta víctima ha sido privada de la oportunidad de presentar prueba sobre su discapacidad mental e intelectual. Por último, la peticionaria alega que las condiciones de detención en el corredor de la muerte son inhumanas y que el método de ejecución sometería al señor Tamayo a sufrimiento excesivo y evitable.




  1. El Estado no cuestionó la alegación sobre la violación de la Convención de Viena en el caso del señor Tamayo pero alegó que la notificación consular no es un derecho humano y que la Comisión Interamericana carece de competencia para examinar reclamos conforme a la Convención de Viena. El Estado alega asimismo que el señor Tamayo recibió asesoramiento legal efectivo durante el juicio y que las decisiones estratégicas del defensor asignado fueron razonables. Considera que el peticionario no demostró un grado de severidad de discapacidad mental e intelectual suficiente para considerar que la sentencia de muerte del señor Tamayo pudiere constituir un trato cruel e inusual a la luz de los derechos reconocidos en la Declaración Americana. Con relación a las condiciones de detención en el corredor de la muerte, el Estado alega que no constituyen un castigo cruel e inusitado. Finalmente el Estado señala que el peticionario no ha agotado los recursos de la jurisdicción interna con relación a los métodos de ejecución. Indica, sin embargo, que los tribunales de los Estados Unidos han revisado cuidadosamente y rechazado otros reclamos en el sentido de que los protocolos para la administración de la inyección letal equivalen a un castigo cruel e inusitado. Al respecto, el Estado concluye que el método de inyección letal utilizado en Texas es humano y debidamente administrado.




  1. El 17 de julio de 2012, durante su 145va Sesión Ordinaria, la CIDH examinó los alegatos de los peticionarios sobre admisibilidad y –sin prejuzgar el fondo de la cuestión— decidió admitir el reclamo de la petición con relación a los artículos I (derecho a vida, la libertad y la seguridad personal), XVIII (derecho a un juicio justo), XXV (derecho a la protección frente al arresto arbitrario) y XXVI (derecho al debido proceso legal) de la Declaración Americana; y continuar con el análisis del fondo del caso. Asimismo resolvió publicar el Informe de Admisibilidad N° 73/12 e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El reclamo fue entonces registrado bajo el número de Caso No. 12.873.




  1. En el presente informe, tras analizar las posiciones de las partes y la información disponible, la Comisión Interamericana concluyó que los Estados Unidos son responsables por la violación de los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio de Edgar Tamayo Arias. Consecuentemente, de llevarse a cabo la ejecución del señor Tamayo, el Estado sería también responsable por una serie e irreparable violación del derecho fundamental a la vida, protegido en el artículo I de la Declaración Americana.


II. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL INFORME No. 73/12


  1. El 24 de julio de 2012, la CIDH remitió el Informe de Admisibilidad No. 73/12 al Estado y al Peticionario. Conforme al Reglamento entonces vigente, la Comisión Interamericana estableció un plazo de tres meses para que la peticionaria presentara observaciones adicionales sobre el fondo y en ese mismo acto se puso a disposición de las partes a fin de iniciar un posible proceso de solución amistosa del asunto.




  1. El 28 de diciembre de 2012, la peticionaria presentó sus observaciones adicionales sobre el fondo, cuyas partes pertinentes fueron remitidas al Estado el 20 de febrero de 2013. El 8 de octubre de 2013, la peticionara presentó observaciones adicionales. El 11 de noviembre de 2013, la CIDH remitió las partes pertinentes al Estado con el plazo de un mes para presentar sus observaciones.




  1. El 26 de diciembre de 2013 la CIDH recibió las observaciones del Estado sobre el fondo, cuyas partes pertinentes fueron remitidas a los peticionarios, para su conocimiento, el 3 de enero de 2014.


Medidas Cautelares


  1. El 18 de enero de 2012, la CIDH notificó al Estado que se habían dictado medidas cautelares a favor de la presunta víctima, y solicitó se suspendiera su ejecución hasta tanto se dictara un pronunciamiento sobre el fondo de la petición. A la luz de la inminencia de la ejecución del Tamayo, programada para el 22 de enero de 2014, la Comisión Interamericana, por nota del 26 de noviembre de 2013 reiteró su solicitud al Estado.


III. POSICIONES DE LAS PARTES
A. Posición de la peticionaria


  1. Conforme a la información disponible, el 31 de enero de 1994, justo después de las 3:30 AM, el señor Tamayo, de nacionalidad mexicana, fue arrestado y acusado de homicidio capital (capital murder) en relación con la muerte del Oficial Guy Gaddis en Houston, Texas, que tuviera lugar en horas tempranas de la noche. La peticionaria alega que en ese momento, el señor Tamayo se encontraba intoxicado, bajo los efectos de la heroína y fenciclidina (PCP). Alega que se encontraba confundido y desorientado tras una noche de consume de alcohol y drogas. A pesar de su estado, habría sido interrogado por la Policía y hacia el final de la declaración, el señor Tamayo se habría auto incriminado al afirmar que había estado involucrado en la muerte del Oficial Gaddis. El 31 de octubre de 1994, el jurado lo sentenció a la pena capital. La peticionaria alega que el proceso al que fue sometido el señor Tamayo no satisfizo los estándares mínimos en de justicia, en violación del derecho internacional.




  1. En las observaciones adicionales del 8 de octubre de 2013, la peticionaria señala que el 17 de septiembre de 2013, la Corte de Distrito 209va del Condado de Harris, Texas, programó la ejecución del señor Tamayo para el 22 de enero de 2014. El señor Tamayo habría informado a la Corte sobre el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión y le habría solicitado abstenerse de establecer una fecha de ejecución en deferencia a la revisión de las presuntas violaciones en el casopor parte de la Comisión. Además, el señor Tamayo habría informado a la Corte sobre el proyecto legislativo pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos para la implementación de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Avena.1 Asimismo, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, escribió a la Corte a fin de informarle sobre la labor conjunta del Poder Ejecutivo y el Congreso a fin de promover legislación destinada a proteger la notificación consular, y advirtió que el establecimiento de una fecha de ejecución pondría en peligro el bienestar de numerosos ciudadanos estadounidenses en el extranjero.




  1. Conforme a la información recibida, la Corte ignoró las solicitudes del señor Tamayo y del Secretario de Estado. La peticionaria señala que la presunta víctima será ejecutada el 22 de enero de 2014 a menos que un tribunal otorgue una suspensión extraordinaria de la ejecución; o que el Gobernador de Texas o la Junta de Indultos, lo beneficie con un indulto.


1. El derecho a la notificación consular


  1. La peticionaria alega que el señor Tamayo fue privad de la oportunidad de buscar asistencia consular, debido a que el estado de Texas se abstuvo de notificarlo de sus derechos bajo el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante “la Convención de Viena), ratificada por los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1969. La peticionaria señala que las disposiciones de la Convención de Viena son obligatorias para los Estados federales y las autoridades estaduales y locales. Indica además que no hay controversia sobre el hecho que las autoridades no notificaron al señor Tamayo sobre sus derechos consulares dado que se tratad de uno de los 51 nacionales mexicanos identificados en la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. La peticionaria menciona que la Corte Internacional de Justicia determinó que las autoridades del estado de Texas violaron los derechos del señor Tamayo bajo la Convención de Viena y estableció que los Estados Unidos deben disponer la revisión y reconsideración de la condena y la sentencia del señor Tamayo.




  1. Conforme a la peticionaria, al momento de su detención, el señor Tamayo señaló a la Policía que había sido educado en México, y que sabía poco inglés. A pesar de que la Policía contaba con elementos para saber que era nacional de México, se alega que nunca le informaron sobre su derecho bajo la Convención de Viena a que el Consulado Mexicano fuera notificado sobre su arresto. Conforme a la peticionaria, los funcionarios consulares mexicanos podrían haberle provisto asistencia legal sustantiva para compensar las severas limitaciones del defensor oficial, provisto por el Estado.




  1. La peticionaria alega que la violación de la Convención de Viena resultó en un perjuicio que afectó el caso de la presunta víctima ante los tribunales internos. Al respecto, señala que no fue hasta menos de una semana antes del comienzo del juicio que el señor Tamayo tuvo acceso a la asistencia consular. Alega, por lo tanto que fue demasiado tarde para que el Consulado prestara asistencia en la investigación y la producción de la prueba testimonial.




  1. Dado la activa y amplia asistencia provista por el Gobierno de México por largo tiempo a sus nacionales que enfrentan la aplicación de la pena de muerte, la peticionaria considera que si el señor Tamayo hubiera recibido dicha asistencia desde el momento de su detención, no habría sido condenado a muerte. Se alega que el Gobierno de México ha estado activamente involucrado en la defensa del señor Tamayo desde el momento en que tomó conocimiento de su caso. Por ejemplo, la peticionaria indica que puso a disposición los fondos para solventar el examen neuropsicológico cuando los tribunales se negaron a hacerlo y que tras la condena asistió la defensa en la investigación del historial de infancia que ayudó a explicar el impacto del daño cerebral de la presunta víctima.




  1. La peticionaria alega que el señor Tamayo se habría beneficiado significativamente de la asistencia consular durante la detención. La presunta víctima carece de educación forma en los Estados Unidos y no podía hablar inglés. Utilizó un intérprete durante el juicio. Además de estas barreras lingüísticas, se alega que barreras culturales impidieron al señor Tamayo comprender sus derechos en el contexto del interrogatorio. Por ejemplo la peticionaria menciona que en México las confesiones brindadas sólo ante la policía judicial carecen de valor probatorio y resultan inadmisibles al momento del juicio.




  1. La peticionaria considera que si el consulado mexicano hubiere tenido conocimiento de la detection del señor Tamayo al momento de su arresto, entre otras acciones, le habría brindado: asesoramiento sobre las significativas diferencias entre el sistema penal los EEUU y de México; asesoramiento sobre la conveniencia de abstenerse de responder preguntas formuladas por la policía sin la presencia de un abogado defensor; arreglo y asistencia en el asesoramiento legal en la investigación y la recolección de información en México; asistencia con el financiamiento para la preparación del juicio, en caso de no obtenerlo por parte de los tribunales de los Estados Unidos; asistencia al defensor en la tarea de localizar testigos. En particular, el involucramiento de México habría mejorado la calidad de la defensa del señor Tamayo al brindar apoyo al defensor legal al momento de cuestionar la admisión de la declaración del señor Tamayo, obtenida en violación de la Convención de Viena, y al momento de recolectar prueba sobre circunstancias atenuantes relacionadas con la niñez del señor Tamayo en México y un reportando daño cerebral.




  1. La peticionaria alega que en 2008, el estado de Texas le aseguró a la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Medellin v. Texas2 que cumpliría con la resolución de la CIJ. Específicamente, Texas habría reconocido que ciertos nacionales mexicanos sujetos a la sentencia en el caso Avena pueden no haber sido objeto de revisión y reconsideración, y se comprometió ante la Corte a adoptar ciertas medidas a efectos de que lo fueran. Texas señaló que “si cualquiera de estos individuos fuese a solicitar revisión en el marco de un futuro proceso de habeas corpus federal, el estado de Texas no sólo se abstendrá de objetar sino que se sumará a la defensa en la solicitud al tribunal revisor de considerar la sustancia del reclamo.”3 Este compromiso fue presuntamente reiterado por el Gobernador Perry en una comunicación a la ex Secretaria de Estado Condoleeza Rice y al Fiscal General Michael Mukasey el 18 de julio de 2008.




  1. La peticionaria señala que el estado de Texas ha reconocido que en el caso del señor Tamayo su reclamo bajo la Convención de Viena no ha sido objeto de revisión por ningún tribunal, a nivel estadual o federal. Sin embargo, ha renegado su compromiso ante la Corte Suprema, la Secretaria de Estado y el Fiscal General, y se ha rehusado a solicitar la revisión del reclamo del señor Tamayo bajo la Convención de Viena, ante los tribunales.




  1. La peticionaria concluye que la omisión de las autoridades encargadas de su arresto de informar al señor Tamayo sobre su derecho a la notificación, comunicación y asistencia consular perjudicaron al señor Tamayo en el juicio penal en el cual se le impuso la pena capital, en violación a su derecho fundamental al debido proceso, establecido en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana.


