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Delito: Artículo 3º Ley N° 20. 000. Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal de Arica ruc: 1200508986-5


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PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL

ARICA



Delito: Artículo 3º Ley N° 20.000.

Tribunal: Tribunal Oral en lo Penal de Arica

RUC: 1200508986-5

RIT: 357-2012

Fecha Sentencia: 13 - 02 - 13

Considerandos: 11º, 12º, 17º
Temas: Se condena prescindiendo de la existencia del protocolo de análisis. El objeto material NO solo se acredita a través del informe pericial basado en el Art. 43 de la ley 20.000, toda vez que existe libertad de prueba: La solicitud de absolución por parte de las defensas se fundó en una supuesta falta de acreditación del presupuesto material. En dicho sentido, el Tribunal señaló que es necesario tener presente que nuestro actual sistema consagra la libre valoración de la prueba, de lo que es posible colegir que la defensa comete un error al referir que el objeto material debe acreditarse con el informe del ISP, basado en el artículo 43 de la ley 20.000, porque de ser así, nuestro sistema probatorio sería tasado. Por lo demás, la naturaleza jurídica del artículo 43 de la ley 20.000, no es la de una norma prohibitiva ni imperativa, sino que por el contrario constituye un medio probatorio más, ni siquiera puede afirmarse que dicho informe constituya una presunción de derecho, porque aplicando la libertad de prueba es posible que desvirtuar su contenido. Asi lo establece también la propia Convención de Viena al pronunciarse sobre el Tráfico de Estupefacientes en su artículo 3.3, haciendo referencia al objeto material del delito, indicando que el conocimiento, la intención o finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos del párrafo primero del presente artículo “podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.” A mayor abundamiento, no es efectivo que exista carencia de prueba para acreditar el presupuesto material y tampoco que no exista prueba indiciaria para alcanzar la convicción, sino que por el contrario, analizando la prueba rendida, el tribunal la estimó de entidad suficiente para acreditar el objeto material del delito más allá de toda duda razonable, toda vez que los imputados reconocieron que lo que se estaba traficando era droga y, de la declaración del químico encargado de la sección de decomisos del Servicio de Salud se pudo establecer que la sustancia analizada era clorhidrato cocaína con una pureza del 40%, 85% y 93. Al respecto, al tratarse de Cocaína, debe entenderse que se trata de una sustancia que produce los efectos previstos en el artículo 1° inciso 1° de la Ley N° 20.000. En este contexto, la exigencia señalada en el artículo 43 de la referida Ley N° 20.000, sólo tiene el propósito de especificar los efectos que produce la cocaína en el organismo y la peligrosidad de la misma para la salud pública. No existieron dudas al respecto que se trató de una sustancia que produce dependencia física o psíquica y capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerados en la salud pública, lo que además constituye una vulneración o daño al bien jurídico penalmente protegido. Cabe precisar, que la controversia sobre la naturaleza del objeto material nace luego del reconocimiento del propio fiscal en el sentido que el auto de apertura adolece de un error de transcripción de la prueba pericial ofrecida de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 315 del Código Procesal Penal “al haberse quedado pegado” un texto diverso al ofrecido en el acápite prueba pericial. Del mismo modo, no fue controvertido que la acusación presentada por el Ministerio Publico fuera la correcta, existiendo la duda el texto del auto de prueba que dictó el juez de Garantía en su oportunidad. Razón por la cual el juez presidente de sala, procedió a consultar a los abogados defensores sobre la posibilidad de pedir al Juzgado de Garantía el registro de audio con la finalidad de conocer el texto de la resolución oral, la que por lo demás, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Código Procesal Penal, debió registrarse en un soporte que diera fe de lo actuado, lo que no acontecía, ello acorde la alegación del fiscal. No obstante, las defensas se opusieron a la diligencia, siendo imposible para los jueces traer a la vista el registro de audio, por encontrase el mismo a disposición de otro tribunal y por carecer de la facultad de decretar medidas para mejor resolver. Obstando estos sentenciadores por excluir el informe pericial ofrecido en la audiencia de juicio oral por el fiscal, ya que el mismo no correspondía al que figuraba en el auto de apertura. Así, las cosas y conforme a lo razonado, aún sin el informe pericial, estos jueces lograron convicción sobre presupuesto material del delito, puesto que se aportó por el órgano persecutor suficiente prueba directa e indiciaria para colegir conforme las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente establecidos que la sustancia incautada correspondió a cocaína, cuya naturaleza es capaz de producir graves daños a la salud pública. Se acoge sustituir la pena corporal por la expulsión del territorio nacional, tomando en consideración los requisitos del artículo 34 de la ley 20.603: Los defensores y la representante del Ministerio del Interior expusieron que los acusados estaban ilegalmente en territorio nacional, razón por la cual debían ser expulsados del mismo, solicitud a la que el Fiscal se opuso por considerar que no era aplicable la medida al no estar vigente la norma invocada por la defensa. El tribunal, tomando en consideración los requisitos del artículo 34 de la ley 20.603, a saber que los condenados eran extranjeros, que la pena a imponer era igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo y que no residían legalmente en el país, acogió la petición de la defensa sustituyendo la pena corporal por la de expulsión del territorio nacional de los acusados quienes no podrán regresar al territorio nacional en un plazo de diez años contados desde la fecha de esta sentencia. En caso que los condenados regresaren al territorio nacional dentro del plazo señalado anteriormente, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.

Por otra parte El Ministerio del Interior deberá proceder a la expulsión del territorio nacional de los enjuiciados en el plazo de treinta días desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Conforme se ha venido razonando, se rechazará la argumentación del Ministerio Público, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 34 de la Ley N° 20.603, por cuanto se trata de una ley penal más favorable que ha sido debidamente promulgada y debe ser considerada en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 inciso segundo y tercero del Código Penal.
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