Página principal

Departamento de cundinamarca alcaldia municipal plan integral


Descargar 0.94 Mb.
Página1/7
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL




PLAN INTEGRAL ÚNICO - PIU

MUNICIPIO DE APULO
CUNDINAMARCA

PLAN INTEGRAL ÚNICO - PIU

ANTONIO DE JESUS TORRES VEGA

ALCALDE MUNICIPAL

Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada del municipio de Apulo (CMAIPD)

AGOSTO DE 2011

Contenido




Contenido 3

MARCO JURIDICO PIU MUNICIPIO APULO 4

INTRODUCCION 8

OBJETIVO 9

RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 9

SITUACION ACTUAL MUNICIPAL 11

CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA DEL DESPLAZAMIENTO EN EL TERRITORIO. 22

CARACTERIZACION DEMANDA DE SERVICIOS 23

LISTADO DESPLAZADOS – FORMATO 32

UNICO DE DECLARACION 33

RELACION DE CONDICION DE DESPLAZAMIENTO 2011 – FUENTE: SISBEN 54

MATRIZ DE PLANIFICACION 66

EQUIDAD PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, VULNERABLE Y DESPLAZAMIENTO FORZADO 68

MUJERES PROMOTORAS DEL DESARROLLO 70

MEDIDAS DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 75


PRESENTACIÓN

El PIU es el documento que materializa la voluntad de la administración municipal por intervenir e impactar positivamente en las condiciones de la población en condición de desplazamiento por cuenta de la violencia del conflicto armado. Esta herramienta de intervención es la forma como la política pública se viste de las características específicas propias del territorio local y es la mano derecha de la administración para acoger y tratar a quienes llegan en la difícil condición de desplazado. Esta versión del documento adquiere la característica de obligante para el señor alcalde y magnifica su responsabilidad tanto en la determinación de la gestión efectiva de todo tipo de recursos e insumos para el logro de los objetivos aquí plasmados, como por la responsabilidad de atender efectivamente y en derecho, los derechos de quienes presentan un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas.



MARCO JURIDICO PIU MUNICIPIO APULO

A partir del 9 de septiembre de 1.994, el Gobierno Nacional reconoce la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado y el tema empieza a aparecer en el Plan de Desarrollo Nacional.

• El Documento CONPES 2804 de 1.995 plasma el primer programa Nacional de Atención Integral a la Población desplazada por la violencia en Colombia fijándose cuatro estrategias: Prevención, Atención Inmediata, Consolidación – Estabilización Socioeconómica y Comunicación e Investigación.

• Posteriormente el CONPES 2924 de 1.997 contempla solo 3 estrategias de acción: Prevención, Atención Inmediata, Consolidación y Estabilización socioeconómica.

• El Decreto 1165 de 1.997 crea la Consejería Presidencial para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, como un marco institucional que permitiera coordinar las acciones del Estado alrededor de un único Plan Nacional.

• Se expide posteriormente, La ley 387 de 1997 mediante la cual se adoptan las “Medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

• Esta Ley crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia SNAIPD, con el objetivo de atender integralmente a la población en situación o riesgo de desplazamiento y lograr su reincorporación a la sociedad colombiana; neutralizar y mitigar los efectos de la violencia que provocan el desplazamiento; integrar esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de situaciones de desplazamiento y garantizar el manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos necesarios para la prevención y atención de las situaciones de desplazamiento.

• En el artículo 7º, esta ley establece que el Gobierno Nacional debe promover la creación de los Comités Municipales, Distritales y Departamentales para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, espacios encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al SNAIPD, los cuales serán convocados y presididos por los Gobernadores y Alcaldes.

• En su artículo 9º, consagra la responsabilidad del Gobierno Nacional de diseñar y adoptar, previa aprobación del Consejo Nacional, el Plan Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, fijando dentro de sus objetivos, la elaboración de diagnósticos sobre las causas y agentes que generan el desplazamiento, la determinación de las principales zonas afectadas, en cuanto a expulsión y recepción de población en situación de desplazamiento y el diseño y adopción de las medidas socioeconómicas, jurídicas y políticas necesarias para atender la situación, en cuanto a temas de atención humanitaria, de restablecimiento, de inserción en los programas y proyectos de desarrollo urbano y rural y de retorno y/o reubicación.

• En el Decreto 489 del 11 de marzo de 1999 se decidió: articulo 1°: “Asignar a la Red de Solidaridad Social, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la república, las actuaciones y funciones que realizaba la Consejería Presidencial para la Atención de la población Desplazada por la violencia.”

• En el año 2.000, el Decreto 2569 ratifica esta disposición y responsabiliza a la Red de Solidaridad Social (Hoy Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional) de la coordinación del SNAIPD y en cuanto a la figura de los Comités, la encarga de promover, en nombre del Gobierno Nacional, la creación de estos espacios a nivel territorial, de asistir a las sesiones de dichos comités, de coordinar la ejecución de las acciones y brindar apoyo técnico en las diferentes áreas de intervención de los mismos.

• En su artículo 29, el mencionado Decreto encarga a los Alcaldes Municipales, Distritales y Gobernadores de la creación de los Comités, en los términos y para los fines propuestos por la Ley 387 de 1.997.

• En sus artículos 32 y 33 el decreto establece las funciones del los Comités en la adopción de medidas y programas que conduzcan a garantizar la prevención, atención y estabilización socio económica de la población.

• Ante la magnitud del problema planteado por el desplazamiento forzado y las dificultades del Estado Colombiano de garantizar su adecuada atención, la Corte Constitucional se pronuncia mediante la Sentencia T 025 de 2.004 declarando el “Estado de cosas inconstitucional”, situación que convoca al Gobierno Nacional a adelantar importantes acciones para superar el estado denunciado.

• Se expide el Decreto 250 de 2005 por el cual se fija un nuevo Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, como herramienta fundamental para la atención integral de la población y como instrumento orientador en la elaboración de los PIU departamentales, municipales y distritales garantizando el trabajo integral y complementario.

• El Decreto 250 establece al PIU como la herramienta que integra las acciones desde las fases de intervención y las líneas estratégicas, involucrando los planes de prevención, de contingencia para la emergencia y los planes operativos de los diversos programas y proyectos que se concierten en el ámbito territorial.

• En Agosto de 2005 se emiten los autos 176, 177 y 178 que reiteran el Estado de Cosas Inconstitucional, y resaltan acciones puntuales a los diferentes entes comprometidos con la atención a la Población en riesgo o situación de Desplazamiento.

• Es importante resaltar como los Autos proferidos por la Corte enfatizan en aspectos transcendentales de la normatividad vigente:

− La definición de las responsabilidades políticas de las entidades que conforman el SNAIPD.

− La determinación de los Comités Departamentales, Distritales y Municipales como estrategias de coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta, por lo que deben ser creados o reactivados y garantizar que sean operativos.

− El establecimiento de los Comités como instancias de coordinación deben actuar centralizadamente para concertar y desarrollar las líneas de política y descentralizadamente para definir, planear, gestionar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos a nivel territorial, en el marco del PIU. Para tal fin deben organizarse y operar a través de Mesas de Trabajo Regionales o Comisiones Temáticas que trabajen alrededor de los temas estratégicos de atención del SNAIPD.

• Adicionalmente, la Sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2.004 y sus Autos de cumplimiento, determinan la necesidad de un mayor grado de compromiso por parte de las entidades territoriales para la destinación de recursos apropiados para la atención a la Población Desplazada y la convocatoria obligatoria de los Comités en los Municipios en donde se presenten situaciones de desplazamiento forzado.

•el CONPES 3400 de Noviembre de 2005 somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES, el esfuerzo financiero y las metas de las entidades del SNAIPD para atender los requerimientos de la población desplazada, en el período 1995 – 2005. Esto incluye la puesta en marcha del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada para el 2006 y el cronograma presupuestal en el cual se señala la distribución de los recursos que se orientarán para atender a dicha población.

  1   2   3   4   5   6   7


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje