Página principal

Denuncia ante la comision interamericana de derechos humanos


Descargar 62.49 Kb.
Fecha de conversión20.09.2016
Tamaño62.49 Kb.
DENUNCIA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.-
Buenos Aires, 25 de septiembre del 2012.
Sr. Presidente y demás miembros de la

Honorable Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, Washington, D.C.-
Honorables señores comisionados:
GREGORIO JORGE DALBON, abogado, inscripto al T° 43 F° 837 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, capital de la República Argentina, de nacionalidad argentino, con Documento Nacional de Identidad Nº. 18.057.614 expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República Argentina, con domicilio en Avenida Córdoba 1335 6to. Piso departamento "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Código Postal 1055AAD) teléfono +5411-4812-4097 Fax +5411-4816-1998, correo electrónico dalbon.g@ar.inter.net, tiene el honor de dirigirse a Uds., en ejercicio del derecho previsto en el art. 44 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, para denunciar ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación del derecho a la igualdad ante la ley (art. 24 de la Convención), a las garantías judiciales (art. 8 de la Convención), y a la Protección Judicial (art. 25 de la Convención).
I.- CONDICIONES Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.-
Requisitos formales.-

La presente petición cumple con todos los requisitos formales previstos en los artículos 44, 46 y 47 de la Convención.


Requisitos internos.-

Resultando esta dignísima Comisión competente para entender en la materia en función de los Tratados Internacionales oportunamente suscriptos, comparezco, en mi calidad de querellante, constituido en calidad de tal en el proceso judicial pertinente, en representación de la mayoría de las víctimas de una de las más trágicas catástrofes ferroviarias ocurridas en la historia de la República Argentina, a denunciar a este estado por las flagrantes violaciones a los derechos a las Garantías Judiciales, a la Igualdad ante la Ley y a la Protección Judicial, asegurados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por las Naciones Unidas, que se han sistemáticamente evidenciado en el curso del proceso mencionado.


A los fines propuestos, corresponde señalar que deben estimarse agotados los recursos de jurisdicción interna dispuestos a los fines garantizar el ejercicio de los derechos flagrantemente vulnerados, puesto que la manifiesta falta de interés evidenciada por parte de la autoridad judicial respecto de las peticiones que mi persona ha deducido en su calidad de querellante, deducidas para lograr el dictado de los debidos pronunciamientos que conduzcan al enjuiciamiento de los culpables de la tragedia, han venido siendo permanente e injustificadamente ignorados, superándose de manera excesiva los plazos previstos para proveer en forma adecuada al servicio de justicia por parte del Tribunal interviniente.

Mi parte atribuye la violación aquí denunciada a la existencia de un acuerdo de voluntades arteramente organizado para impedir que la investigación criminal avance, puesto que prominentes miembros del gobierno e, incluso, quizás la titular del Poder Ejecutivo Nacional pueden verse implicados en la causa en función de lo que evidencian las constancias probatorias incorporadas a la misma.

Debo también destacar que lo aquí señalado no resulta una visión solitaria y antojadiza del funcionamiento de parte del sistema judicial argentino, resultando útil remitirse a lo, oportunamente, denunciado por el propio Vicepresidente de la Nación, el Licenciado Amado Boudou, quien, en abril de este año, al ofrecer una conferencia de prensa donde precisó detalles referidos a una denuncia promovida para investigar supuestos negociados en la impresión de boletas electorales, indicó “Me llamó mucho la atención que nadie siguiera este tema…parece que hay personas a las que hay que proteger”, señalando la existencia de “un entramado mafioso” con vínculos en Tribunales, la política y las finanzas.

También resulta útil mencionar, a los fines aquí propuestos, que en el transcurso del corriente año tomaron estado público los contactos mantenidos vía mensajería instantánea entre un Juez y el abogado de una de las partes, donde se intercambiaba información relativa a una de las causas que involucra a miembros del Poder Ejecutivo Nacional, que se hallaba bajo la jurisdicción de dicho magistrado.

No menos grave resulta ser la reconocida existencia de un “operador judicial”, públicamente apuntada a la persona del Dr. Francisco Javier Fernández, miembro de la Auditoría General de la Nación, por parte del prestigioso periodista Jorge Ernesto Lanata quien, en la emisión de su programa televisivo, “Periodismo para Todos”, transmitida el día 26 de agosto del 2012 por la señal de canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires, mostró irrefutable evidencia que acredita que el funcionario público amedrenta a los jueces del poder judicial para obtener pronunciamientos a favor del Estado Nacional Argentino en las causas donde este se encuentra involucrado, debiendo señalarse que el funcionario también se ha visto vinculado en el armado de estrategias de defensa de personas acusadas de tener vínculos con el gobierno para obtener beneficios contractuales.

Además de lo descripto en el párrafo anterior, en el programa televisivo aludido se exhibieron documentos que acreditaban que el funcionario público poseía inversiones millonarias en grupos multimedia y que dicho funcionario ha declarado que las cuantiosas sumas invertidas provenían de ganancias obtenidas en juegos de azar. Huelgan comentarios!

En cuanto a las “particularidades” que conducen a determinar que la causa judicial en la que intervengo se encuentra influenciada por las indicaciones que proporciona el Poder Ejecutivo Nacional para su sustanciación, debo, por sobre todos los aspectos, poner en resalto la peticiones que el propio Estado Nacional ha deducido requiriendo ser tenido por parte como particularmente ofendido por el hecho investigado, pese a que numerosos integrantes de su estructura se hallan imputados como responsables del mismo por haber omitido el debido control de los sistemas de freno del tren siniestrado, deleznable estrategia que, necesariamente, debe interpretarse como destinada a procurar la impunidad de estos.

En el sentido indicado debo señalar que el Magistrado a cargo de la investigación, Dr. Claudio Bonadío, admitió, en una primera instancia, la intervención del Estado Nacional como parte querellante, lo que motivó que la querella representada por mi persona apelara la decisión, logando que la Cámara de Apelaciones declare nula la resolución recurrida.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar también que el Estado Nacional se mantiene férreo en su postura de intervenir en calidad de parte querellante en la causa, al punto tal que ha interpuesto recurso de casación en contra de una nueva resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmó la desestimación de su pedido.

Las circunstancias descriptas en los párrafos precedentes llevan a la querella encabezada por mi persona a considerar que los recursos que la jurisdicción interna de la Nación Argentina tiene dispuestos, en un principio, para afianzar la protección judicial de aquellos que ven violados los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y las normas de rango internacional que así lo exigen, deben considerarse agotados puesto que la evidenciada existencia de una clara voluntad del Estado Nacional y del magistrado a cargo de la investigación, Dr. Claudio Bonadío, de no permitir que esta avance se erigen como obstáculos insalvables que impiden que puedan articularse las instancias destinadas a responsabilizar a los culpables de la tragedia, dado a que las peticiones efectuadas en tal sentido conducen, inexorablemente, al fracaso.

En el sentido expresado debe remarcar que no existe en la actualidad, dentro de la legislación interna de la Nación Argentina, la menor expectativa de que las acciones que se deduzcan en contra de los integrantes de su Poder Ejecutivo lleguen a instancias que permitan la declaración de su culpabilidad por hechos que corresponda atribuírseles, siendo de suma gravedad que, a la querella representada por mi parte, no se le permitió el acceso a los recursos de la jurisdicción interna evidenciándose un retardo injustificado en la decisión de la causa.

Asimismo, debe considerarse que la denuncia que aquí formulo resulta oportuna, por cuanto las violaciones que la motivan se hallan en pleno curso de ejecución, ni existen pendientes de resolución otros procedimientos de arreglo internacional, por lo que la presente denuncia debe considerarse procedente habilitando la intervención de vuestra competencia.



II.- HECHOS.-

El hecho en el que se producen las violaciones que dan lugar a la presente denuncia lo constituye el injustificado retardo en el que incurre el Dr. Claudio Bonadío, magistrado a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 11, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, de proveer a las instancias pertinentes que conduzcan al enjuiciamiento de aquellos que resultan responsables de la tragedia ocurrida el día 22 de febrero del 2012, a las 8:30 horas, aproximadamente, cuando el tren Nº 3772 que cumplía el servicio de transporte de urbano de pasajeros perteneciente a la línea Sarmiento que, por aquel entonces, se encontraba concesionada a la empresa Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima, procedía a terminar su recorrido ingresando a la terminal “Once de Septiembre” de la ciudad de Buenos Aires, por la plataforma Nº 2, no pudiendo ser detenido por el motorman encargado de su conducción como consecuencia de la falta de mantenimiento de los sistemas de frenado, de forma tal que no puede evitar impactar colisionar con el paragolpes de contención del andén ubicado al final del andén, provocando la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.

En el curso del proceso judicial abierto a los fines de investigar las causas del accidente y responsabilizar a sus culpables, habiendo la causa respectiva tenido radicación en la Secretaría Nº 21, del Juzgado a cargo del magistrado mencionado, tramitando bajo Nº 1710/12, una vez indagados los presuntos responsables y ya transcurrido en exceso el plazo legal previsto por el art. 306 del Código Procesal Penal de la República Argentina para disponer su procesamiento, instancia previa requerida a los fines de permitir su enjuiciamiento, efectué la pertinente queja por retardo de justicia requiriendo que se disponga el pronto despacho de la mencionada resolución de mérito, puesto que el art. 306 del digesto procesal que, en el término de diez (10) días a contar de la fecha en la que el imputado compareció al llamado a prestar declaración indagatoria, debe ordenarse su procesamiento siempre que hubiere elementos suficientes para estimar la existencia del hecho delictuoso y su responsabilidad penal como partícipe de este.

Sentado ello, puse en resalto que las constancias incorporadas a los actuaciones acreditaban, de manera incontrovertible, que el evento que promovió el inicio de la investigación, siendo este la tragedia ocurrida el día 22 de febrero del corriente año en la estación terminal de "Once de Septiembre", es la consecuencia de un concurso de delitos que, real o idealmente, relacionados han propiciado su producción.

En efecto, el avance de la pesquisa permitió establecer, con el grado de certeza que el estadio procesal permite, la materialidad del hecho investigado como constitutivo de un delito, siendo este la colisión de la formación férrea de la ex – línea Sarmiento contra el final del andén Nº 2 de la estación terminal, que provocó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700, no sólo como consecuencia de la falta cometida por el motorman al acceder a conducirla cuando tenía pleno conocimiento de las serias deficiencias que afectaban su sistema de frenado, sino que ha quedado también esclarecido que contribuyó a la producción del evento la inexcusable falta en la que han incurrido aquellos que tenían la obligación y el deber legal de verificar el correcto mantenimiento y funcionamiento de dicho sistema.

Sobre este aspecto debo ilustrar que el servicio de transporte ferroviario donde ocurrió la tragedia se encontraba otorgado en concesión a la empresa Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima y que el control de cumplimiento de las cláusulas del contrato respectivo que, expresamente, establecía la obligación de proporcionar un servicio seguro, se encontraba a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo público dependiente del la Secretaría de Transporte que, a su vez, integraba la estructura del Ministerio de Planificación del Poder Ejecutivo Nacional.

Adunaba la conclusión aludida en los párrafos que preceden la vasta prueba ya reunida en la causa, en particular, los informes elaborados durante años por la Auditoría General de la Nación, los testimonios obtenidos de personas que han daban cuenta de las deficiencias en el mantenimiento y en el control del material rodante, así como también en el mantenimiento de las vías férreas entregadas en concesión, los informes periciales incorporados y, especialmente, la voluminosa pericia accidentológica practicada, que identificaba, de manera concluyente, las fallas que afectaban los mecanismos de frenado del tren siniestrado como determinantes en la producción de la catástrofe.

Asimismo, recalqué que no podía controvertirse que la prueba referida resultaba concluyente para establecer que casi la totalidad de las personas citadas a prestar declaración indagatoria mediante la resolución dictada el 16 de abril del 2012 no pueden reputarse ajenas a los hechos que se le imputan toda vez que desde los cargos ejecutivos o políticos que ocupan u ocupaban resultaba indudable su responsabilidad por haber omitido dar cumplimento a su deber de controlar y verificar que las formaciones férreas entregadas en concesión sean confiables para transportar, de manera segura, a miles de personas.

