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epública de Colombia


Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente


AP199-2015

Radicación N° 43031

(Aprobado Acta Nº 11)



Bogotá D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015).
Decide la Sala acerca de la admisión de la demanda de casación presentada en nombre de BERENICE IRIARTE ALDANA y GIOVANNY IRIARTE contra el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que confirmó el emitido en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia, mediante el cual fueron condenados en calidad de coautores de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, cometidos en concurso homogéneo y a la vez heterogéneo.

I. SÍNTESIS FÁCTICA Y PROCESAL

1. Entre el 15 de diciembre de 2009 y el 30 de junio de 2010 JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO, para entonces alcalde de Leticia (Amazonas), con el fin de atender compromisos de su administración celebró sendos contratos de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en la calle 11 B Nº 1C-42 de propiedad de BERENICE IRIARTE ALDANA, progenitora de GIOVANNY IRIARTE, asesor jurídico de dicho ente territorial, quien revisó y aprobó los susodichos actos a pesar del parentesco con la contratante, y sin que estos cumplieran las exigencias impuestas en la ley para la contratación directa1.
2. Por esos hechos el 28 de noviembre de 2011 la Fiscalía General de la Nación, ante un Juez con Función de Control de Garantías de Leticia, formuló imputación contra JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO, BERENICE IRIARTE ALDANA, y GIOVANNY IRIARTE, como coautores de violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cometidos en concurso homogéneo y a la vez heterogéneo, delitos que reiteró dicho ente en el escrito de acusación, el cual fue formalizado en audiencia oficiada el 7 de junio de 2012 en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de la mencionada ciudad2.
3. Tras la celebración del juicio oral y público, en armonía con el anuncio del sentido del fallo, el titular del despacho de conocimiento profirió el 7 de marzo de 2013 sentencia condenatoria contra los tres procesados por los cargos a ellos atribuidos, y en tal virtud les impuso las penas principales, al primero y último, de ciento veintiocho (128) meses de prisión, multa equivalente a ciento treinta y tres coma treinta y dos (133,32) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de ciento sesenta (160) meses, en tanto que a la segunda, atendida la calidad de interviniente que le reconoció el a-quo, le infligió noventa y seis (96) meses de prisión, multa equivalente a noventa y nueve coma nueve (99,9) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de ciento veinte (120) meses; además, a aquéllos les negó los subrogados penales y a ésta le otorgó prisión domiciliaria como sustitutiva del internamiento carcelario3.
4. De la expresada providencia apelaron los defensores de los acusados y el agente del Ministerio Público, y el 22 de octubre de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvió la alzada en el sentido de confirmar la decisión confutada, sentencia de segunda instancia contra la que interpusieron recurso de casación el apoderado de ROJAS GUERRERO, así como el de BERENICE y GIOVANNY IRIARTE, pero sólo el de los dos últimos lo sustentó oportunamente4, motivo por el que en esta sede fue declarada desierta la impugnación del primero, de conformidad con lo puntualizado en autos de 29 de enero y 19 de marzo de 20145.

