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Derecho agrario introducción al derecho agrario 2 origen normativo del derecho agrario


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DERECHO AGRARIO

INTRODUCCIÓN AL DERECHO AGRARIO

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ORIGEN NORMATIVO DEL DERECHO AGRARIO

1.- El derecho agrario, no obstante su novedad, constituye actualmente una de las ramas más vigorosas de los diversos ordenamientos jurídicos del mundo. En su legislación, el carácter dinámico y la importancia de las relaciones jurídicas que regula, le han permitido conocer un acentuado desarrollo, ampliamente difundido, donde la economía se encuentra condicionada por la agricultura y donde las relaciones económicas, sociales y políticas llevan ese distintivo. Su condición de derecho multidisciplinario le ha permitido ir superando su pretendido destino de ser una rama del derecho condenada a refugiarse en ensayos y revistas jurídicas. Sin embargo a pesar del gran desarrollo alcanzado en un plazo realmente corto, la doctrina ha hecho estudios muy generales, ya ubicando al derecho agrario en los orígenes mismos de la humanidad, haciendo un paralelismo entre la agricultura y este derecho, ya reportando las obras más antiguas encontradas sobre legislación agraria o legislación rural, con lo que afirman la existencia de la materia o simplemente partiendo de la indiscutible existencia del derecho agrario desde siempre.


Esto nos obliga a hacer por lo menos un análisis para encontrar los lineamientos generales sobre los que deba fincarse el origen del Derecho Agrario. En los perfiles y proyecciones del Derecho Agrario en aspectos propios de esta disciplina como conjunto normativo, no como ciencia, debemos partir de la indiscutible hipótesis de que el Derecho Agrario es un Derecho en formación, y por lo tanto cualquier planteamiento no pretende ser definitivo, antes bien debemos aceptar un posible valor temporal.
EL DERECHO AGRARIO COMO DERECHO HISTÓRICO
El derecho Agrario es una rama del derecho social, pero también es un fenómeno histórico que aparece a partir de una serie de condiciones económicas políticas y sociales e incluso culturales que permiten su nacimiento y evolución. En consecuencia es un derecho, que al igual que otras ramas jurídicas entendidas como sistemas, no se conforma como un fenómeno constante en los ordenamientos jurídicos del mundo.
En la mayoría de los países en desarrollo, la agricultura va paralela al progreso de la humanidad, pero históricamente su existencia se registra a partir de las primeras manifestaciones de la actividad agrícola; en la historia del derecho, se encuentran disposiciones legislativas de hace muchos siglos, con referencias precisas al derecho de la propiedad rural, como sucede en Babilonia con el Código de Hammurabi, o en Egipto, China, Judea y Grecia, o se perfilan instituciones como las de Derecho Romano que ahora son reclamadas por el Derecho Agrario, o que trascendieron al Código Napoleón, que tuvo como centro de inspiración el derecho de propiedad, al asumirlo como una forma de manifestación de la libertad patrimonial -con los caracteres romano-germánicos de sagrado, inviolable, absoluto y fundamental-pese a todas estos antecedentes, el Derecho Agrario hasta hace muy poco tiempo existe como disciplina jurídica autónoma, con diferencias concretas que lo distinguen de las demás.
Abraham Maldonado en su tratado de Derecho Agrario (Doctrina Historia y legislación Agraria. Bolivia) traza el desarrollo histórico del Derecho Agrario, iniciándolo en lo que el llama la prehistoria del régimen agrario, analizando la agricultura del salvajismo, la barbarie y la civilización, pasando por Babilonia, Egipto, Judea, Grecia y Roma, y por los acontecimientos históricos que marcaron el cristianismo, la edad media, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. En igual forma al analizar el Derecho Agrario Boliviano hace un análisis del Derecho Agrario Indiano. El Derecho Agrario en los términos en que se concibe hoy, no fue conocido en la antigüedad, las huellas históricas encontradas con referencia a la propiedad rústica no son más que las del Derecho Civil Romano y de ellas distan mucho las instituciones forjadas por el derecho Agrario. Al ser del Derecho Agrario un fenómeno social dinámico su razón de ser se encuentra entonces en una serie de condiciones extrajuridicas, referidas a fenómenos económicos, sociales, políticos y hasta culturales, de tal forma que la búsqueda de su origen se encuentra ligada a esos factores.
