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Di pasquale y otros S/ Delitos contra la Libertad y otros


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ALEGATOS DE LA QUERELLA DEL CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CEPRODH- NEUQUEN)- Causa “ DI PASQUALE…….. y otros S/ Delitos contra la Libertad y otros” Nº ………………….- Neuquén.-

INTRODUCCIÓN a cargo de la Dra. Natalia Hormazabal

Señor Presidente:

Desde la querella del CeProDH vamos a alegar en función de la representación acordada como organismo de Derechos Humanos querellante, y en representación de los Sres. Juan Isidro López y Sergio Méndez Saavedra.

En Argentina, los últimos 30 años posteriores al fin de la última dictadura militar se encuentran signados por la impunidad. IMPUNIDAD que hay que decirlo claramente, ha sido alentada y sostenida desde el Estado y sus distintos gobiernos constitucionales, aún de aquellos que como el actual,  se ha dicho durante una década ser el defensor de los Derechos Humanos.

Así, y con el Juicio a las Juntas realizado bajo el paradigma de juzgar algunos casos y unos pocos responsables, se preservo e impuso la impunidad al conjunto de las fuerzas represivas, desembocando como consecuencia directa, en las nefastas leyes de Punto Final y Obediencia Debida que sepultaron  durante años, el anhelo de justicia de sobrevivientes y familiares.

Los  posteriores indultos a los genocidas, completaron la zaga en esta historia de impunidad.

Así, la institución militar y las distintas fuerzas represivas, siguieron prácticamente intacta y el 95% de sus miembros, en funciones.

Por ello debemos indicar que hoy, a más de 6 años del primer juicio llevado adelante en la región contra ocho genocidas; el presente juicio, así como el “Juicio Escuelita II” y todos los que se están llevando adelante en el país, no resultan por tanto una concesión  del gobierno de turno, sino que llegar a aquí, y poder acusar a represores, es producto de años de lucha independiente del Estado, por parte de los Organismos de Derechos Humanos, de los sobrevivientes y sus familiares contra LA IMPUNIDAD de los genocidas; bandera que no han bajado nuestras queridas y ejemplares Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle, Inés Rigo de Ragni y Lolín Rigoni.

 

Hoy, a 38 años de sucedidos los hechos, vamos a volver a acusar en nombre de 55 compañeros y compañeras. De aquéllos que pasaron por esta sala, aquéllos que producto de la impunidad que beneficia a los genocidas, no llegaron a presenciarlo, y por los que aún se encuentran DESAPARECIDOS.



 

Y en esta sala, en nuestra voz, queremos que se escuchen las de miles que exigen JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS,  y que hoy también, acusarán a los aquí imputados.

Acusaremos TAMBIÉN en nombre de una generación, que ha dejado un germen en la historia, y que sólo con una sangrienta dictadura, podía intentarse cortar, los hilos de continuidad para futuras generaciones.

 

Sr. Presidente, lo ocurrido en Argentina, fue un Genocidio, el cual tuvo impulsores, beneficiarios, cómplices y objetivos.



El Genocidio en Argentina fue impulsado por el gran empresariado nacional, sectores de la iglesia y el imperialismo. El mayor objetivo de ese Genocidio, fue sin dudas, imponer un plan económico, que significara un aumento de la explotación de la clase obrera, y que aumentara la ligazón con el imperialismo.

Pero fundamentalmente, este cruento Genocidio fue llevado adelante con la finalidad de disciplinar a una clase trabajadora que ganaba en fuerza y combatividad, que en forma creciente desbordaba a las direcciones sindicales burocráticas y en cuyo seno se desarrollaban tendencias a poner en pie organismos que eran formas embrionarias de poder, como las “coordinadoras interfabriles” en los grandes cordones industriales del país.

La magnitud que tuvo el ataque, sólo puede comprenderse si se atiende al nivel de organización de trabajadores, estudiantes, intelectuales. El gran empresariado nacional actuó como ideólogo, impulsor y beneficiario de la dictadura militar llevada adelante por las fuerzas represivas. La clase dominante no sólo se beneficiaria en los ‘70 con la imposición de ese plan económico y las consecuencias sociales de aniquilar a ese “grupo”, sino también lo haría en los ´80 y ´90 con las leyes flexibilizadoras y  las privatizaciones.

Y esta clase dominante, se sigue beneficiando aún hoy, con la precarización laboral y las Tercerizaciones, grandes negociados del que son parte junto a los empresarios, el Estado y la burocracia sindical, y que mantiene en ese estado al 40% de los trabajadores en el país.



POR ESO, Sr. Presidente, ESTE JUICIO, NO ES UN JUICIO DEL PASADO, SINO UN JUICIO DEL PRESENTE.

Este debate oral nos encuentra atravesando a nivel internacional, el séptimo año de una de las mayores crisis económicas de la historia. No nos cabe duda, que una vez más,  la clase dominante va a querer descargarla sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre.  Ello, porque para sostener sus ganancias, los empresarios, los banqueros, no dudan en atacar los derechos y conquistas de los trabajadores y sectores oprimidos. Así, se han iniciado cientos de desafueros y despidos de delegados combativos en todo el país, con el fin de atacar las conquistas e impedir que los trabajadores se organicen.

En nuestro país y según reciente relevamiento de la Procuraduría  de Crímenes contra la Humanidad, desde el Juicio a las Juntas de 1985 hasta hoy, quedaron firmes 114 condenas por crímenes del terrorismo de Estado, que comprenden a un conjunto total de 108 personas juzgadas en 51 procesos.

 

Y a este juicio llegamos luego de una escandalosa Sentencia dictada en el Juicio Escuelita II, donde luego de 8 meses de juicio y cientos de testigos que pasaron por esta misma sala, contando los secuestros y torturas de que fueron víctimas ellos o sus familiares, y algunos integrantes de las fuerzas represivas que contaron su participación en el circuito represivo, la Justicia absolvió a 12 represores de la Policia de Rio Negro, garantizando, una vez más, la impunidad a esta fuerza represiva.



Así, mientras en todo el país se ha juzgado a una mínima parte de aquellos que fueron parte en el genocidio, a nivel nacional, hay más de 6000 luchadores y luchadoras populares procesados  justamente, por luchar. 

Pero también a la fecha, no hay un solo integrante de Policía de Neuquén condenado, siendo que ha quedado hartamente demostrado que esa fuerza represiva, tuvo un rol preponderante en los operativos Sapere y Cutral Có. Se sigue garantizando así la impunidad a la fuerza represiva que en la actualidad son los responsables de los asesinatos de jóvenes pobres en los barrios neuquinos, como Brian Hernández y Matías Casas.

Se ha iniciado causas que tramitan por ante esta misma justicia federal, en los últimos meses, a dirigentes de ATEN por el delito de corte de ruta, mientras los autores intelectuales del asesinato del docente CARLOS FUENTEALBA siguen impunes.

Y este 24 de marzo miles  marchamos por las calles de Neuquén bajo una consigna muy importante: “ PERPETUA PARA LOS GENOCIDAS, NO PARA LOS LUCHADORES”, ¿ Y QUE SIGNIFICA ESTO? Que mientras el Gobierno Nacional intenta seguir mostrándose como defensor de los Derechos Humanos impulsando juicios parcializados, segmentados y llevando tan sólo un puñado de represores a juicio, avanza con su política de represión y criminalización. Así se ha condenado a prisión perpetua a los obreros petroleros de Las Heras que en el año 2006 reclamaron por sus derechos, y fueron acusados y condenados sin prueba alguna por el asesinato de un policía, por un crimen que no cometieron, en uno de los juicios más aberrantes en la historia de este país, que puede asemejarse al caso Sacco y Vanzetti, tal como han aseverado personalidades como Osvaldo Bayer.

Como hemos visto, mientras se realizan juicios para un puñado de represores, siendo que actuaron miles por circuito represivo o CCD; cuando los trabajadores salen a pelear en defensa de sus derechos, la respuesta desde el Estado y sus Gobiernos Nacional y Provincial, es la represión a los que luchan; cobrándose en estos 10 años, vidas de luchadores por tierra, vivienda y trabajo. Y se han implementado asimismo normas nefastas como la Ley Antiterrorista, para sin dudas utilizarla el pueblo pobre y trabajador que sale a luchar.

Resulta por tanto evidente, el doble discurso del Gobierno Nacional, que mientras se presenta como querellante en estos juicios, y donde el Estado, acusa al propio Estado; reprime, criminaliza y persigue a los luchadores, y mantiene en su seno a personajes siniestros como Berni, o como el Jefe del Ejército a César Milani.



Mientras todo ello ocurre, TAMPOCO HAY UN SOLO EMPRESARIO CONDENADO A NIVEL NACIONAL POR ENTREGAR A SUS OBREROS.

Hoy son sólo dos los empresarios procesados, el propio Blaquier y Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, quien sería el primero en llegar a juicio. La represión garantizó a esos sectores empresarios la “tranquilidad” para aumentar sus ganancias y hoy continúan impunes miles de ellos.

A 38 años de ocurridos estos sangrientos hechos, debemos denunciar el CARÁCTER PARCIALIZADO de los juicios que se llevan adelante. Y denunciamos asimismo, el carácter concreto que ha tenido este juicio.

Hemos sostenido desde el inicio de nuestra participación en esta causa, que el juzgamiento a los genocidas debe ser en un marco conjunto, dadas las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que constituyen el genocidio.

En juicios “Reinhold” y “Luera”, escuchamos a integrantes de la policía de Neuquén que fueron parte del operativo de secuestro y desaparición realizado en Cutral Có, confesar ante los Señores Jueces haber sido parte en esos operativos. Y SIN EMBARGO SE RETIRARON ABSOLUTAMENTE IMPUNES. Esta es la forma más palpable de juzgar estos casos de forma aislada y segmentada.

LLEGAMOS A ESTOS ALEGATOS CONVENCIDAS, que una vez más, LA PRUEBA PARA ACUSAR A LOS GENOCIDAS LA HAN APORTADO LAS VICTÍMAS Y SUS FAMILIARES. NO  CREEMOS en la palabra DE NINGUNO DE LOS REPRESORES, ni en la de ningún integrante del aparato represivo, maxime cuando intentan justificar su accionar con teorías tan arcaicas como rídiculas, como la teoría de la “Guerra”, ya que esos represores siguen manteniendo el PACTO DE SILENCIO E IMPUNIDAD. Mientras el Estado se niega a abrir los Archivos de la Dictadura y mantiene activo al aparato represivo, SON LAS VICTÍMAS COMO JORGE JULIO LÓPEZ, QUE ESTA HACE MAS DE SIETE AÑOS DESAPARECIDO, LOS QUE APORTAN LA PRUEBA PARA ACUSAR.

Así, desde esta querella, nos hemos opuesto a la elevación a juicio y debate oral parcializado; al desguace de la causa, donde se juzga a unos cuantos genocidas, por  tan sólo una cantidad de casos.

En suma, nos hemos opuesto al carácter que quiere darse a los hechos, negando el modo como ocurrieron.

Los hechos que se investigan en esta causa, conforman claramente una unidad plural, son parte del mismo plan y en la mayoría de ellos, son los mismos autores. Sin dudas, esta forma de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- es funcional a los intereses políticos tanto de aquéllos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos casos paradigmáticos, y resulta un modo de desdibujar responsabilidades.

El paso del tiempo resulta también un factor de impunidad. Hemos mencionado como los sobrevivientes y sus familiares han debido esperar todos estos años para el juzgamiento de sus casos.

Específicamente, este juicio oral ha insumido un enorme esfuerzo de meses de juicio, para juzgar a 5 imputados por los mismos 17 casos del Juicio “Escuelita I”  y de las 38 víctimas del Juicio “Escuelita II”, con 6 años de diferencia con el primero y un año con el segundo. Resulta incomprensible para esta querella semejante situación, sin perjuicio de atender a que por propia responsabilidad del  Estado, dos imputados se encontraban prófugos, e inclusive, como en el caso del Comisario Mendoza, también prófugo,siquiera ha sido sometido a juicio. 

Ese Lapso y paso del tiempo únicamente beneficia a los imputados, en tanto la gran mayoría espera el juicio y aún las sentencias en sus cómodas viviendas como el imputado Gómez Arenas; o aún tienen el beneficio de morir impunes; mientras las víctimas, como es el caso de María Cristina Botinelli, Ricardo Novero, Carlos Kristensen o Ramón Jure, por nombrar sólo algunos, han fallecido sin el juzgamiento de sus casos. En cambio, el paso del tiempo- y la Justicia- es benévolo  con los imputados en razón de que al cumplir 70 años, automáticamente  se otorga el beneficio de prisión domiciliaria, sin más razón, que la edad. Ello para esta querella, resulta un extremo de beneficio.

Pero sobre todo, esta forma de juzgar estos casos, negando el Genocidio y tratando los casos en forma aislada, como delitos “comunes”, permite la exposición de los testigos una y otra vez, mientras el aparato represivo, continúa impune y en funciones.

Ese interés en parcializar la historia del país y de la región, también quedó evidenciada al momento de interrogar EN ESTE MISMO JUICIO. Este Tribunal ha advertido en múltiples  ocasiones a  los acusadores querellantes  acerca del modo de interrogar. Se ha intentado que cada testigo relatara tan sólo acerca del caso por el cual había sido convocado.  Se crea la lógica de que son casos aislados, y que los genocidas son distintos. Se trata a esos testigos, como mero objeto de prueba.

Pero así también y producto de tener que ser la prueba más importante en este juicio, hemos visto testigos cansados de declarar una y otra vez sobre los mismos hechos, limitados al momento de hablar por el mismo Tribunal, para que no escapara de los márgenes de fecha y lugar, y aún declarar por otros casos cuando su propio caso no ha sido elevado aún a juicio, tal es el caso de la Sra. Dora Seguel.

Ello no solo revictimiza a los testigos, sino que atenta contra la verdad histórica de lo que sucedió en el país, y muestra cuan lejos estamos de acabar con la impunidad.

Se nos ha negado incluso, una vez más, contar con testigos de concepto; en el caso, la posibilidad de escuchar en debate a las Sra. Miryam Bregman, integrante de nuestro organismo;  y  al sociólogo Daniel Feierstein, con el argumento de ser prueba” superabundante”, mientras si se permitió a una de las defensas la convocatoria de un testigo de concepto que dudosamente haya aportado algo.

Pero es sin dudas la exposición de cada uno de los testigos, y más aún los testigos víctimas, el  mayor reflejo de todo lo que venimos manifestando.-

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Y Sr. Presidente, vamos también a alegar, con la profunda convicción de que el plan genocida no logró imponer el horror. En esta sala escuchamos hablar también acerca de militancia, de fortaleza, de la solidaridad que se generó entre las víctimas y familiares, y que la Dictadura Genocida no pudo  aniquilar.

Por eso, quienes integramos esta querella,  nos aferramos a la verdad que quisieron erradicar con el sangriento genocidio; la verdad de los trabajadores y el pueblo que se organizaba.



Entendemos que este juicio debe servirnos para entender el pasado, sacar las conclusiones, y enfrentar al futuro, POR ESO HOY TAMBIÉN VENIMOS A ALEGAR EN NOMBRE DE LOS TRABAJADORES,  ESTUDIANTES Y LUCHADORES, QUE PELEAN Y SE ORGANIZAN, COMO AQUELLA GENERACIÓN DE  SETENTISTAS.

 

Por ello y porque estamos convencidas que el Plan que llevaron adelante estos 5 REPRESORES, junto con miles en la región y en todo el país, DEBE llamarse por su nombre, Y SIN CAMBIAR LA PLATAFORMA FÁCTICA, PERO GUIADAS POR NUESTRAS MÁS PROFUNDAS CONVICCIONES, OPORTUNAMENTE VAMOS A  SOLICITAR QUE SE RECONOZCA LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS TRABAJADORES Y DE QUIENES SE ORGANIZABAN PARA CAMBIAR ESTA SOCIEDAD DE RAIZ, Y SE CONDENE A LOS  IMPUTADOS, POR EL DELITO DE GENOCIDIO.-

 

A fin de poder llegar al contexto de la situación que se vivía en Argentina, previamente consideramos necesario detenernos en lo que podríamos llamar, los relatos de la dictadura militar.



LOS RELATOS DE LA DICTADURA MILITAR-

Durante los últimos 30 años se han esbozado distintos relatos intentando justificar la Dictadura militar. Tres relatos absolutamente perimidos y obsoletos, pero a los que resulta necesario volver ya que se actualizan en este juicio,  en tanto hemos escuchado en la voz de uno de los imputados, alguno de estos discursos.

Resulta sin dudas importante para  entender la dimensión del accionar represivo, contextualizar históricamente la situación política y social, que se vivía en la época en que ocurrieron los hechos que aquí se investigan.

En primer lugar, a la salida de la dictadura militar se intentó un primer discurso justificante del horror, y ha sido el originalmente sustentado por los propios militares, que abonaron la teoría de que lo ocurrido fueron meros “errores y excesos” dentro de una guerra contra el terrorismo y la subversión. Ello puede leerse  por ejemplo en el “ Documento Final de la Junta Militar” en el que se señalan como cumplidos los objetivos de derrotar a la subversión y al terrorismo.

Pero sin dudas, este relato ha tomado actualidad en esta sala, donde hemos escuchado del imputado Di Pasquale, volver a traerlo en sus numerosas declaraciones, en las que munido de lo que considera prueba, ha intentado reflotar esa vieja defensa expresando: “… Aca hubo mas de una organización terrorista y por eso es que los tiempos son diferentes. Aca hubo guerra de guerrillas….” Ha intentado mostrar como mientras había una supuesta guerra interna en curso, tan vital su resolución para la sociedad argentina, el propio imputado, integrante del Destacamento de Inteligencia 182, se dedicaba en esos momentos tan álgidos para el país, a intercambiar alimentos y hacer truques en los campos fronterizos con Chile, a cambio de información de los pasos fronterizos. A eso quiere hacernos creer Di Pasquale que se dedicaba el Destacamento de Inteligencia por esos años.

Así este imputado ha  desarrollado toda una teoría acerca de la guerra armada que se habría desarrollado en la década del 70, sin poder explicar cuál ha sido su rol en la mentada guerra que ha intentado defender: “ Mi tarea era intercambiar avena con un puestero, ¿de que participación me hablan?...” mencionó el imputado Di Pasquale en una de sus declaraciones. No resulta creíble.

No hubo guerra con el vecino país de Chile durante esos años, como tampoco hubo guerra en el país. Lo único que ha quedado evidenciado, durante todas las horas que han durado sus exposiciones, es que el Pacto de Impunidad que han hecho los genocidas, hace 38 años, continúa vigente.



El segundo relato histórico es el que comúnmente se conoce como la “ Teoría de los dos demonios”, relato del período posterior a la dictadura, durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, y se encuentra consagrado por ejemplo, en el prólogo del libro “Nunca Más”. Esta visión, asume el argumento militar de que su acción, fue una respuesta al terrorismo de “extrema izquierda”, aunque condenando la forma en que se dio la represión al mismo. Desde este relato,  se pone en eje la crítica a la acción dictatorial en haberse apartado del marco jurídico de las formas “ democráticas” para el ejercicio de la represión, y no en el contenido social y político del terror genocida. Se acepta asimismo un especie de culpabilidad, tácitamente, de quienes pertenecían a la guerrilla o la militancia revolucionaria en general.

A fines de la década del 90 comienza a tomar fuerza un tercer relato, donde la anterior visión comienza a desplazarse por la reivindicación de la pertenencia y de la acción militante de los y las detenidos desaparecidos. Esta visión, pese a reivindicar la militancia revolucionaria, también niega en parte la realidad, en tanto subestima las acciones de masas protagonizadas por la clase obrera, tanto en el período previo al golpe militar como bajo la misma dictadura.

Es asi que entendemos que de a poco, un cuarto relato superador comienza a emerger y no en cualquier momento, sino cuando la insurrección de masas volvió a instalarse con fuerza en Argentina, con las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre de 2001. Este relato centra su análisis en el protagonismo de la clase obrera y las acciones de masas que se vivió entre el año 1969 y 1976. La Argentina vivió sin dudas un verdadero proceso revolucionario, no reductible a la acción de las organizaciones guerrilleras, que tuvo a la clase obrera como principal protagonista. Desde esta querella compartimos esta visión y es desde aquí que explicaremos el contexto histórico en que se llevó adelante el Genocidio durante la última dictadura militar.

El advenimiento de la dictadura resultó una necesidad, porque sólo con una sangrienta dictadura, podría detenerse el ascenso de los trabajadores, quienes fueron protagonistas de grandes huelgas, como la de Villa Constitución en 1975, y en los levantamientos semi insurreccionales como fueron el Cordobazo y Rosariazo.

El proletariado argentino llega al ascenso de la década del ’70, con una gran fortaleza social, un importante grado de “centralidad obrera” y una larga escuela de lucha y organización desde año el 1955, cuando un golpe de Estado terminó con el segundo gobierno peronista.

Para los primeros años de esa década, había 1.350.000 trabajadores en industrias con un aumento del peso de las ramas dinámicas de la economía como la siderurgia y automotriz, en el marco de un proceso de concentración capitalista.

Además de la fuerza cuantitativa, la clase obrera tenía un enorme peso social que aún le daba su poder en las fábricas, a través de los delegados de sección y las comisiones internas. Esta fortaleza se expresaba también en los más de 2.500.000 afiliados a los sindicatos.

Por eso, es evidente que sólo derribando la experiencia obrera podrían imponer un  plan económico que  permitiera la destrucción de las conquistas obtenidas por los trabajadores y así implantar un proyecto económico, político y social, que perseguía cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; evitar el ascenso revolucionario de los trabajadores y sectores oprimidos de la sociedad.

A un año de implantada la dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional y se produjo una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia las grandes multinacionales y sectores financieros.  Esto, a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas.-



Dentro del grupo indicado por los genocidas como el  “GRUPO ENEMIGO” se encontraban militantes sociales, estudiantiles, barriales, políticos,  todos como sujeto social a eliminar, a desaparecer y más específicamente estaba la clase obrera organizada como sujeto que se debía aniquilar.

El 65 por ciento de los desaparecidos son obreros y empleados, surgiendo en forma evidente la identidad entre la dictadura militar y parte de los sectores empresarios que planificaron el golpe del 76, en el accionar conjunto para lograr el disciplinamiento de los trabajadores y  destruir su resistencia a la pérdida de derechos históricos.  Hay casos emblemáticos, como en  Mercedes Benz, donde todos los integrantes de la Comisión Interna fueron desaparecidos.

Las oficinas de personal de las grandes empresas suministraban nombres de “activistas subversivos”.

En el cordón industrial que va desde San Nicolás a Rosario, las grandes empresas financiaban a los grupos de tareas. El general Alcides Lopez Aufranc, era el flamante presidente de una de esas corporaciones, Acindar, y se jactaba de que 23 delegados de base “estaban bajo tierra”.

Las automotrices actuaron todas en igual sentido y hoy obtienen ganancias millonarias. Durante la dictadura militar, las gerencias entregaban listas de obreros para secuestrar, como hizo Fiat, o tuvieron campos de detención en sus predios; son las que militarizaron sus plantas como la Ford, o llamaron al Ejército para que liquidara una huelga asesinando trabajadores, como hizo la Renault, o hicieron secuestrar a toda una comisión interna como la Mercedes Benz.

También son conocidas las reuniones previas al Golpe de Estado en la casa de la familia Blaquier dueña del ingenio Ledesma, quien además de garantizar El Apagón, facilitó al Ejército los medios de transporte pertenecientes al Ingenio, que fueron utilizados para trasladar a los secuestrados.

El gobierno de Perón, continuado luego de su muerte por Estela Martínez de Perón, fue el último intento por parte de la clase dominante, de contener esa organización creciente de los trabajadores mediante la represión selectiva;  para lo cual se recurrió a conformar y alentar la TRIPLE A,  con el fin de atacar y destruir la vanguardia que luchaba, los delegados y activistas combativos, las figuras de las organizaciones políticas.

Fracasado este intento, la gran burguesía nacional y el imperialismo decidieron pasar a la represión abierta, generalizando y “perfeccionando” los métodos utilizados por la Triple A, ya no como fuerzas para estatales sino desde las mismas fuerzas represivas del Estado, como el ejército, las policías, Gendarmería, la Marina, la Fuerza Aérea, etc. Este salto se produce a partir del 24 de marzo de 1976.

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