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DR. sigifredo espinosa pérez


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Tutela No. 30.433

GLORIA MARÍA ESPITIA DE MIRANDA

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:



DR. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 46


Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil siete.



VISTOS:


Resuelve la Sala la acción de tutela instaurada por el abogado JOSÉ LUIS LÓPEZ RUBIO, apoderado especial de GLORIA MARÍA ESPITIA DE MIRANDA y de la menor GLORIA MARÍA MIRANDA ESPITIA, contra las FISCALÍAS 34 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR y 139 SECCIONAL, ambas de Bogotá, por la supuesta violación de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y derechos de los niños, en razón a que se revocó la medida de aseguramiento que se les impuso a los procesados FRANCISCO ALFONSO MIRANDA PATRICY, GLADYS ELVIRA MIRANDA DE DÍAZ y MARTHA ELENA MIRANDA PATRICY.



LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN
1. ALFONSO MIRANDA CHARRY formuló denuncia penal contra FRANCISCO ALFONSO MIRANDA PATRICY, GLADYS ELVIRA MIRANDA DE DÍAZ y MARTHA ELENA MIRANDA PATRICY, hijos de su primer matrimonio, porque, al parecer, utilizaron un poder sometido a condición –incapacidad del denunciante– para enajenar varios inmuebles de su propiedad por valor cercano a los cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000,oo).
2. La apertura de investigación fue ordenada por la Fiscalía 139 Seccional de esta ciudad, que dispuso la restricción del poder dispositivo sobre los bienes objeto material de la infracción. La instrucción se ha orientado a establecer si tuvieron ocurrencia los delitos de estafa, abuso de confianza y falsedad en documento privado.
3. Habiéndoseles vinculado al proceso mediante indagatoria, a los sindicados se les definió situación jurídica el 16 de septiembre de 2005. Contra ellos, se decretó medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional, por el delito de estafa. Sin embargo, se abstuvo de restringir la libertad de los sindicados por las otras dos conductas punibles, precisando que la evidencia no permitía adoptar tal determinación.
En la misma providencia se ordenó restablecer el derecho a favor de las personas afectadas.
4. La decisión fue objeto de apelación por parte de la defensa, recurso que le correspondió desatar a la Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá que, por auto del pasado 14 de febrero, resolvió revocar la providencia impugnada, al considerar que por aplicación favorable de los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, el delito de estafa no impone la obligación de definir la situación jurídica.
5. Ahora considera el actor que con la decisión adoptada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, se vulneran los derechos fundamentales que invoca a favor de la menor GLORIA MARÍA MIRANDA ESPITIA y de la señora GLORIA MARÍA ESPITIA DE MIRANDA, parte civil dentro del proceso penal en condición de sujetos perjudicados, respecto de quienes tiene la condición de apoderado especial.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
En forma reiterada ha dicho la Sala que la acción constitucional establecida en el artículo 86 Superior, es de carácter residual, pues sólo procede como remedio inmediato y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De otro lado, también ha sentenciado la Corte que constituye presupuesto inicial para la procedencia del amparo, definitivo o transitorio, la presencia de un hecho que genere agravio a las garantías fundamentales del peticionario, proveniente de las autoridades o de un particular en los eventos que define la ley.
Por último, se tiene establecido que si la solicitud de protección a los derechos fundamentales se formula respecto de una actuación o decisión judicial, procederá cuando constituya una vía de hecho que la haga arbitraria, irrazonable y distante del ordenamiento jurídico y, por consiguiente, que genere agravio a los derechos del interesado.
Bajo estas premisas, para la Corte es claro que la petición de tutela que demanda JOSÉ LUIS LÓPEZ RUBIO, actuando como apoderado especial de GLORIA MARÍA ESPITIA DE MIRANDA y de la menor GLORIA MARÍA MIRANDA ESPITIA, es improcedente.
En primer lugar, téngase en cuenta que por disposición expresa de la ley (art. 6-1 D. 2591/91), la acción de tutela no procede cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Corte, aparece claro que la actuación en la cual se procesa a FRANCISCO ALFONSO MIRANDA PATRICY, GLADYS ELVIRA MIRANDA DE DÍAZ y MARTHA ELENA MIRANDA PATRICY, se encuentra en curso como quiera que se encuentra en fase de instrucción.


Ante esta situación, resulta de elemental lógica suponer que en desarrollo del proceso, el accionante ha empleado sus esfuerzos en demostrar todo lo que aquí afirma, de manera específica, que contra los sindicados procede la imposición de una medida de aseguramiento y que ante la demostración objetiva de los elementos propios de los tipos penales objeto de debate en la investigación penal, es factible ordenar el restablecimiento de los derechos de la parte civil, circunstancias que de ser procedentes por consultar la realidad, permitirán que el Juez natural emita la manifestación de justicia que corresponda.
Si las tesis del demandante tienen éxito, se concluirá que la posición jurídica de la Fiscalía accionada carecía de fundamento, y se podrá ordenar la protección de los derechos que pudieron resultar afectados.
Sin embargo, según viene de decirse, esa declaración sólo corresponde hacerla, actualmente, a la Fiscalía General de la Nación por intermedio de uno de sus delegados, autoridad que valorará la situación conforme se lo permite el ejercicio autónomo e independiente de las funciones que le señalan la Constitución y la ley; mas no al juez de tutela quien no puede desbordar sus atribuciones para interferir en las labores propias de otras jurisdicciones.
Lo anterior significa que las demandantes en tutela cuentan con otros medios de defensa judicial, que pueden utilizar en caso de que las decisiones resulten desfavorables a sus intereses, como los recursos ordinarios previstos en la legislación procesal penal y, en últimas, impugnar extraordinariamente en casación, con el fin de defender en forma eficaz los derechos que reclaman.

Insiste la Sala en la improcedencia de la acción en este asunto, porque la tutela se expone no como mecanismo excepcional o residual, sino alterno y preferente a los ordinarios que para los mismos fines protectores establece el Legislador.


Ahora bien, el apoderado especial de las accionantes no señala, mucho menos demuestra, una sola razón para la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, es decir, no evidencia que de no concedérsele el amparo reclamado recibirá un perjuicio irremediable; circunstancia que revela la improcedencia de la acción en este asunto.
De esa manera, se descubre que la pretensión del demandante apunta a la revisión del proceso por parte del juez de tutela, para que decida en forma favorable a sus intereses, finalidad que no puede ser satisfecha, pues, la tutela no faculta para desplazar las funciones que, bajo las pautas del debido proceso, han desarrollado los funcionarios competentes conforme a la autonomía e independencia que para el cumplimiento de su cargo les asegura la propia Constitución.
Las razones anteriores llevan a negar la protección deprecada, por ser evidente la improcedencia de la acción en este asunto.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR, por improcedente la tutela de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el abogado JOSÉ LUIS LÓPEZ RUBIO, apoderado especial de GLORIA MARÍA ESPITIA DE MIRANDA y de la menor GLORIA MARÍA MIRANDA ESPITIA.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





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