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De la honorable legislatura de tucuman dn. Regino amado ricardo argentino bussi


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PROMUEVE JUICIO POLITICO CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN JOSE JORGE ALPEROVICH POR LA CAUSAL DE FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU CARGO Y POR LA CAUSAL DE DELITO COMETIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES  


SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE

DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN

DN. REGINO AMADO  

RICARDO ARGENTINO BUSSI, con domicilio real en B· Los Cerros, Yerba Buena, Provincia de Tucumán y constituyéndolo en mi público Despacho a los fines de este trámite, con DNI Nº 17.000.527, en mi carácter de ciudadano argentino y Legislador de la Provincia de Tucumán, y conforme las facultades otorgadas por la Constitución provincial, me presento ante esta Honorable Legislatura de Tucumán y respetuosamente digo:
  I.- OBJETO.-   Que en el carácter invocado vengo por el presente a SOLICITAR el JUICIO POLITICO del Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán, CPN José Jorge Alperovich, en los términos del Art. 124º de la Constitución Provincial y la Ley Reglamentaria de dicho procedimiento Nº 6374 y sus modificatorias, fundado en las causales de FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU CARGO y de la causal de DELITO COMETIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ambas previstas en el art. 47 de la Constitución Provincial.
II.- RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA PETICION.-  

De las declaraciones efectuadas por el Sr. Gobernador el jueves 19 de agosto de 2010 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en ocasión de un acto oficial ante los Sres. Comisionados Rurales de la Provincia de Tucumán, para comunicarles oficialmente el lanzamiento de un plan de obras públicas por un total de 20.000.000 de pesos provenientes de recursos del Plan Federal Solidario y de tributos comunales recaudados por la Dirección General de Rentas de la Provincia, surge clara la inobservancia de los deberes inherentes al cargo de Gobernador, así como la instigación a incurrir en acciones reñidas con la ley.


De acuerdo con la crónica periodística que da cuenta el desarrollo de ese acto oficial (publicada en la edición del diario La Gaceta del viernes 20 de agosto de 2010 y en otros medios periodísticos), el Sr. Gobernador dijo: "Para tener votos, en política hay que hacer. Quedó demostrado que con las palabras no alcanza y que debemos estar permanentemente dándole a la gente, para que sientan que estamos gobernando para ellos, porque es la única manera de tener votos. Como estamos próximos a una elección, ya que falta menos de un año, quiero darles un impulso a las obras públicas"
Que siempre según la mencionada publicación periodística, el Sr. Gobernador también dijo: "Hay que empezar los trabajos de inmediato, para que en estos tres o cuatro meses quedemos bien posicionados para iniciar 2011 con el armado político".  
Que dirigiéndose a los señores Comisionados Rurales, el Sr. Gobernador también dijo: "Los trabajos podrán ser ejecutados por terceros (contratados) o por administración, que es la forma que prefiero, pero lo decide cada uno”.  
Que continuando con su mensaje a los señores Comisionados Rurales, el Sr. Gobernador también dijo: "Tiene que ser la que más nos convenga políticamente, la de mayor impacto político, y debe estar terminada hasta diciembre porque la plata está".  
Según la referida publicación periodística, de ese acto oficial participaron los 93 Comisionados Rurales de la Provincia de Tucumán; el Sr. Presidente Subrogante de esta Honorable Legislatura de Tucumán, Dn. Regino Amado; el Sr. Ministro del Interior de la Provincia de Tucumán, CPN Osvaldo Jaldo; el Sr. Senador de la Nación por la Provincia de Tucumán, Dn. Sergio Mansilla. A la fecha, ninguno de los mencionados ha desmentido en todo o en parte ninguno de los términos de la publicación periodística mencionada, referida, repito, a un acto acontecido en la Casa de Gobierno, con carácter oficial y público.  
III- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES y LEGALES DEL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO
El artículo 47 de la Constitución de Tucumán vigente dice : “Corresponde a la Legislatura el enjuiciamiento político del Gobernador y del Vicegobernador, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema, del Ministro Fiscal, de los miembros del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”.  
El Gobernador de la Provincia ha incurrido en las dos causales enumeradas en la norma constitucional que hacen procedente la interposición del presente Juicio Político: falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de Gobernador de la Provincia de Tucumán, conforme se explicita a continuación:
1-VIOLACION MANIFIESTA DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO.

El comportamiento del Sr. Gobernador importa una manifiesta violación a los deberes que le impone el cargo para el cual ha sido elegido por los tucumanos, porque aunque parezca una redundancia explicarlo, el Sr. Gobernador no ha sido elegido por los tucumanos para ganar elecciones sino para gobernar. Ha sido elegido para administrar los recursos del erario público con las finalidad suprema de “promover el bienestar general”, con rango constitucional a partir de que forma parte del Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina.  


El Sr. Gobernador incurre en la causal de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo porque ha confesado públicamente que actúa anteponiendo sus propios intereses y los de quienes lo acompañan en la gestión, por sobre el interés de la comunidad tucumana.
Esa comunidad tucumana que lo nombró su representante y la que le dio mandato para utilizar los fondos públicos para financiar obras públicas que satisfagan las demandas y las necesidades básicas de la población, con independencia de que estas tengan o no alto impacto político.
El gobernador ha dicho públicamente y sin ruborizarse, que su tarea de gobernar está al servicio de su propio interés. Al hacerlo, ha roto, definitivamente, con el mandato popular, su condición de representante del pueblo. Ha dicho desnudado la verdad: “ yo me represento a mí mismo”
No está solo en esa actitud. Quiere tener socios que lo ayuden a beneficiarse. Quiere que se sumen a esa conducta, con miras su provecho electoral en 2011, a quienes invitó a ese acto público al que hago referencia: a los administradores de las comunas del interior, a los Comisionados Rurales.
La insolencia, el desparpajo se han adueñado de Tucumán. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, a metros de la tumba de ese gran tucumano que fue Alberdi, el Gobernador ha instado la acción de gobierno con al mezquino interés de ganar elecciones en 2011.
Ya me he referido a este asunto durante la pasada sesión del viernes 20 de agosto de 2010, en ocasión de mocionar desde mi banca el rechazo de los Decretos de Necesidad y Urgencia mediante los cuales se asignan recursos por un total de 60.000.000 de pesos a las municipalidades y de 20.000.000 de pesos a las comunas rurales, para la realización de obras tendientes a hacer que el gobernador gane elecciones.
Tal y como consta en la correspondiente Versión Taquigráfica, a fojas 43, dije entonces: “Un gobernador es aquel que puede mirar lo que va a suceder en los próximos 20 o 30 años. Es aquel que compromete todos sus esfuerzos en darles soluciones a los problemas estructurales de Tucumán.
Sin embargo, este Gobernador, él mismo confiesa con sus propias palabras y ante todos los medios periodísticos de la Provincia que la obra pública se hace donde más nos convenga, porque el año que viene van a haber elecciones.
Pero, ¿qué no sabe que la plata que va a administrar no es la del Partido Justicialista …? Porque si fuera la plata del partido, en buena hora, puede hacer lo que quiera. Pero no: esta es la plata de los tucumanos, entonces tiene que ser invertida donde más le convenga a la gente, donde más le convenga a Tucumán estratégicamente, y no donde más le convenga al Gobernador para ganar elecciones.
Yo quiere que como gobernador se preocupe en sacar a Tucumán de este estado en que nos encontramos desde hace tanto tiempo y no un Gobernador que gana elecciones.
A mí, ¿de qué me sirve que Alperovich se preocupe mañana, tarde y noche en ganar elecciones? Eso no me resuelve los problemas de Tucumán. Eventualmente resuelve los problemas del Gobernador y de sus acoplados, pero no de Tucumán”.  
Como representante del pueblo, he venido rechazando los innumerables Decretos de Necesidad y Urgencia que el Gobernador manda a aprobar a la H.Legislatura para no hacer licitación pública, para contratar en forma directa y disponer a su arbitrio de millonarios fondos públicos.
Hoy ratifico mi acierto, por boca del propio Gobernador, que me dá la razón: esa obras obras, esos fondos públicos que la Legislatura autoriza a gastar sin ningún tipo de control, no están destinados a beneficiar a la comunidad sino a conseguir votos para el oficialismo.  
Nuestro voto negativo en el recinto no alcanza. Hoy Fuerza Republicana acude al instituto del Juicio Político para que sea la H.Legislatura la que se vea obligada a analizar la conducta del Gobernador.
Por lo mismo, anticipamos que en caso de que no prospere nuestra acción en sede parlamentaria, hacemos reservas de nuestros derechos para accionar por vía judicial para defender la integridad en el uso de los recursos de los tucumanos.  
Surge de lo expuesto que la causal de “falta de cumplimiento de los deberes del cargo” se encuentra acabadamente configurada en la conducta del Sr. Gobernador.  

2) COMISION DEL DELITO DE INSTIGACION A COMETER UN DELITO.  

El Sr. Gobernador, como ya se ha citado, le ha dicho a los Sres. Comisionados rurales, en un acto oficial realizado en Casa de Gobierno, que la obra que cada uno decida realizar con el financiamiento que se les otorgará específicamente por medio del Decreto Acuerdo Nº 13/3 del Poder Ejecutivo, podrá ser elegidas por ellos, pero con la condición de que “tiene que ser la que más nos convenga políticamente, la de mayor impacto político”.  


Esta orden impartida por el Sr. Gobernador trasciende el plano de la violación flagrante de los más básicos principios de la ética para incurrir en el plano de lo que nuestro Código Penal prefigura tanto como “Delitos contra el Orden Público” como “Malversación de Caudales Públicos”.  
De manera clara y evidente, el Sr. Gobernador ha dicho que los fondos públicos previstos en el Decreto Acuerdo Nº 13/3 deben ser ocupados con la finalidad de ganar las elecciones del 2011.
De tal modo, las obras que se realizarán con esos recursos no son un fin en sí mismo, como así tampoco el bienestar general ni la satisfacción de las necesidades de la comunidad, sino que las obras son simplemente un medio: la finalidad no es atender demandas de infraestructura básica sino ganar comicios y por esa razón esas obras no deben responder a estudios sociales que determinen qué demandas comunitarias atender, sino que única y excluyentemente deben atender al requerimiento electoral del oficialismo.
A todas luces, la pretensión del Sr. Gobernador, que fue reiterada insistentemente a los Sres. Comisionados rurales en la ocasión oficial y en el sitio oficial ya referidos, configuraría el delito de Peculado, y más específicamente, el de Peculado de Servicios.
Al respecto, dice nuestro Código Penal, en su Título XI, “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo VII: “Malversación de caudales públicos”:   ARTICULO 260.- Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.   ARTICULO 261.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.   ARTICULO 262.- Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.  
Para mayores abundamientos, es oportuno reparar en la interpretación que hace el diario La Gaceta en su edición del sábado 21 de agosto de 2010, en el “Panorama Tucumano” que suscribe el Sr. Editor de Política, Álvaro José Aurane, con el título “Esas precarias caretas de pavimento”: “La legalidad provincial, a la luz de las declaraciones del hombre al cual el pueblo le ha encargado la ejecución de las leyes, es sólo un disfraz. El gobernador acaba de decir que su gestión ocupa los fondos públicos destinados a realizar obras públicas para hacer campaña electoral: para hacer proselitismo y ganar comicios. (…) La obra pública ha perdido su careta: la derogaron y la reemplazaron por una nueva y -por supuesto- precaria clase de emprendimiento: la obra electoral. Es decir, trabajos que se financian con fondos públicos pero con fines privados: seguir ejerciendo cargos electivos con renta estatal y con inmunidad procesal”.  
De esta manera el Peculado de Servicios quedaría entonces, a nuestro criterio, doblemente configurado, por cuanto el Sr. Gobernador ha ordenado el empleo de los dineros públicos para ganar las elecciones y, a la vez, para procurarse para sí y para los Sres. Comisionados rurales evidentes beneficios pecuniarios y electorales.
El delito de Peculado de Servicios es, a la luz de lo expresado, el ilícito en el cual eventualmente van a incurrir cada uno de los Sres. Comisionados Rurales que decidan obedecer las órdenes impartidas por el Sr. Gobernador.
A éste, en cambio, le es aplicable la pena por la instigación a cometerlo.  
En efecto, las instrucciones impartidas de manera pública y reiterada por el Sr. Gobernador ya configurarían en sí mismas la comisión de un delito. Al respecto, dice nuestro Código Penal en su Título VIII, “Delitos contra el Orden Público”, Capítulo I, “Instigación a Cometer Delitos”:   ARTICULO 209.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.  
IV.- PRUEBAS.-  
A los fines probatorios y ampliatorios de los hechos reseñados es que solicito:
A) que se oficie al diario LA GACETA para que remita un ejemplar de su edición del viernes 20 de agosto de 2010.
B) que, con idéntica finalidad, se oficie a los medios periodísticos audiovisuales acreditados en el Poder Ejecutivo provincial para que provean de copias de grabaciones de las públicas declaraciones efectuadas por el Sr. Gobernador el jueves 19 de agosto de 2010 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en ocasión de un acto oficial ante los Sres. Comisionados rurales de la Provincia de Tucumán, para comunicarles oficialmente el lanzamiento de un plan de obras públicas por un total de 20.000.000 de pesos provenientes de recursos del Plan Federal Solidario y de tributos comunales recaudados por la Dirección General de Rentas de la Provincia.
C) se cite a declarar con relación a los hechos controvertidos a los 93 Sres. Comisionados rurales; al Sr. Presidente Subrogante de esta Honorable Legislatura de Tucumán, Dn. Regino Amado; al Sr. Ministro del Interior de la Provincia de Tucumán, CPN Osvaldo Jaldo; y al Sr. Senador de la Nación por la Provincia de Tucumán, Dn. Sergio Mansilla.

V.- PETICION.-  
Por todo lo expuesto y considerando que existen motivos fundados para someter a Juicio Político al Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán, CPN José Jorge Alperovich, por la causal de FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU CARGO y por la causal de DELITO COMETIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, solicito:
1) Se tenga por interpuesta la presente solicitud de Juicio Político contra el Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán, CPN José Jorge Alperovich, por la causal de FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU CARGO y por la causal de DELITO COMETIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
2) Se tengan por cumplidos los requisitos formales previstos por la legislación vigente y el reglamento de la Comisión de Juicio Político de esta Honorable Legislatura de Tucumán.
3) Se produzca la prueba informativa y testimonial ofrecida.
4) Oportunamente se expida la Comisión respectiva dando curso favorables a este pedido de Juicio Político planteado. Oportunamente, que la H.Legislatura disponga la separación del cargo de Gobernador de la Provincia de Tucumán al CPN José Jorge Alperovich por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo y por delito cometido en el ejercicio de sus funciones al haberse probado violación manifiesta de los deberes de funcionario público y comisión del delito de instigación a cometer un delito.


Dr. Ricardo A. Bussi

LEGISLADOR
 


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