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Dr yesid ramírez bastidas


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CASACIÓN No 17483

GABRIEL JAIME MAYA JARAMILLO




Proceso No 17483
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS


Aprobado Acta No. 037

Bogotá D.C., mayo cinco (5) de dos mil cuatro (2004).

VISTOS:
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 27 de marzo de 2000 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que condenó a GABRIEL JAIME MAYA JARAMILLO como coautor responsable de los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.


HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. En las horas de la noche del 25 de diciembre de 1997, Bayron Rodrigo Hernández Garzón se encontraba en compañía de un amigo de nombre Henry Pérez Orozco en el sitio conocido como "Tres Esquinas" del barrio Belén Rincón de la ciudad de Medellín, a donde llegaron dos jóvenes en una moto Auteco - Plus Blanca, de placa GZA-66 conducida por GABRIEL JAIME MAYA JARAMILLO, quien llevaba como parrillero a un individuo de nombre Alexánder, apodado "Leche", quien se bajó del rodante y le propinó varios disparos con arma de fuego a Bayron Hernández, mientras que GABRIEL JAIME lo esperaba con el motor encendido para emprender la huida luego de cometida la acción. Las lesiones causadas a la víctima le produjeron la muerte horas después en la Policlínica Municipal, a donde había sido trasladado para que recibiera atención médica.
2. Adelantadas algunas diligencias preliminares, la Fiscalía 12 Delegada de la Unidad Segunda de Vida de Medellín ordenó la apertura de investigación el 15 de abril de 1998, vinculó mediante indagatoria al inculpado y le definió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva el 30 de abril de 1998, decisión que la Fiscalía Delegada ante los Tribunales confirmó en su integridad el 10 de junio siguiente1.
3. El 3 de marzo de 1999 se decretó el cierre de investigación y el 26 de abril siguiente se calificó el mérito del sumario con resolución acusatoria contra el inculpado por el delito de homicidio y con preclusión de la investigación respecto del ilícito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Así mismo, se ordenó compulsar copias con destino a los Jueces Penales de Menores para que se investigara la conducta de Jhon Alexánder Ospina López, alias "Leche".
La Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal, en providencia del 3 de junio de 1999 confirmó la acusación proferida contra MAYA JARAMILLO por el delito de homicidio, pero la adicionó respecto del punible de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Allí mismo, ordenó compulsar copias de lo pertinente para la investigación por separado del delito de concierto para delinquir en que pudo incurrir el procesado y otras personas más2.
4. El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín asumió el conocimiento de la causa el 16 de julio de 1999, celebró la diligencia de audiencia pública y dictó la sentencia de primera instancia el 18 de enero de 2000, a través de la cual condenó a GABRIEL JAIME MAYA JARAMILLO a la pena de cuarenta (40) años y seis (6) meses de prisión, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de ocho (8) años y al pago de los perjuicios materiales y morales a favor de los herederos de la víctima.
El Tribunal Superior de esa ciudad confirmó en su integridad la decisión del a quo, en providencia que la defensora del procesado recurrió en casación3.

LA DEMANDA:
Cargo Único.
Por la vía de la violación indirecta de la ley sustancial, la recurrente acusa la sentencia por errónea apreciación de la prueba derivada de un falso juicio de identidad.
Señala que el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal impone al funcionario judicial el deber de exponer las razones para atribuir mérito a determinadas pruebas conforme a las pautas de la sana crítica. De lo contrario es posible acusar la sentencia porque la convicción errada no es otra cosa que una tergiversación del contenido material de la prueba.
Argumenta que a lo largo del proceso se recopiló abundante material probatorio, pero se nota una total ausencia de motivación cuando se analizan algunos elementos de juicio, porque no basta ocuparse de los testigos de cargo que, según las instancias, son los que conducen al juicio de convicción para proferir una sentencia adversa, sino que el estudio también debe cobijar a los demás obrantes en el plenario para determinar si se acogen o se desechan.
El Juez 22 Penal del Circuito no aduce ninguna clase de motivación para acoger uno u otro testigo, sino que se refiere a ellos en conjunto sin detenerse en su dicho, pese a que presenciaron el hecho. Es el caso del señor Luis Aníbal Taborda Sánchez, quién resultó lesionado el día de los hechos. En su testimonio describe a los agresores como dos personas de color moreno que vestían chaquetas negras, muy distinta a la fisonomía de GABRIEL JAIME MAYA quien es mono y blanco, y es enfático en señalar que éste no estuvo en el lugar de los hechos. Pero el juzgador no se refiere a su declaración para criticarla o avalarla, escasamente la menciona.
En esas condiciones no es posible atacar la apreciación probatoria porque el juez se limitó a transcribir las manifestaciones de los testigos de cargo, como si eso fuera suficiente para proferir una sentencia de condena.
Igual es la situación que se presenta con los testigos Beatriz Elena Arango de Villa, Gabriel Jaime Porras Taborda y Carlos Alberto Villa Arango, quienes trasladaron al occiso al centro asistencial y afirman haber presenciado los hechos. Pero tampoco el sentenciador se refirió a ellos para exponer de manera seria y razonada los fundamentos para desechar sus versiones. Simplemente transcribió el dicho de dos testigos para concluir, de manera irresponsable, con una sentencia condenatoria.
La misma crítica eleva contra el fallo de segunda instancia. Según la recurrente se apreció mal el sentido de la apelación porque la queja sentada no fue en relación con los dos testigos de cargo sino con su falta de apreciación en conjunto incluyendo las declaraciones de Luis Aníbal Taborda, Beatriz Elena Arango de Villa, Gabriel Jaime Porras Taborda y Carlos Alberto Villa Arango.
También se postuló la discrepancia con la valoración hecha respecto de los testigos de cargo. Al respecto, Jhon Fernando Vélez Garzón presenta dos contradicciones insalvables frente a la autoría y participación del procesado en el homicidio de su primo Bayron Rodrigo Hernández, porque primero señala a GABRIEL JAIME MAYA como la persona que le disparó a su familiar y que conducía la moto en compañía de Juan Carlos López Ospina. Además ubica en una esquina a otro sujeto pendiente de la acción criminal, a quien apodan Bayadero.
Al ampliar su versión, la adecúa a lo manifestado por su primo Jorge Iván Hernández Garzón, pues aclara que GABRIEL JAIME MAYA no disparó y señala como autor a un tal Alexánder López Ospina.
A este personaje nadie lo vio en la escena del crimen, ni siquiera el herido Aníbal Taborda Bermúdez, ni el otro testigo, Henry Emiro Pérez, al que avalaron las instancias judiciales. Al examinar las contradictorias declaraciones de este testigo frente al conjunto probatorio recaudado, necesariamente se llega a la conclusión de que sus versiones no pueden ser el soporte de una sentencia condenatoria.
Además, si Henry Emiro Pérez Orozco tuvo que acudir a la fiscalía para denunciar a los hermanos de la víctima por las continuas amenazas de muerte que le lanzaban, su testimonio merece analizarse de acuerdo a la sana crítica y verificar si tiene la entidad suficiente para respaldar un fallo de condena.
Si los falladores de instancia hubiesen apreciado conforme a la sana crítica las declaraciones de Beatriz Elena Arango de Villa, Gabriel Jaime Porras Taborda y Carlos Alberto Arango, en comparación con el testimonio de Aníbal Taborda Bermúdez, habrían concluido que GABRIEL JAIME MAYA no perpetró el homicidio que se le viene atribuyendo.
En conclusión, la falta de motivación y de una apreciación racional de las pruebas en su conjunto, determinó un fallo de condena, cuando se imponía una absolución, por aplicación del in dubio pro reo.
Destaca al respecto la demandante, que en la condena por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal no existe ninguna constancia de que su defendido careciera del permiso para portar armas, cuando en su indagatoria señaló que cuando trabajaba en una empresa de apuestas adquirió un arma y que tenía el respectivo salvoconducto. Así se demuestra que no se valoró la manifestación del sentenciado, sino que se partió de su culpabilidad.
Como normas infringidas señaló los artículos 247, 253 y 445 del Código de Procedimiento Penal y solicitó casar la sentencia impugnada y dictar la absolutoria de reemplazo.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA:
Para la representante del Ministerio Público de la mezcla de argumentos que la recurrente postula al inicio del cargo, no es posible desentrañar el verdadero motivo de su reproche, situación que obliga a recordar las pautas de orden técnico que debe aplicarse en las censuras por la vía de la violación indirecta.
Considera que si bien es cierto en las sentencias no se hace un extenso análisis, ellas conforman una unidad jurídica inescindible de la decisión que en forma acertada se produjo como consecuencia de la apreciación racional de los falladores, cuyo criterio no es objeto de este recurso extraordinario en virtud de la presunción de acierto y legalidad que las ampara.
Además, no se requiere que los juzgadores consignen el análisis de todas las pruebas, como parece exigirlo la demandante, porque de ahí no se deriva que no se hayan sometido a estudio. Y cuando se ha efectuado una reseña de las partes relevantes de las declaraciones que ahora se extrañan significa, sin más, que fueron sometidas a examen crítico.
Y si bien en la decisión solo se optó por considerar los dos testimonios que propiciaron la acusación, esta apreciación tiene sentido porque es a partir de esos elementos probatorios que los jueces encontraron establecida la responsabilidad del procesado en el delito. Por lo tanto, ninguna trascendencia habría tenido el estudio de las declaraciones que advierte la libelista, quien no hace ningún esfuerzo por señalar su incidencia frente a la decisión cuestionada.
Finalmente, en el libelo se hace referencia a la ocurrencia de la duda, pero no se desarrolla adecuadamente esa temática dentro de este recurso.
Solicita no casar la sentencia impugnada.

CONSIDERACIONES:
1. De manera reiterada ha dicho la Corte que cuando se pretende el reconocimiento del principio del indubio pro reo por la vía de la violación indirecta de la ley sustancial, el casacionista tiene la carga de demostrar la existencia de esa duda probatoria en cuanto a la materialidad del hecho o la responsabilidad del procesado, y que a causa de los errores de hecho o de derecho en que incurrieron los sentenciadores dejaron de reconocerla.
2. En el asunto que se examina, la demandante atribuye la violación indirecta de la ley sustancial que deriva de un falso juicio de identidad, yerro que condujo al fallo de condena que se cuestiona, cuando se imponía una decisión absolutoria por aplicación del in dubio pro reo.
Esta proposición implica el deber de demostrar que el juzgador, al momento de someter a examen los medios de prueba, distorsionó, tergiversó, cercenó o adicionó su contenido literal, haciéndoles producir efectos que en realidad no se desprenden.
No se trata, como lo hace la recurrente, de cuestionar el mérito probatorio que le fue asignado a los diversos elementos de persuación, porque esa circunstancia, por sí sola, no configura error susceptible de ser demandado en casación. El sistema de apreciación probatoria que nos rige, otorga al juzgador cierta amplitud para valorar la prueba y solo se encuentra limitado por los postulados de la sana crítica
La censura entonces debió proyectarse por la vía del error de hecho por falso raciocinio, en orden a determinar que en ese proceso intelectual el fallador desconoció las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la experiencia común y declaró una verdad objetiva totalmente contraria a la que evidencia el proceso.
La repercusión o el alcance del yerro en la decisión cuestionada debe estar precedido del estudio en conjunto de los medios de prueba, incluyendo obviamente aquellos cuya valoración no se ajusta a los parámetros de apreciación, para demostrar que de ellos no surge la certeza de la materialidad del hecho o de la responsabilidad del procesado.

3. Ninguna de estas directrices fue atendida por la demandante quien, por más que intentó plantear un problema de apreciación probatoria por vicios en su valoración, terminó cuestionando el mérito probatorio asignado a los testigos de cargo, destacando las imprecisiones en que estos incurrieron para tratar de evidenciar, desde su personal entendimiento, que carecen de la entidad suficiente para edificar un fallo de condena, y que de haberse admitido las demás versiones que destaca en el libelo se habría proferido una absolución a favor del procesado, por duda.
Además, la demandante incurre en la equivocación de postular como error derivado de un falso juicio de identidad el desconocimiento de las pautas de la sana crítica, al señalar que la convicción errada no es otra cosa que una tergiversación del contenido material de la prueba.
Si bien es cierto que en alguna oportunidad la Corte había sentado el criterio de que el desconocimiento de los referidos postulados de apreciación probatoria era susceptible de proponerse por la vía del error de hecho por falso juicio de identidad, no era dable confundirla con las censuras dirigidas a revelar una tergiversación del contenido fáctico de la prueba, porque tales posibilidades contienen aspectos que las hacen diferenciables, en tanto la primera presupone yerros de naturaleza apreciativa y la segunda errores de tipo contemplativo.
4. Al margen de estas inconsistencias de orden técnico, advierte la Sala que no es cierto el reproche de la demandante en cuanto a la falta de motivación y de apreciación en conjunto del material probatorio acopiado en el proceso por parte de los juzgadores, tal como se desprende de la lectura integral de los fallos de primera y segunda instancia, que para efectos de la casación constituyen una unidad jurídica inescindible.
En este punto también se equivocó la impugnante, al pretender la ruptura de la sentencia condenatoria mediante la crítica individual de cada pronunciamiento, cuando lo indicado es abordar ambas decisiones como si se tratara de una sola, comenzando por la de segunda instancia en la que generalmente, cuando hay una confirmación integral, se acogen y complementan las consideraciones del a quo, las cuales también deben ser examinadas para tener una idea, en su exacta dimensión, de la forma como fue resuelto el asunto.
5. De otro extremo, es claro que todas las decisiones que se tomen al interior de los procesos deben estar soportadas en los elementos de prueba legal y oportunamente incorporados y que el análisis crítico, individual y en conjunto, debe estar acompañado de la correspondiente motivación en cuanto a su calificación y asignación del mérito probatorio, tal como lo dispone el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal.
En este caso así ocurrió, pues los juzgadores analizaron ampliamente el conjunto de declaraciones que se allegaron al proceso y con criterio razonado desecharon las versiones que la demandante identifica como no valoradas y acogieron las deponencias de Jhon Fernando Vélez Garzón y Henry Emiro Pérez. Por tanto, no resulta correcto afirmar que en la decisión solo se consideraron estos dos testimonios y que no hubo motivación, como en algún momento lo señalan la demandante y el Ministerio Público.
Para comenzar el Tribunal, en aras de despejar todas las inquietudes elevadas por la defensora del procesado MAYA JARAMILLO en relación con la sentencia de primera instancia, se remontó a la génesis de la investigación, cuando el grupo Cóndor Uno de la Unidad Primera de Reacción Inmediata adelantó las primeras pesquizas y entrevistó a familiares y allegados de la víctima, logrando establecer que al momento de los hechos Bayron Hernández se encontraba con un amigo de nombre Henry Pérez Orozco.
A continuación examinó las declaraciones de Jhon Fernando Vélez Garzón, Jorge Iván Hernández Garzón, la indagatoria de GABRIEL JAIME MAYA JARAMILLO, los testimonios de Luis Aníbal Taborda Bermúdez, Beatriz Elena Arango de Villa, Gabriel Jaime Porras, Carlos Alberto Villa, Henry Emiro Pérez, Orlando de Jesús Restrepo, Lucero Muñoz de Restrepo, Róbinson Restrepo, Sugey Restrepo, Iromaldis Restrepo de Muñoz y Jhon Alexánder López.
A través de un ponderado análisis de todas estas versiones, concluyó el sentenciador que las suministradas por Jhon Fernando Vélez Garzón, en sus dos intervenciones, y Henry Emiro Pérez Orozco, en la primera oportunidad, merecían plena credibilidad pese a las incoherencias e inexactitudes destacadas por la defensa, las mismas que ahora presenta como fundamento de la censura, pero sin constatar en qué consistió el error judicial de haberles asignado mérito probatorio.
En efecto: para la actora el primero de los mencionados incurre en contradicciones que son insalvables porque inicialmente señala a MAYA JARAMILLO como la persona que le disparó a Bayron Rodrigo Hernández, quien se encontraba en compañía de Juan Carlos López Ospina. Y en posterior intervención ya señaló como autor de los disparos a Alexánder López Ospina y aclaró que su representado no disparó.
Pero no analiza la demandante que el testigo en cita aclaró esta aparente contradicción así:
"Aquí hay una cosa que falló, yo expliqué muy claro que el que había rematado a mi primo era el hermano de Leche (refiriéndose a Juan Carlos López Ospina) y que Guito (como le decían a MAYA JARAMILLO) estaba con el arma en la mano, entendió mal el que me recibió la declaración, claramente dije que Guito tenía el arma en la mano y el que disparó fue el hermano de Leche, yo hablo muy rápido entonces me entendieron mal legalmente"4.
Para el Tribunal, esta situación es el reflejo de un equívoco ante la insistencia del declarante; para la recurrente, en cambio, implica que el testigo acomodó su segunda versión a la de Jorge Iván Hernández Garzón, sin tener en cuenta que es el mismo Jhon Fernando Vélez quien se encarga de descalificar a su primo Jorge Iván quien en su declaración se presentó como testigo presencial, cuando no lo fue:
"El estaba en la casa, yo fui el que los llamé, llamé a mi prima, él no puede decir que vio, yo fui el que vi y yo le conté, en el momento de la muerte de Bayron, Jorge Iván estaba en la casa de él. Si Jorge Iván dice que vio los hechos, está mintiendo, porque el que (sic) fui testigo de los hechos fui yo, y yo lo que he dicho es la verdad"5.
Entonces mal puede predicarse una preparación de este testimonio y así la inconformidad se reduce a una simple discrepancia valorativa que no traduce ningún equívoco en la labor intelectual de racionalidad del juzgador.
De otra parte, también cuestiona la credibilidad que se le otorgó al otro testigo de cargo, Henry Emiro Pérez, quien acompañaba a la víctima al momento de su muerte y en su primera declaración hizo un relato acerca de la forma como ocurrieron los hechos, señalando que quien se bajó de la moto y disparó - seis tiros - fue Álex y que el Mono Guito sacó también su revólver y se quedó en la moto para, luego de la acción, dirigirse en el rodante hacia el "Saladito".
Con posterioridad este testigo pretendió retractarse de su versión inicial, aduciendo que la realizó bajo la presión de la familia del occiso y que por esa razón debió presentar una denuncia.

Al respecto, el juzgador, en una análisis conjunto de estas intervenciones del testigo y la última que efectuó en el acto de audiencia pública, concluyó que la primera era la verdadera, porque en esa oportunidad no estaba bajo amenaza. Sobre estas deducciones lo único que replica la censora, es que el testimonio del citado declarante debió analizarse a la luz de la sana crítica, sin ir más allá de esta irrazonable opinión.


Otro aspecto probatorio analizado en el fallo, y que no abordó la recurrente, es el relacionado con la coartada diseñada por el procesado, quien pretendió eludir los cargos imputados señalando que en el momento de la agresión de Bayron Rodíguez se encontraba en casa de su novia Surgey Restrepo, pero curiosamente ninguno de los supuestos acompañantes logró respaldar su dicho, dejando ver un interés por favorecerlo.
La falta de razón de la impugnante se evidencia aún más, cuando respecto de las declaraciones que señala en su libelo como no valoradas, el Tribunal hace la siguiente precisión:
"Si la Sala le ha asignado credibilidad a lo expresado por Vélez Garzón y a la primera intervención de Henry Emiro Pérez, evidentemente se está rechazando lo declarado por Beatriz Arango, su hijo, Gabriel Jaime Porras y Luis Aníbal Taborda, quienes llegan al proceso con un discurso idéntico acerca de lo sucedido, por eso a Luis Aníbal tan solo le interesa hablar del procesado para desligarlo del hecho, aún cuando su respuesta no guarda coherencia con el interrogatorio. Pero además, todos quieren mostrar a la víctima sin ninguna compañía, a los autores del hecho "altos y morenos". E insisten, la señora Arango, su hijo Carlos Alberto Villa y Gabriel Jaime Porras en que ellos llevaron al herido a la Unidad Intermedia de Salud, pero esto no aparece claro al proceso porque también se indicó que "Las Pericas" acompañadas por su progenitor (persona distinta a la que se refiere el procesado al aportar la partida de defunción), también "vecinas" fueron quienes cumplieron con esa acción humanitaria, pero, ni el instructor, ni el juez, trajeron al proceso sus declaraciones. Pero además, ni el acusado ni su defensora aciertan a indicar qué podría motivar una falsa acusación por parte de la familia Hernández Garzón. En cambio sí está claro el temor de Jhon Fernando Vélez y Pérez Orozco hacia los que señalan como ejecutores del hecho"6.
Lo transcrito es muestra evidente del análisis y valoración a que fueron sometidos los medios probatorios aducidos por la demandante, quien simplemente pretende oponerse a la operación lógica realizada por el fallador, que siempre prevalecerá por estar amparada por la doble presunción de acierto y legalidad.
Y así se concluye que el fracaso de la censura no se debe únicamente a las fallas de orden técnico, sino a la absoluta falta de razón de la libelista.
A mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
NO CASAR la sentencia recurrida.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN GALÁN CASTELLANOS


JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN


MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria


1 Folios 32, 38, 61 y 108.

2 Folios 15, 151 y 180.

3 Folios 192, 221, 275 y 317.


4 Folios 47 y 48.

5 Folio 50.

6 Folios 339 y 340.





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