II. LA DEMANDA

5. Propone tres reproches cuyos fundamentos son los siguientes:
5.1. Como primer cargo sostiene la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 83 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 4 del Decreto 3576 de 2009, preceptos de acuerdo con los cuales el actor asegura que en la negociación contractual de la cual se predica el incumplimiento de los requisitos legales “no se requería realizar una invitación pública a efectos de que se presentaran varios oferentes que pudieran satisfacer el requerimiento” como lo entendieron las falladores de instancia, sino “únicamente considerar las condiciones del mercado y dejar constancia escrita en el expediente de contratación de dicha consideración”.
Agrega que si los juzgadores hubiesen hecho un análisis juicioso y exhaustivo de las normas inherentes a la suscripción de contratos de arrendamiento de inmuebles por parte de entidades Estatales, habrían advertido que las citadas eran las aplicables y “entonces habrían solicitado y recopilado como prueba, oportunamente, el expediente de contratación con el ánimo de ubicar la constancia escrita de la consideración de las condiciones del mercado y con base en ello se habría establecido si se cumplió o no con los requisitos que exigía la ley”.
Concluye que la falencia destacada determinó la falta de aplicación del precepto invocado, sin cuya pretermisión “se habrían respetado los postulados fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso de [los acusados], su derecho a la presunción de inocencia y se había emitido un fallo congruente con la aplicación del principio del in dubio pro reo, pues como se evidencia existe la duda de si los contratos cumplieron o no con los requisitos exigidos por la ley”.
Solicita absolver a sus poderdantes del cargo relacionado con la conducta punible prevista en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, la cual resultó indebidamente aplicada porque “no está probado más allá de toda duda razonable si se cumplió o no con los requisitos exigidos para la celebración de los contratos de arrendamiento por parte de la Alcaldía de Leticia (Amazonas)” en cuyo trámite y celebración intervinieron aquéllos.
5.2. Propone un segundo cargo por violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de falso juicio de existencia, toda vez que los juzgadores supusieron las pruebas que acreditan “los elementos de la responsabilidad y la coautoría respecto de la señora BERENICE IRIARTE ALDANA”.
Con el fin de sustentar esa postulación hace un listado de los medios de prueba incorporados a la actuación, y refiere que “para una mejor comprensión” del yerro es preciso reagruparlos con el fin de establecer lo acreditado con los mismos, labor tras la cual encuentra que en efecto está probado, en términos generales: la identidad de los procesados; la calidad de servidores públicos de JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO y GIOVANNY IRIARTE en los cargos que cada uno ocupaba para la fecha de los hechos; el vínculo de parentesco de la citada con el último; la suscripción de los contratos de arrendamiento de un inmueble de propiedad de ésta con el municipio de Leticia, para solucionar un problema de vivienda de un habitante del mismo con ocasión de una tutela que así lo dispuso, y que los mencionados servidores eran conscientes de que “podría llegar a existir una presunta inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la señora BERENICE”, pese a lo cual el recurrente asegura que “no es posible establecer [frente a su poderdante] responsabilidad como autora de un ilícito penal, su voluntad encaminada a defraudar la administración municipal, ni mucho menos la existencia de una división funcional del delito con participación” de ella.
Luego censura a los juzgadores de instancia porque en las consideraciones plasmadas en los fallos el actor no encuentra respuesta a una serie de preguntas que se hace en la demanda acerca de sí en el asunto examinado se trató de una pluralidad de acciones, de un delito continuado o de un solo acto que vulneró varias veces el ordenamiento penal sustantivo, ni a los interrogantes que esboza en relación con el aspecto subjetivo de los delitos en general, eventuales causales de atipicidad, y de ausencia de antijuridicidad, para concluir finalmente que las pruebas practicadas permiten establecer que quienes tenían dominio sobre la ejecución del hecho eran JOSÉ RICAURTE y GIOVANNY quienes se “valieron de la señora BERENICE IRIARTE ALDANA quien actuó como instrumento” bajo una “subordinación” y “de buena fe en todo momento”.
De acuerdo con lo puntualizado solicita casar parcialmente la decisión para absolver a “BERENICE IRIARTE ALDANA por no estar demostrada su responsabilidad en el delito de VIOLACIÓN DEL REGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES”, reiterando la ausencia de prueba para fundamentar que su representada tenía pleno conocimiento de las circunstancias del hecho, que previó su desarrollo junto con el resultado, y que quiso realizar la conducta tipificada en la ley, siendo tan evidente ello que los juzgadores “procedieron a argumentar el dolo de aquélla” a partir de su calidad de propietaria del inmueble, establecida con el certificado de libertad y tradición del mismo, y de la suscripción de los respectivos contratos de arrendamiento, sin que tales aspectos conduzcan a acreditar las circunstancias que estima no probadas.
5.3. Por último, como tercer cargo, advierte la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de un falso juicio de identidad porque los juzgadores consideraron que se presentó un concurso de tres delitos de violación al régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades y tres delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, cuando en realidad se configuró apenas un solo delito en la primera de las citadas modalidades.
Tras hacer una recapitulación de las pruebas acopiadas explica que para la reubicación de un habitante del municipio de Leticia, ordenada mediante fallo de tutela, entre ese ente territorial y la señora BERENICE, fue suscrito inicialmente un contrato de arrendamiento del 15 al 30 de diciembre de 2009, al cual lo sucedió otro por seis meses en idénticas condiciones, y que ese último acto fue prorrogado por tres meses más con un “otro si” antes de su vencimiento.
Reconoce que conscientes o conocedores como eran GIOVANNY IRIARTE y JOSÉ RICAURTE ROJAS GUERRERO de que “podría llegar a existir una presunta inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la señora BERENICE IRIARTE ALDANA”, “pretendieron hacer de contratistas en su beneficio por interpuesta persona”, es decir, a través de aquélla, y en efecto tomaron en arriendo el inmueble de la citada, sin embargo, asegura el actor, al observar devenir de esa relación contractual entre las aludidas partes resulta evidente que “no se presentó una nueva etapa de selección del contratista, por lo que no se vulneró nuevamente el bien jurídico con ese actuar… la vulneración al bien jurídico de la administración pública, que se dio en la etapa de selección, se presentó de manera única. De ahí en adelante, al continuarse con el contrato de arrendamiento con la [acusada] no se incurrió en un nuevo delito de VIOLACIÓN DEL REGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES”.
Por lo anterior solicita casar parcialmente el fallo impugnado y en su lugar modificarlo en el sentido de condenar a GIOVANNY IRIARTE únicamente por un delito correspondiente a la descripción típica prevista en el artículo 408 del Código Penal, y que en el evento de que el segundo cargo no se acepte como demostrado, “subsidiariamente” casar también de manera parcial el fallo en cuanto a BERENICE IRIARTE ALDANA declarándola responsable sólo de un único punible de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

III. CONSIDERACIONES

6. Según lo estable el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal que gobernó este asunto, el recurso de casación es un mecanismo de control tanto constitucional (artículo 235-1) como legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 180 del mismo ordenamiento, tiene como propósitos (i) la efectividad del derecho material, (ii) el respeto de las garantías fundamentales, (iii) la reparación de los agravios inferidos y (iv) la unificación de la jurisprudencia.
Para el cumplimiento de esos objetivos en el mencionado régimen procesal se dotó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de facultades sustanciales al conferirle, entre otras, la potestad de superar los defectos de la demanda para decidir de fondo cuando los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso, e índole de la discusión lo ameriten.
Lo anterior no implica, sin embargo, que este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor y que tenga como finalidad abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de puntos que han sido materia de controversia, pues, por el contrario, dada su naturaleza extraordinaria, quien acude al mismo debe ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados, y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 del ordenamiento procesal, en aras de persuadir a esta Corporación de revisar el fallo de segunda instancia con el fin de corregir el pronunciamiento que se revela contrario a derecho.
De ahí que el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 consagre que no será admitida la demanda si el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, “cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”, lo que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder a los planteamientos del demandante sin recurrir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación.
Los cargos presentados en la demanda objeto de estudio no serán admitidos por la manifiesta inconsistencia de los fundamentos expuestos para cada uno ellos.
7. En efecto, en la violación directa de la ley sustancial, senda de ataque a la cual expresó acudir el actor en el primer reproche, son inadmisibles las discusiones acerca de los hechos declarados y la valoración de las pruebas decantada en las instancias, dado que la réplica o cuestionamiento debe ser de estricto rigor jurídico orientado a demostrar que respecto de la situación fáctica declarada, y aceptada sin objeciones, se incurrió en aplicación indebida, exclusión evidente o interpretación errónea de una norma de efectos sustanciales.
Tan elemental regla fue desconocida o ignorada por el memorialista quien denunció la falta de aplicación del artículo 83 del Decreto 2474 de 2008, modificado el artículo 4 del Decreto 3576 de 2009, relacionado con las exigencias inherentes a los contratos de arrendamiento de inmuebles celebrados por entidades públicas, norma de acuerdo con la cual en esa clase de actos el organismo debe tomar “como única consideración las condiciones del mercado” y dejar de ello “constancia escrita en el respectivo expediente de la contratación”.
Sin embargo, en el discurso expuesto para sustentar el alegado vicio terminó por reprochar la ausencia de prueba acerca de la constatación de ese requisito porque no se ordenó e incorporó “el expediente de contratación con el ánimo de ubicar la constancia escrita de la consideración de las condiciones del mercado”, y de ahí que solicite el censor la absolución de sus mandantes, en aplicación del principio de in dubio pro reo ya que no está “probado más allá de toda duda razonable si se cumplió o no con los requisitos exigidos para la celebración de contratos de arrendamiento por parte de la Alcaldía de Leticia”, es decir, por “falta de claridad y certeza sobre la comisión del delito y sobre la responsabilidad penal de los acusados fundada en las pruebas debatidas en el juicio”.
Tal argumento desconoce las exigencias de claridad y precisión en la postulación de cada cargo, y el principio de no contradicción que implica no aducir en un mismo reproche alegaciones relacionadas con la eventual configuración de dislates incompatibles, contradictorios o de diferente estirpe, como en este caso lo hace el censor al reclamar la violación directa de la ley mezclada con consideraciones que aluden a probables vicios típicos de la violación indirecta, falencia que hace inaccesible el análisis de fondo de la queja atendido el carácter rogado del recurso extraordinario.
Además, es preciso destacar que la réplica, haciendo abstracción de la señalada deficiencia, tampoco atendió el principio de unidad jurídica inescindible, por virtud del cual las consideraciones del fallo de segunda instancia se entienden complementadas y adicionadas por las plasmadas en la sentencia de primer grado en todo aquello que no haya sido revocado de manera expresa.
Es cierto que en la decisión del Tribunal sólo se hizo referencia al incumplimiento por parte de la Alcaldía de Leticia del requisito de contratación directa consistente en obtener varias propuestas u ofertas de inmuebles para tomar en arriendo, pero también es verdad que el a-quo halló pretermitida la exigencia relacionada con la verificación de las condiciones del mercado, como expresamente lo refirió al puntualizar que otro “requisito esencial dejado de lado [por los procesados], como bien lo sostuvo la fiscalía, y que toca con la fase de tramitación, fue la falta de investigación de precios del mercado para fijar el valor del canon de arrendamiento, que a todas luces resultó onerosos y excesivo para el municipio6.
La comprobación acerca de la omisión de ese requerimiento legal el juzgador de primer grado lo halló, como se desprende de sus consideraciones y contrario a lo alegado por el censor sobre la ausencia de prueba al respecto, sustentado no solo con los hallazgos hechos con la inspección practicada por un investigador de la Fiscalía al expediente de contratación respectivo, incorporada mediante estipulación probatoria (puntos 7 y 22 de la respectiva acta)7, sino con el análisis plasmado para desestimar la justificación esgrimida por el propio GIOVANNY IRIARTE quien refirió que al no existir lonja de propiedad raíz en Leticia no se pudo establecer las condiciones del mercado inherentes al canon de arrendamiento.

Sobre el particular explicó el a-quo que tal excusa era anodina, pues la materia se encuentra regulada por la Ley 820 de 2003, en su artículo 18, normatividad que incluso el mismo demandante acepta que debía ser atendida por el ente territorial para la suscripción del contrato de marras8, y de acuerdo con la cual el arriendo mensual de un inmueble no puede exceder del uno por ciento (1 %) de su valor comercial, y éste a su vez no puede ser superior a dos veces el avalúo catastral vigente.


De suerte que, resaltó el a-quo, si el bien raíz en cuestión lo adquirió BERENICE IRIARTE tres meses antes del primer contrato de arrendamiento (celebrado el 15 de diciembre de 2009) en nueve millones de pesos ($9’000.000), al aceptar que ese valor corresponde al avalúo catastral, el canon de arrendamiento no podía ser superior a ciento ochenta mil pesos ($180.000), y en el presente asunto el valor fijado para el inicial contrato, de quince días de duración, fue de ocho cientos mil pesos ($800.000), misma cifra por la que se pactó cada uno de los seis meses del siguiente contrato, y de los tres meses que comprendió la prórroga acordada para éste, análisis con el que el juzgador de primera instancia remató el juicio de adecuación típica frente al delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en particular respecto de la pretermisión de la exigencia que el demandante indebidamente alegó como no probada9.
8. El segundo cargo no es más afortunado que el anterior en sus fundamentos, pues el actor, aun cuando no fue claro sobre ello, propone esta queja también como principal, pero solo frente a BERENICE IRIARTE ALDANA, y en forma expresa únicamente respecto del delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Con tal finalidad adujo, entonces, la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de existencia acerca de la demostración de los componentes “cognitivo” y “volitivo” del dolo, o elemento subjetivo de la referida conducta punible.
La vía de ataque seleccionada por el recurrente está prevista en la Ley 906 de 2004, artículo 181, numeral 3, mediante la cual es susceptible de enjuiciar la declaración de justicia expresada en un fallo de segundo grado, cuando en la misma se advierte falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial (únicos sentidos de susceptibles de proponer), a consecuencia de distales ocurridos en la labor de ponderación de los elementos de conocimiento practicados en el juicio.
Tales vicios son, de una parte, los errores de derecho, que se presentan cuando el juzgador contraviene el debido proceso probatorio, valga precisar, las normas que regulan las condiciones para la producción (práctica o incorporación) de un determinado medio de prueba en el juicio oral y público (tacha que se conoce como falso juicio de legalidad), o porque, aun cuando la prueba ha sido legal y regularmente producida, desconoce el valor prefijado en la ley a la misma (yerro denominado falso juicio de convicción), clase de dislate incompatible con el anterior y de excepcional ocurrencia dado que, por regla general, en la actual sistemática procesal penal (así como en las anteriores), los elementos de conocimiento no tienen asignado en el ordenamiento adjetivo un grado de persuasión tarifado o ponderado (salvo lo relativo a la prueba de referencia. Ley 906 de 2004, artículo 381, inciso segundo), sino que el funcionario está en la obligación de apreciarlos en conjunto, de acuerdo con los postulados de la sana crítica.
Y de otra, los errores de hecho, los cuales obligan a aceptar que el elemento de persuasión satisface las exigencias de su producción y que no tiene en la ley un predeterminado valor de convencimiento, habida cuenta que las falencias en que puede incurrir el juzgador se manifiestan a través de tres diferentes especies: falso juicio de identidad, porque adiciona o recorta la expresión fáctica de un elemento probatorio o distorsiona su contenido; falso juicio de existencia, debido a que tiene como probado un hecho que carece de acreditación, o supone como incorporada a la actuación la prueba de ese aspecto, o porque omite apreciar un elemento de conocimiento legal y allegado en forma válida; y falso raciocinio, que se presenta por desviación de los postulados que integran la sana crítica (reglas de la lógica, leyes de la ciencia y máximas de la experiencia) como método de valoración probatoria.
Sea que se trate de errores de derecho o de hecho, el actor no puede, so pena de violar el principio lógico de no contradicción, proponer respecto de un mismo medio de prueba simultánea e indistintamente las respectivas especies en que aquellos se subdividen, y además está en el deber de demoler todos los fundamentos probatorios de la sentencia demandada (comprendidos los expuestos en el fallo de primer grado que en virtud del principio de unidad jurídica inescindible se integren al de segunda instancia), mediante la acreditación de errores típicos de la violación indirecta, pues si deja incólume alguno y éste resulta suficiente para sostener el pronunciamiento, es claro que no habrá conseguido quebrar la doble presunción de legalidad y acierto con la que llega ungido tal pronunciamiento a la sede de casación.
Las razones consignadas en el cargo analizado no ilustran en verdad la configuración de un falso juicio de existencia, en modalidad de suposición, como el alegado por el memorialista, máxime cuando la pretendida figuración probatoria la depreca el actor del elemento subjetivo de la conducta punible, en este caso, de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades, elemento que corresponde al fuero interno del sujeto activo del comportamiento previsto como delictivo, respecto del cual, como lo tiene decantado doctrina y jurisprudencia, la mayoría de las veces no tiene una prueba directa, sino que el operador jurídico debe extraerlo, inferirlo o colegirlo, de circunstancias externas, como, por ejemplo, actos anteriores, concomitantes o posteriores indicativos del conocimiento y voluntad del procesado.
La réplica del actor en este aspecto, además de ambigua, confusa e imprecisa, pues cuestiona con diferentes enunciados el aspecto objetivo del punible (tipicidad material y antijuridicidad del comportamiento), termina por ser contradictoria al reconocer que respecto del dolo si existió por parte de los falladores la respectiva valoración probatoria de hechos o circunstancias externas debidamente acreditadas, y ello es de objetiva verificación en las consideraciones de la sentencia de primer grado10, solo que el libelista se muestra en desacuerdo con que tales aspectos hayan sido fundamento del elemento subjetivo del delito, razón por la que las lucubraciones expuestas por el demandante no pasan de ser una simple e insustancial disparidad de criterios, inadmisible como juicio valido en sede de casación para acreditar un error como el pregonado.
9. Finalmente, en cuanto al tercer cargo, que el recurrente propone como principal respecto de GIOVANNY IRIARTE, y subsidiario frente a BERENICE IRIARTE ALDANA, el vicio alegado también carece de adecuada fundamentación.
Adujo expresamente el recurrente un falso juicio de identidad, y con sujeción a las consideraciones generales que en precedencia se señalaron acerca de un dislate semejante, era deber del actor identificar con precisión el o los medios de prueba de los que predicaba tal falencia, y con absoluta objetividad reconstruir su contenido factico relevante, para contrastarlo luego con la misma labor que en tal sentido hubiesen cumplido los juzgadores, en aras de evidenciar que al cumplir tal ejercicio cercenaron el tenor sustancial del respectivo medio de conocimiento, lo adicionaron con aspectos ajenos, o distorsionaron su expresión fidedigna.
Ningún actividad crítica en ese orden agotó el demandante, quien, como ocurrió en el segundo cargo, se limitó a sugerir una “reagrupación” de las pruebas según sus particulares intereses, con base en la cual concluyó desde su muy personal interpretación que en el presente asunto se configura un único delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, único delito al que limita la queja.
De los medios de prueba documental recapitulados por el actor fluye la cristalización o ejecución de los siguientes actos contractuales: i) contrato Nº 0748, inherente al arrendamiento de un inmueble de propiedad de la procesada tomado por la alcaldía de Leticia entre el 15 y 30 de diciembre de 2009, con un costo de $ 800.000; ii) Contrato Nº 029 celebrado entre las mismas partes y con la misma finalidad, a partir del 8 de enero de 2010 y por un término de seis meses, con un costo de $ 4’800.000; y iii)Otro si Nº 001-2010” o prorroga del anterior acto contractual suscrita el 30 de junio de 2010 por el término de tres meses y con un costo de $ 2’400.00011.
En cada una de esos tres actos administrativos, concurrieron: como contratista, en calidad de arrendadora, BERENICE IRIARTE ALDANA; como contratante, en calidad de arrendatario, el municipio de Leticia representado por el alcalde de entonces, y también estampó su visto bueno en señal de aprobación de las tres negociaciones el Asesor Jurídico de ese ente territorial, GIOVANNY IRIARTE, siendo conocedores aquélla y éste del vínculo de parentesco consanguíneo (madre e hijo), el cual por expreso mandato legal (Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 2, literal b) se halla erigido como causal de inhabilidad para contratar con entidades públicas.

Lo anterior implica que en tres situaciones distintas de modo, tiempo y lugar, aunque respecto de las mismas partes, se verificó el desconocimiento de la norma, razón por la que en el fallo, en armonía con el escrito de acusación, se profirió condena por violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades, sin que en efecto el actor hubiese logrado acreditar que en la valoración de las pruebas frente al reseñado devenir factico los juzgadores incurrieron en falso juicio de identidad.


10. Como de acuerdo con las anteriores consideraciones no se demostró en la demanda estudiada la configuración de vicios con la capacidad de enervar la declaración de justicia hecha en las sentencias de primera y segunda instancia, las cuales al coincidir en el mismo sentido forman una unidad jurídica inescindible que solo puede ser resquebrajada en virtud de la acreditación de yerros manifiestos y graves que dejen sin efecto la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija, se impone la inadmisión del libelo de acuerdo con el artículo 184 inciso 2° de la Ley 906 de 2004.
No advierte la Sala situación alguna que la habilite para, en ejercicio de las facultades conferidas en la ley, superar los defectos del libelo para decidir de fondo, ni observa que con ocasión de la sentencia impugnada o del desarrollo de la actuación se hubiese producido violación de derechos o garantías de los procesados como para que sea necesaria su intervención de su restablecimiento o protección.
Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia, en los términos concretados por la Corte a partir del fallo de 12 de septiembre de 2005 (radicación 24322).
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el apoderado de BERENICE IRIARTE ALDANA y GIOVANNY IRIARTE, contra la sentencia que en segunda instancia confirmó la condena emitida en su contra como autores del concurso de conductas punibles de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004, es facultad del recurrente elevar petición de insistencia.
Notifíquese y cúmplase.

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

PRESIDENTE



JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER


MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ


GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ


EYDER PATIÑO CABRERA


PATRICIA SALAZAR CUELLAR


LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria



1 Cuaderno principal, folios 28-31.

2 Ídem, folios 1-3, 5, 13, 14, 18-21, 28-37, 40, 47, 57, 64, 73, 79-81 y 82.

3 Ídem, folios 353-362.

4 Cuaderno del Tribunal, folios 17-54, 60-65, 69-70 y 74-132.

5 Cuaderno de la Corte, folios11-15 y 41-45.

6 Cuaderno principal, folio 357.

7 Ídem, folios 136-141, 177, 178 y 220-223.

8 Página 18 de la demanda, Cuaderno del Tribunal, folio 91.

9 Cuaderno principal, folio 225 y 355 vto. - 358 vto.

10 Cuaderno principal, folio 360.

11 Cuaderno principal, folio 146-148, 150 y 158-161.



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