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Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo dijo


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Resol. Serie “B” N° 234

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil doce, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, como Presidente, y los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Armando Lionel Suárez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Sebastián Diego Argibay, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 125/127 del Expte. Nº 17.586 – Año 2011 – caratulado: “González Manuel Alfredo c/ Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero (D.I.O.S.S.E.) y/u otro s/ Diferencia de Haberes, etc. - Casación Laboral”. Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Armando Lionel Suárez y Raúl Alberto Juárez Carol, respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Sebastián Diego Argibay.



El Sr. Vocal, Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo dijo:

Y Vistos:

Para resolver en los autos del epígrafe el recurso de casación interpuesto a fs. 130/131 por la parte actora contra la resolución de la Excma. Cámara de Trabajo de Cuarta Nominación, de fecha 01/10/2010, obrante a fs 125/127.-



Y Considerando:

I) Que el recurrente se agravia de la decisión del Tribunal de mérito de rechazar la demanda deducida por su parte, con fundamento en el art. 2 inc. b primera parte de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que la excepción contenida en dicho precepto legal respecto de los dependientes de la administración publica, cobra vigencia en el caso, atento que a los trabajadores de la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia les es aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75 y que debido a ello el fuero laboral es competente para entender en la causa. Pide que oportunamente se revoque la sentencia recurrida y que se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas.- II) A fs. 165 el Sr. Fiscal General del Ministerio Público se pronuncia por la competencia del fuero laboral para entender en el presente proceso, y por las diferencias de haberes con fundamento en las constancias de autos.- III) Planteada de ese modo la cuestión, cabe en primer término recordar que la doctrina y jurisprudencia es pacífica en sostener que el recurso casatorio debe bastarse a sí mismo, determinar concreta y detalladamente en qué consiste la violación de la ley, norma o dispositivo legal, con una seria y fundada crítica de los considerandos y conclusiones del fallo en crisis. Si la impugnación, por su propia naturaleza, tiene por sustento la violación o la errónea aplicación de la ley o la doctrina legal, el inexcusable punto de partida ha de ser la indicación concreta de cuál es la norma o doctrina que se dice infringida. Es que el escrito de interposición debe estar correctamente fundado, bastarse a sí mismo, en la terminología inveteradamente utilizada por la Suprema Corte y por la Corte Suprema de la Nación. Son imposiciones que emergen del régimen mismo de la casación, que hacen al desenvolvimiento eficaz de su tarea y se explican en razón del carácter extraordinario del alzamiento. La carga de fundamentar es requisito indispensable para la procedencia del Recurso de Casación.

Por otro lado, resulta necesario señalar también que los presupuestos de procedencia del recurso de casación enumerados en el art. 145 de de la LPL son el quebrantamiento de formas, violación de la ley o errónea aplicación del derecho, y que el art. 147 del mismo cuerpo legal especifica en qué casos deberán invocarse estos últimos, mencionando entre ellos, la aplicación al caso de disposiciones legales que no corresponden.- Sentado ello y atento que el recurrente denuncia la presencia de dicho vicio, al alegar que como fundamento del rechazo de la demanda, el Tribunal de mérito no ha tenido en cuenta que la relación entre las partes se encontraba regida por el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75 y no por la ley provincial Nº 5.986 (Ley Ómnibus) a la cual considera inaplicable al caso, debe este Alto Cuerpo ingresar al análisis del recurso a los fines de verificar si le asiste razón al casacionista en sus criticas.- En esa tarea, y de la lectura de los argumentos sobre los que se construye el pronunciamiento en crisis, se advierte que el rechazo de la demanda se centra puntualmente en que las pretensiones del actor se encuentran regidas por la ley provincial 5689 y que en consecuencia su reclamo debía ser efectuado por la vía contenciosa administrativa, concluyendo que “escapan a las posibilidades del fuero laboral” (fs.126 vta.). El decisorio se sustenta también en el art. 2 inc. a de la LCT en cuanto que esta última norma no es de aplicación a los dependientes de la administración pública estatal en sus distintos ordenes.- Sin embargo, no surge de dicho pronunciamiento, referencia alguna al Convenio Colectivo de Trabajo 57/75 cuya falta de consideración motiva en esencia el agravio de la casacionista, omisión que conduce sin mas a su revisión. Es que ante la invocación e individualización por parte del actor del CCT 57/75 como fundamento normativo de su reclamo (ver escrito de demanda fs.60), el A-quo debió considerar y analizar dicha circunstancia por cuanto representa un argumento cuya entidad podría modificar el resultado del litigio.- A dichos efectos, debe señalarse que la cuestión litigiosa -en el marco del recurso- se centra en la ley a aplicar al vínculo jurídico que liga a las partes en relación a la situación puntual –reclamos de diferencias de haberes por ejercicio de cargo de mayor jerarquía- que motiva el presente conflicto. Esto es si para dicha circunstancia debe estarse a lo previsto en el CCT 57/75 o en la ley provincial Nº 5.689, para lo cual se impone verificar previamente si –tal como lo señala el recurrente- la relación con la demandada se encontraba regida por el CCT 57/75 y en su caso, si la pretensión del actor se encuentra contemplada en el mismo.-

Sentado ello, se entiende conducente efectuar las siguientes precisiones:-



Este Superior Tribunal tiene dicho que “desde la óptica del derecho del trabajo, la prestación de servicios subordinados a favor de un ente público estatal -nacional, provincial o municipal- sólo puede considerarse regida por éste (derecho laboral) y “sustraída” del ámbito de regulación del derecho público, si media un acto expreso de la administración en el sentido indicado o en el de la inclusión de un convenio colectivo de trabajo.” (Conf- STJ Sgo del Estero- Expte. Nº 16.975 Año 2009 caratulado: “Trejo Mario Alejandro c/ López Pedro Andres y/u otros s/ Diferencia de Sueldos, etc - Casación”. Resolución del 11 de febrero de 2011, entre otros), lo cual importa que si el contrato o relación existente entre las partes se encuentra regulado por un Convenio Colectivo de Trabajo, se encuentra excluido del ámbito de otra norma que prevea la misma situación que contempla aquel. Esto último por cuanto la relación que vincula a los trabajadores que prestan servicios para el Estado, en principio, se rige por el derecho administrativo laboral. En consecuencia, si el empleador es una administración pública nacional, provincial, o municipal, un ente descentralizado,el contrato se rige por las normas del derecho administrativo (Miguel Angel Maza-Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada- Coord Raúl Ojeda- Edit Rubinzal Culzoni- Edic 2011, pag 61). Sin embargo, cuando como en el caso, el Estado dispone la aplicación de un CCT a sus empleados, y aunque el vínculo siga siendo de empleo público (Madorrán), se sustituye la aplicación del régimen administrativo por las de dicho convenio, en aquello que este último prevé. Se reitera, el hecho que pueda aplicarse la ley privada de orden estatal (ley de contrato de trabajo) o la de carácter convencional colectivo (convenio colectivo de trabajo) a una relación que es de orden público, no le quita a ésta su carácter; lo único que ocurre es que al plexo normativo aplicable se incorporan disposiciones de un orden distinto, sin que ello signifique que varíe la naturaleza de la relación.- De modo que es carga del actor acreditar la existencia del acto administrativo que disponga la aplicación del convenio colectivo. Si bien, en autos, el acto de voluntad administrativo no se encuentra agregado, debe tenerse por acreditada su existencia, atento que de la documental que corre a fs. 5, 6, 11,17, entre otras, cuyas constancias coinciden con las de la contestación de demanda obrante a fs. 60 y vta. en el punto que afirma que la relación laboral se encuentra regida por el CCT de Obras Sanitarias 57/75.-

Acreditado que el vínculo que unía a las partes se encuentra bajo la órbita del convenio colectivo de trabajo 57/75, dicho contrato queda, en principio, fuera del ámbito de las leyes que regulan el empleo público en aquellos aspectos que la norma laboral convencional contempla, siendo en ese marco la vía contencioso administrativa ajena a cualquier reclamo de reconocimiento de derechos surgidos del CCT aplicable, y el tribunal del trabajo, el órgano jurisdiccional, con competencia para entender y expedirse al respecto, y por ende la demanda laboral la vía judicial adecuada y pertinente a tales fines.- Sentado ello, y en miras a la pretensión recursiva del actor en cuanto pide el reconocimiento de diferencias salariales, debe señalarse que el art. 7º del CCT 57/75 expresamente dispone que “en los casos en que la Empresa disponga por un período mayor de treinta (30) días, continuos o discontinuos la utilización de personal para realizar tareas más valorizadas, la misma estará obligada a remunerar a dicho personal con la diferencia de sueldo que resulte entre su situación de revista y la tarea asignada”, de modo que contempla y regula puntualmente la situación de hecho denunciada por el actor y el derecho reclamado, por lo que en principio devendría procedente su aplicación.- Ahora bien, la ley provincial Nº 5.689 llamada ley ómnibus (Boletín Oficial 16/11/1993-ADLA 1994 - A, 1303) es posterior al convenio colectivo 57/75 invocado por el trabajador, y en principio no puede dejar sin efecto al convenio ni a ninguna de sus cláusulas. En efecto, las convenciones colectivas de trabajo son una fuente autónoma de derecho basada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional (autonomía colectiva), por lo que una ley posterior no puede quitarle vigencia a un determinado convenio colectivo, como si fuera este último una norma de origen estatal. No obstante ello, en supuestos extraordinarios, puede ocurrir que aquel resulte inaplicable cuando deba sujetarse a un orden público absoluto que se concretiza cuando se dictan normas de excepción que limitan los derechos individuales en situaciones de emergencia en que está comprometido el supremo interés del Estado ya sea nacional, provincial o municipal.-(Conforme Fernández Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo", Edit La Ley- Edic 2009- t. I, p. 36).- Ello por cuanto la misma ley de Convenciones Colectivas Nº 14.250 (texto ordenado por Dec 1135/2004- Bs. As. 31/08/2002 -B.O. 03/09/2004), establece en su artículo art. 4º como condición esencial para la homologación, que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general.- En efecto, no debe olvidarse que la propia ley de creación del régimen (ley 14.250) establece una relación necesaria entre la ley y el convenio y justifica la homologación ministerial cuando se cumpla el presupuesto esencial de que 'la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o dictadas en protección del interés general, así como tampoco que la vigencia de la misma afecte significativamente la situación económica general o de determinado sector de la actividad, o bien produzca en deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores' (art. 4°, ley 14.250 -t.o. 1988-). En consecuencia, existe la posibilidad de que una ley deje sin efecto una norma de carácter convencional, cuando aquella es de orden público y atiende a intereses que trascienden los de carácter individual, lo que por otro lado resulta válido, siempre y cuando no se trate de una lisa y llana aniquilación del derecho, sino en todo caso su suspensión o limitación razonable hasta tanto concluya o desaparezcan las circunstancias que hubieren dado motivo a la emergencia.(Conf. Doctrina sentada CSJN “ Nordensthol, Gustavo c/ Subterráneos de Buenos Aires- Fallo del 2/04/75- Jurisp citada por Juan Carlos Fernández Madrid-Ley de Contrato de Trabajo- edit La Ley- Edic 2009-Tomo I- pág. 37), (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V-Arcos Bensasson, Guillermo c. Los Cipreses S.A. • 30/04/2004 Publicado en: DT 2004(octubre) , 1387 -Cita online: AR/JUR/1920/2004).- Así lo explica también Mario Ackerman al sostener que de acuerdo con la jurisprudencia actual de la Corte, la ley tiene un rango superior al de la convención colectiva y, en consecuencia, puede válidamente dejar sin efecto una norma convencional, pero ello a condición de no exceder el ejercicio legítimo de los poderes de emergencia del Estado” (Liliana H. Litterio-Tratado de Derecho del Trabajo- Dirección Mario Ackerman- Edit. Rubinzal Culzoni-Edic 2007-Tomo VIII- pág. 563).- En dicho contexto normativo y doctrinario, la ley provincial 5.986 declara la emergencia económica y administrativa, regulando puntualmente una serie de institutos tales como el de las jubilaciones, salarios, erogaciones, educación, entre otros, conteniendo una norma de interpretación que dispone expresamente que los conflictos normativos que se plantearen con la interpretación y aplicación de la presente ley deberán resolverse a favor de la misma (art. 118); y otra de cierre (art. 119) que deroga toda otra disposición que se oponga a la presente ley, de modo que, la situación o el derecho cuyo reconocimiento exige el actor debe estar expresamente contemplado en dicha legislación de excepción, para así recién evaluarse si la cláusula convencional en la que sustenta su reclamo se opone o no a la norma de emergencia.- Cabe también remarcar que a la fecha solo algunos de sus artículos continúan vigentes, entre los cuales,se encuentra el art. 25 en el que se funda el A-quo para el rechazo de la demanda (Ley Nº7.048 que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012).- Dicho precepto legal establece que la suspensión del derecho de percibir las diferencias salariales por ejercicio de cargos de mayor jerarquía con motivo de reemplazos o subrogancias realizadas, de modo que es esta la situación fáctica y jurídica que debe verificarse, atento que, aquello que no esté expresamente contemplado en la ley, queda fuera de su ámbito de regulación (art. 19 CN).- Por lo tanto, de la prueba obrante en autos, deberán surgir las circunstancias o presupuestos que autoricen la aplicación de dicho precepto de excepción, esto es, si existió el ejercicio de funciones en cargo de mayor jerarquía y, si lo hizo en carácter de suplente.- En esa tarea se advierte que, por un lado, en la contestación de demanda, la accionada no niega puntualmente adeudar al actor las diferencias salariales reclamadas, lo cual torna aplicable lo dispuesto por el art. 105º: La contestación deberá referirse clara y categóricamente a cada hecho, modalidad o circunstancias invocadas por el actor o demandado, con la consecuencia de tenerlo por reconocido si así no lo hiciere, a menos que logre probar lo contrario”, debiendo entonces tenerse por reconocido que el actor cumplió funciones correspondientes a cargo de mayor jerarquía (Jefe de División de compras, suministros, y contrataciones) en el período que el mismo denuncia en el escrito de demanda (14-05-2001 al 14-04-2005), hechos cuya acreditación surge también de las constancias del trámite administrativo cuya copia se encuentra agregada al presente (si bien el expediente administrativo ofrecido por el actor ha sido adjuntado en fotocopia simple, el demandado al evacuar el traslado de ley, ha basado sus propias alegaciones en constancias de las copias acompañadas por el trabajador, habiendo ofrecido además copias certificadas del mismo).- En efecto, a fs. 4,5,6,7,8,27, 28 obran las distintas resoluciones, dictámenes e informes del ente empleador, de las que surge de modo indubitado que el actor cumplió funciones propias de cargo de mayor jerarquía y el período durante el cual lo hizo, con expreso reconocimiento de ambas circunstancias por parte de la empleadora.- Sin embargo, la demandada alega en su contestación de fs. 60, que dichas funciones fueron ejercidas en carácter de suplente. Al respecto, puntualmente afirma que “...es cierto que el Sr. Manuel Alfredo González, es empleado de la Dirección demandada,...agente que en su relación laboral está regido por el CCT de obras sanitarias 57/75 quien desempeñó funciones en División de Contrataciones y Suministros, en carácter de suplente en razón de que el titular del cargo, Sr. Eduardo Toledo estaba en uso de licencia por enfermedad. La suplencia, se da, como en el caso que nos convoca, cuando el cargo de mayor jerarquía no está vacante, ni por jubilación o muerte de su titular y en consecuencia se produce lo que se da en llamar doble erogación para la hacienda pública...De ahí que la Di.O.S.S.E. encuadró el caso en lo estipulado en el art. 25 de la ley 5986...” (fs. 60).- La suspensión del derecho a percibir las diferencias, es respecto de aquellas tareas correspondientes a cargo de mayor jerarquía cumplidas durante el período por el cual rige el respectivo precepto legal, lo cual importa que, aquellas que sean cumplidas fuera de dicho ámbito temporal de aplicación, generan sin más el derecho a percibir las correspondientes diferencias.- Ahora bien, conforme surge de la documental de autos- el actor ejerció las funciones del cargo de que se trata en reemplazo de su titular quien se encontraba en uso de licencia por enfermedad, durante el periodo comprendido desde el 14/05/2001(fs. 4 y 5) al 30 de junio de 2002 (fs. 6).- En consecuencia, y en lo que a dicho período respecta, este Tribunal entiende que queda enmarcado en lo previsto en el art. 25 de ley 5986, cuya aplicación, se reitera, por ser de emergencia económica y administrativa, deviene procedente, aún respecto del Convenio Colectivo que rige la relación del trabajador con la del Estado (provincial) empleador.- Sin embargo, a partir del 01/07/2002 (fs. 6), el cargo quedó vacante como consecuencia de la renuncia de su titular -a los efectos de acogerse al beneficio de la jubilación- habiendo continuado en dichas funciones el actor por disposición de la empleadora(fs. 7) hasta el 04/05/04 de acuerdo a las constancias de las resoluciones obrantes a fs. 6 y 7, y lo sostenido por la propia actora. Es preciso señalar que la fecha de cierre del período por el cual se acogen las diferencias reclamadas, se desprende de constancias del expediente administrativo (fs. 11, 27/32), de lo sostenido por la propia actora en su escrito introductorio (fs. 35/36), y por aplicación del art. 105 de la LPL, toda vez que dicha circunstancia fáctica no ha sido controvertida por la demandada (fs. 60/61).- El ejercicio de las funciones en dicho cargo vacante, queda excluido del ámbito de la ley de emergencia por cuanto no contempla dicha situación, sino únicamente la del ejercicio de tareas correspondiente a cargo de mayor jerarquía en calidad de reemplazo o suplente.- Por consiguiente, en lo que a dicha circunstancia respecta, rige el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75, y en su mérito devienen procedentes las diferencias salariales demandadas por el período comprendido entre 01/07/2002 y 04/05/04 por encontrarse acreditado el supuesto de hecho contemplado en la cláusula 7º de dicha ley convencional, cuya vigencia no ha sido materia de suspensión o limitación alguna por parte de la ley de emergencia.-

IV) Aplíquese al rubro condenado los intereses establecidos en “Banegas Vda. De Toloza c/ Empresa Construcción Cabe Estructuras s/Fondo de Desempleo”(Expte. 14421/01) sentencia de fecha 7/11/2002, establecer y adicionar a los rubros procedentes en todo juicio laboral los intereses, desde el 1/04/1991 al 5/01/2002, de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina, más el 0,50% mensual nominal y, desde el 6/01/2002 la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina más el 2% mensual nominal hasta su efectivo pago, criterio que varió mediante sentencia de fecha 12/03/2004 en autos “Trejo, Jorge René c/ Banco de la Provincia de Santiago del Estero” Expte. 14702/02, estableciendo que se adicionará a partir del 6/01/2002 la tasa promedio pasiva del Banco Central de la República Argentina más el 1% mensual nominal hasta el efectivo pago. Posteriormente, esta Sala Laboral, Criminal y Minas, modificó el criterio sentado en los autos últimos referenciados, estableciendo la aplicación de la Tasa promedio pasiva del Banco Central de la República Argentina más el 1% mensual nominal, sólo desde la fecha de dicha sentencia (12/3/2004). Con fecha 4/07/2005 esta Sala en su actual integración en autos Expte. N° 15146-Año: 2004- “Ruíz Huidobro Ramón H. C/ TELECOM STET FRANCE S/ Indemización por antigüedad, etc. Casación”, estableció que deberá adicionarse desde esa fecha a los créditos laborales la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina con más un 6% (seis por ciento) anual, y hasta el efectivo pago de las obligaciones condenadas.- Por lo expuesto y oído que fuere el Sr. Fiscal General del Ministerio Público Voto por: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 130/131 por el actor. En consecuencia II) Revocar la sentencia de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Cuarta Nominación obrante a fs. 125/127 en lo que ha sido materia de agravio. En su mérito III) Hacer lugar parcialmente a la demanda de Diferencias Salariales por ejercicio de cargo de mayor jerarquía correspondientes al periodo comprendido entre 01/07/2002 y 04/05/2004 IV) Condenar al demandado Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero (D.I.O.S.S.E.) y provincia de Santiago del Estero, a su pago en el plazo de veinte días de consentida y ejecutoriada que fuere la presente, con más los intereses impuestos en el considerando IV) de la presente, cuyo monto será calculado en la etapa procesal oportuna V) Con costas.-

A estas mismas cuestiones, el Dr. Armando Lionel Suárez dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, emitiendo su voto en idéntico sentido.

A las mismas cuestiones, el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Agustín Pedro Rímini Olmedo - Armando Lionel Suárez - Raúl Alberto Juárez Carol - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.



Santiago del Estero veintiocho de agosto del año dos mil doce.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 130/131 por el actor. En consecuencia II) Revocar la sentencia de la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Cuarta Nominación obrante a fs. 125/127 en lo que ha sido materia de agravio. En su mérito III) Hacer lugar parcialmente a la demanda de Diferencias Salariales por ejercicio de cargo de mayor jerarquía correspondientes al periodo comprendido entre 01/07/2002 y 04/05/2004 IV) Condenar al demandado Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero (D.I.O.S.S.E.) y provincia de Santiago del Estero, a su pago en el plazo de veinte días de consentida y ejecutoriada que fuere la presente, con más los intereses impuestos en el considerando IV) de la presente, cuyo monto será calculado en la etapa procesal oportuna V) Con costas. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Agustín Pedro Rímini Olmedo - Armando Lionel Suárez - Raúl Alberto Juárez Carol - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.


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