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Dr. ÉDgar lombana trujillo aprobado Acta N


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República de Colombia

T
utela No. 19413
GLORIA ISABEL LÓPEZ VALENCIA
Impugnación


Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No. 014


Bogotá D. C., marzo dos (2) de dos mil cinco (2005).



VISTOS

Examina la Sala la impugnación interpuesta por la ciudadana GLORIA ISABEL LÓPEZ VALENCIA, contra la sentencia de tutela adoptada el 10 de diciembre de 2004 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante la cual negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Policía Nacional.




ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


Del libelo de tutela y de otros documentos allegados al expediente se derivan las siguientes circunstancias relevantes:


1. Luego de que el Juzgado Primero de Familia de Tuluá profirió la correspondiente sentencia de divorcio (28 de abril de 2003), la ciudadana GLORIA ISABEL LÓPEZ VALENCIA y el Agente de la Policía Nacional José María Ortiz Bonilla disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal que surgió entre ellos a través de la escritura pública número 1.757 del 4 de agosto del mismo año, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de la misma ciudad.
En el mencionado documento se consignó lo siguiente:
HIJUELA PARA LA SOCIA GLORIA ISABEL LÓPEZ VALENCIA, titular de la cédula de ciudadanía número 31.197.286 de Tuluá. Le corresponde por ganancias $7.495.379.66. Se cancela y paga así: Con el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la CESANTÍA, INTERESES A LA CESANTÍAS, siendo la suma tentativa de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($5.495.379.66) más intereses hasta la fecha de entrega de dicha cesantías. Con el cincuenta por ciento (50%) del valor total de AHORRO Y VIVIENDA FAMILIAR, siendo la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.00), dinero este que ya tiene recibido, faltando el monto de las cesantías, e intereses a la cesantías, liquidación que se aceptará hasta el día veintiocho (28) de abril del dos mil tres (2003). Más intereses hasta la fecha de entrega.”
2. La señora LÓPEZ VALENCIA radicó ante la Policía Nacional un escrito por cuyo medio solicitaba se diera “cumplimiento” a lo estipulado en el instrumento aludido.
3. Mediante oficio número 6686 del 26 de mayo de 2004, la Jefe de la Unidad de Orientación e Información del Grupo de Prestaciones Sociales de dicha institución le informó a la solicitante que no era “procedente por el momento despachar favorablemente” la petición mencionada “en consideración a que” el Agente José María Ortiz Bonilla “figura como miembro activo de la institución policial y no cursa en la actualidad reconocimiento de cesantías a su favor”.
4. La señora LÓPEZ VALENCIA presentó otro memorial por medio del cual se queja del sentido de la respuesta y solicita se proceda de manera expedita con el “trámite” tendiente a darle cumplimiento a lo convenido en el instrumento público mencionado.
5. A través de oficio número 9193 (con fecha ilegible), un funcionario del Grupo mencionado de la Policía Nacional le comunicó a la peticionaria que en el evento en que se liquiden y reconozcan cesantías parciales o definitivas en favor del Agente Ortiz Bonilla estarán atentos a efectivar “las medidas cautelares que pesan sobre las prestaciones del antes citado uniformado”.
6. La ciudadana GLORIA ISABEL LÓPEZ VALENCIA acudió al procedimiento de tutela para solicitar el amparo de la garantía fundamental invocada.
Señala que las respuestas “a los derechos de petición no” resuelven “lo solicitado” y contrarían el “ordenamiento sustancial y (. . .) lo convenido por las partes en la (. . .) escritura liquidatoria”.
Precisa que la entidad accionada desconoce que la liquidación de la sociedad conyugal se “llevó a término por medio de” escritura pública y, por ello, no le es viable exigir “una orden o pronunciamiento judicial para acceder” a lo solicitado.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga admitió la demanda de tutela y notificó la iniciación del trámite correspondiente a la Policía Nacional y al Agente Ortiz Bonilla.


Al dar respuesta, la Jefe de la Oficina Jurídica de dicha institución informó que la Jefe del Grupo de Prestaciones Sociales hizo “constar que el señor JOSE MARIA ORTIZ BONILLA, en servicio activo, no ha presentado solicitud de reconocimiento de cesantías, ni tiene tramites (sic) pendientes prestacionales a la fecha.
A su turno, el policial señala que sólo puede “retirar” las cesantías cuando se desvincule de la entidad o se pensione.


LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia del 10 de diciembre de 2004 negó la protección demandada, en tanto la entidad accionada dio respuesta a las peticiones efectuadas por la accionante.


Agrega que LÓPEZ VALENCIA debe perseguir “en distinta sede” la “concreción de su derecho, si a ello hubiere lugar, ante la propia administración, exhibiendo el compromiso asumido por el agente ORTIZ BONILLA, o acudiendo a la jurisdicción ordinaria para que se haga cumplir, si es el caso, una obligación legalmente exigible”.


DE LA IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la sentencia reseñada apuntando que la “respuesta dada” por la institución accionada “está lejos de cumplir con las exigencias” del artículo 23 de la Constitución Política.




CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La Constitución Política en su artículo 86 establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los eventos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.


2. En el evento que ocupa la atención de la Sala, se encuentra acreditado que la institución accionada no le ha vulnerado a la ciudadana LÓPEZ VALENCIA los derechos fundamentales al debido proceso y de petición, en los términos en que lo refiere en la demanda constitucional y en la impugnación, respectivamente.
En efecto, luego de que la accionante presentara el escrito por medio del cual solicitaba se diera “cumplimiento” a lo estipulado en la escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad conyugal surgida entre ella y el Agente Ortiz Bonilla, la Jefe de la Unidad de Orientación e Información del Grupo de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, mediante oficio número 6686 del 26 de mayo de 2004, le informó lo siguiente:
En atención a su requerimiento relacionado con la liquidación del 50 % de las Prestaciones Causadas por el señor AG. JOSE MARIA ORTIZ BONILLA C.C. 16365363, de manera atenta me permito informarle que no es procedente por el momento despachar favorablemente su petición en consideración a que el antes citado uniformado figura como miembro activo de la institución policial y no cursa en la actualidad reconocimiento de cesantías a su favor.
Sin embargo, con el objeto que obre como antecedente para futuros reconocimientos prestacionales que sean causados por el uniformado, me permito sugerir se dirija ante la instancia judicial donde cursó el proceso de disolución de la sociedad conyugal y solicite a ese despacho que remita la respectiva orden de retención, en el porcentaje fijado, con destino al Grupo de embargos de la Caja Genral (sic) con el objeto que sea grabado en el sistema ese descuento y pueda ser consultado por parte del Grupo de prestaciones al momento de efectuar liquidación de prestaciones al AG. JOSE MARIA ORTIZ BONILLA”.

Al margen de la sugerencia reseñada, la cual resulta verdaderamente incompatible con la situación analizada como quiera que el trámite de disolución y liquidación de la sociedad conyugal se surtió ante el Notario Segundo del Círculo de Tuluá y no ante un Juez de la República, lo cierto es que con posterioridad a que la accionante presentara el segundo escrito por medio del cual se quejaba del sentido de la respuesta y solicitaba se procediera de manera expedita con el “trámite” tendiente a darle cumplimiento al instrumento público mencionado en punto de su hijuela, un funcionario del mismo Grupo, a través de oficio número 9193 (con fecha ilegible), le comunicó a la peticionaria que en el evento en que se liquiden y reconozcan cesantías parciales o definitivas en favor del Agente Ortiz Bonilla estarán atentos a efectivar “las medidas cautelares que pesan sobre las prestaciones del antes citado uniformado”.


Además, para superar la inconsistencia mencionada, en dicha oportunidad se agregó lo que sigue:
(. . .) la novedad se encuentra grabada en el sistema de información prestacional en donde reporta hasta le fecha de elaboración del presente documento, embargo del 50 % decretado por parte del Juzgado Primero de Familia de Tulúa (sic), a su favor, proceso Divorcio 0376 y 50 % ordenado por el Juzgado Segundo de Familia de Tulúa (sic), igualmente a su favor, proceso 2001-267, para lo cual le anexo los respectivos reportes de embargo en un (01) folio.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 97 del Decreto 1213 de 1990 a los Agentes de la Policía Nacional se les concede anticipo de Cesantías para la construcción de vivienda, construcción, reparación o liberación de la misma y en este caso particular el titular del derecho no ha presentado solicitud alguna y agregado a lo anterior la Ley de Presupuesto del 2004, no asignó rubro para cubrir el pago de esta clase de obligación a ningún miembro de la institución.”
Queda entonces en evidencia que la Policía Nacional, por conducto de la dependencia competente, dio respuesta a las solicitudes efectuadas por la accionante LÓPEZ VALENCIA.
3. No se pierda de vista que en atención a lo normado de forma específica en la preceptiva traída a colación en el segundo oficio reseñado, vale decir, el artículo 97 del Decreto 1213 de 1990, el policial Ortiz Bonilla debe efectuar una solicitud expresa para obtener el anticipo de las cesantías y no puede pretender la accionante LÓPEZ VALENCIA, so pretexto de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, que la institución accionada inobserve tal requisito y proceda con la actividad administrativa extrañada (descontar el 50% de las cesantías).
4. Así las cosas y sin que se ofrezcan indispensables consideraciones adicionales, al no apreciarse el desconocimiento de los derechos invocados, la acción de tutela se encuentra llamada a fracasar, conclusión que conduce por contera a confirmar la determinación prohijada por el Tribunal de instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,



RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo impugnado.
2. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARINA PULIDO DE BARÓN


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

HERMAN GALÁN CASTELLANOS

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO



ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria




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