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Doctrina de la ilegalidad continuada Extracto del trabajo del Dr. Casco Javier C.: Aplicada por la Excma. Cám. Fed. B. Bca. Sala I / Sec. 2- en los autos caratulados: “Aletto


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Doctrina de la ilegalidad continuada

Extracto del trabajo del Dr. Casco Javier C.:

Aplicada por la Excma. Cám. Fed. B.Bca. -Sala I / Sec. 2- en los autos caratulados: “Aletto, Eustasia Regina c/ PEN - BCRA y Bansud S/ Amparo - Medida Cautelar" -Expte. 60169- del 02/09/03
 

Al analizar el art. 2º inc. e de la ley de amparo nacional 16986, que establece un plazo de quince días hábiles para la presentación de la demanda de amparo, so pena de caducidad, Casco Javier César en "Tres posturas sobre la no vigencia del plazo de caducidad en la Ley de Amparo Nacional" (LL del 27/03/03, pág. 3) refiere que la denominada "doctrina de la ilegalidad continuada" está recibiendo cada vez mayor aceptación doctrinaria y jurisprudencial, y ha sido aplicada muy especialmente para la solución del problema que plantea este plazo de caducidad en los numerosos amparos presentados contra el llamado "Corralito Financiero", vigente a partir del dec. nacional 1570 del 01/12/01 (Adla, LXII-A, 65).


 
La postura objeto de análisis considera con indudable acierto que la acción de amparo puede generarse tanto por un acto lesivo único como por varios actos lesivos continuados, siendo esta distinción la que permite explicar el origen de la doctrina de la ilegalidad continuada.

 
La existencia de varios actos lesivos en el amparo (vgr. ilegales descuentos mensuales en sueldos; continuas leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. que van lesionando derechos constitucionales en el tiempo, como sucedió con el llamado "Corralito Financiero), ha dado nacimiento a esta doctrina, en virtud de la cual se afirma "...que los sucesivos, ilegales y continuos actos lesivos van haciendo renacer o renovar constantemente el plazo de quince días hábiles del art. 2 inc. e) de la ley de amparo nacional 16986, impidiendo en consecuencia la caducidad de la acción, siendo éste su efecto práctico más importante..."


 
Afirma Casco que esta doctrina fue inicialmente esbozada en el punto 9º) del dictamen de fecha 30/10/85 del procurador general subrogante Jorge Mosset Iturraspe, en la causa "Bonorino Peró, Abel y Otros c/ Estado Nacional s/ Amparo" (Fallos 307:2174 - La Ley, 1986-A, 3; DJ, 1986-I-259), dictamen que "...fue adoptado diez años después por los votos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Augusto C. Belluscio y Eduardo Moliné O'Connor, en la causa "Video Club Dreams c. Instituto Nac. de Cinematografía", sentencia de fecha 06/06/95, La Ley, 1995-D-243."

En el consid. 4 del voto del doctor Belluscio leemos:




"Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, se ha señalado que ni el inc. d), "in fine", ni el inc. e) del art. 2 de la ley 16.986, pueden constituir una valla infranqueable a la tarea judicial de estudiar la concordancia del acto impugnado con la Constitución Nacional. Máxime si se considera que con la acción incoada no se enjuicia un acto único del pasado sino una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de promover la acción y también en el tiempo siguiente (dictamen del Procurador General subrogante compartido por este tribunal en Fallos 307:2174).

 
Similares argumentos -continúa escribiendo Casco- fueron expuestos en el consid. 5 del doctor Moliné O'Connor:


 
"Por lo demás, cabe advertir que el escollo que importa el art. 2° inc. e), de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias (confr. dictamen del Procurador General subrogante en Fallos 307:2174)."

 
Pedro A. Prado comenta el fallo "Video Club Dreams.", relacionado con el corralito financiero en su artículo de fecha 01/03/02 titulado "Temporaneidad de las acciones de amparo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (publicado en www.legislaw.com.ar/doctri/amparo-temporaneidad.htm#doctrina), donde expresa:



 
"Sin embargo y según se ha visto, existen líneas de pensamiento en la propia Corte que permiten considerar posible superar el escollo que en principio nace del plazo de 15 días al que alude el inc e) del art. 2 de la ley 16.986. En este orden y con relación a las disposiciones legales de orden económico que vienen siendo cuestionadas en sede judicial, valga decir que más allá de los argumentos de orden general invocados en los distintos votos ?relativos a la supremacía de la Constitución Nacional por sobre las normas ordinarias, de procedimiento, etc-, parece estar presente también el supuesto de ilegalidad y lesión continuada, al que aluden coincidentemente dos de los votos emitidos en el último de los fallos comentados -sin que los restantes se hayan expedido al respecto-, que permitiría superar la cuestión relativa al plazo en cuestión. Máxime además si se tiene en cuenta que en el caso se trata de una catarata de disposiciones, que han venido introduciendo modificaciones permanentes y en determinados supuestos agravando la situación de ciertos afectados, lo que le da más fuerza al referido argumento."


Concluye Casco que la doctrina de la ilegalidad continuada "...seguramente será objeto de aplicación más asidua por parte de curiales y jueces, con la ventaja de que permite ser alegada aún por quienes consideren que el requisito del art. 2 inc. e de la ley 16986 continúa vigente..."


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