Por lo tanto, encontrándose suficientemente comprobada la materialidad del hecho y la responsabilidad que correspondía atribuir a aquellos que resultan partícipes necesarios de su producción, correspondía, sin mayor demora, ordenar el procesamiento de los mismos, de conformidad con lo que estipula el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, puesto que no hay fundamento argüible que permita continuar aplazando el dictado de dicha resolución, siendo que esta circunstancia solo favorece que transcurran los plazos de prescripción, a más de seis meses de ocurrida la tragedia, y obsta a que aquellos que ya han sido indagados tengan definida cual es su situación procesal.

La presentación a la que hago referencia fue deducida el 27 de agosto del corriente año y, como era lamentablemente esperable, fue desestimada por parte del Juzgado interviniente.

Tal circunstancia motivó que plantee la queja pertinente ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dentro de los a principios del mes de septiembre del corriente año, presentación que, transcurridos casi un mes desde su deducción aún no ha sido resuelta.

En esta presentación alegué que dado a que el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 11, no ha dictó el pertinente y procedente procesamiento de aquellos imputados que concurrieron a prestar declaración indagatoria en la causa indicada, cuando ya han sido reunidos elementos de convicción suficientes para estimar existente el hecho delictuoso y la culpabilidad que corresponde atribuir a los indagados respecto de su producción, correspondía denunciar el injustificado retardo a los fines procesales pertinentes.

En tal sentido expuse que la imputación que se formalizó como consecuencia del hecho precedentemente descripto fue, con relación a los directivos de la empresa concesionaria y al conductor de la formación, la de "Integrar un grupo de personas que de manera sistemática y organizada, detentando el control societario de la ex línea General Sarmiento participaron en el hecho ocurrido el día 22 de febrero del 2012 consistiendo dicha participación en la impropia utilización del material rodante, de la infraestructura concesionada, del personal transferido y de los fondos que el Estado Nacional puso a su disposición “…para ofrecer un mejor servicio del transporte público de pasajeros…que sea a su vez eficiente, seguro, confiable y que proporcione un servicio cuya calidad y frecuencia sea superior a la actual, niveles de tarifas acordes a niveles de ingreso de la población, nuevas inversiones en infraestructura, más seguridad y un entorno digno para los trabajadores del servicio”. (Conf. Art. 1°.I “Declaraciones y Principios” de las cláusulas del contrato de concesión de suscripto con relación a la explotación del servicio ferroviario).

Con relación a la imputación dirigida a los funcionarios de las reparticiones estatales que se encontraban obligadas a controlar el correcto funcionamiento del sistema de frenado de la formación férrea siniestrada, la misma se basó "en que durante la gestión desempeñada por los mismos como funcionarios del Estado Nacional, con injerencia funcional directa respecto del transporte ferroviario, no controlaron las condiciones de funcionamiento del material rodante, de la infraestructura y la aplicación de los fondos públicos que puso a su disposición el Estado Nacional que posibilitó el hecho del 22 de febrero del 2012, siendo entre sus funciones se hallaba el control y la fiscalización del transporte ferroviario de pasajeros, de modo de lograr mayor seguridad, mejor operación y confiabilidad, para lo cual se encontraban facultados para controlar el cumplimiento de las normas vigentes, respecto de las vías e instalaciones fijas, del material rodante, de los materiales y repuestos correspondientes, así como también de las obras y previsiones que integraban el plan de inversión del concesionario." (arts. 3 y 9 del Decreto 1388/96 y estatuto de la CNRT).


Sentado ello fundamenté la denuncia contra el magistrado en que el día 16 de abril del 2012 se dispuso citar a indagatoria a 30 personas que, de una u otra manera, se encontraban involucrados con la tragedia acaecida por estimarse que contribuyeron a su producción al haber omitido cumplir con las obligaciones establecidas a su cargo destinadas a proveer a la seguridad del funcionamiento del tren siniestrado.

Resultando que el último de los imputados citados mediante la resolución del 16 de abril compareció ante el Tribunal el día 11 de junio del corriente año, debía estimarse que el plazo previsto por el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, para disponer el dictado de los procesamientos de aquellos que resultaron indagados comenzó a correr a partir de esta última fecha.

En este punto, no remarqué que el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina prevé el dictado del procesamiento siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que el indagado es culpable como partícipe de este.

Por ello, señalé que la convicción legalmente requerida se veía plenamente abastecida en las actuaciones con la pericia técnica presentada por los ingenieros ferroviarios designados con fecha 18 de abril del 2012, que conforma un legajo separado del expediente principal, en el que se aprecia, en el punto 1.2 del dictamen, que solamente seis de los ocho vehículos de la formación siniestrada contaban con compresor de freno en condiciones de funcionar, siendo que uno se encontraba faltante y el restante se encontraba fuera de servicio.

Asimismo, indiqué que la pericia referida constató que el sistema de emergencia del guarda no estaba operativo y le faltaba su parte de accionamiento. Destaqué por ello que, tal como el dictamen explica, el "freno de guarda" constituye una posibilidad adicional de frenado de emergencia en formaciones como la siniestrada en particular.

También puse en resalto que solo cuatro de los ocho coches que conformaban la formación siniestrada pudieron ser peritados y que como resultado de la evaluación se concluyó que "no surge mal funcionamiento de los sistemas de freno de los vehículos...si bien cabe señalar que, para una operación más eficiente, los tiempos de recuperación de la presión de frenado luego de las aplicaciones ensayadas deberían haber sido menores que los registrados en algunas de las pruebas.".

Por otro lado, al evaluar el estado del material rodante se determinó que "Resulta evidente que la mayor parte de las unidades se encuentra con mantenimiento diferido. LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO CONCEPTO GENERAL IMPLICA UN RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN." (Punto 4.2 de la pericia).

También mencioné que la pericia destacó que "El alto grado de informalidad con que se entregan vehículos al servicio de pasajeros...además del riesgo potencial que tal procedimiento implica, el mismo no es compatible con mínimos conceptos de organización de la seguridad que se debe garantizar en este tipo de actividad, ya que implica la carencia de control interno y seguimiento de procedimientos operativos básicos".

Lo precedentemente detallado daba cuenta de que los elementos básicos que configuran la imputación de los indagados debían considerarse comprobados, con la precariedad que el estado procesal habilita como para determinar, sin mayor demora, su procesamiento, puesto que ello conducía a la etapa de enjuiciamiento para analizar con total precisión las constancias probatorias incorporadas.

A mayor abundamiento, argumenté que debía considerarse que los claros términos del dictamen precedentemente aludido se ven adunados con los pormenorizados informes agregados a la causa provenientes de la Auditoría General de la Nación y los dictámenes preliminares elaborados por los peritos que intervienen en el área contable, extremos que tornaban injustificable la dilación en el dictado de los procesamiento de los indagados, haciéndose cesar el estado de incertidumbre que se mantiene respecto de su situación procesal.

Conforme lo expresado anteriormente, esta petición aún no fue resuelta pese a haber transcurrido casi un mes desde que la misma fue presentada, y más de siete meses desde que tuvo la tragedia en las que resultaran víctimas las personas a quienes represento.
Existe abundante jurisprudencia en el ámbito de la Justicia Argentina que avala la postura que sostengo en la presente denuncia, evidenciando la falta de fundamento de los pronunciamientos que no hacen lugar al pronunciamiento de los imputados, como por ejemplo cuando se resolvió que "Es nula la resolución cuya fundamentación rebasa los límites impuestos por la sana crítica racional, pues si bien dicho sistema autoriza al magistrado a efectuar un análisis del material probatorio conforme a su propia convicción, ello no implica que pueda prescindir arbitrariamente de elementos probatorios esenciales y dirimentes para una adecuada solución del asunto..." (CNCasación Penal, sala III, 2002/07/15. - Gattas, Felipe R. y otros s/ rec. de casación – L.L. 06/05/03.).

En otro fallo, el máximo Tribunal penal de la Nación Argentina, dispuso “Las reglas de la sana crítica, que son pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia, informan el sistema de valoración de la prueba adoptado por el Código Procesal Penal en su art. 398, 2° párrafo, estableciendo plena libertad de convencimiento de los jueces pero exigiendo que las conclusiones a que arriben en la sentencia sean el fruto racional de las pruebas; sin embargo esta libertad reconoce un único límite infranqueable, el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir las leyes de la lógica -principios de identidad, tercero excluido, contradicción y razón suficiente- de la psicología y de la experiencia común. (Voto del Dr. Mitchell).” Registro N° 856 "Neder, Jorge y otra s/recurso de casación". 20/02/96. Causa N° : 192. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala II. Citas: Couture, Eduardo J., "Las Reglas de la Sana Crítica en la Apreciación de la Prueba Testimonial", publicado en Jurisprudencia Argentina -sección doctrina-, T. 71, Págs. 80 y ss. C.N.C.P.: Sala II "Waisman, Carlos A. s/recurso de casación", del 4 de abril de 1994, Causa Nro. 84, Reg. Nro. 113.

Lo jurisprudencia invocada lleva a concluir que la resolución que no hace lugar al pedido de procesamiento instado por mi parte deviene en arbitraria y, por lo tanto, carente de fundamento lógico jurídico.

En el sentido expuesto, corresponde señalar que según Legaz y Lacambra "La arbitrariedad es la negación del derecho como legalidad cometida por el propio custodio de la misma, es decir por el propio poder público”. (Legaz y Lacambra, Luis. Filosofía del Derecho, 5° edición, Barcelona, Editorial Bosch, 1979, Pág. 630).

Asimismo, la sentencia arbitraria también ha sido definida, para Juan Francisco Linares, como “aquella que excede del limite de posibilidad interpretativa que el ordenamiento deja al arbitrio del juez"; para Esteban Imaz como "aquella que adolece de un error inexcusable"; para Bartolomé Fiorini aquella mediante la cual el magistrado “se ha puesto al margen de su constitucional forma de actuar"; y para Luis M. Boffi Boggero la que “nace del incumplimiento de un mínimo de requisitos jurídicos".

Asimismo, corresponde indicar que, para admitir su procedencia, el vicio de arbitrariedad debe ser grave y tiene que resultar comprobable, toda vez que el mismo reviste carácter excepcional y no representar un instrumento que tiene por objeto abrir una instancia extraordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas con la finalidad de cubrir meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes. Para tornarse viable la arbitrariedad debe invocarse y probarse fehacientemente por el interesado.

Conforme lo expuesto, corresponde señalar que el fundamento constitucional de la doctrina de la sentencia arbitraria se desprende de las cláusulas que integran Constitución Nacional Argentina, debiendo citarse, en primer término, al preámbulo, donde se refiere que uno de los objetos de su promulgación el "afianzar la Justicia".

En tal sentido, la sentencia arbitraria es aquella que se aparta del valor justicia sentado por dicho precepto.

Otro fundamento constitucional que avala la doctrina de la arbitrariedad se encuentra presente en el artículo 1º de la Constitución Nacional Argentina, al señalar que "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal...". Esta tesis es sostenida por Rouzaut, quien considera que la sentencia arbitraria importa una infracción al sistema republicano representativo de gobierno. (Rouzaut, “El Recurso Extraordinario”, página 55.)

También aparece otro fundamento constitucional en la redacción del artículo 18, al establecerse que "...es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos...", siendo este el argumento más utilizado como justificativo de la teoría al considerar a las sentencias arbitrarias como sentencias opuestas a la Constitución (Vanossi. “La sentencia arbitraria. Un acto de lesión constitucional”, ED, 91-105.).

A los fines propuestos, no puede tampoco soslayarse que ha quedado jurisprudencialmente definido que “Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que "en supuestos como el presente en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual LAS LEYES DEBEN INTERPRETARSE teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, DE LA MANERA QUE MEJOR SE COMPADEZCAN Y ARMONICEN CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESTANTE Y CON LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos: 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas)...incluso, que en casos no expresamente contemplados, HA DE PREFERIRSE LA INTELIGENCIA QUE FAVORECE Y NO LA QUE DIFICULTE AQUELLA ARMONÍA y los fines perseguidos por las reglas (Fallos: 303:1007, 1118 y 1403, entre otros)" (conf. Dictamen del señor Procurador General de la República Argentina en Fallos: 319:585 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Y que el máximo Tribunal de la Nación Argentina dispuso que "La decisión que omite el tratamiento de una medida probatoria que la recurrente solicitara en forma clara, y que, a tenor de las pruebas que a su favor acercara a la causa, podría llevar a una decisión favorable a su pretensión, importa un desmedro del derecho que a su favor consagra el art. 18 de la Constitución Nacional, que priva de sustento al fallo impugnado” (Fallos 304:1880 CSJN)

En forma concordante, debe establecerse que el rechazo por parte de los Tribunales competentes de dictar el procesamiento de los imputados convalida la violación de la obligación de reconocer y garantizar los derechos establecidos por la Convención (arts.1 y 2 Pacto de San José de Costa Rica) confirmándose la violación de una expresa y definida garantía de jerarquía constitucional y de derecho internacional cual es la consagrada en los arts.18 CN, 8: PSCJR y 14 PIDCyP (31 y 75:22 CN), esto es, el derecho de la querella al debido proceso legal.

Que con respecto a tal obligación de reconocer y garantizar a toda persona, y por ende, a todo justiciable, los derechos de la Convención, tiene decidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “144. Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que TODO ESTADO ES INTERNACIONALMENTE RESPONSABLE POR TODO Y CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE CUALESQUIERA DE SUS PODERES U ÓRGANOS EN VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INTERNACIONALMENTE CONSAGRADOS (108). EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN ESTABLECE, CON REFERENCIA A LAS ACTUACIONES Y OMISIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES INTERNOS, LOS ALCANCES DEL MENCIONADO PRINCIPIO DE GENERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS DE TODOS LOS ÓRGANOS del Estado (109)."

145. Los Estados TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONSAGRAR NORMATIVAMENTE Y DE ASEGURAR LA DEBIDA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EFECTIVOS Y LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas (110)."

147. EN RELACIÓN CON EL PROCESO PENAL, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha establecido que PARA QUE EN UN PROCESO EXISTAN VERDADERAMENTE DICHAS GARANTÍAS, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, ES PRECISO QUE SE OBSERVEN TODOS LOS REQUISITOS QUE "SIRVAN PARA PROTEGER, ASEGURAR O HACER VALER LA TITULARIDAD O EL EJERCICIO DE UN DERECHO", es decir, las "condiciones que DEBEN CUMPLIRSE PARA ASEGURAR LA ADECUADA DEFENSA de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial" (103).” (Corte IDH 02/07/2004, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica).

Se encuentra confirmada hoy en día la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que afirma: “16) Que, en tal sentido, la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones resultarían contradictorias con la previa ratificación internacional del tratado; dicho de otro modo, significarían el incumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran derivarse.”

Resulta innegablemente vinculante para el Poder Judicial de la Nación Argentina la recordada jurisprudencia de la Corte IDH en el citado caso “Herrera Ulloa”, en cuanto al alcance de la garantía del debido proceso legal pues –como ha dicho ese órgano supranacional-: “ES PRECISO QUE SE OBSERVEN TODOS LOS REQUISITOS QUE "SIRVAN PARA PROTEGER, ASEGURAR O HACER VALER LA TITULARIDAD O EL EJERCICIO DE UN DERECHO", es decir, las "condiciones que DEBEN CUMPLIRSE PARA ASEGURAR LA ADECUADA DEFENSA de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".


Entiendo, entonces, que no existen escollos para que la presente denuncia tenga favorable acogida en la vuestra dignísima Comisión, por lo que solicito que se disponga la apertura del procedimiento pertinente para instar los mecanismos que permitan el cese de la violación de los derechos fundamentales aquí invocada.

III.- LUGAR Y FECHA DONDE SE PRODUJO LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS.-

Conforme lo exhaustivamente expuesto en el punto que antecede, la violación de los derechos humanos invocada a los fines de efectuar la presente denuncia se perpetró, en forma continua, a través de una sucesión de omisiones incurridas por parte del Magistrado a cargo de instar el curso de la acción en contra de los responsables de la tragedia ocurrida el 22 de febrero del corriente año, que conculcan, de manera irreparable, los inalienables derechos que las víctimas de dicho evitable evento a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de las garantías judiciales y a la protección judicial.

Corresponde precisar, entonces, que la resolución que ilustra lo sostenido a lo largo de la presente denuncia es la dictada por parte del Dr. Claudio Bonadío, magistrado a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, mediante la cual, de manera injustificada, se omite proceder al dictado del procesamiento de aquellos que resultan imputados en la causa Nº 1710/12, seguida como consecuencia del hecho descripto.
IV.- SITUACION ACTUAL DE LAS VICTIMAS.-

Como consecuencia de la inaceptable violación de sus derechos las víctimas no ven el debido avance de la investigación seguida por la tragedia que las transformara en tales, al no darse curso a las instancias judiciales adecuadamente propiciadas para tal fin, encontrándose inmersas en una situación de total desamparo por no poder lograr que se permita el enjuiciamiento de los responsables.


V.- DERECHO.-

La conducta asumida por el Dr. Claudio Bonadío, magistrado a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de aquellos que la investigación permita involucrar como partícipes de las violaciones que motivan la presente denuncia debe considerarse como flagrantemente violatoria de lo dispuesto por el Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Artículos 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana para los Derechos Humanos.


VI.- PRUEBA.-

VI.- PRUEBA.-

Se ofrece como prueba, y para el caso:
Prueba informativa:

- Se oficie a efectos de que remitan ad effectum vivendi et probandi, copias certificadas del expediente caratulado: “CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS S/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO INCIDENTE CULPOSO” (Expte. Nro. 1710/12), que tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11, Secretaría Nº 21, sito en Av. Comodoro Py 2002, 4º piso, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

- Asimismo, se oficie a ARTEAR SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en Lima 1261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de requerirles que remitan a V.E. copias del programa “Periodismo para Todos” emitido el día 26 de agosto del corriente año, donde se denuncian las presiones que el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina formaliza ante los medios de comunicación para lograr que los jueces dicten pronunciamientos a su favor.
Prueba testimonial:

Oportunamente, se disponga recibir testimonio de:

- Licenciado AMADO BOUDOU, Vicepresidente de la Nación Argentina, a los fines de que el mismo proporcione detalles relativos a la “mafia judicial” que denunciara públicamente en el curso el corriente año.

- JORGE ERNESTO LANATA, periodista, con domicilio laboral en Lima 1261, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los fines de recibirle testimonio para que precise como es que el Poder Ejecutivo de la República Argentina presiona a los jueces para obtener pronunciamientos que los favorezcan.


Se constituya comisión especial:

Asimismo, solicito a V.E. que constituya una comisión especial para que viaje a la república Argentina y verifique, in situ, las condiciones que propician la violación de derechos denunciada en esta presentación.


Solicita Audiencia:

Asimismo, solicito a V.E. que, en representación de la mayoría de las víctimas que se han constituido en parte querellante como consecuencia de la tragedia ocurrida el día 22 de febrero del corriente año, se me autorice a mantener una audiencia frente a Uds. a los efectos de exponer y precisar acerca de las manifiestas violaciones denunciadas.


VII.- LO QUE SE PIDE DE LA COMISION.-

Con el mérito de lo antes expuesto, pedimos a esta Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en razón de los hechos denunciados que afectan a las víctimas de la tragedia ocurrida el día 22 de febrero del 2012 en la estación terminal de ferrocarril “Once de Septiembre” de la ciudad de Buenos Aires, declare que la República Argentina ha incurrido en violación de los arts. 8, 24 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través del accionar impropio de los integrantes de su Poder Judicial, disponiendo, en consecuencia, las medidas reparadoras a que haga lugar, y el enjuiciamiento de aquellos que resultan ser penalmente responsables de dicho acontecimiento.



Sin otro particular, saludos cordiales,

Dr. Gregorio Jorge Dalbon DNI 18.057614.-


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje