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Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio (extracto)


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Del Viernes Negro al Referendo Revocatorio (extracto)


Margarita López Maya, 2006

Introducción. Lucha hegemónica en la globalización neoliberal.

En este libro se describe, analiza e interpreta la transformación sociopolítica que ha tenido lugar en la sociedad venezolana, desde que se iniciara a finales de los años 70 el declive de la democracia hoy conocida como de "Puntofijo", hasta la implantación e inicial consolidación de un nuevo proyecto para el país de "democracia participativa y protagónica", identificado como el Proyecto Boli­variano.

La asombrosa transformación de la sociedad, de la que todos hemos sido testigos y partícipes, es interpretada en este libro en términos de una lucha por la hegemonía. Definimos como lucha hegemónica un proceso dinámico, que ha implicado la creciente y sostenida organización y confrontación entre actores sociales y políticos, donde se van dando avances para unos y retrocesos para otros, donde actores se han ido sumando a una posición o retirándose para ir a otra, donde unos acumulan fuerza y otros la pierden, donde antagonismos iniciales se han modificado, debili­tado o desplazado mientras surgen otros antagonismos. En la lucha hegemónica los actores van construyendo mediante su interacción las líneas básicas de proyectos de país, acordes con las demandas y sueños de quienes han participado, modificándose constante­mente tales propuestas por la relación con otros actores que se van sumando al proyecto inicial, y/o por la acción de adversarios, y aún de observadores. A través, a veces de la confrontación, otras veces del diálogo, de alianzas, elecciones, negociaciones y demás prác­ticas de la política, han ido emergiendo en la Venezuela del siglo XXI propuestas colectivas de futuro y nuevas relaciones de poder. El Proyecto Bolivariano, materializado primeramente en la Consti­tución de 1999, e impulsado por el presidente [Hugo] Chávez y su alianza de fuerzas sociopolíticas emergentes, alcanzó al finalizar el siglo el predominio político o la hegemonía. Se entiende este concepto como un "equilibrio inestable", donde un grupo de actores logró acumular la suficiente legitimidad para acceder al poder y poner en práctica su proyecto para el conjunto de la sociedad. Al dar sus primeros pasos como gobierno en el siglo XXI, esa hegemonía y esos actores parecen consolidarse.

Al ubicar nuestro análisis en la perspectiva de la lucha he­gemónica estamos sosteniendo que el proceso que ha vivido la sociedad ha sido principalmente democrático en su naturaleza, independientemente de que en distintos episodios o vicisitudes, como veremos en diversos capítulos, algunos actores han recurri­do a prácticas reñidas con esos procedimientos, buscando hacer prevalecer sus intereses particulares a la fuerza. Una transforma­ción hegemónica implica un cambio de relaciones de poder en una sociedad mediante la guerra de posiciones, y la historia humana bien nos muestra que el camino para que eso pueda suceder está peligrosamente lleno de obstáculos, emboscadas y abortos. Por lo general, los que disfrutaban del poder harán lo indecible para mantenerse en él, y los que ahora se sienten con fuerza para dirigir la sociedad, buscarán el reconocimiento de ello, a veces también a como dé lugar. La prolífica experiencia histórica indica que lo más común son los cambios violentos. En este sentido, el proceso sociopolítico venezolano, aunque no exento de tales manifesta­ciones, se erige como un caso interesante y bastante excepcional, toda vez que ha logrado cambios significativos en el orden político sin desatar la violencia y/o el autoritarismo. Como lucha hegemónica, el proceso sociopolítico venezolano se proyecta hacia el futuro en una continuación y profundización de esta dinámica democrática.

La historia de la lucha hegemónica en Venezuela entre 1983 y 2004 se expone a partir de un conjunto de procesos socioeconómi­cos y sociopolíticos de carácter nacional, que se fueron acumulan­do a lo largo de estas décadas. Estos aspectos nacionales también han estado intrínsecamente vinculados con procesos más amplios de globalización neoliberal, que se han venido desarrollando desde los años 70 en el sistema capitalista mundial y que han alterado profundamente las relaciones centro-periferia que predomina­ron entre los estados nacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la historia que se busca comprender aquí es de significativa complejidad, multidimensional, y aun con aspectos de interpretación difícil y/u oscura.

El último cuarto del siglo XX ha sido el escenario de un proce­so de recomposición o reestructuración del capitalismo que aún no culmina y en el cual todas las sociedades del planeta han sido afectadas en mayor o menor grado. Iniciado, según algunos, a fines de los años 60, por una típica crisis de sobreacumulación en los países industrializados, en la década del 70 se superpuso a ella la devaluación del dólar y la crisis energética. A partir de entonces se fue desarrollando un abigarrado complejo de políticas económico financieras y procesos de distinta naturaleza, entre ellos las innova­ciones informáticas y comunicacionales, así como los asombrosos cambios políticos de centro Europa bajo la égida del capitalismo fi­nanciero, que han tendido a la integración de Estados y sociedades a un sistema económico único. América Latina ha estado inmersa en estas transformaciones, afectada profundamente en los años 80 con la "crisis de la deuda" y su consecuencia directa, la llamada por Cepal "década perdida". Fue en los años 80, cuando todos los in­dicadores socioeconómicos de nuestras sociedades retrocedieron, y comenzó el calvario de las políticas de ajuste y reestructuración económica, impuestas a las economías de la región por las agencias multilaterales de crédito, dominadas por los intereses de las fuerzas económicas y políticas de los países centrales. Gobiernos de extrema derecha en EEUU, Inglaterra y otros, buscaron corregir las disfunciones de sus economías mediante la imposición en la periferia de formas de aguda explotación y dominación.

Es sobre este escenario de fondo, llamado por algunos "glo­balización neoliberal", y por otros "mundialización", donde arran­ca la trama venezolana que aquí analizaremos. Venezuela, por su condición múltiple de país periférico en el sistema capitalista mundial, petrolero y democrático, parece haber sido especial y contradictoriamente influido por los intensos reacomodos econó­micos, geopolíticos y socioculturales que se desarrollan en la esfera del capitalismo desde entonces. Su estrecho vínculo histórico con EEUU, como seguro proveedor del estratégico combustible para su maquinaria industrial y militar, la ha colocado en una situación difícil para ejercer su soberanía, toda vez que ese país se ha cons­tituido en esta etapa en la potencia militar e "imperial" única del planeta, que no duda en ejercer su fuerza para garantizar los inte­reses de las corporaciones transnacionales que se albergan en su territorio. Por otra parte, Venezuela es una de las democracias más antiguas de América Latina, y en los últimos seis años su cambio hegemónico, cuya dirección anda a contracorriente del neolibera­lismo que prevalece como ideología en el orden internacional, se ha visto respaldado con recurrentes procesos electorales y una intensa política de la calle. La transformación de la sociedad venezolana a través de cauces propios ha sido recibida con enorme disgusto por parte de las fuerzas que actualmente dominan el mundo. Por esto y otros desarrollos vividos con intensidad a lo largo de estos años, este análisis trasciende el caso particular, y muchos de los procesos que aquí se estudian contribuirán a echar luz sobre otras traumáticas experiencias de sociedades periféricas en el contexto de estas transformaciones. (...)

Capítulo 3. El Caracazo1.

El 27 de febrero de 1989 estalló en Venezuela una revuelta po­pular que alcanzaría una magnitud sin precedentes. En la ciudad capital, así como en casi todas las ciudades principales y secun­darias del país, tuvieron lugar barricadas, cierres de vías, quemas de vehículos, apedreamientos de comercios, balaceras y saqueos generalizados. La revuelta duró cinco días en Caracas, un poco menos en el resto del país. El saldo de pérdidas materiales y hu­manas fue altísimo; las muertes, conservadoramente calculadas en casi cuatrocientas, fueron en su gran mayoría de gente pobre, vecina de la capital.

La sorpresiva e inusitada fuerza de este evento ha estimulado una abundante producción académica que busca interpretarla. Pero esa literatura se ocupa principalmente de explicar las causas que llevaron a sectores pobres y medios venezolanos a las calles, mientras varios aspectos de la revuelta continúan sin captar la atención académica y recibir respuestas explicativas. Por ejemplo, ¿por qué una revuelta popular en un régimen democrático? ¿Por qué estuvo centrado en objetivos como establecimientos comer­ciales y no en blancos políticos? ¿Por qué duró tanto tiempo (5 días en Caracas)? Y, ¿por qué los niveles de violencia que entonces se alcanzaron, sólo tienen relativa comparación con ciertos sa­queos urbanos ocurridos durante distintos episodios políticos de la Venezuela del siglo XIX y las revueltas de 1935-36, ocurridas a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez? Estas preguntas merecen ser respondidas, no sólo para una mejor comprensión de nuestro proceso sociopolítico, sino incluso como contribución a esclarecer la naturaleza de este tipo de revueltas en otras sociedades.

En el presente capítulo se realiza una descripción detallada del Sacudón o Caracazo con el objeto de presentar los hechos de la manera más precisa posible para contribuir con respuestas para estas importantes cuestiones. La información empírica procede de los reportajes de varios diarios venezolanos de aquellos días, así como de testimonios y entrevistas realizadas con protagonistas o testigos de los sucesos. Lo que emerge de esta información es la debilidad de un conjunto de instituciones que regulaban la vida político-institucional y diaria de los venezolanos, una debilidad que jugó un rol clave en la naturaleza, extensión y duración de la revuelta.



SOBRE REVUELTAS POPULARES

La revuelta popular del 27 de febrero de 1989 y los días siguien­tes, por sus formas de protesta y por la naturaleza predominante­mente violenta de las acciones colectivas, rememora las revueltas populares decimonónicas de algunas ciudades latinoamericanas (v. Arrom y Ortoll, 1996), pero también las conocidas revueltas de hambre de los siglos de transición a la modernidad de sociedades europeas: barricadas, quemas, apedreamientos, tomas de calles y establecimientos, saqueos con o sin distribución. Según la literatu­ra especializada sobre las revueltas urbanas, las acciones del estilo de las practicadas durante el Caracazo son propias de sociedades pre-modernas, pues en las modernas la conflictividad social se exterioriza bajo la conducción de actores organizados y desde un repertorio de formas de protesta cuya naturaleza es más bien pa­cífica o convencional y en casos especiales confrontacional.

Más recientemente, al observar el muy obvio hecho de que estas formas de protesta han emergido con inusitada fuerza en las últimas dos décadas en muchas sociedades del planeta, John Walton y David Seddon (1994) han construido una analogía entre la transición europea a la modernidad y la situación presente de muchos países del Tercer Mundo. Ellos argumentan que dichos países están atravesando una transición societal, que se caracteriza por ir de una modernización paternalista -la cual dicen ellos que en América Latina estuvo impulsada por el Estado desarrollista-po­pulista- a una modernización liberal (o neoliberal), conducida por las agencias financieras internacionales mediante la imposición de políticas orientadas por la doctrina neoliberal. Los sectores popula­res de estas sociedades, al igual que los pobres ingleses de los siglos XVII y XVIII, habrían elaborado en la etapa moderna-paternalista una "economía moral", es decir, un código moral mediante el cual se relacionan con la economía, las autoridades y los ricos. Según este código, los pobres sienten que tienen derecho a ser protegidos por las autoridades de las inclemencias del mercado y a obtener los medios mínimos necesarios para su supervivencia. La virulencia y similitud en formas y tipos de acción de la protesta actual con aquélla, obedece a que, al igual que entonces, cuando las autori­dades abandonaron el paternalismo para aplicar la doctrina del laissez-faire, traicionaron el código moral que estaba vigente en la relación entre ellos y los pobres.

Diversos artículos publicados en Venezuela durante los años 90 analizando el Sacudón, sugieren que éste fue impulsado más bien por un conjunto de motivos y factores, entre los cuales estaría incluida la traición a una economía moral o algún concepto afín. Sin embargo, incluso Walton y Seddon reconocen que, aparte de las características especialmente violentas que le puede imprimir a la movilización popular la traición de las autoridades a la economía moral, toda sociedad protesta principalmente de acuerdo con pautas que le son dadas por su historia y características institucionales. Por este motivo, un estudio comparativo entre el Bogotazo colom­biano de 1948, o el Santiagueñazo argentino, de 1993, o incluso, las protestas anti-globalización que vienen ocurriendo en los últimos años en diversos países, con la revuelta venezolana de 1989, mos­trará tanto similitudes como importantes diferencias en términos de actores, motivos y modalidades de protesta2. Una visión similar, aunque con menos implicaciones evolucionistas, es el concepto utilizado por Francis Fox Piven y Richard Cloven del "poder disrup­tivo" de la vida cotidiana que tienen los pobres. Según su enfoque, no es que estas protestas ocurran por traición a una economía moral, sino que el poder de interrumpir violentamente la vida co­tidiana que tienen los pobres es prácticamente el único recurso de que disponen para ejercer presión sobre la autoridad en cualquier sociedad, y la usan cuando surgen "terribles penurias que padecen (...) en tiempos de quiebre social y stress". Ellos enfatizan que las modalidades violentas son un instrumento de poder, que se usa en situaciones extremas, pero también argumentan, al igual que Walton y Seddon, que las características institucionales de una sociedad son pieza clave para comprender dónde comienza la re­vuelta, por qué unas acciones colectivas prevalecen sobre otras, y la razón de que aparezca más violencia en algunos casos.


En lo que sigue se realiza una descripción detallada de los acontecimientos que se desarrollaron durante el 27 de febrero de 1989 y los días posteriores, donde surge de manera poderosa la debilidad y torpeza de las respuestas en esos días de muchas instituciones que regulaban la vida social y política de los venezolanos. En la descripción hay suficientes evidencias, tanto de que se ha producido una traición a la economía moral de los venezolanos pobres, como que el contexto institucional condicionó de manera significativa la naturaleza y modalidades de la revuelta. (...)

EL CARACAZO EN COMPARACIÓN CON LAS PROTESTAS DE 1935-36

La fuerza disruptiva del Caracazo alcanzó una magnitud, vio­lencia y extensión, que no la hace comparable con ninguna situa­ción venezolana anterior sino más bien con grandes revueltas po­pulares de otros países de América Latina o el mundo. Sin embargo, sí guarda similitudes con la ola de protestas que sacudió a Venezue­la entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, cuando la muerte del general Juan Vicente Gómez abrió una estructura de oportunidades políticas excepcional en el contexto de la sociedad.

El 17 de diciembre de 1935 murió el general Gómez en su resi­dencia de Maracay, después de haber ejercido el poder de manera autoritaria y personalista por 27 años. Si bien había tomado las precauciones para decidir quién debía continuarle en el ejercicio del poder, designando al general Eleazar López Contreras, para ese momento su ministro de Defensa, la escasa legitimidad de las instituciones políticas, y el tradicional uso de la fuerza y de pro­cedimientos personalistas cuando este tipo de situaciones surgía, levantó inmediatamente una encarnizada lucha por la sucesión entre los factores de poder de la época. Mientras miembros de la familia Gómez y hombres fuertes del régimen, así como allegados y partidarios del general López Contreras, se movían en búsqueda de capturar la presidencia, sorpresivamente multitudes urbanas comenzaron a salir a la calle.

Entre el 13 de diciembre y los eventos conocidos como del 14 de febrero de 1936, las multitudes establecieron una fuerte relación con la autoridad emergente. En un contexto caracterizado por la inexistencia de canales de representación y mediación, pero a su vez con importantes transformaciones sociales que se habían venido desarrollando ya por varios años, esta interacción emergente fue la forma en que renació la política. Desde finales de los años 10, una incipiente economía petrolera, combinada con una larga paz según los parámetros venezolanos, había venido cambiando a la sociedad rural del siglo XIX. Una sociedad moderna y más compleja se esta­ba levantando, la cual no tenía por entonces formas institucionales para expresarse políticamente. Pero la interrelación entre la autori­dad y la multitud, una "política de la calle", tenía su tradición, tanto en España como en sus colonias, practicándose incluso en algunas ciudades latinoamericanas del siglo XIX. En 1935-36 esta política revivió. Comenzando el día 13 de diciembre, las multitudes bajo el liderazgo del movimiento estudiantil, comenzaron a reunirse en las plazas públicas de la capital y otras ciudades del país para discutir sobre los eventos políticos que se estaban sucediendo. En la plaza Bolívar de Caracas se colocaron frente a las puertas de la Gobernación del Distrito Federal demandando de López Contreras, recién juramentado como Presidente de la República encargado, y quien se encontraba en la ciudad de Maracay asistiendo a los funerales de Gómez, la destitución del general Velasco como gobernador de la capital. Velasco era uno de los hombres más representativos y odiados del régimen moribundo, y López Contreras, dando un hábil e inteligente paso de avance frente a sus rivales en la lucha por ase­gurarse el poder, aceptó la demanda de los caraqueños y removió al Gobernador. El día 20. López Contreras entró a la ciudad en medio de las expectativas de las multitudes. Esa tarde, frente al palacio presidencial, fue aclamado por el pueblo.

Tan pronto se supo de la muerte de Gómez, también estallaron disturbios en diversas ciudades del país. De modo similar a como ocurría en el siglo XIX, la desaparición del caudillo mayor de turno producía un vacío de poder que era aprovechado por las multitu­des para realizar una serie de acciones callejeras entre las cuales los saqueos solían ser infaltables. Pero, a pesar de que los estableci­mientos comerciales estaban en la mira del pueblo, como siempre había ocurrido en el pasado -y en efecto se produjeron saqueos a tiendas en Caracas, Maracaibo y otras ciudades- la mayoría de los saqueos fueron dirigidos a las propiedades de los políticos que cayeron en desgracia. Las casas y propiedades de la familia Gómez o de los gomecistas eran el blanco principal de las multitudes. Estas acciones fueron toleradas, y hasta cierto punto aprobadas, por el general López Contreras, quien dio órdenes precisas a los cuerpos de seguridad de hacerse visibles en los lugares donde ocurrían los saqueos, pero cuidarse de no atacar o infligir daño a las personas. En la medida en que fue consolidando su poder, el gobierno de López se fue haciendo menos tolerante de este tipo de acciones y la represión fue aumentando. Como respuesta, las multitudes fueron organizándose, bajo el liderazgo del movimiento estudiantil y de emergentes movimientos sociopolíticos. Fueron, asimismo, mol­deando sus demandas hacia la modernización política, replicando con violencia sólo cuando eran reprimidas violentamente, como durante los sucesos del 14 de febrero de 1936 del año siguiente. La situación cuando estalla el Caracazo guarda algunas similitudes, pero también importantes diferencias. Veamos.

Uno de los rasgos más notables del Caracazo, en perspectiva comparativa con estos eventos, fue que si bien no existía, como en 1935, incertidumbre en torno a la cabeza del poder, pues Pérez había sido electo en diciembre con un relativamente fuerte apoyo popular, lo que sí se produjo durante las primeras 30 horas de la rebelión fue la ausencia del gobierno en sus distintas manifesta­ciones: no hicieron acto de presencia los funcionarios encargados de hacer cumplir los acuerdos alcanzados con Fedetransporte; las distintas fuerzas policiales, o bien no intervinieron durante las pri­meras protestas, o bien expresaron tener orden de no intervenir. La ausencia más sorprendente y determinante en la forma y dimen­sión que tomó la revuelta fue la del Gobierno Nacional. Su primera aparición es después de la una de la tarde del día 28.

Existen múltiples testimonios de la época, o posteriores, que argumentan la ignorancia del Gobierno Nacional respecto a los sucesos que venían desarrollándose en Caracas y en una parte significativa de las ciudades principales y secundarias del país durante todo el día 27. Tanto el ex presidente Pérez en distintas entrevistas, como testimonios de altos funcionarios de su gobierno, incluido el ministro de la Defensa, señalan que el alto gobierno, más que no tener conocimiento, no se percató o no evaluó la gra­vedad de la situación. Tanto el presidente Pérez como el ministro de la Defensa, Ítalo Del Valle Alliegro, se ausentaron de la capital ese día para tareas rutinarias. Pérez ha insistido en una entrevista que le fuera realizada diez años después, en que los miembros de mayor confianza de su entorno, incluyendo a los ministros de la Defensa y Relaciones Interiores, repetidamente le informaron a lo largo del día que nada fuera de lo ordinario estaba ocurriendo. En consecuencia, afirma, sólo tomó conciencia de la situación en la noche cuando regresó a Caracas procedente de Barquisimeto (UCV, 1999).

Pérez en la entrevista arriba citada deja claro que, para la fe­cha del Caracazo, los canales regulares de inteligencia del Estado no estaban funcionando. Pero también puede inferirse que nada extraordinario estaba esperando el alto gobierno en términos de malestar social, a pesar de la dureza de las medidas que se habían anunciado, ya que ese día 27 comenzaba a aplicarse el aumento de los pasajes. Esto pone en evidencia un cálculo político extremada­mente deficitario, que se corrobora aún más por la negación hasta la fecha por parte de Pérez de aceptar que el Caracazo tuviera algo que ver con las políticas de ajuste que había anunciado diez días antes o incluso con el aumento de los pasajes del transporte pú­blico. El ex presidente sostiene que lo que pasó fue básicamente el resultado de un problema de insubordinación de la Policía Metropolitana (PM) que se venía desarrollando con anterioridad a su gestión y que estaba motivado por una queja que los policías tenían con sus superiores de la Guardia Nacional (GN). La PM no sólo no controló los primeros brotes de protesta, sino que en algunos casos incluso los estimuló. Este argumento, si bien aclara una de las dificultades que confrontaron Pérez y su gabinete el día 27, no es sino una de las numerosas debilidades institucionales que convergieron ese día para producir los trágicos resultados.

Ciertamente, los altos dirigentes de los partidos políticos AD y Copei también afirman no haber tenido información sobre las pro­testas el día 27, comenzando sus contactos con el Gobierno sólo la noche del 27, y el 28 en la mañana (Celli, intervención en foro, 1999). El Gobierno, a su vez, justifica no haber salido públicamente al aire antes de la tarde del día 28 alegando que estaba tratando de conseguir el apoyo de todas las fuerzas políticas para declarar el estado de sitio y el toque de queda. Esto era un comportamiento muy distante del que había seguido en los días anteriores, cuando procedió a hacer los anuncios oficiales del plan de ajustes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin contar con apoyos políticos básicos. Pérez ni siquiera contó con el apoyo sólido de su propio partido, que estaba dividido inter­namente. Sin embargo, eso no pareció molestarlo para proceder a hacer los anuncios del día 16 de febrero de 1989. La dirigencia sindical, como sus pares de los partidos, también brilló por su ausencia en las calles e incluso demostró perplejidad ante lo que acontecía. Más aún, una vez pues­tos ante la situación tampoco lograron llegar a alguna acción que les permitiera intervenir en lo que sucedía para controlar o canalizar el descontento de algunos sectores. Los canales legítimos de represen­tación y mediación a todas luces estaban descompuestos.

La extremada debilidad de estas instituciones dejó las puertas abiertas para ejercer una revuelta sin control. La desorientación del Gobierno fue agravada posteriormente con la brutal represión ejercida por los cuerpos policiales y militares, en especial en la ciudad capital, pues en algunas regiones, autoridades del estado o de la localidad actuaron con mejor tino. El procedimiento extra institucional para controlar la revuelta y hacer volver a las multi­tudes a sus hogares agravó la situación: las cifras de los muertos y las características de los cadáveres que señaláramos arriba hablan por sí solas. En este aspecto también el Caracazo reveló la hondura del deterioro institucional y la profundizó.


COMO CONCLUSIÓN.

La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 fue una protesta masiva y violenta ejercida por una sociedad que no contaba con canales idóneos para hacerse escuchar y ser atendida por las ins­tancias de poder. Cuando fue a exteriorizar su malestar contra la primera manifestación concreta del paquete macroeconómico, el aumento de las tarifas del transporte colectivo, se encontró en un espacio público sin controles. Las multitudes se volcaron entonces hacia los comercios, como siempre lo habían hecho en el pasado al producirse un vacío de autoridad. Sin embargo, no se dirigieron a las casas de los políticos caídos, porque no había tales. De haberse producido un golpe de Estado en estas inciertas horas, seguramen­te hacia allá también se hubiesen enfilado. Las Fuerzas Armadas, representadas en el ministro de la Defensa y el Alto Mando permanecieron fieles al régimen de Pérez, permitiéndole su supervivencia.


La extremada disrupción de la vida cotidiana en las urbes ve­nezolanas, producida durante el Caracazo o Sacudón, pudo ser motivada por un complejo de factores entre los cuales la traición a una economía moral pudo ser uno de sus componentes clave. Sin embargo, fue la debilidad de las instituciones diseñadas en el pasado para contener y regular el orden político y la vida cotidiana lo que explica la extensión, duración y violencia de la protesta. Si los actores políticos y los sindicatos hubieran estado a tono con sus bases, hubieran podido prever las dificultades que surgirían del anuncio del paquete. Aunque es altamente improbable que actor alguno pudiera predecir la magnitud de la ira popular que se estaba acumulando, partidos o sindicatos sanos hubiesen estado elaborando estrategias para oponerse y/ o negociar con el Gobierno la manera en que se aplicarían estas medidas. Esto, a su turno, le hubiese dado a la gente algunos canales de contención a su ma­lestar, o alguna esperanza de alterar los dramáticos efectos que esperaban. Pero, por el contrario, las instituciones de mediación estaban demasiado erosionadas para poder actuar.

Igualmente, las instituciones gubernamentales mostraron todo tipo de debilidades. Si al comenzar la protesta los funcionarios co­rrespondientes hubieran ejercido su autoridad para hacer que los sindicatos del transporte cumplieran con los compromisos que habían contraído unos días antes; o si la policía hubiera interveni­do tempranamente para controlar las manifestaciones de protesta violenta antes de que se propagaran, posiblemente no se hubiese llegado a la extensión e intensidad que se desarrolló. El Gobierno tampoco hizo uso de los procedimientos institucionales de llegar a acuerdos con los diversos grupos de interés afectados por las medidas. No parece que evaluó las implicaciones que un plan de ajustes podía hacer temer a una población empobrecida que lleva­ba una década de recesión económica y frustración sociopolítica. La democracia venezolana se mostró tan carente de características democráticas, y las instituciones que regulan la vida cotidiana tan escasas de consistencia, que sólo una acción firme, rápida y profunda de cambios político-institucionales podría haber evitado el proceso de deslegitimación política que se desencadenó a partir de entonces, y que unos años más tarde llevará a la sociedad a su crisis y transformación política. (...)




1 Este capítulo está basado en "Venezuela: la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 ¿Resistencia a la modernidad?" (Margarita López Maya) Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 5, N° 2-3, abril-septiembre de 1999, pp. 177-­200; reelaborado en una versión más corta y con enfoque distinto en "The Vene­zuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness", Journal of Latin American Studies, Vol. 35: part one, febrero de 2003, pp. 117-138.


2 El Santiagueñazo fue una revuelta popular que estalló en las ciudades de la pro­vincia argentina de Santiago del Estero en diciembre de 1993. Si bien sus motivos pueden coincidir con el Sacudón venezolano, pues fue en protesta por un plan de ajustes macroeconómico, fue iniciado por trabajadores públicos que ocuparon, saquearon y quemaron la casa de la Gobernación y también las sedes del legislati­vo y de la justicia de la provincia (v Lauffer y Spiguel, 1999).



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