Un primer acercamiento histórico, nos dice Paolo Grossi en su "Nacimiento del Derecho Agrario como Ciencia" "...nos permite afirmar que el origen de la ciencia del Moderno Derecho Agrario, se sitúa fundamentalmente en la Italia de la primer década del Siglo, así como el movimiento iniciado en la siguiente década en España, Francia y América Latina, principalmente en el hecho de que salen a la Luz una serie de obras escritas para comentar primero, después estructurar y finalmente sistematizar normas de Derecho Agrario". Todo ese complejo normativo fluyo en forma estrepitosa, para regular la actividad agraria ante la incapacidad de la legislación existente para encontrar solución adecuada a los problemas agrarios.
Para ser exactos, un grupo de juristas Italianos realizan los primeros estudios de Derecho Agrario en la Toscana Leopoldina, cuando se pide a la Academia de Georgofili, "se estudie y discuta el modo de mejorar y ampliar la agricultura." Nacen de este movimiento una serie de medidas legislativas que tienden a abolir los antiguos vínculos con el comercio de los tratantes de granos, eliminar las prestaciones serviles de los campesinos y la renta de terrenos de organismos eclesiásticos y laicos, de los que nacen nuevas categorías de propietarios. En este ámbito de estudios económicos y reformas legislativas se inicia el despertar del estudio de normas agrarias por parte de los juristas, cuyas obras tuvieron una influencia notable en las decisiones jurisprudenciales, así como en la práctica y el foro, cuando se trataba de mano de obra no utilizada y sobre la división de los bienes entre los campesinos. Sin embargo, el Código Napoleón de 1804 fue una oleada que llego a calar hondo en todos los ordenamientos jurídicos. En Italia una vez unificado el Estado, se siguió la codificación francesa y su filosofía jurídica, por lo que aquellas primeras manifestaciones del Derecho Agrario se enfrentaron a una legislación en que privaba la propiedad por sobre cualquier otra institución y en que los principios inspiradores resultaban totalmente distintos.
Efectivamente, el Código Napoleón era la representación jurídico-política de las ideas revolucionaria de 1789, es la instauración del Liberal-individualismo y de la tierra como símbolo de destrucción del feudalismo. La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, del 26 de Agosto de 1789, incluida como preámbulo de la Constitución Francesa del 3 de Septiembre de 1791, establece que la propiedad es un derecho natural e imprescriptible. Libertad y tierra son conceptos paralelos: a la unidad política del ciudadano corresponde la unidad jurídica de la propiedad, la doctrina de la revolución es la del individuo, la del individuo como centro de toda preocupación. El individuo esta contrapuesto a la sociedad. La filosofía revolucionaria es para la mayor parte de los franceses la victoria del individualismo contra la sociedad representada por el Príncipe y como la propiedad de la tierra es la propiedad por excelencia, la tierra se haya ligada a la voluntad del individuo.
He aquí las fuerzas ante las cuales sucumbieron los primeros intentos de estudio del Derecho Agrario del siglo XVIII, hubo de pasar mucho tiempo, pero sobre todo fue necesaria la existencia de otras circunstancias, para que los ordenamientos jurídicos, se vieran compelidos a dictar normas distintas de las del tronco común del Derecho Civil como una única forma de normar una realidad en rápida transformación, cuyo reclamo consistía en la incapacidad del Derecho Civil para resolver todas las controversias.
DERECHO AGRARIO MODERNO
El descubrimiento de la Máquina de vapor, la incipiente industrialización, la aparición de nuevas clases sociales con un nuevo tipo de denominación económica y política, van a marcar un hito histórico trascendental en la economía del mundo. De Inglaterra pasa a toda la Europa Continental no sólo la revolución industrial sino sobre todo el espíritu de la producción, de donde luego se proyecta a todo el mundo, es la llamada Revolución Industrial. Este gran movimiento da lugar ai capitalismo, que va a afectar todas las relaciones económicas de la vida, pero que también afectara a todo un proceso social, político, económico y cultural.
El movimiento lo arrastra todo, aún cuando nace para la industria y el comercio, muy pronto repercute en la agricultura, modificando sustancialmente todas las orientaciones existentes en la época burguesa de la post revolución francesa, de esta forma se abre una nueva perspectiva para el Derecho agrario.
Los factores que permiten el nacimiento normativo del Derecho Agrario tienen que ver con el fenómeno económico político: el capitalismo, al introducir nuevas formas métodos y filosofía de la producción; un factor jurídico resultante del capitalismo, que es la ruptura de la unidad del derecho privado, que resulta insuficiente para normar la nueva realidad dominante y finalmente, un factor social representado por la evolución de los sistemas jurídicos Constitucionales, al calor de los derechos humanos, económicos y sociales, cuyo fin consiste en tutelar a los sujetos desprovistos de capacidad económica y cultural, para neutralizar las injusticias derivadas del mismo sistema liberal individualista.
El Capitalismo.- Si bien los factores antes enunciados señalan el origen del Derecho Agrario debemos profundizar un poco en ellos. El capitalismo introduce en la agricultura todo un modernismo tecnológico, superando la práctica del barbecho y la alternatividad de cultivos, con aspectos tales como los sistemas de riego, la fertilización y la mecanización agrícola, que desplaza los cultivos colectivos, por el sistema de cultivo individual o bien el conducido por el empresario. Pero sobre todo, el capitalismo introduce la categoría de la propiedad de la tierra como un instrumento de producción, divorciándose sustancialmente de los criterios anteriores, la propiedad de la tierra ya no es considerada como un bien de goce y de consumo, ahora juega un papel económico y en el plano económico y político, su mayor detentación es sinónimo de mayor cuota de poder y de prestigio. En cuanto a la legislación agraria, el capitalismo no genero modificación alguna, la ley servía como un instrumento que garantizaba el disfrute y la riqueza, estaba orientada a que nadie podía ser privado de sus propios bienes o ser afectado en su patrimonio, sin el concurso de una libre y efectiva voluntad.

La ruptura del Derecho Agrario de su unidad con el Derecho Privado.-

La separación del derecho agrario, del derecho privado se hace evidente, en cuanto la propiedad de la tierra comienza a sufrir una serie de modificaciones en los diversos ordenamientos jurídicos. Las realidades van más allá de las codificaciones existentes, en cuanto la propiedad rural comienza a conocer la presencia de un conjunto de límites -no sólo los relacionados con la eventual expropiación o afectación agraria, sino los impuestos en favor del interés colectivo, subordinando su ejercicio al interés social. Se presenta entonces un aparente conflicto de intereses, entre el orden privado y el público; en este sentido la tierra dispuesta para la agricultura no existe para el individuo, existe para la colectividad que tiene un alto interés en que produzca; caen así los dogmas que identificaban a la propiedad de la tierra como un derecho sagrado, inviolable, absoluto, pleno y exclusivo.


El derecho de propiedad originalmente absoluto, se convierte en un derecho limitado para una mejor tutela del interés general. El derecho de la propiedad rural o derecho agrario, adquiere el carácter de derecho-función, en cuanto la historia lo hace cambiar de finalidad y espíritu. Siendo un derecho estático, se troca dinámico. Admitida esta concepción, es que se puede contemplar la tierra como un instrumento de producción sujeta a una disciplina Pública.
Sistema Jurídico Constitucional.- El sistema Constitucional Liberal en el que solamente habían tenido cabida los derechos políticos, clásicos o individuales de libertad, se transforma en un sistema Social. Como ya antes lo mencionamos, la influencia política de la Revolución Francesa, se traduce jurídicamente en la adopción del Código Napoleón y con el derecho de propiedad que le da el carácter de natural e imprescriptible, para configurar un sistema de corte liberal, de donde se proyecta a casi todos los ordenamientos del mundo, para marcar una verdadera época histórica. Este Concepto cambia cuando se introduce dentro del derecho Constitucional el criterio de la función social de la propiedad.
Fue en México, con una revolución nacida inicialmente política pero convertida luego en social, donde se origina, se desarrolla y perfecciona tan importante concepto. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917 establece en su párrafo primero: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio Nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada", el concepto no sólo se aleja del criterio individualista de inspiración francesa, sino que viene a constituir la base en que se apoya la función social de la propiedad. El artículo mencionado se nutre de contenido en su párrafo tercero, " La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación." Poco tiempo después en la Constitución Soviética de 1918, el derecho de propiedad deja de ser un derecho subjetivo, para convertirse en un derecho-deber del Estado. Esta transformación conceptual fue producto de una concepción política que tiende a construir el sistema socialista de economía. Posteriormente la Constitución Alemana de Weimar de 1919 en su artículo 153, establece que " La propiedad Obliga. Su uso ha de constituir al mismo tiempo un servicio para el bien general". Artículo 155.- " El cultivo y explotación de la tierra es un deber de su propietario para con la comunidad. El incremento del valor del suelo que se obtenga sin emplear trabajo o capital en el mismo, quedara en beneficio de la comunidad." Como podemos advertir, se reconoce la existencia del derecho de propiedad como un derecho subjetivo, pero junto a el encontramos el deber del Estado de garantizar el uso social de la propiedad y la distribución de la riqueza. Ahora la propiedad agraria tiene un carácter de propiedad actividad, cuyo disfrute racional y justa distribución se convierten en un imperativo de la época.
Se puede ubicar temporalmente el origen del Derecho Agrario como conjunto normativo a principio del siglo XX, cuando recibe una orientación de contenido económico y social, en virtud de la cual cobra una dimensión distinta, constituyendo una nueva clasificación jurídica, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, con rasgos de organización que la perfilan como una de las nuevas ramas jurídicas con mayor futuro.
LA CUESTIÓN AGRARIA EN MÉXICO.- El problema de la tenencia de la tierra ha sido factor esencial en el desarrollo político social de México. El proceso de concentración de la propiedad rural marca las etapas de vida del país. Históricamente, las fuerzas que pugnaron por la justa distribución de la tierra, pretendían hacer llegar al mayor número de mexicanos los beneficios de la riqueza nacional, combatiendo la acumulación del patrimonio territorial en unas pocas manos, convencidos de que de la propiedad rural de México, dependía del decoroso bienestar de la mayoría. Entonces fue el Estado el que asumió la responsabilidad de satisfacer las necesidades Agrarias de los campesinos, sin poner en duda la legitimidad de la Acción Agraria en la redistribución de la tierra y de la necesidad de hacer producir el campo.
El reparto Agrario, contribuyo significativamente al incremento de la producción, incorporando miles de hectáreas de tierras ociosas a la producción agropecuaria y al desarrollo de los sectores industriales y de servicios, pero su organización fue imprecisa en las primeras leyes, puesto que los jefes revolucionarios eran muy dados a improvisar proclamas y actos agrarios, que no resolvieron problemas y si los complicaron.

Si de alguna manera tuviéramos que caracterizar al derecho mexicano en el siglo XX seria por la búsqueda de una Justicia Social, la cual aunque muchas veces no se logre en la práctica, no por eso deja de ser uno de los valores fundamentales de nuestro sistema Jurídico.


EL CONSTITUYENTE DE QUERETARO
"Si quiere tener vigencia la Constitución de un Pueblo no debe poner límites artificiales entre el Estado y el individuo, como si se tratara de aumentar el campo a la libre acción a uno y restringir la de otro, de manera que lo que se da a uno, sea la condición de la protección de lo que se reserva para otro. Por el contrario debe buscarse que la autoridad que el pueblo conceda a sus representantes, no pueda convertirse en contra de la sociedad que la establece y cuyos derechos deben quedar fuera de su alcance porque no debe perderse de vista que el gobierno tiene que ser forzosa y necesariamente el medio de realizar todas las condiciones sin las cuales el derecho no pueda existir y desarrollarse".
De esta manera Don Venustiano Carranza, determinaba el objeto y fin de la Institución del Gobierno y dar a las instituciones su verdadero valor.

No se necesita un gran esfuerzo para concluir que el pensamiento de Don Venustiano Carranza, en relación con la finalidad del Gobierno y el requisito fundamental de una Constitución Política, era de la más pura ascendencia liberal y que se encontraba vinculado íntimamente con la constitución de 1857. Es muy interesante destacar que Martínez de Escobar (Diario de Debates, T.I, p. 425.) esbozo en su intervención, por primera vez una idea sobre lo que era el derecho social. Sostuvo que en nuestra Constitución tres clases de principios: el derecho social; el derecho político y el derecho administrativo - " si se me permite la frase " dijo prudentemente el orador: principios de derecho social es todo aquello que se llama derechos del hombre o garantías individuales; conjuntas que en opinión del diputado Constituyente deberían llamarse garantías constitucionales. En estos principios se encontraba el principio del Derecho Social; es decir "disposiciones que han determinado la libertad del individuo en la sociedad, en tanto que en esta sociedad así constituida, vino a restringirse la libertad individual en provecho de la libertad social" (Diario de Debates t, I, p. 424) En segundo término existen los principios de derecho político, que es la forma de organización, la forma de gobierno, y por último los principios de Derecho Administrativo, que es " el derecho político activo, dinámico; las facultades de los poderes".


Establecida esta división tripartita, agrego más adelante, que deben llamarse garantías constitucionales porque la garantía genérica de estos derechos es la Constitución y en ella concurren las garantías individuales y las sociales.
Son bien claros los conceptos de este diputado constituyente: los derechos del hombre son limitaciones al poder público, son derechos que forman parte integrante de la naturaleza humana, que son en fin, elementos constitutivos del hombre y no se le pueden quitar al hombre...(DIARIO DE DEBATES T,l, P. 424).
Más adelante para completar su criterio: "...porque es claro que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones, porque es indudable que las instituciones sociales se hacen para salvaguardar, para beneficiar al hombre; el Estado no se constituye para protección del propio Estado; el Gobierno no se constituyo para protección del propio Gobierno; los derechos del hombre son, precisamente, la base de las Instituciones sociales... (Diario de Debates t.l p. 425).
Es muy interesante destacar que Martínez de Escobar hizo un bosquejo en su intervención, por primera vez de la idea de lo que es el Derecho Social, o bien la Garantía Social.
Otro de los oradores que tomo parte fundamental en el debate, fue el lie. José Natividad Macías, consejero directo de Don Venustiano Carranza y posible coautor del Proyecto de Constitución.
El Diputado Macías que había sido Magistrado, sin que esto sea en demerito de su personalidad, era un abogado de provincia conocedor de las instituciones mexicanas y dotado de un recto criterio jurídico y un gran sentido practico. El diputado Macias criticaba los inconvenientes del artículo 1 del proyecto de la Constitución, porque pensaba que en si mismo y en relación con el artículo 29 era contradictorio; porque si los derechos del hombre eran la base de las instituciones sociales, era absurdo declarar a continuación, que todas las autoridades debían respetarlas y en el 29 se decía que podían suspenderse, porque, concluía " si se quita la Base, la sociedad estalla " El pensamiento del asesor y redactor del proyecto de Constitución, podía resumirse en las siguientes proposiciones: El Diputado Macias rehuyo toda discusión filosófica, en vista de que no le interesaba fundar las garantías Individuales en ninguna teoría o doctrina, quería garantizar toda manifestación de la libertad, ya que el hombre tiene derechos fundamentales que son inherentes a su naturaleza; de estos derechos el mas importante es el derecho a la vida y en el esta comprendida la libertad, que se traduce en el derecho a todas las necesidades naturales del individuo.
En la conciencia nacional se agitaba, se exigía satisfacción a una serie de medidas acerca de las relaciones obrero-patronales; y más aún, en virtud de la apremiante situación de determinadas clases sociales, reformas en el régimen de la tierra, sobre todo de la propiedad rural.
Los campesinos, cuya importancia como clase social era muy superior a la de la incipiente de los trabajadores fabriles, se unieron a un claro sentido nacionalista para provocar un debate sobre el artículo 27 del proyecto de Constitución. El espíritu de reformas y las tendencias más radicales encontraron un campo propicio para discutir los artículos referentes a la propiedad rural, los recursos naturales y la legislación obrera, es decir, los problemas que fueron resueltos en los artículos 27 y 123 de la constitución de 1917.
El proyecto de Don Venustiano Carranza sobre el artículo 27, no satisfizo a nadie, por los términos en que estaba redactado y menos satisfizo, cuando se comprobaron los brillantes resultados obtenidos al formular el capítulo sobre el Trabajo y la Previsión Social; o sea, el artículo 123 de la Constitución.
En tal virtud, y tal y como aconteció en el caso de la legislación Obrera, una comisión reducida de diputados, presidida por Pastor Rouaix, se dedico a preparar un proyecto del artículo 27, para someterlo en primer lugar, a la Comisión de Constitución y más adelante, una vez formulado el dictamen correspondiente presentarlo a la consideración de la Asamblea Constituyente misma.
El proyecto de la Comisión fue dictaminado por la primera Comisión de Constitución el día 29 de Enero de 1917, y suscribieron el dictamen los diputados Mujica, Román, Monzón, Recio y Colunga, quienes lo aprobaron con una serie de adiciones.
El contenido de las cuestiones que se contenían en el proyecto del artículo 27 y la personalidad de los integrantes de la Primera Comisión de Constitución, son elementos que pudieran explicar el nuevo sentido del concepto, que sobre Garantías Individuales, tuvieron los autores de la Ley Suprema de 1917. Hubiera cabido una rectificación, enmienda o simple modificación de la orientación liberal de los derechos del hombre de la constitución de 1857, pero no, la comisión dictaminadora, tenía la convicción de que el derecho de propiedad era, simplemente un derecho natural susceptible de sufrir modalidades. El proyecto abordo el espinoso tema del derecho de propiedad y la posibilidad de limitarlo o afectarlo.
LA ORGANIZACIÓN AGRARIA EN LA ÉPOCA PRECOLONIAL- Las berras del Anahuac, estaban ocupadas antes de la llegada de los españoles por tres pueblos: el azteca o mexica, el Telpaneca y el texcocano, estos reinos en su régimen interior tenían una oligarquía primitiva en la que el Rey era la autoridad suprema, le seguían los sacerdotes, después los guerreros y las familias de noble estirpe, finalmente venia el Pueblo, una masa enorme de individuos, soporte de las diferentes clases enumeradas. La distribución de la Tierra, reflejaba entonces la condición social de la Jerarquía: el Rey era dueño absoluto de todos los territorios, cualquier otra forma de posesión o de propiedad era delegada del Rey. La propiedad Territorial de los pueblos se podía clasificar entonces en: la propiedad del Rey, de los Nobles y de los Guerreros, la propiedad de los pueblos y la propiedad del ejército y los dioses.
a).- La propiedad del Rey de los Nobles y de los Guerreros. Como antes dijimos, el Rey era propietario de todo, le correspondía la plena in re potestas sobre todos los bienes, los demás, sólo tenían una posesión precaria, que el Rey condicionaba a los miembros de su familia, y que podían en cualquier momento volver a la Corona y ser susceptibles de nuevo reparto. Cuando el Rey hacia una donación a algún Noble o Guerrero, esta se condicionaba a no ser trasmitida a los Plebeyos, pues estos estaban impedidos para adquirir la propiedad inmueble.
b).- Los pueblos asentados en el Anahuac, vinieron del Norte ya organizados y respetaban la autoridad del más anciano, al ocupar territorio que correspondía a cada pueblo, las familias que tenían un ascendiente común, se reunieron en pequeñas secciones sobre las que edificaron sus hogares, ocupando las tierras necesarias para su subsistencia, a estas secciones se les dio el nombre de calpulli, palabra que significa barrio, y a las tierras que le pertenecía a cada barrio, calpullali, que significa tierra del calpulli.
La propiedad de las tierras del calpulli, pertenecía este; pero el usufructo de las mismas a las familias que las poseían, en lotes perfectamente bien definidos con cercas de piedra y magueyes, el usufructo era trasmisible de padres a hijos, sin limitación y sin término, con la única condición de que se cultivara la tierra sin interrupción, si la familia poseedora dejaba de cultivar la tierra por dos años, el jefe de cada barrio le reconvenía por ello y si al siguiente año no la cultivaba, perdía el usufructo. Cuando por alguna razón alguna parcela quedaba vacante, el jefe del barrio con acuerdo del consejo de ancianos, la repartía entre las familias recientemente formadas, los jefes de barrio llevaban un censo y un plano de las parcelas y sus poseedores.
c).- La propiedad del ejército y los Dioses.- Grandes extensiones de tierra estaban destinadas al sostenimiento del ejército en campaña y otras a sufragar los gastos del culto.
Estas tierras se daban en arrendamiento a los que así lo solicitaban o bien eran labradas en forma colectiva por el pueblo a que correspondían. En el mismo tipo de propiedad podrían colocarse las tierras que el Rey afectaba a ciertos empleos o cargos públicos.
La tierra estaba sumamente dividida, en cuanto a los diversos géneros de posesión y usufructo de que era susceptible, pero en realidad se encontraba concentrada en unas cuantas manos, era base de preeminencia social, de riqueza y de influencia política de la oligarquía dominante. El Rey, los Nobles y los Guerreros eran unos verdaderos latifundistas, en grandes extensiones de terreno formaban una propiedad que se encontraba fuera del comercio, pues sólo eran transmisibles entre ellos mismos. Se ve entonces, que la situación de las clases rurales antes de la conquista distaba mucho de ser satisfactoria, los peones tenían una situación económica tan mala, como la de los jornaleros de nuestros días, acaso peor, porque aquellos sólo podían conseguir convertirse en propietarios por méritos de guerra. El Pueblo reconocía y respetaba la desigual, distribución de la Tierra, porque reconocía y respetaba la desigualdad social.
Las bulas de Alejandro VI. Los españoles ocuparon todo el territorio dominado por los indios y queriendo dar a la conquista una apariencia de legalidad pretendieron explicar su derecho a las tierras conquistadas, invocando como argumento supremo, la Bula de Alejandro Vi, especie de laudo arbitral, que solucionara la disputa entre España y Portugal respecto de las tierras descubiertas por sus respectivos nacionales.
La Conquista, en esa época, era reconocida como fuente de soberanía sobre el territorio y la población, cuando se empleaba en contra de los pueblos infieles, también lo eran las donaciones hechas al amparo de las decretales de Isidoro, según las cuales, si el Papa, tenia la representación de Dios en la tierra, y Dios era el dueño del Universo, al Papa corresponde la distribución de los dominios territoriales, poner en duda esta opinión," es dudar de la grandeza y potestad del que reconocemos por Vice-Dios en la Tierra", según esta opinión de los juristas de la época, la Bula de Alejandro VI, dio a los Reyes Católicos la propiedad absoluta y Plena, sobre los territorios y habitantes de Las Indias. "Todas las islas y tierra firme halladas y que se hallaren descubiertas, y que no hubieren sido poseídas hasta el momento serian de los monarcas Español y Portugués.
Cualquiera que sea la interpretación que deba darse a esos documentos, es evidente que el Papa no tenía derecho alguno para disponer del continente descubierto, por lo tanto podrán mencionarse como documentos históricos y precedentes, pero como documentos jurídicos no tienen ningún valor, el hecho es que los soberanos se apropiaron de las tierras que poseían los pueblos sometidos por sus armas, en virtud del derecho de conquista, aceptado como legitimo en aquellos tiempos, cuando se ejercía en tierras de infieles; y que a este título, unieran el de primeros ocupantes.
Carlos V, en vista de las incongruencias que presentaba la bula alejandrina, señalo como fundamento de la propiedad de España sobre las tierras americanas "otros justos títulos" asesorándose de Francisco de Vitoria, catedrático de la Universidad de Salamanca, quien considero que los justos y legítimos títulos, eran que los indios debían ser tratados como pérfidos enemigos si no se sometían voluntariamente a la voluntad del conquistador o se opusieren a la evangelización, en cuyo caso los españoles podían tomar los bienes inmuebles, ya que respecto de los muebles "por derecho de gentes, siempre se hacen propios del que se apodera de ellos, aunque excedan la compensación de los daños" Esto explica porque los españoles leían a los indios las Cartas de Sometimiento, porque la conquista se hizo con el pretexto de poblar, pacificar y evangelizar. Los legitimaos títulos a que se refería Francisco de Vitoria, no son los que se citan por los juristas contemporáneos, para justificar el derecho de propiedad de España. En la actualidad el derecho de conquista, la ocupación, el derecho de posesión y prescripción positiva y hasta la Colonización son los títulos con los que se pretende justificar la propiedad de España en el continente americano.
Recién aprobado el artículo 27 de la Constitución Mexicana, se afirmo que México era heredero de España en sus derechos de propiedad y que las tierras habían pertenecido al patrimonio privado del Rey, consideración que obligo a la revisión de algunos conceptos.
En realidad el México Independiente, recupero los derechos que sus Pueblos aborígenes habían perdido frente al hecho de fuerza que fue la conquista, pues la soberanía reside en el pueblo y no es delegable, y fuera de las circunstancias de hecho, no parece haber un argumento jurídico suficiente para legalizar la desposesión de sus tierras la libertad de los pueblos aborígenes y la transformación de su sistema de propiedad; tan es así que la lucha por consolidar la paz interna de México, es la lucha por reimplantar su antiguo concepto de propiedad del pueblo aborigen, que conoció el calpulli y su función social. Esto explica también en gran parte la frase de que nuestra Nación es la dueña originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de su territorio.
LA ORGANIZACIÓN AGRARIA EN LA ÉPOCA COLONIAL.
La estructura Agraria en el México del Siglo XIX, todavía provenía de la época Colonial, en que la propiedad de la tierra quedo repartida entre las comunidades indígenas, los conquistadores y colonos españoles, la iglesia católica y los Reyes Españoles. Originariamente, de acuerdo a la Bula de Alejandro Sexto, como ya dijimos, el territorio de Las Indias perteneció a los Reyes Españoles, quienes lo distribuyeron entre los pueblos aborígenes, reconociendo la posesión que de ellos tenían en el momento de la conquista y ordenando además, se les dieran las tierras que fueren necesarias; entre los conquistadores, como recompensa a los servicios prestados a la Corona, también se repartieron tierras entre los colonos para estimular la población de los nuevos dominios. Las tierras que no pasaron a la propiedad de los indios o de los españoles, seguían en propiedad del Rey y se llamaban realengas. La iglesia católica, aún cuando estaba prohibido que recibiera tierras, durante la época Colonial adquirió en el país, grandes extensiones de propiedades rusticas que como veremos adelante
Como la Conquista fue una empresa que se realizo con fondos particulares, tan pronto como se lograba someter a un pueblo, el botín se repartía entre capitanes y soldados, en proporción a su categoría y a lo que cada quien hubiese aportado a la expedición, haciéndose otro tanto con las tierras y tributos. Tan pronto como se logro la conquista de México, se asigno a los conquistadores tierras y un número determinado de indígenas, con el objeto aparente de que los instruyeran en la religión católica, pero en realidad, eran utilizados para la explotación de los campos que les hubieran tocado en la repartición. Los campesinos y sus familias trabajaban como peones en las haciendas y ranchos por un salario miserable, que veían aún más reducido en las tiendas de raya que regenteaban los mismos hacendados, en donde se vendían a los campesinos diversas mercancías a precios elevados y se les hacían prestamos que los mantenían constantemente endeudados hasta convertirlos en verdaderos esclavos de la gleba.
En la Nueva España la actividad predominante era la agricultura, misma a que se hizo a través de tres instituciones: el trabajo agrícola de libre concierto, la encomienda y la esclavitud.
El trabajo Agrícola de libre concierto.- Es probable que esta forma de explotación agrícola fuera la menos usada en la época colonial porque el trabajo agrícola se contrataba sólo en la época de cosechas y eran pocas las necesidades de los hacendados, habida cuenta de que los indios encomendados realizaban las faenas rusticas durante todo el año.
Los obreros agrícolas que se contrataban durante ciertas épocas del año eran llamados peones de temporada, a diferencia de los peones acasillados, que eran los esclavos de tiempo completo.
La encomienda.- Un estudio de la encomienda es muy importante, porque la explotación agrícola de todas las tierras repartidas en la Nueva España se realizo más por medio de los indios encomendados, que por la esclavitud y el trabajo de libre concierto, es posible que los indios encomendados se convirtieran en los llamados peones acasillados de las haciendas de los cuales habla nuestra legislación agraria contemporánea. A fines del Siglo XV, con Cristóbal Colon, nace el repartimiento de indios en la Española, las Instrucciones de Granada de 1501, así como las Instrucciones Complementarias de 1503, ordenaban que los indígenas se redujeran a pueblos regidos por un capellán, para el pago de los diezmos reales y eclesiásticos, pero también instruían que " los cristianos se sirviesen en esto de los mismos indios, pero los indios no sean maltratados como hasta ahora". Al principio estos repartimientos se hicieron con la mesura de los primeros pasos, pero después la costumbre de " que se repartieran indios a los españoles colonizadores para que pudieran beneficiarse con su trabajo, fue establecida de manera violenta, contrariando los preceptos legales, logrando al cabo prevalecer y generalizarse, después de un largo proceso de contradictorias vacilaciones por parte de los monarcas. La encomienda muchas veces se crea por más de dos vidas, y poco después se conseguía hasta por cinco vidas. La encomienda desapareció hasta finales del siglo XVIII.
La esclavitud.- La esclavitud de los indígenas sólo fue permitida en dos casos y muy a raíz de la conquista; las dos causas de la esclavitud fueron el cautiverio por guerra justa y el cautiverio por rebelión religiosa. Esta Institución fue la causa de la proverbial discusión entre Fray Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda en 1550. Fray Bartolomé de las casas hace su defensa en favor del aborigen, de su libre naturaleza y de su capacidad racional, defensa que tuvo en su favor un Breve del Papa Paulo III del 9 de Junio de 1537, en el que declaro " los dichos indios no están privados ni deben serlo de su libertad, ni del dominio de sus bienes, y que no deben ser reducidos a servidumbre." La defensa del aborigen logro ganarse no así la del negro, pues el mismo Bartolomé de las Casas admitió que " eran criaturas irracionales que debían traerse de África para sustituir a los indios en las tareas más ignominiosas." Admitida la racionalidad del indígena, se ordeno que nadie fuera osado en " cautivar indios naturales de nuestras Indias, ni tenerlos por esclavos ", precisamente porque se excluyo al indígena de la esclavitud, se sostuvo la encomienda, institución en la cual se creía se respetaba la libertad del indígena, conciliando así las exigencias de la conciencia religiosa de esta etapa y la necesidad de satisfacer todo el trabajo que requería el nacimiento, y desarrollo de la Nueva España. Todo esto explica por que razón, en la época de la Independencia, Don José Maria Morelos y Pavón, el 17 de Noviembre de 1810 dio una orden en el Cuartel General de Aguacatillo, diciendo que nadie pagaría tributo y que no habría esclavos en lo sucesivo. Por esta disposición se deduce que otra de las causas que explican la Guerra de Independencia fue la esclavitud. El 19 de Octubre de 1810 don Miguel Hidalgo y Costilla, dictó un bando mediante el cual declara abolida la esclavitud.



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