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Doctores juan jose guardiola, ricardo manuel castro duran y patricio gustavo rosas


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JUNIN, a los 23 días del mes de Septiembre del año dos mil diez, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS , en causa Nº -1940-2006 caratulada: "CORREA JUAN CARLOS C/ MARTINEZ ROBERTO LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Rosas y Castro Durán.
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:
I. En la sentencia dictada a fs. 230/233 se rechaza la demanda que por daños y perjuicios entabló Juan Carlos Correa contra Osvaldo Roberto Luis Martínez. Impone las costas al reclamante y regula los honorarios profesionales. Valorando las constancias de la causa penal que en fotocopias certificadas corren acollaradas n° 272/2007 "Moscoso Aldo Rodrigo y Correa Juan Carlos s/ Hurto Calificado", concluida con suspensión del juicio a prueba en relación al aquí actor, el juzgador señala que de las mismas no resulta la formulación de denuncia alguna sino que su instrucción obedeció a un operativo policial efectuado a instancias de Martínez para la localización de un camión de su propiedad y que tampoco se ha demostrado la falsedad del delito para tener por probada la calumnia. En consecuencia, no surgiendo un obrar doloso ni culpable del Sr. Martínez rechaza la pretensión indemnizatoria.
Apeló el actor (fs. 238), expresando sus agravios a fs. 246/251vta. Critica al fallo sosteniendo que la policía no actuó de oficio sino impulsada por la denuncia del Sr. Martínez, lo que surge del acta policial respectiva y que la culpa e imprudencia del mismo es obvia en tanto pudo averiguar en el lugar donde ingresó el camión sin hacer el despliegue policial que produjo con su informe y del cual derivaron las consecuencias dañosas que padeció y describe. Esa situación se produjo por la presunción de Martínez, expuesta con absoluta ligereza de que se estaba produciendo un delito, que no existió. Encontró el camión que no había sido robado, no perdió ni le fue sustraído combustible y el ingreso de camiones a la estación de servicio y galpón era conocido y habitual. Reseña actuaciones de la causa penal, entre ellas el sobreseimiento dictado, revocado con disidencia por la Cámara del fuero, y las declaraciones testimoniales del Sr. Alonso y del policía Bonardi sobre cuya base afirma era imposible de concebir que el denunciante desconociera las circunstancias de la operatoria de camiones de Shell en la estación de servicio y gomería de Tomizzi.
Ejerció su derecho de réplica la parte demandada por intermedio de su apoderado Dr. Gorer. Resiste la impugnación expresando que al haberse suspendido el juicio a prueba, es decir no mediando absolución o sobreseimiento, no se cumple el primer requisito de la acción: la falsedad de la denuncia. Apunta también que no denunció al actor ni a persona alguna por la supuesta comisión de un delito, sino que se limitó a poner en conocimiento de la autoridad policial la desaparición del camión de su propiedad.
Llamados los autos a sentencia a fs. 358, las actuaciones están en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).
II. Puesto en esa tarea, cabe señalar que asiste razón al recurrente en cuanto a que existió una denuncia por parte del Sr. Martínez, a raíz de la cual se llevó a cabo el procedimiento policial.
La denuncia ".podrá ser escrita o verbal, debiendo en este caso asentarse en acta (verbalidad actuada)".El funcionario que la recibe "Debe corroborar y hacer constar la identidad del denunciante, refiriéndose la ley a la exigencia del comento identificatorio y de la consignación de circunstancias de orden personal." (Irisarri Carlos A. "Código Procesal Penal de la Pcia. de Bs. As." To. 2 Astrea com. al art. 286 p.43/4; idem Creus Carlos Derecho procesal penal p. 26 y ss).".cuando la denuncia se efectúa verbalmente deberá labrarse acta conforme a las previsiones de los arts. 117 y 118 de este Código, pero en todos los casos deberá hacerse constar la identidad del denunciante, luego de comprobarse debidamente la misma." (Hortel Eduardo Carlos " Código." p. 468). "De realizarse verbalmente, la declaración del denunciante deberá ser protocolizada de acuerdo al rito dispuesto para las actas (art. 117 y ss). Con relación a la forma de la denuncia, la Suprema Corte provincial ha manifestado 'Tal como está prevista en el texto legal, la denuncia no requiere formas específicas; el concepto queda satisfecho en el caso de haberse presentado la denunciante ante la policía y el juez brindando los datos necesarios para la formación del proceso, sin que una posterior ratificación permita desplazar el impulso inicial para la formación de la causa.' SCBA P 65562 S 23/12/2002" (Granillo Fernández-Herbel "Código de Procedimiento." Ed. La Ley p. 588).
Como se observa del acta de fs. 1/2 de la causa penal, el Oficial Olmedo realizó el allanamiento (art. 222 inc.1 CPP) a causa de la noticia proporcionada por el aquí demandado -perfectamente identificado en su encabezamiento- en relación a lo "inexplicable y dudoso de la situación" que relata de un camión de su propiedad, por la que solicitaba su búsqueda.
Por otra parte para la materia aquí en debate sólo interesa la aptitud para excitar la actividad policial o judicial, con independencia de la forma que reviste la noticia sobre el hecho delictuoso (Matilde Zavala de Gonzalez "Resarcimiento de daños, Daños a las personas (integridad espiritual y social)" Tomo 2c, Editorial Hammurabi, p.384).
Ahora bien, ello en modo alguno tiene virtualidad para torcer la suerte adversa que debe correr su pretensión.
En efecto, en opinión mayoritaria doctrinariamente "la acción de reparación de los daños sufridos como consecuencia de la denuncia o acusación calumniosa o negligente nace con la desestimación de la denuncia o la absolución en el proceso abierto al damnificado. Ello ocurre cuando se sobresee definitivamente al procesado o en forma provisoria en la sistemática del CPrCr.nacional. ¿En que fundamos tal regla?. En la convicción de que se trata de un derecho eventual. En efecto, el derecho del procesado a ser indemnizado por los perjuicios sufridos como consecuencia de la denuncia o acusación no es un derecho actual sino eventual, susceptible de nacer de una circunstancia determinada, sin cuya producción no puede atribuirse derecho a reclamo. Aquella circunstancia que hace nacer el derecho es la declaración de inocencia, sea por la vía de que el hecho no constituye delito o que no fue cometido por el imputado, o que no se ha acreditado suficientemente su perpetración o aparezca el imputado exento de responsabilidad criminal. La absolución o el sobreseimiento del imputado es un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado, tan es así que si éste faltase no hay posibilidad de que se plantee la cuestión ante jurisdicción civil. El condenado no puede invocar su inocencia para reclamar indemnización." (Carlos Alberto Parellada " Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente" JA 1979-III-695 yss).
"La falsedad de la denuncia requiere el sobreseimiento o la absolución del denunciado. De modo que desde el punto de vista formal bastará con el sobreseimiento o la absolución, aunque ambas situaciones no sean suficientes por sí solas, pues puede producirse cualquiera de ellas, sin que se configure adecuadamente el factor de atribución" (Loustaunau Roberto "El delito civil de acusación calumniosa" RDPyC 2006-2 Honor, imagen e intimidad p. 209/210).
"La denuncia debe ser falsa, mentirosa, bien porque el delito no se haya cometido, bien porque el imputado no haya participado en él. Pero la inocencia debe surgir de una resolución judicial; de ahí que la absolución o el sobreseimiento del imputado sea un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado; tanto es así, que si esta resolución faltase, no habría la posibilidad de plantear la cuestión en sede civil. La absolución o el sobreseimiento del actor será presupuesto esencial, pero no suficiente; es decir, la sola existencia de esta resolución no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios" (Kemelmajer de Carlucci en Código Civil de Belluscio-Zannoni To. 5 p. 257).
Es necesario que "se haya acreditado la inocencia del acusado, por la correspondiente absolución o sobreseimiento definitivo. El requisito es básico, y antecedente de todos los demás. Aunque, por ejemplo, se haya querellado a alguien maliciosamente, si resulta -en el curso del proceso penal-probado el delito, no habrá existido tal acusación calumniosa"(Pecach R "Responsabilidad civil por denuncias precipitadas o imprudentes" JA 65-113)
"Lo que sí se exige es que el imputado por la acusación calumniosa haya sido absuelto en la causa que se le formuló a raíz de aquella.Se trata de un presupuesto ínsito en la configuración del ilícito civil, pues sólo a través de la sentencia penal absolutoria puede aprehenderse el carácter calumnioso de la denuncia o de la acusación, que origina responsabilidad en el denunciante. La absolución puede asimilarse al sobreseimiento definitivo" (Vázquez Ferreyra en Código Civil de Bueres-Highton To. 3A p. 283).
Por su parte Pizarro y Vallespinos ("Instituciones de derecho civil, Obligaciones" Ed. Hammurabi Tomo IV, pág. 369/370) apuntan "Lo que sí se requiere es que el imputado haya sido absuelto en la causa por la acusación calumniosa que se le formuló" Se trata de un presupuesto ínsito en la configuración del ilícito civil.".La absolución debe fundarse en la demostración cabal de la inocencia del imputado" y señalando que lo mismo vale para el caso de sobreseimiento agregan "no así cuando aquel se produzca por prescripción d e la acción penal"
Aunque en forma más moderada participan de este criterio Matilde Zavala de González (ob. cit. p. 390 y 393 ) al decir "De allí que el derecho resarcitorio contra el acusador o denunciante presuponga, ante todo, la declaración judicial de inocencia del denunciado o acusado, de la que emerge la inexactitud de la imputación delictiva contra éste (.) no cabe ninguna condena resarcitoria contra el denunciante, si el denunciado no ha sido absuelto o sobreseído definitivamente", aunque aclarando que cuando el sobreseimiento es por prescripción de la acción penal o en motivos similares que no significan una declaración penal de inocencia , no queda coartada la reclamación pero entonces el juez civil "deberá analizar con particular rigor los datos que pudieron autorizar a formular la denuncia, a los efectos de esclarecer si era o no verosímil la comisión de un hecho delictivo por el denunciado.
En caso afirmativo, ninguna responsabilidad civil podrá atribuirse al denunciante"; y Fernando Aita Tagle - Santiago Cornet ("Algunos aspectos sobre la responsabilidad civil por denuncia penal culposa:influencia del proceso penal, prueba de la culpa y pautas para la valoración y cuantificación del daño moral" LLC 2009 (abril), 267), en tanto consideran "Para que sea procedente un reclamo indemnizatorio por denuncia penal culposa deben concurrir, además del daño resarcible y de la relación de causalidad adecuada, dos elementos específicos: uno relativo a la finalización de la causa penal (absolución o sobreseimiento) y otro relativo al factor de atribución de responsabilidad (imprudencia, negligencia o precipitación en el denunciante) .Alguna doctrina exige, para que exista derecho resarcitorio en el denunciado, que esa absolución o sobreseimiento lo sean únicamente por las causales de inexistencia del hecho o de falta de participación del imputado.
Estamos de acuerdo en que como regla debe ser así, pero ello no quita que existan casos excepcionales en los que, no obstante no haber terminado el proceso penal en sobreseimiento o absolución basados en aquellas causales sino en otras, pueda acreditarse la culpa del denunciante, naciendo de ese modo su obligación de indemnizar. Creemos que no existen razones para rechazar la posibilidad de que, absolviéndose al imputando por no existir certeza de su culpabilidad, se logre acreditar luego en el proceso civil que la denuncia fue culposa. Tampoco consideramos que pueda postularse como regla absoluta que el sobreseimiento por prescripción no es apto para iniciar una acción de responsabilidad por denuncia culposa. No existen obstáculos insalvables para aceptar la posibilidad de que, dictándose el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, luego se pruebe en sede civil el obrar culposo del denunciante. Finalmente, también creemos que pueden existir casos en los que, sobreseído el imputado por no existir fundamento para elevar la causa a juicio y no preverse la incorporación de nuevas pruebas (art. 350, inc. 5 , CPPCba) , luego en el proceso civil se demuestre la culpa en la denuncia.Un supuesto similar a éste es el sobreseimiento provisorio hasta nueva prueba existente en otros regímenes procesales."
Siendo que la acción penal concluyó por la suspensión del juicio a prueba (ver en relación a Correa resolución de fs. 243/244), luego de revocarse por la Cámara de Apelación y Garantías del fuero el sobreseimiento del mismo ( ver resolución de fs. 176/181vta), y dado que "La finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal" (CSJN 11/11/97 Fallos 320:2451) y así "evitar el riesgo de ser sometido a juicio y con ello la eventualidad de ser condenado y penado" (doctr. arts. 76bis a quater CP; Baigun- Zaffaroni Código Penal 2B Hammurabi p. 450), entiendo que la antijuricidad de la conducta del denunciante, como presupuesto de su responsabilidad civil, ha quedado en forma objetiva de imposible comprobación (art. 1066 Código Civil), ya que no puede establecerse que el avance en la investigación penal preparatoria no haya obedecido a causa fundada, a serias razones que justificaron las decisiones adoptadas por las autoridades policiales y judiciales del fuero.
III. No se me escapa que según otra también prestigiosa corriente de opinión así como no es necesario que la denuncia haya sido calificada como calumniosa en sede penal a fin de accionar civilmente - aspecto sobre el que hoy existe consenso-, tampoco resultaría imprescindible como condición objetiva que se haya declarado la irresponsabilidad penal del denunciado a través de un pronunciamiento absolutorio o equivalente en sus alcances, siendo libre el juez civil para apreciar la conducta observada por el que recurrió a la instancia penal y determinar si fue imprudente, con lo que el requisito de ilicitud estaría satisfecho, bastando que en el proceso penal haya quedado enhiesta la presunción de inocencia del reclamante (ver en este sentido Jorge Bustamante Alsina "La acusación calumniosa y el hecho culposo in genere como fuentes diversas de responsabilidad civil" La Ley 1994- E- 38 y ss, comentando un fallo de la CNCiv Sala B del 17/6/994 "Scardulla", el voto del Dr. Sansó en esa sentencia, y según interpreto el del Dr. López Mesa en fallo de la Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A de20/05/2010 " D., A. c. Banco del Chubut S.A." en La Ley Online: AR/JUR/21216/2010 al reputar como punto de inicio de la prescripción la denuncia o su conocimiento).
Empero aún desde esta perspectiva tampoco estimo exista el factor subjetivo de atribución de las consecuencias dañosas como para condenar a indemnizarlas al demandado.
De los términos de la denuncia, e incluso de la declaración testimonial que prestara Martínez a fs. 5, de ninguna forma resulta que haya procedido sin la debida diligencia, meditación y previsión acerca de la existencia de un posible delito poniendo en movimiento la jurisdicción penal del Estado para hacerlo, sin tener causa justificada para hacerlo (v. Pecach artículo citado), sino que antes bien según el criterio del maestro Salvat (Hechos ilícitos, pág. 42) -que por su precisión fuese recordado en más de una oportunidad por nuestro Superior; v. entre otros SCBA Ac.46.241, 48.447, 83.877 y 87.049- queda descartada la responsabilidad civil en tanto la forma en que se presentaban los hechos que le dieron margen realmente autorizaban la opinión de la existencia de un posible delito o hecho que merecía ser investigado.
Nada imprudente es advertible, sino que es lógico y razonable que el titular de una firma dedicada al transporte y expendio de combustible que circulando por una ruta advierte que uno de sus camiones ingresa en una estación de servicio que no era lugar de parada según su plan de viaje y luego desaparece de su vista, no estando en la playa, haya comunicado esa circunstancia a la policía de seguridad vial para que se investigue.
De ninguna manera queda evidenciado con tal comportamiento que se hayan excedido los fines en cuyo interés se ha acordado la posibilidad de requerir el auxilio de las autoridades encargadas de la investigación y represión de delitos o que se haya obrado sobre bases inconsistentes o con la omisión de elementales actos de comprobación sin afectar la propia seguridad (v. Salvatori Riviriego Gustavo Jorge "El factor de atribución de responsabilidad civil por acusación calumniosa o culposa" La Ley 1997-F, 436-), máxime cuando no se formuló incriminación alguna sino que solamente se requirió la averiguación de la realidad de los hechos ante la eventual comisión de cualquier tipo de ilícito.
Que los oficiales actuantes hayan encontrado al chofer del camión cisterna -Aldo Rodrigo Moscoso- con el actor encargado de la gomería allí existente efectuando tareas de descarga del combustible en el ámbito cerrado del galpón, en circunstancias por las que ambos fueron imputados por hurto calificado dado las "sospechas acerca de la conducta" de los mismos "muy lejos de un comportamiento transparente y fuera del alcance de todo reproche penal" (del voto del Dr. de Rosa que hizo mayoría), ni siquiera se vislumbra como algo previsto por el denunciante.Y aunque así hubiera sido, más que entendible y justificado es el interés del empresario de esclarecer lo que allí acontecía, más allá de que por la diligencia policial pudieran resultar involucradas personas que circunstancialmente estuvieren, cuya existencia desconocía.
Las razones del actuar de Correa esgrimidas en aval de su inocencia, desligando cualquier tipo de responsabilidad emergente en supuestas instrucciones recibidas del propietario de la estación de servicio Sr. Tomizzi y modalidad operativa por éste concertada en su beneficio (ver declaración en los términos de los arts. 308 y 317 del CPP de fs. 80/81) y que en la presente se reiteran para enarbolar su condición de víctima inocente de las consecuencias dañosas derivadas de su sujeción a proceso, nada predican sobre la endilgada actitud precipitada de Martinez ni revelan la falsedad del hecho inicialmente investigado por su denuncia ni tampoco en relación al que por el curso de la investigación generó el proceso por hurto.
Repárese que lejos de verse robustecida la posición sostenida por el Sr. Correa con las nuevas pruebas aportadas a la causa, éstas operan como elementos en pro de la seriedad de la investigación realizada y lo razonable del impulso por parte de Martínez a la misma. Así del informe de Shell de fs. 93 se desprende que el transporte de Martínez no operaba con la estación de servicios de Tomizzi e hijos. Por otra parte que con ella se mantenía relación comercial lo que da plena explicación a los dichos de los testigos de que veían camiones llevando combustibles de esa firma, sin que ello demuestre una vinculación entre esa estación y el denunciante, con una operatoria habitual o normal que permitiera desechar cualquier tipo de sospecha sobre el ingreso a la misma del camión conducido por Moscoso, mucho más si tenemos en cuenta que lo hizo a un lugar cerrado destinado a gomería.
Tampoco puede soslayarse el despido con causa del Sr. Moscoso, con su conformidad, por los hechos aquí ventilados acreditado con el convenio homologado de fs. 20/22.
En suma, no se observa que la conducta del Sr. Martínez haya sido culposa al formular la denuncia del hecho que dio lugar a la instrucción penal y sujeción a proceso del aquí actor como para comprometer su responsabilidad civil (arts. 1109 , 1090 ,512 , y conc. del Código Civil; arts. 384 y 375 del CPCC).
Propicio en consecuencia la confirmación de la sentencia apelada.
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Doctores Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:
I.-CONFIRMAR la sentencia apelada, rechazando la demanda promovida y el recurso actoral. Con costas de Alzada al actor vencido (art. 68 del CPCC).
II-Atento el recurso de apelación deducido a fs. 239, SE FIJAN los honorarios de Primera Instancia de la siguiente manera: al Dr. Mauro Gorer en la suma de $. (PESOS .) y a la Dra. Agustina de Miguel en la suma de $. (PESOS .) (art.16 , 21 , 28 y ccd.del Dec.Ley 8904, con más el 10% que establece el art.12 inc.a) de la Ley 6716.-
III-Se regulan los honorarios de Alzada de la siguiente manera: al Dr. Mauro Gorer en la suma de $. (PESOS .) y a la Dra.Agustina de Miguel en la suma de $. (PESOS .), con más el 10% que establece el art.12 inc.a) de la Ley 6716.-(Art.31 Dec.Ley 8.904).-.
ASI VOTO.
Los Señores Jueces Dres., Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:
FDO. JUAN JOSE GUARDIOLA.
PATRICIO GUSTAVO ROSAS.
RICARDO MANUEL CASTRO DURAN.
Ante mí, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).
JUNIN, 23de Septiembre de 2010.
AUTOS Y VISTOS:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:
I.-CONFIRMAR la sentencia apelada, rechazando la demanda promovida y el recurso actoral. Con costas de Alzada al actor vencido (art. 68 del CPCC).
II-Atento el recurso de apelación deducido a fs. 239, SE FIJAN los honorarios de Primera Instancia de la siguiente manera: al Dr. Mauro Gorer en la suma de $. (PESOS .) y a la Dra. Agustina de Miguel en la suma de $. (PESOS .) (art.16, 21, 28 y ccd.del Dec.Ley 8904, con más el 10% que establece el art.12 inc.a) de la Ley 6716.
III-Se regulan los honorarios de Alzada de la siguiente manera: al Dr. Mauro Gorer en la suma de $. (PESOS .) y a la Dra. Agustina de Miguel en la suma de $. (PESOS .), con más el 10% que establece el art.12 inc.a) de la Ley 6716.-(Art.31 Dec.Ley 8.904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.


FDO. JUAN JOSE GUARDIOLA.
PATRICIO GUSTAVO ROSAS.
RICARDO MANUEL CASTRO DURAN.
Ante mí, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).


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