2. Defensa legal inefectiva


  1. La peticionaria alega que el defensor legal designado por los tribunales para el señor Tamayo no investigó no presentó un gran número de prueba sustancial y disponible sobre circunstancias atenuantes de la aplicación de la pena de muerte. Se alega que este desempeño deficiente comenzó antes del juicio, con la omisión de buscar y entrevistar potenciales testigos, y culminó en la fase de imposición de la pena, durante la cual prácticamente no se presentó prueba alguna de atenuantes. Según alega la peticionaria, por largo tiempo Texas ha designado defensa letrada incompetente a los acusados que enfrentan cargos de homicidio punibles con la pena de muerte y, a diferencia de otros estados, carece de un ente responsable de suministrar representación especializada en los casos de pena de muerte.




  1. La peticionaria nota que los defensores del señor Tamayo sabían poco de él debido a que se desinteresaron de conducir una investigación significativa sobre la historia de su vida. Ni los abogados defensores ni el investigador que colaboraba con ellos viajaron a México a efectos de encontrarse con familiares y amigos del señor Tamayo. La peticionaria señala además que el investigador del defensor judicial sólo condujo 15.3 horas de investigación antes del juicio y se reunió con el señor Tamayo solo dos veces. También alega que el defensor legal no buscó financiamiento a efectos de involucrar en el proceso a un especialista en mitigación de la pena o para un examen psiquiátrico, neurológico, o psicológico de algún tipo. Asimismo, alega que la propia madre del señor Tamayo nunca fue contactada por alguna persona vinculada a la defensa legal y sólo se enteró del juicio a través de un conocido.




  1. Se alega que, como resultado, el abogado del señor Tamayo no produjo la vasta prueba sobre circunstancias atenuantes –relevante desde el punto de vista constitucional— que se encontraba disponible, y que fue descubierta con la ayuda del Consulado mexicano en el proceso posterior a la condena. La peticionaria afirma que esta prueba tanto humaniza a la presunta víctima como ofrece una explicación sobre los trágicos y extraños sucesos que ocurrieron la noche del crimen.




  1. Edgar Tamayo nació en México y creció en Miacatlán, Morelos. La peticionaria alega que su infancia estuvo marcada por la pobreza y el abandono, debido al alcoholismo de su padre. Se alega que su padre se alcoholizaba al punto de tener que ser recogido de la calle. Aún más, dado que gastaba sus ingresos en alcohol, el señor Tamayo y sus hermanos frecuentemente carecían de alimentos y necesidades básicas de subsistencia. Asimismo, frecuentemente veían cómo su padre humillaba y abusaba de su madre, mediante insultos que la calificaban como la hija de una prostituta o una perra. La peticionaria afirma que ambos padres infligieron castigos corporales a sus hijos. Se alega que la madre solía encadenar al señor Tamayo a un ladrillo a fin de que no escapara de su vista; tenía un látigo especial para golpearlo y se alega que en una ocasión rompió su nariz como consecuencia de un duro golpe con una escoba. La peticionaria indica que los actos de crueldad física de su padre fueron aun peor.




  1. Durante su adolescencia, la presunta víctima frecuentemente escapaba del ambiente abusivo del hogar mediante largos viajes con un grupo de toreros. La peticionaria indica que cuando tenía 17 años un toro lo derribó y pisoteó su cabeza, dejándolo en coma y hospitalizado por varios días. Cuando el señor Tamayo finalmente recobró el sentido, permaneció inestable e incoherente por varios días, y le llevó varias semanas normalizar el habla y la capacidad de caminar. Según indica un amigo de la niñez que presenció el accidente, después de este episodio se tornó más agresivo; habría utilizado drogas y alcohol en un intento de superar dolores de cabeza.




  1. La peticionaria alega que al lidiar con su lesión celebrar sin la ayuda de medicación o apoyo psiquiátrico, el abuso de drogas y alcohol del señor Tamayo empeoró, así como su tendencia a reaccionar de manera explosiva. Según indica un psiquiatra especializado en lesiones cerebrales, cuyos servicios se obtuvieron durante el proceso de habeas, el señor Tamayo padeció de un Trastorno Explosivo Intermitente. A efectos de confirmar el diagnóstico, recomendó que el señor Tamayo fuera examinado por un neuropsicólogo para documentar la presencia de lesiones cerebrales significativas. La Corte de Apelación en lo Penal se habría negado a poner a disposición los fondos necesarios para este examen. Sin embargo, con el apoyo del Consulado Mexicano en Houston –un tipo de ayuda que según los dichos de la peticionaria también podría haber estado a disposición en la etapa del juicio— el señor Tamayo obtuvo los servicios de un neuropsicólogo.




  1. La evaluación concluyó que la lesión cerebral de la presunta víctima constituyó la base de serios y sucesivos problemas de comportamiento y resaltó que los individuos con disfuncionalidad del lóbulo frontal tienen dificultades para controlar sus impulsos y no pueden inhibir su comportamiento cuando se encuentran excitados emocionalmente. El neuropsicólogo indicó además que las personas con lesiones cerebrales típicamente tienen gran dificultad para resistir la tentación de consumir drogas ilícitas y alcohol debido a que carecen de juicio sobre las consecuencias de ese tipo de abuso en el comportamiento, y a que el cerebro lesionado es altamente susceptible y extremadamente sensible a las sustancias. La peticionaria indica que en la noche en la cual tuvo lugar el delito, el señor Tamayo se encontraba bajo la influencia del alcohol, la heroína y el PCP.




  1. Documentos obtenidos del defensor legal del señor Tamayo presuntamente revelan que este último habría informado al investigador de la defensa sobre su lesión cerebral y estado de coma resultante. Sin embargo, conforme a la peticionaria, el defensor legal no hizo nada para investigar la lesión con vistas a presentar prueba mitigante en la fase de sentencia, ni contrató a un experto a efectos de explorar la posibilidad de que su lesión cerebral pueda haber contribuido a su conducta en la noche del crimen.




  1. Por lo tanto, los argumentos del defensor legal en la etapa de la imposición de la pena fueron débiles e inefectivos. La peticionaria alega que toda la defensa del señor Tamayo en la fase de sentencia apenas ocupaba 49 páginas de transcripción del proceso, incluyendo las instrucciones al jurado. Más aún, se alega que sólo siete testigos declararon, tres de los cuales fueron sustituciones cuyo único contacto con el señor Tamayo consistió en acompañarlo hacia y desde la sala de audiencias de la corte, durante el juicio. La peticionaria también alega que los abogados no interrogaron a los padres del señor Tamayo sobre su pasado y crianza.




  1. La peticionaria alega que las fallas del defensor legal en el descubrimiento y presentación de cualquiera de esta prueba no fue el producto de una estrategia o una decisión táctica deliberadas, sino el resultado de una omisión negligente en las averiguaciones sobre la historia del señor Tamayo o dar seguimiento a la información sobre su lesión cerebral. La peticionaria afirma además que si la defensa legal hubiese investigado y presentado la abundante prueba mitigante que ha sido resumida más arriba, no cabe duda de que al menos un jurado habría respondido al menos una de las cuestiones estatutarias de manera de lograr la imposición de la cadena perpetua.




  1. Finalmente, la peticionaria alega que los Estados Unidos tienen la obligación de designar defensores letrados competentes a los prisioneros indigentes que enfrentan juicios que derivan en la aplicación de la pena de muerte, una obligación que resulta inherente al concepto de juicio justo establecido en el artículo XXVI de la Declaración Americana. Alega además que el derecho internacional exige que las garantías de justicia y debido proceso en el juicio sea estrictamente respetado cuando un Estado busca la imposición de la pena de muerte. En forma concordante, la peticionaria alega que la sentencia de muerte del señor Tamayo debiera ser dejada sin efecto y que debiera accede a una nueva audiencia de sentencia a la luz de los principios de equidad, debido proceso, y juicio justo establecidos conforme a la Declaración Americana.

  1   2   3   4   5   6   7   8


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje