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Dictamen de la Procuración General


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Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal del Trabajo N°1 de Avellaneda acogió parcialmente la demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente del trabajo, incoada por C. A. A. (v. fs. 282) contra Gases Lucarelli S.R.L.; rechazando la acción, empero, con respecto a los codemandados Armando Lucarelli; Marcelo Lucarelli y Jorge Laiton (v. fs. 287/293 y aclaratoria de fs. 313 y vta).

La parte actora se alzó contra el pronunciamiento de origen –por apoderado- mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 308/312 vta.).

I. El de nulidad, único que motiva mi intervención en autos (v. fs. 325), se halla erigido en la denuncia de violación al art. 168 de la Constitución provincial que el apelante imputa a la sentencia en crisis, toda vez que -según sostiene- el Tribunal a quo omitió pronunciarse acerca del pedido formulado en el escrito de demanda para que se declare temeraria y maliciosa la conducta de los accionados y se les aplique la sanción correspondiente, conforme lo dispuesto por el art. 275 de la L.C.T.

II. En mi opinión, la queja no es de recibo.

En efecto, no obstante asistirle razón al recurrente en orden a la omisa consideración por parte del a quo de la temática concerniente al pedido de que se declare temeraria y maliciosa la conducta en que habrían incurrido los legitimados pasivos, lo cierto es que, conforme ha interpretado esa Suprema Corte en oportunidades reiteradas, dicha temática no reviste alcance de cuestión esencial que reposa en el art. 168 de la Constitución Provincial, conceptuada como aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para su validez (conf. S.C.B.A., causa L. 98.502, sent. del 11-VII-2012). De manera que su eventual preterición en la instancia de origen carece de aptitud para acarrear la nulidad de la sentencia en crisis (conf. S.C.B.A., causas L. 36.813, sent. del 16-II-1987; L. 38.984, sent. del 6-X-1988; L. 55.665, sent. del 12-III-1996; 61.073, sent. del l4-III-1997; L. 72.728, sent. del 13-12-2000; L. 76.470, sent. del 18-VI-2003; Ac. 103.841, resol. del 13-VIII-2008; RI. 112.168, resol. del 9-XII-2010; L. 103.073, sent. del 21-XII-2011; e.o.).

Por los motivos brevemente expuestos, aconsejo a V.E. el rechazo del recurso extraordinario de nulidad que dejo examinado.

Así lo dictamino.

La Plata, 20 de diciembre de 2012 - Juan Angel De Oliveira

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 12 de marzo de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Soria, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.909, "A. , A. C. contra 'Gases Lucarelli S.R.L.'. Accidente de trabajo".



A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada (fs. 289/293).

La parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 308/312 vta.), concedidos por el citado tribunal a fs. 314 y vta.

Oído el señor Subprocurador General (fs. 326/327), dictada la providencia de autos (fs. 328) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes



C U E S T I O N E S

1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

2ª. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. El tribunal del trabajo acogió la acción deducida por C. A. A. contra "Gases Lucarelli S.R.L.", mediante la cual le había reclamado -con apoyo en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil- la reparación integral de los daños derivados del accidente de trabajo que padeció el día 14-III-2005, mientras prestaba servicios bajo dependencia de dicha sociedad.

Tras considerar acreditados tanto la incapacidad que el siniestro le provocó al actor (60% de la t.o.; vered., fs. 287 vta.) como la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil del empleador (vered., fs. 287 vta.; sent., fs. 290), cuantificó la indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a los parámetros que indicó, en la suma de $ 501.708,07, comprensiva de los daños materiales, morales y estéticos, así como de los gastos de asistencia médico-farmacéutica y tratamiento psicoterapéutico futuro (sent., fs. 290 y vta.).

Luego, puesto a efectuar el control de constitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557, con arreglo a la doctrina legal de esta Corte (conf. causas L. 81.826, "Yaman" y L. 87.394, "V. d C., M. C.", ambas sents. del 11-V-2005; L. 80.735, "Abaca", sent. del 7-III-2005), procedió a determinar el importe que le hubiera correspondido percibir al trabajador por aplicación de la citada ley especial de accidentes. En ese trance, expresó que, conforme lo normado "en el art. 14 de la ley 24.557", la indemnización garantizada por la Ley de Riesgos del Trabajo ascendía a $ 73.776, cifra a la cual arribó efectuando la siguiente operación: [1000 x 53 x 60% x 65/28] (ver sent., fs. 290).

En consecuencia, luego de realizar el cotejo entre ambos guarismos que exige la doctrina mencionada, arribó a la conclusión de que la reparación prevista en el sistema especial resultaba sensiblemente menguada e insuficiente en comparación con el resarcimiento integral, razón por la cual declaró la inconstitucionalidad de la norma indicada -en cuanto eximía de responsabilidad civil al empleador- y condenó a "Gases Lucarelli S.R.L." a pagarle al actor la indemnización de daños y perjuicios de $ 501.708,07 (sent., fs. 290 vta./291 y 293).

En cambio, desestimó las acciones dirigidas contra los restantes codemandados (socios del ente societario empleador), en el entendimiento de que -por un lado- no se acreditó que constituyeran un grupo económico en los términos del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni se probaron los demás requisitos que exige el citado precepto legal; y -por el otro- tampoco se configuró la responsabilidad solidaria de dichos legitimados pasivos con arreglo a los arts. 54 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales (sent., fs. 291).

II. En el recurso extraordinario de nulidad, la actora denuncia violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (fs. 312 y vta.).

Afirma que el tribunal omitió resolver una cuestión esencial para la suerte de la litis, consistente en la solicitud para que se declare temeraria y maliciosa la conducta de la demandada, en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, petición que fue incluida en el punto VI del escrito de demanda y no fue tratada por el órgano de grado.

Puntualiza que en el caso se verificaron múltiples circunstancias que justifican el progreso de dicha petición, toda vez que el actor nunca fue registrado, ni pudo acceder a las prestaciones de una aseguradora de riesgos del trabajo (porque los accionados no contrataron ninguna) y, además, en autos resultó acreditado que la patronal incumplió con las normas de higiene y seguridad.

III. El recurso no prospera.

1. A contrario de lo que plantea la recurrente, esta Corte ha declarado que no constituyen cuestiones esenciales, en los términos del actual art. 168 de la Constitución local, aquellas vinculadas con la aplicación del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causa L. 38.007, "Acuña", sent. del 26-VII-1988).

En consecuencia, la omisión de resolver el pedido de que se declare temeraria o maliciosa la conducta de la contraparte no justifica la nulidad del pronunciamiento (conf. L. 103.073, "Carossella", sent. del 21-XII-2011; L. 76.470, "Sucatti", sent. del 18-VI-2003; L. 66.752, "Carballo Rodríguez", sent. del 8-VI-1999; L. 61.073, "Lasarte", sent. del 4-III-1997; L. 55.665, "Valle", sent. del 12-III-1996).

2. Siendo ello así, el embate debe ser desestimado, sin necesidad de ingresar a analizar si los motivos invocados por la quejosa a fs. 312 vta. son suficientes o no para configurar la conducta temeraria que imputó a la accionada, cuestión ajena a la vía examinada.

IV. En virtud de lo señalado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad.

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Soria, Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron la primera cuestión también por la negativa.



A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia absurdo y violación de los arts. 5, 6, 9, 11 y 26 de la Ley de Contrato de Trabajo y 14 ap. 2 de la ley 24.557 (fs. 308/312).

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar, cuestiona la determinación del importe que, según se declaró en la sentencia, le hubiera correspondido percibir al actor por aplicación de la ley 24.557.

a. Afirma que el tribunal aplicó erróneamente la fórmula prevista en el art. 14 ap. 2 "a" del citado texto legal, que resulta aplicable a los casos en los cuales el trabajador padece una incapacidad menor o igual al 50%.

Luego, resultando que en autos se demostró que la minusvalía del actor asciende al 60%, debió haberse aplicado el art. 14. ap. 2 "b" de la ley 24.557, destinado a regular las incapacidades superiores al 50% e inferiores al 66%, correspondiéndole por lo tanto al accionante las indemnizaciones previstas en los arts. 11 ap. 4 "a" y 14 ap. 2 "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Explica que si bien el tribunal condenó a la patronal a pagarle al actor una reparación integral, muy superior al importe de las referidas prestaciones, la cuestión no resulta abstracta porque "si ninguno de los condenados en autos es suficientemente solvente para abonar la indemnización del actor, este último podrá gestionar el pago de su indemnización a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con cargo al Fondo de Garantía de la LRT" (textual, fs. 309), supuesto en el cual se podría plantear que las sumas a ser abonadas por el fondo deben ser las previstas en la ley 24.557 y no las basadas en el derecho común, razón por la cual resulta fundamental que se determine el monto correcto que le corresponde percibir al trabajador (fs. 308 vta./309).

b. Acto seguido, peticiona que, una vez enmendado el error indicado, se declare la inconstitucionalidad de la forma de pago en renta del importe que surja de la aplicación del art. 14 ap. 2 "b" de la ley 24.557.

Destaca que en el precedente "Milone" (sent. del 26-X-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó el indicado mecanismo de pago, en el entendimiento de que desnaturaliza la finalidad protectoria de la ley, consagrando una solución incompatible con el principio protectorio y la cláusula constitucional que garantiza las condiciones dignas y equitativas de labor, mortificando el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida (fs. 309/310).

c. Solicita que el importe de las prestaciones de la ley 24.557 sea determinado con arreglo a las pautas establecidas en el decreto 1694/2009, deviniendo por tanto inaplicable el tope de $ 180.000 que preveía la norma en su redacción anterior, correspondiendo asimismo cuantificar la prestación complementaria de pago único (art. 11. ap. 4 "a", ley 24.557) en el importe de $ 80.000.

Ello así, pues si bien el accidente ocurrió antes de la entrada en vigencia del mencionado decreto, la prestación se hallaba pendiente de pago, por lo que las consecuencias se siguieron generando después de la reforma (fs. 310 vta.).

d. Subsidiariamente, para el caso de que no se acogiera la petición mencionada en el acápite anterior, plantea la inconstitucionalidad del tope previsto en el último párrafo del art. 14 ap. 2 "b" de la ley 24.557, texto según D.N.U. 1278/2000 (fs. 310 vta./311 vta.).

Refiere que cuando se determinó el referido límite resarcitorio aún regía el sistema de convertibilidad, situación sobrevinientemente alterada por la devaluación que produjo un aumento de precios y salarios, sin que ello trajera aparejado un incremento del tope, que se ha tornado inconstitucional por razones económicas inevitables.

2. En otro orden, se agravia del rechazo de las acciones dirigidas contra los coaccionados Jorge Laiton, Armando Lucarelli, Marcelo Lucarelli y Alberto Lucarelli (fs. 311 vta./312).

Dice que, al resolver de ese modo, el tribunal incurrió en absurdo y violación de la ley y de la doctrina legal.

Explica que, en la demanda, el actor señaló que trabajaba "en negro" en un establecimiento cuyos beneficiarios eran todos los demandados, y no sólo "Gases Lucarelli S.R.L.", razón por la cual sostuvo que todos ellos debían ser considerados como "empleadores" en los términos del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Afirma que los accionados contestaron la demanda todos juntos y no negaron la existencia de un conjunto económico, ni intentaron probar por qué no debían ser considerados como empleadores del actor, al punto que, incluso, denunciaron como domicilio real el que corresponde al establecimiento en el que el actor sufrió el accidente de trabajo, lo que hace presumir la existencia de una sociedad de hecho o conjunto económico.

Sobre esa base argumental, solicita se condene a todos los accionados a pagar la indemnización determinada en la sentencia.

II. El recurso no puede prosperar.

1. A contrario de lo que postula la quejosa, considero que el agravio relativo a la determinación cuantitativa de la indemnización tarifada prevista en la ley 24.557 resulta abstracto, por lo que no debe ser abordado por esta Corte.

a. Como es sabido, en materia de casación, lo que legitima el recurso es el interés de quien lo interpone, o sea, el perjuicio sufrido como consecuencia de una decisión que, al eludir la concreta voluntad de la ley, ha desconocido un interés actual tutelado por aquella voluntad (conf. causa L. 109.399, "Gentilli", sent. del 4-VII-2012, entre muchas). Luego, el acceso a la vía extraordinaria supone la existencia de un agravio actual, y no meramente hipotético o eventual (conf. Ac. 43.866, "Casasco", sent. del 26-II-1991; Ac. 34.640, "Minz", sent. del 26-XI-1985; entre otras).

b. En el caso, el tribunal condenó al empleador a abonarle al actor una reparación integral de daños y perjuicios, con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil (fs. 289/293).

En cambio, ninguna condena dispuso con fundamento en la responsabilidad sistémica regulada por la ley 24.557, toda vez que -por un lado, como se dijo- la patronal fue condenada en los términos del derecho común; y -por el otro- ésta no se encontraba afiliada a ninguna aseguradora de riesgos del trabajo (que, en la hipótesis contraria, y con fundamento en la doctrina legal establecida por este Tribunal en la causa L. 87.394, "V. d C., M. C.", sent. del 11-V-2005, aplicada en la sentencia atacada, ver fs. 289 y vta., pudo haber sido condenada a responder hasta el límite de las prestaciones, brindando así cobertura al empleador en la medida de su aseguramiento).

Y si bien es cierto que el a quo determinó el importe que, a su juicio, le habría correspondido percibir al actor en caso de que se aplicase la ley 24.557 (fs. 290), lo hizo al sólo efecto de efectuar la comparación o cotejo entre los resarcimientos, especial y común, que exige la mentada doctrina legal como condición para efectuar el control de constitucionalidad del art. 39.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

c. En ese contexto, analizando los argumentos vertidos en el recurso, no advierto demostrado un interés actual del actor que lo legitime para pretender la revisión de dicho aspecto del decisorio.

Como se desprende del propio discurso del recurrente (en cuanto señala: "si ninguno de los condenados en autos es suficientemente solvente para abonar la indemnización del actor, este último podrá gestionar el pago de su indemnización a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con cargo al Fondo de Garantía de la L.R.T.", toda vez que, en tal supuesto "se podría plantear de que las sumas a las que puede acceder abonadas por la S.R.T., sean solamente las que corresponde por la L.R.T., y no las que se hayan establecidos basadas en el Derecho Civil", ver fs. 309), el agravio está formulado en términos meramente conjeturales, toda vez que -en primer lugar- no se ha invocado (ni, mucho menos, demostrado) que el empleador condenado sea insolvente, ni tampoco se ha peticionado que se declare su insuficiencia patrimonial en los términos del art. 29 de la ley 24.557 (más aún: ni siquiera surge del expediente que se haya iniciado el trámite de ejecución de la sentencia); y -en segundo término- tampoco ha mediado una decisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la cual se declare que la indemnización fundada en el derecho común no debe ser cubierta por el Fondo de Garantía.

En consecuencia, siendo que tales circunstancias no pasan de ser, por el momento, meras hipótesis sin verificación empírica, no corresponde abordar en esta sede la crítica relativa al importe de las prestaciones de la ley especial, rubro que -reitero- no integró la condena dictada por el tribunal sentenciante.

En tal contexto, se impone concluir que el actor carece de legitimación para recurrir ese tramo del razonamiento sentencial, en tanto no posee un interés actual y concreto en su resolución, sino apenas un agravio meramente hipotético o conjetural (conf. doct. causa C. 90.456, "Arias", sent. del 17-IX-2008).

Ello se corrobora con reparar en el hecho de que, aun cuando se acogiese el cuestionamiento (corrigiendo el eventual error en que pudo haber incurrido el fallo al determinar el importe de las prestaciones de la ley 24.557), ello no provocaría (mientras no se verificasen otras circunstancias aleatorias, no debatidas ni verificadas en el proceso) ningún efecto jurídico concreto en beneficio de la impugnante. Luego, cuadra recordar que si, no obstante la solución que pudiese brindarse al agravio del recurrente, ello no alteraría las conclusiones a las que ha arribado el sentenciante, no corresponde tratar el tema, que ha devenido abstracto (conf. doct. causas P. 41.667, "L., J.", sent. del 11-VI-1991; P. 37.418, "L., H", sent. del 16-V-1989).

Con todo, se impone dejar aclarado que lo expuesto no implica confirmar la determinación del importe de la indemnización sistémica efectuada por el tribunal de grado, ni emitir opinión acerca de cuáles serían las sumas que eventualmente debería cubrir el Fondo de Garantía en el hipotético caso de que se demostrase la insuficiencia patrimonial del empleador condenado, aspectos ajenos, por las razones antedichas, a la competencia revisora de esta Corte, sobre los que no cabe abrir juicio en este estadío del proceso.

d. A tenor de lo señalado en los apartados anteriores, deviene inoficioso abordar los planteos de inconstitucionalidad de la forma de pago en renta y del tope indemnizatorio previstos en el art. 14 ap. 2 "b" de la ley 24.557, así como el relativo a la aplicación de las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1694/2009 (ver ap. I. 1., acápites "b", "c" y "d" del presente voto a la segunda cuestión).

2. El agravio dirigido a rebatir el rechazo de las acciones dirigidas contra los restantes codemandados no resulta atendible, porque ha sido insuficientemente fundado (art. 279, C.P.C.C.).

a. Como quedó señalado, el tribunal descartó la petición de que se condenara a las personas físicas codemandadas conjuntamente con la sociedad empleadora, en el entendimiento de que no se verificaron los presupuestos establecidos en los arts. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo y 54 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales (sent., fs. 291).

b. Denunciando genéricamente que el tribunal incurrió en absurdo e incorrecta aplicación de la ley y de la doctrina legal, la quejosa pretende que se condene a los coaccionados en su carácter de empleadores, en los términos del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, planteo que  alega- fue introducido en la demanda, sin que haya sido negado ni rebatido por los accionados en la réplica (fs. 311 vta./312).

c. La crítica es ineficaz para rebatir la sentencia, toda vez que el tribunal, si bien descartó la responsabilidad solidaria reclamada al amparo de los arts. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo y 54 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, no se pronunció -en cambio- acerca del restante argumento al que hace referencia la recurrente (en cuanto postula que debió haberse considerado a todos los accionados como un "empleador múltiple", alcanzados por el art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo), forma de resolver ante la cual la actora se limita a señalar que ello fue alegado en la demanda y no controvertido en el responde, mas no ha denunciado la violación del principio de congruencia ni la absurda valoración de los escritos constitutivos del proceso, lo que demuestra la insuficiencia de la crítica (conf. causa L. 90.676, "Villalón", sent. del 30-VIII-2011 y sus citas) y sella su suerte adversa.

Para más, esta Corte ha declarado que establecer si se configuran o no los presupuestos, calidades o cualidades que caracterizan al empleador como la persona física o conjunto de ellas o jurídica -con o sin personalidad jurídica propia- que requiera de los servicios de un trabajador (art. 26, L.C.T.) es una cuestión de hecho, cuya apreciación -en conjunto con la ponderación de los elementos probatorios colectados en la causa, fundamentalmente en lo que se refiere a su selección, jerarquización, habilidad, mérito y eficacia- constituye una facultad privativa de los jueces de grado, salvo absurdo que debe ser demostrado por el recurrente (conf. L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. del 17-IV-2013; L. 105.726, "Mac Garrell", sent. del 8-VIII-2012; L. 91.501, "Alo", sent. del 28-V-2008), vicio que, en la especie, la impugnante se limita a denunciar, mas no alcanza a evidenciar a partir de la enunciación de su particular visión sobre el tópico debatido.

III. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas a la vencida (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Soria, Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron la segunda cuestión también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente



S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios deducidos; con costas (arts. 298 y 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DANIEL FERNANDO SORIA


JUAN CARLOS HITTERS HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario


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