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Dr pedro octavio munar cadena bogotá, D. C., cuatro


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil tres (2003).


Ref. Exp. No. 73411 3104 001 2000 00039-01

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación por medio de la cual pretende la parte demandante sustentar el recurso que interpuso contra la sentencia del 12 de mayo de 2003, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario adelantado por ADIELA BOTERO DE PINEDA frente a la menor OLGA LUCIA ARAUJO HERNÁNDEZ, representada por sus padres Germán Araujo Llerena y María Deissy Hernández de Araujo, litigio al que fueron citados como litisconsortes Fernando y Cecilia Yepes Pineda, Gabriel Alberto, María Luisa y Carolina Guzmán Pineda, Hogar para Ancianos del Líbano “San José”, Convento de las Hermanas Clarisas del Líbano y el Templo Parroquial del Líbano.


Al respecto, se CONSIDERA
1. Ha puntualizado repetidamente esta Corporación, que dentro de los rasgos distintivos que particularizan el recurso de casación sobresalen los concernientes a su carácter marcadamente dispositivo y de algún modo formalista, peculiaridades estas que, ciertamente, constituyen el soporte del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, por medio del cual, el legislador, para garantizar la consecución de los fines propios de la institución, prescribe ciertos requisitos de forma que debe reunir el escrito que lo sustenta.
De ahí que el referido precepto reclame claridad y precisión en la exposición de los fundamentos de los cargos, al punto que de la sola lectura de la demanda se advierta palmariamente la causal alegada.
Pero además, tratándose de la causal primera de casación, el recurrente debe por lo menos señalar alguna de las normas de derecho sustancial que gobiernan el caso y que estime violada por la sentencia recurrida, así como precisar la vía utilizada para el ataque y, si fuere la indirecta, tiene que determinar la clase de error que le enrostra al fallador, debiendo demostrar el yerro fáctico, si alegare éste, y si fuere el de derecho habrá de indicar las normas probatorias infringidas, explicando en que consiste la infracción.
2. Al examinar el cumplimiento de las referidas exigencias formales en la demanda de casación presentada en este asunto, se advierte que ellas fueron desatendidas abiertamente por el recurrente en la formulación de los cargos allí contenidos, como se expone a continuación.
El primer cargo se anuncia como perfilado por la causal segunda de casación, pero el recurrente, en lugar de empeñarse en demostrar que el juzgador rebasó o aminoró el alcance de la demanda como era del caso, se duele frontalmente de su interpretación, lo que comporta adentrarse en cuestiones propias de la causal primera; a la vez que, sin perder de vista que el Tribunal, con razones de distinta estirpe negó la lesión enorme reclamada, se queja de que las pruebas y la contestación de la demanda se enfilaban en sentido contrario al inferido por el fallador, aspecto que no concierne con la causal alegada.

Es tangible, entonces que no hay claridad ni precisión en la acusación, ni el recurrente se preocupó por desarrollar una imputación acorde con la causal invocada, al extremo que el cargo, en cuanto a la supuesta inconsonancia alegada, quedó huérfano de cualquier fundamentación.


En el segundo cargo formulado en la aludida demanda, se acusa la sentencia de violar por la vía indirecta la ley sustancial; empero, se abstuvo el recurrente de indicar la norma de ese linaje supuestamente vulnerada por el fallador, pues es palpable que omitió citar algún precepto jurídico en apoyo de su queja, motivo por el cual no procede admitir dicha censura.
En el tercer cargo, igualmente trazado por la causal primera de casación, no se señaló norma sustancial que gobierne el caso, pues aunque se indica que la sentencia impugnada violó por vía indirecta los artículos 1127 y 1156 del Código Civil, tales preceptos, o no son de esa especie o no vienen al asunto aquí decidido.
En efecto, en relación con el artículo 1127 se tiene que, tal como lo sostuvo esta Sala en pretérita oportunidad, el legislador está sentando en él simplemente una regla de interpretación de las disposiciones contenidas en el título del Código Civil al cual pertenece, tendiente a hacer prevalecer la voluntad del testador (Auto No.058 del 23 de julio de 1990).
Y en lo concerniente con el artículo 1156 del Código Civil, se advierte que no es norma que esté fatal y necesariamente ligada con el tema jurídico de la pretensión y de la réplica, esto es con la lesión enorme debatida y sobre la que se pronunció el juzgador, quien no se prevalió de dicha disposición para negar las pretensiones; por tanto, si dicho precepto no es base esencial del fallo impugnado ni aparece que haya debido serlo, resulta evidente que no es idónea para fundar sobre él la acusación de la sentencia impugnada por la causal primera de casación.
Pero, no es éste el único defecto que denota dicho cargo, puesto que, además, en él no se formuló una acusación concreta a la sentencia impugnada, habida cuenta que el recurrente se limitó a expresar su disentimiento con la interpretación del testamento efectuada por el fallador de segundo grado, sin precisar ni siquiera en que consistieron las deficiencias que le atribuye a esa labor.
Resulta palpable, entonces, que en la censura no se determinó en que consistió la infracción que motiva la inconformidad del recurrente y aunque éste al enunciarlo adujo el quebrantamiento indirecto de las señaladas normas lo cierto es que al sentenciador no se le enrostra yerro alguno de apreciación probatoria, individualizando al efecto las pruebas que en el parecer del impugnante el Tribunal habría apreciado indebidamente y, desde luego, tampoco emprendió la demostración de dicho error.
Así las cosas, ninguno de los cargos formulados a la sentencia recurrida se sujeta a las exigencias formales legales previstas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil y, por ende, conforme a las prescripciones del artículo 372 Ibídem procede declarar desierto el recurso de casación y ordenar devolver el expediente al Tribunal de origen.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE



Primero.- DECLARAR desierto el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 12 de mayo de 2003, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario adelantado por ADIELA BOTERO DE PINEDA frente a la menor OLGA LUCIA ARAUJO HERNÁNDEZ, representada por sus padres Germán Araujo Llerena y María Deissy Hernández de Araujo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo.- Ordenar, en consecuencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.


NOTIFÍQUESE.

MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ



CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

En comisión especial


SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO



CESAR JULIO VALENCIA COPETE

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA



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