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Despenalización de la inmigración indocumentada mtro. Iñigo G. Martínez Peniche Asesor de la Coordinación de Política Internacional


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DESPENALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN INDOCUMENTADA
Mtro. Iñigo G. Martínez Peniche

Asesor de la Coordinación de Política Internacional

La legislación mexicana en materia migratoria penaliza severamente las conductas de los inmigrantes indocumentados. La Ley General de Población (LGP), vigente desde 1974, se encuentra gravemente desfasada de la realidad y de las necesidades que tiene nuestro país para llevar a cabo una gestión moderna y efectiva de los flujos migratorios. En la letra de la ley, no estamos lejos de las posturas antiinmigratorias que recientemente se han manifestado en Estados Unidos.

En el mismo sentido, aspectos importantes de nuestra normatividad se encuentran en contraposición con las posturas asumidas por México en el ámbito internacional. Veamos algunos ejemplos. El artículo 118 de la LGP impone hasta de diez años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos por reingreso ilegal al país.

El 119 penaliza con hasta seis años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos, al extranjero que se encuentre ilegalmente en el mismo. El 120 dispone una multa de hasta de tres mil pesos y pena de hasta dieciocho meses de prisión, al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado. El 122 penaliza con hasta cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la otorgada. Finalmente, el 123 impone pena de hasta dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos al extranjero que se interne ilegalmente al México.

Como vemos, no es de extrañar que nuestra legislación en materia migratoria sea considerada como una de las más amenazadoras en el mundo. Pero el asunto central tiene que ver con que esta legislación intimidatoria no ha impedido o desestimulado la inmigración hacia México, debido a que este fenómeno tiene una explicación fundamentalmente de carácter económico, que tiene que ver con la falta de oportunidades para los migrantes en sus lugares de origen. Por tanto, ni penas más duras, ni muros más altos y ni con la mayor tecnología podrán impedir que los migrantes de México o Centroamérica busquen en el norte mejores oportunidades de desarrollo.

Estas penalidades excesivas lo único que han logrado es facilitar la labor de las autoridades migratorias, policíacas y civiles, quienes actúan con toda impunidad, aprovechándose de este marco jurídico obsoleto que considera como delincuentes a los inmigrantes indocumentados, convirtiendo al Instituto Nacional de Migración (INM) en una de las instituciones más corrompidas de todo el sistema político mexicano. La penalización de estas conductas se convierte en terreno fértil para la extorsión, la amenaza, la arbitrariedad, lo que actualmente constituye parte de la gama de abusos de que hoy son víctimas los inmigrantes indocumentados en nuestro país. Así, el resultado de no actualizar la normatividad resulta trágico para éstos, quienes resultan vulnerados en sus derechos humanos.

Existen argumentos de todo tipo que están presionando a nuestro país para que asuma una mayor coherencia en su política de inmigración. De acuerdo información proporcionada por el Banco Mundial, México se convirtió en el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, por encima de países como China, Pakistán o la India. Esta situación debiera ser un motivo de preocupación y reflexión en nuestro país para comprometerlo a ejercer un papel de mucha mayor responsabilidad en torno a este fenómeno. México tiene la obligación moral de establecer una legislación de avanzada que asegura un trato digno y humanitario para los inmigrantes, y que sirva de ejemplo para el trato que debiera darse a todos los migrantes en el mundo.

Por otro lado, el número de extranjeros sin papeles que penetran territorio mexicano así como las quejas por violaciones a sus derechos humanos se disparó desde hace tres décadas. A partir de 1980, cuando el número de asegurados por parte del INM alcanzó por primera vez la cifra de 10 mil, la internación de extranjeros indocumentados a México se ha incrementado consistentemente, tendencia que se acentuó de manera notoria a partir de 1990. En los últimos años el número de extranjeros asegurados aumentó el 74%, al pasar de 138 mil 61, en 2002, a 240 mil 269, en 2005.

Mantener el estatus migratorio legal actual en nuestro país solo legitima y otorga elementos adicionales a los actores más conservadores en Estados Unidos para continuar con su campaña de odio contra nuestros connacionales; solo ayuda a los sectores más racistas del norte en su empeño por considerar a los migrantes mexicanos como terroristas; solo contribuye a que las redes de transnacionales de tráfico de personas sigan disfrutando de un negocio ampliamente lucrativo. Por tanto, no modificar la legislación vigente significa estar de acuerdo con quienes buscan en Estados Unidos encarcelar, multar y expulsar a nuestros trabajadores migratorios.

Adicionalmente, debemos buscar congruencia entre nuestra concepción sobre la inmigración en el sur y la emigración de nuestros connacionales que atraviesan la frontera norte, más ahora que las discusiones en el Congreso estadounidense para alcanzar una reforma migratoria integral están por iniciar. Por ejemplo, la vigencia actual del artículo 123 de la LGP, significaría, de aplicarse en Estados Unidos, que los 12 millones de mexicanos que han cruzado la frontera de manera "ilegal" pudieran ser penados con dos años de prisión.

La legislación mexicana en materia migratoria ha sido severamente criticada también por diversos organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, ha recomendado "destipificar las actividades inherentes a la migración, eliminando los tipos penales que criminalizan al migrante y dejando sanciones meramente administrativas".

De la misma manera, el informe presentado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, sobre su visita a México en el año 2002, manifiesta la preocupación por el contenido de la LGP relativo a las sanciones penales aplicables a los inmigrantes indocumentados. Esta normativa, señala la Relatora Especial, "criminaliza a los inmigrantes indocumentados y puede ser aplicada incluso a las víctimas de trata y tráfico". Por tal motivo, se invita a México a adecuar el marco legislativo en la materia según el Derecho Internacional.

Igualmente, en el informe de la visita a México de la Relatora Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se considera que el ingreso no autorizado no debe tipificarse como delito y se recomienda al Estado mexicano que considere la eliminación de la tipificación penal de esta conducta.

Por su parte, el Comité para Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, en sus observaciones finales al Informe presentado por México recomienda que "el Estado parte oriente sus esfuerzos a la creación de una ley de migración que corresponda a la nueva realidad migratoria del país y se ajuste a lo dispuesto por la Convención y otros instrumentos internacionales aplicables. Esta ley deberá eliminar como delito penado con privación de la libertad la entrada irregular de una persona a su territorio".

En el mismo sentido, diversas organizaciones gubernamentales, civiles y académicas también se han inclinado por la adopción de una legislación que despenalice la inmigración indocumentada. En repetidas ocasiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado la necesidad de despenalizar esta conducta como una medida urgente para evitar mayores violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

El quinto visitador general de dicha Comisión ha sugerido que México debe buscar la autoridad moral necesaria para reclamar el abuso que se comete contra nuestros connacionales en Estados Unidos, pues en nuestro país también se cometen excesos contra indocumentados, principalmente centroamericanos, que ingresan por la frontera sur. El funcionario ha señalado que con relación al aspecto migratorio, México es víctima y victimario, pues mientras nuestro vecino del norte abusa de los mexicanos, el país lo hace de los centroamericanos, de modo que los excesos en territorio nacional son réplica de la política de contención que promueve la Unión Americana. Por tanto, mientras continúe esa situación, los reclamos por abusos y muerte de mexicanos en aquella nación serán simple retórica.

Incluso la propia Comisionada del INM, Cecilia Romero ha declarado que "despenalizar la migración de indocumentados no favorece una oleada de desplazados de otras naciones hacia México, pero sí asegura a quienes se trasladen a territorio nacional mayores garantías de seguridad al prevenir la extorsión de las autoridades". La funcionaria ha reconocido que las sanciones con multas que se imponen a los inmigrantes indocumentados "dan un resquicio a quien quiera aprovecharse del migrante…por lo que es necesario adecuar la ley a la tendencia mundial, que es no criminalizar esta migración indocumentada".

En el mismo sentido, el subsecretario de Población y Asuntos Migratorios del gobierno federal mexicano ha señalado que "es necesario quitar a la migración ilegal cualquier relación con la criminalidad para ubicar a los indocumentados a lo sumo como partícipes sólo de faltas administrativas". Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, con el fin de reducir los niveles de soborno y otras prácticas corruptas entre las corporaciones policíacas y agentes migratorios.

La necesidad de no criminalizar y despenalizar la inmigración indocumentada encuentra argumentos adicionales de congruencia debido al papel que ha jugado nuestro papel en el ámbito internacional con relación a estos fenómenos. Durante los últimos años, México ha realizado diversas acciones para la protección de los derechos humanos de los migrantes ante distintos foros internacionales multilaterales. Aunado a esta labor, nuestro país ha firmado y ratificado una serie de instrumentos internacionales que lo obligan a respetar los derechos humanos de los migrantes y a adecuar su legislación interna a la luz de los estándares del Derecho internacional de los derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias establece que "los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales".

Por lo tanto, para que México sea coherente con su participación internacional en la promoción de los derechos humanos de los migrantes debe evitar la criminalización y despenalizar la inmigración indocumentada, para así cumplir con su obligación internacional de armonizar la legislación nacional de acuerdo a los derechos establecidos en los instrumentos firmados y ratificados por nuestro país.

En resumen, establecer pena de prisión para los actos inherentes a la migración indocumentada es criminalizar la pobreza y la búsqueda de oportunidades. No se puede castigar penalmente la búsqueda de mejores condiciones de vida en un país distinto al país de origen ya que ello no atenta contra bien jurídico alguno. Si bien los países tienen soberanía para decidir quién puede o no cruzar sus fronteras, dicha soberanía no puede utilizarse para criminalizar a quien ingrese al territorio nacional de manera irregular, pues sería un abuso de la soberanía estatal y una violación a los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados.

Por tanto, siendo congruentes con la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales, no sólo debemos buscar la protección de sus derechos en Estados Unidos, sino que es necesario sentar las bases legislativas para que los migrantes que ingresan a nuestro país cuenten con la protección a sus derechos humanos. Los casos de conductas criminales que pudiera cometer algún inmigrante, están previstos y pueden ser resueltos con la aplicación del Código Penal vigente en nuestro país, pero no se debe criminalizar o penalizarse a una persona solo por su calidad inmigrante. Si bien la derogación de los artículos que penalizan la migración indocumentada no terminará con los abusos hacia los migrantes, sí es un paso necesario para reducir de manera importante tales abusos.

Con estos antecedentes, el 8 de marzo pasado, el Grupo Parlamentario del PRD en voz de su diputado José Jacques y Medina presentó iniciativa con proyecto de decreto para derogar los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127, así como reformar el artículo 125 de la LGP que criminalizan la migración. El planteamiento legislativo buscaba evitar las sanciones contra la inmigración indocumentada y garantizar el derecho de las personas a la libertad de tránsito y su dignidad, argumentado que el ser humano debe poder transportarse hacia donde desee y que las personas que requieran de papeles para hacerlo deben recibirlos de las autoridades estatales.

Los días siguientes, diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI también presentaron iniciativas similares tendientes a atender esta problemática. No obstante, éstas buscaban mantener en algunos casos la pena corporal para los inmigrantes y dejando sanciones económicas en todos los casos.

Después de una serie de negociaciones en las que fue necesario acercar las posiciones opuestas, fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reformó los artículos 118 y 125 y derogó los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127 de la Ley General de Población.

La aprobación de esta iniciativa es sin duda trascendente pues elimina de nuestra legislación migratoria la pena corporal para todas las conductas consideradas ilícitas cometidas por inmigrantes indocumentados. El decreto establece ahora solo sanciones económicas en lo que se refiere a la reinternación sin documentos, a quien realice actividades para las cuales no esté autorizado y a quien dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que se le haya otorgado.

Adicionalmente, el decreto incluye una amplia reducción del monto de la sanción económica, que ahora quedan en 20 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal e incluye la posibilidad de que el extranjero que haya incurrido en los supuestos arriba mencionados como penalidades y que acredite la incapacidad e imposibilidad para poder pagar la multa correspondiente se le podrá conmutar ésta por trabajo comunitario de hasta 36 horas.

Ahora el asunto deberá ser abordado por el Senado de la República; éste tiene la responsabilidad de completar el trámite legislativo con el fin de lograr que los inmigrantes indocumentados no sean considerados criminales como los señala la legislación actual.



Sin lugar a dudas estamos concientes de que hace falta una reforma integral de nuestro marco jurídico relacionado con el fenómeno migratorio. Ésta deberá ser emprendida durante los próximos meses. No obstante, las reformas aprobadas en días recientes constituyen un primer paso en la dirección correcta para contar con una legislación en materia de población y migración que se adecue a las nuevas realidades de nuestro país como nación de origen, destino y tránsito de migrantes.


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