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Costes y cuentas del agua propuestas desde el enfoque ecointegrador


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COSTES Y CUENTAS DEL AGUA

PROPUESTAS DESDE EL ENFOQUE ECOINTEGRADOR
José Manuel Naredo
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Índice

I.- INTRODUCCIÓN

II.- ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS ENFOQUES DEL AGUA
-Dos formas de concebir la gestión del “dominio hidráulico”

-Dos formas de concebir el ciclo hidrológico
III.- PROPUESTA DE CÁLCULO DEL COSTE AMBIENTAL DEL AGUA Y DEL COSTE DEL RECURSO
-Aspectos metodológicos y antecedentes

-El coste del recurso agua

-El coste ambiental de los usos y las masas de agua

-Agua, territorio y medioambiente

-El coste de los servicios asociados al agua

-Sobre los ingresos y la”recuperación” de costes
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL COSTE DEL RECURSO, EL COSTE AMBIENTAL Y EL COSTE DE LOS SERVICIOS DEL AGUAY SU REPERCUSIÓN SOBRE LOS USUARIOS
-Referencias bibliográficas

Anexos:

- Resumen de la propuesta de cálculo del coste ambiental del agua y del coste del recurso y sus implicaciones inmediatas con vistas a la gestión del agua

- Comentarios que suscitan los resultados del cálculo del coste ambiental de los usos del agua en España y en las CI de Cataluña (recogidos en el Cuadro 3 del Anexo estadístico)

- Nomenclatura y Cuadros estadísticos

I.- INTRODUCCIÓN
No cabe hacer una gestión razonable sin conocer bien el objeto de la gestión. Pero hay que recordar que no hay conocimiento directo, inmediato y objetivo de las cosas, ya que ese conocimiento viene mediatizado por los enfoques que se adopten. Y estos enfoques a la vez que aclaran y subrayan ciertos aspectos de la realidad contribuyen también, por fuerza, a soslayar u oscurecer otros. Así, los enfoques que se tienen del agua y del territorio condicionan las percepciones, los usos y los modos de gestión de que son objeto que, a su vez, inciden sobre el agua y el territorio, con sus ecosistemas y paisajes. El deterioro de estos últimos induce a revisar los enfoques, modos de gestión y usos que motivan tal deterioro patrimonial atendiendo a las demandas de la Directiva Marco del Agua (DMA) actualmente en curso de aplicación.
El hecho de que el sistema industrial no solo origine productos y subproductos (íntegramente reutilizados en el sistema) ―como, por ejemplo, hacía la agricultura tradicional con la paja,… o el estiércol― sino de que genere masivamente residuos que amenazan con deteriorar el entorno en el que se desenvuelve, obliga a desplazar la atención desde el sistema de los recursos hacia el sistema recursos-residuos y a reflexionar sobre el metabolismo que lo regula. Por eso la DMA (artículo 9) habla de orientar la gestión del agua “incluyendo” en el coste del servicio, no solo el coste del recurso, sino también el coste ambiental. Sin embargo, los buenos propósitos generales de la DMA están encontrando dificultades para hacerse operativos, sobre todo en lo que concierne al coste ambiental. Ello se debe a que el tratamiento del agua ha venido siendo víctima de un doble reduccionismo: el de un enfoque hidráulico tradicionalmente habituado a ver el agua como recurso, con meros fines extractivos, y el de un enfoque económico estándar, habituado a verla como mero soporte de valores monetarios. Ambos enfoques se han alimentado mutuamente bajo la tradicional meta del desarrollo, al promover y asociar el crecimiento de los agregados monetarios a la planificación de inversiones, infraestructuras y dotaciones ―de agua,…o de energía y materiales― siempre crecientes1. Ninguno de los dos enfoques estaba habituado a velar por un uso más limpio y eficiente del agua que permita reducir esas dotaciones, ni a pensar la realidad compleja del agua y de los ecosistemas a ella vinculados, ni a descifrar la lógica del recurso antes de ser valorado, ni la de los residuos, que por definición carecen de valor. Aparece así un “medio ambiente” inestudiado por el reduccionismo de ambos enfoques, que la DMA trata de considerar ahora, cifrando incluso sus costes.
A veces se habla de coste ambiental en un sentido metafórico, atribuyendo a la palabra coste un sentido genérico de daños o deterioros ocasionados sobre el entorno físico o social, sin pretensiones de cuantificación alguna. Porque no cabe obtener representaciones cuantitativas firmes y precisas de objetos indefinidos e imprecisos. Pero si queremos dar a la palabra coste precisiones cuantitativas, hemos de contar con algún sistema de referencia que permita definir y acotar ese coste y su campo de aplicaciones. Y el coste calculado vendrá así mediatizado por la naturaleza y los límites de ese sistema de referencia. El problema estriba en que los sistemas de razonamiento hidráulico y económico estándar no permiten abordar de forma completa y rigurosa el cálculo de unos costes que, precisamente, venían escapando a sus esquemas analíticos y contables habituales. Como es sabido, las nuevas preguntas no suelen traer, de entrada, el cambio de paradigmas sino el afán denodado de tratarlas desde los enfoques antiguos. De ahí que la presencia del doble reduccionismo antes mencionado persista transmutándose ahora en el empeño de tratar los nuevos problemas a partir de los viejos enfoques, a la vez que se ignora o desautoriza la posibilidad de aplicar otros diferentes, aunque éstos aporten racionalidades más amplias e integradoras. Es más, ni siquiera se llega a apreciar que el desarrollo de esos enfoques más amplios e integradores ofrecería precisiones y mejoras a los anteriormente en curso, aunque también desinflaría sus excesivas pretensiones de universalidad y autosuficiencia. Asistimos así a una pugna entre enfoques alimentada por los vacíos de elaboración que subrayan las exigencias de la DMA, cuando habla del coste ambiental y el coste del recurso como si fueran ya algo inequívocamente conocido y cuantificable para todo el mundo y no, como de hecho ocurre, algo indefinido cuya aproximación cuantitativa reclama de nuevas elaboraciones teóricas y aplicadas capaces de conectar aspectos que hasta ahora venían siendo objeto de distintos enfoques y especialidades. Su operatividad exige apoyar la definición y los procedimientos de cálculo de estos costes sobre bases cuantitativas firmes que aseguren la homogeneidad de los resultados para hacerlos comparables en el espacio y en el tiempo, así como agregables y desagregables, lo que no ocurre con los procedimientos habituales que se practican desde la economía estándar para imputar valores monetarios a determinadas piezas o aspectos constitutivos de ese “medio ambiente” inestudiado.
En resumidas cuentas, que cuando un medio ambiente inestudiado escapa a la red analítica propia de un sistema de razonamiento, caben dos posibilidades: una consiste en estirar esa red analítica a fin de atrapar o “internalizar” esos objetos ambientales “externos” al sistema de referencia, y otra en recurrir a otras redes analíticas y sistemas que se estiman más capacitados para ello. Ambas están teniendo lugar en el caso del agua. La ingeniería hidráulica no solo se ocupa ya de la captación, el transporte y el abastecimiento de agua, sino también de los vertidos y de su posible depuración, en la medida en la que la normativa lo exige. Y la economía estándar trata de estirar la vara de medir del dinero para someter a su sistema de razonamiento determinados aspectos “ambientales” que antes eran “externalidades” ajenas al mismo. Pero también se puede y debe recurrir a otras disciplinas para las que ese “medio ambiente” ―inestudiado desde los enfoques de la ingeniería hidráulica y de la economía monetaria estándares― no es algo externo o ajeno a su sistema de razonamiento, ni escapa a su campo habitual de estudio, sino que forma parte del mismo. En efecto, para esa economía de la física que es la termodinámica y para esa economía de la naturaleza que es la ecología, no existe tal “medioambiente” inestudiado: no lo ven como algo “externo” a su campo habitual de razonamiento, sino que razonan sobre los sistemas en los que el agua se desenvuelve con todas sus piezas, sin descartar las pérdidas y sumideros y sin ignorar el ciclo atmosférico que la renueva o los organismos, ecosistemas y paisajes vinculados a ella, aunque estén al margen de las posibilidades extractivas y de los valores monetarios.
Desde hace tiempo vengo postulando la necesidad de aplicar un enfoque ecointegrador (Naredo, 1987, 2003 y 2006) capaz de integrar en la misma raíz eco los afanes utilitarios de la economía estándar con las preocupaciones por la estabilidad y la conservación de los sistemas propias de la ecología. Pero este enfoque presupone trascender los reduccionismos habituales para abordar el objeto de la gestión desde distintas dimensiones y sistemas de razonamiento. No se trata, pues, de sustituir los viejos reduccionismos por otros nuevos a descubrir, sino de abrir los esquemas cerrados de razonamiento (generalmente unidimensional) de aquellos para dar paso a enfoques a la vez abiertos, multidimensionales y transdisciplinares capaces de abordar mejor los problemas horizontales que la gestión plantea en las sociedades industriales de nuestro tiempo. Pues el “medioambiente” inestudiado por los enfoques monetarios y extractivos antes mencionados, lejos de ser algo errático, incontrolado o difuso, es algo que se encuentra bien clasificado, ordenado y sistematizado por otras disciplinas que se ocupan precisamente de analizar las leyes que rigen su funcionamiento. De forma general cabe relacionar el “deterioro ambiental” que ocasiona el proceso económico con la pérdida de exergía ―o energía utilizable― asociada a todos los materiales que intervienen en dicho proceso2. Lo que induce a considerar estas pérdidas como una especie de negativos físicos que registran los “daños ambientales” directos asociados a los saldos positivos de valor monetario que acostumbran a revelar las contabilidades nacionales y empresariales. El saldo de pérdidas o irreversibilidades termodinámicas asociadas al metabolismo económico en su conjunto constituye, así, un indicador cuantitativo sintético muy potente de sus “daños ambientales” directos, que pasan después a propagarse, acumularse e incidir de forma diversa en los ecosistemas y espacios vinculados. Al igual que el coste de reposición de esas pérdidas directas constituye un indicador sintético igualmente cuantitativo y potente de lo que podríamos llamar su “coste ambiental” directo. El problema estriba en que estas pérdidas físicas, perfectamente medibles, no resultan perceptibles ni cuantificables desde el reduccionismo monetario habitual. De ahí el conflicto fáustico al que se enfrentan los economistas en su reciente deseo de cuantificar estas pérdidas y costes sin abandonar el reduccionismo monetario que cierra el paso a dicha cuantificación, tratando denodadamente para ello de repescar sus reflejos monetarios, sin preocuparse de explorar sus dimensiones físicas cuantificables. En lo que sigue invertiremos esa tendencia explorando primero, en el caso del agua, las dimensiones físicas de esos deterioros y costes para ocuparnos después de sus reflejos monetarios.
Para cuantificar los costes ambientales y los del recurso agua es necesario contar con sistemas que informen sobre ellos, aportando escalas de medida y límites inequívocos a considerar en el cálculo. Evidentemente, el panorama indicado en el párrafo anterior se simplifica si en vez de considerar todos los materiales o sustancias que se ven movilizados o afectados por el metabolismo económico, consideramos solo uno: el agua. En este caso habría que distinguir dos niveles, dimensiones y sistemas: uno relacionado con el agua como elemento3 y otro con los organismos, ecosistemas y paisajes vinculados a ella y a su soporte territorial (con su peculiar orografía, litología, clima, vegetación, …). En el primero de estos dos niveles, el agua se desenvuelve en el marco conceptual de lo que hoy se conoce como el “ciclo hidrológico” ―estudiado por la hidrología, la climatología,… o la termodinámica― y, aunque acuse variaciones muy notables en cantidad y calidad en función de las distintas zonas climáticas y los usos a los que se someta, se rige por leyes de comportamiento generalmente admitidas a escala planetaria, que facilitan la delimitación y la cuantificación estricta de los costes ambientales y del recurso atendiendo a su posible y efectiva reposición, como desarrollaremos más adelante. Sin embargo, en el segundo de los niveles indicados ―estudiado por la ecología― se observa un notable salto en la complejidad, así como en la presencia de mayores irreversibilidades, lo cual dificulta enormemente esta tarea cuantificadora de los posibles costes de reposición: la mayor dificultad procede del salto que se observa entre la materia inanimada y el mundo de la vida, cuyo comportamiento sigue respondiendo a las leyes de la física y de la química, pero no puede explicarse solo con ellas. En efecto, la eventual imposibilidad y la muy variable dificultad de conservar y/o restaurar de forma completa y efectiva los deterioros ocasionados ― por pérdida a veces irrevocable de especies y de la estructura o las funciones de algunos ecosistemas― unida a la gran diversidad de organismos, ecosistemas y paisajes vinculados al agua, arroja una casuística tal de costes de preservación y/o restauración de los deterioros ocasionados por los usos del agua y el territorio que dificulta el establecimiento de sistemas y patrones generales de cálculo. La DMA trata de tipificar esta casuística utilizando el concepto de “masas de agua de referencia”, ligadas a demarcaciones territoriales y ecosistemas locales. No parece, así, que quepa establecer en este campo técnicas y criterios universales de cálculo del coste ambiental de preservación y/o restauración (como entidad estrictamente cuantitativa, es decir, vinculada al Sistema Internacional de Unidades) de los ecosistemas asociados al agua y al territorio, que sean aplicables en todo tiempo y lugar. Lo cual equivale a reconocer que, en este segundo nivel considerado, el cálculo del posible coste de conservación y/o de reposición de los deterioros originados en organismos, ecosistemas y paisajes no puede separarse de la casuística de costes que estas operaciones acarrean en cada caso, que varían según los tipos de ecosistema y los niveles de deterioro en que se encuentren ligados a las distintas “masas de agua”. Sin embargo cabe subrayar que la calidad de este segundo nivel exige disponer de cantidades y calidades de agua precisables en el primero de los niveles señalados, que serían condición necesaria, aunque no suficiente, para mantener la calidad en el segundo y más complejo de estos niveles. En suma, que la clarificación de los costes ―unida a la de los sistemas que los definen― y la aplicación de instrumentos adecuados para la conservación a niveles aceptables de la cantidad y calidad de una determinada unidad o “masa de agua”, es un primer paso elemental para avanzar hacia la conservación de los organismos, ecosistemas y paisajes ligados a ella. La metodología aquí propuesta se referirá al primero de los dos niveles señalados, apuntando solo algunas ideas para el segundo. Lo cual no quiere decir que se minimice la importancia de este último, cuando la preocupación por la conservación de “los ecosistemas acuáticos” ocupa un lugar central en las prioridades de gestión la DMA y de la Agencia Catalana del Agua (ACA).
En lo que sigue se presentará y aplicará (a las Cuencas Internas de Cataluña (CIC) una nueva propuesta de cálculo ―en términos físicos y monetarios― del coste del recurso y del coste ambiental, referido al primero de los dos niveles señalados en el párrafo anterior. Esta propuesta se realizará desde el enfoque ecointegrador antes mencionado, que otorga a la reflexión económica un carácter abierto y transdisciplinar. Hay que subrayar que el enfoque ecointegrador no renuncia al análisis monetario, sino que lo vincula al conocimiento físico de los procesos a gestionar, apoyándose en este conocimiento para diseñar mejor las instituciones e instrumentos que inciden sobre la valoración monetaria, al tomar ésta una variable dependiente de aquellos. Desde esta perspectiva se considera el mercado, no como una panacea, sino como un instrumento a utilizar al servicio de la gestión del agua, teniendo en cuenta que, en el universo monetario habitual, los costes son tributarios de los precios y éstos los son, entre otras cosas, del marco institucional y normativo bien presente en el caso del agua: el juego de impuestos, subvenciones, cánones,… o tasas incide sobre las tarifas o precios del agua,… como también sobre los de la energía o los salarios, que a su vez inciden sobre los costes monetarios de los abastecimientos y servicios del agua. Así, la cuantificación solvente del coste ambiental en términos físicos y monetarios ocasionada por los distintos usos del agua supondrá un apoyo inestimable a la hora de diseñar sistemas de tarifas que cumplan con los principios indicados en la DMA de recuperación de los costes, atendiendo al criterio general de “quien contamina paga4”, que trata de mejorar la eficiencia en la gestión del agua y la conservación de los espacios y especies vinculados a ella.
Desde esta perspectiva trabajaremos con el agua, como elemento cuantificable en términos de cantidad y de calidad asociada a la cantidad, en el marco de aproximaciones sistémicas y contables que permitan iluminar el tema de los costes sugerido en la DMA. Pero advirtamos antes que este simple elemento admite aproximaciones y análisis sistémicos distintos que acarrean también distintas ideas de costes, cuya cuantificación varía con dichos sistemas de referencia. Los dos apartados siguientes reproducen, con algunos retoques, textos míos publicados con anterioridad (en Arrojo y Naredo (1997) pp. 161-171) que aclaran la naturaleza de estos enfoques.


II.- ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS ENFOQUES DEL AGUA
-Dos formas de concebir la gestión del “dominio hidráulico”
En la actual situación de cambios hay que advertir que la reflexión económica está llamada a desempeñar un papel más relevante que antes con relación a las otras áreas temáticas ligadas al agua. Pues estamos pasando de una fase en la que las soluciones técnicas han venido despejando el fantasma de la escasez de agua a golpe de obras orientadas a ampliar los abastecimientos, a otra en la que se trata de encarar directamente esa escasez con planteamientos económicos más globales, que centran su atención en la gestión de la demanda y en la conservación del agua como recurso (ahorro, uso combinado, reutilización e, incluso, desalación). Estamos pasando de una fase centrada en el proyecto y la construcción de obras hidráulicas (regida en toda lógica desde una dirección general hasta hace poco llamada de Obras Hidráulicas y ubicada en un ministerio de Obras Públicas) a otra preocupada de la gestión y conservación del agua y de los (eco)sistemas a ella vinculados. O, también, de un fase "expansiva" de obras a otra que podríamos calificar de "economía madura del agua", en la que se desplaza el acento desde la inversión en obra nueva, hacia la conservación del patrimonio hidráulico, tanto natural como construido. La primera fase encontraba justificación cuando la dotación en obras hidráulicas era muy escasa y estaban todavía por regular las grandes cuencas hidrográficas en un país con hidrología tan irregular como el nuestro: las obras de regulación abordadas por el Estado tenían una clara función pública que se situaba por encima de sus posibles aprovechamientos para fines agrícolas, urbanos o industriales. De ahí que pudiera atribuirse cuerdamente cerca de la mitad de los costes de los embalses a la su función de “laminación de avenidas” y que sólo se pensara en repercutir sobre los usuarios la otra mitad, en condiciones de plazos y financiación extremadamente favorables para ellos, al considerar los abastecimientos, sobre todo de regadío, como si fueran de utilidad pública y hubiera que acometerlos a cualquier coste. Lo mismo que se pretendía llevar agua de donde se suponía que sobraba hacia donde se echaba en falta, como corolario al axioma que postulaba la necesidad de enderezar la “España deforme” en nombre del interés nacional y de un progreso tan generalizado que justificaba no reparar en costes.
Sin embargo, hoy tiene escaso sentido este proceder que se ha venido arrastrando por inercia. Cuando nuestro país alcanza un record mundial en el porcentaje de superficie geográfica dominada por embalses y el coste económico y ambiental de las nuevas captaciones resulta cada vez más elevado, es normal que las preocupaciones se desplacen desde las obras de abastecimiento hacia la gestión del agua como recurso. Cuando el grueso de las obras de regulación y del principal gran trasvase ya están realizadas, pierde sentido, en buena medida, la apreciación pública que originariamente se atribuía a tales obras. Es más éstas acostumbran a ser objeto de contestación social (recordemos por ejemplo los casos de los embalses de Riaño y de Itoiz o de los trasvases del Ebro y del Júcar). Así, más que imputarles tan elevados beneficios públicos, habría que cargarles fuertes costes económicos y daños sociales y ambientales, que no cabe definir de espaldas a los afectados. Máxime cuando, en la nueva situación democrática, lo que se entienda por interés nacional ya no ha de venir dictado, como antes, por la autoridad de algún político o técnico carismático, sino por lo que los ciudadanos de este país, convenientemente informados, acuerden como bueno e interesante. El paso de las competencias de la Administración Central sobre el agua desde el Ministerio de Obras Públicas (hoy llamado de Fomento) al de Medio Ambiente no es ajeno a este desplazamiento del acento de las preocupaciones desde la obra hacia su contexto, planteándose la necesidad de diseñar un marco institucional en el que las incidencias ambientales y sobre terceros se integren en la toma de decisiones públicas y privadas.
En suma, que de acuerdo con los nuevos planteamientos, los supuestos excedentes trasvasables, al igual que los caudales a embalsar, con sus correspondientes infraestructuras, han de encontrar su definición, y su financiación, más en el terreno del debate bien informado y la negociación transparente, que en el de la decisión y el consenso político elitista, apoyado con argumentos técnicos y con dineros públicos ad hoc. En caso contrario, los conflictos relacionados con el agua se amplificarán, ocasionando un calvario creciente para los políticos que traten de arbitrarlos a partir de los viejos esquemas, siendo las “guerras del agua” de los últimos años un aviso en este sentido. En suma, que la segunda de las fases indicadas hacia la que se tiende, la de "Economía madura del agua", ha de pasar, no sólo de la planificación de obras a la de la economía del agua como recurso y, por ende, de la hegemonía de lo técnico a la de lo económico, sino que ha de superar también el economicismo pecuniario de cortas miras, para razonar sobre un contexto más global de consideraciones territoriales, sociales y ecológicas.

- Dos formas de concebir el ciclo del agua
Tanto la exposición de motivos de la Ley de Aguas de 19855, como la del anteproyecto de Plan Hidrológico de 1993, habían apuntado ya la conveniencia de desplazar el centro de interés de la Administración desde la gestión de las obras hidráulicas hacia la gestión del agua como recurso. E incluso el Libro blanco del agua (1998) reconocía la “crisis” de la política tradicional de obras hidrálicas y la “inexcusable necesidad de replantearla”. El problema estriba en que el cambio de orientación apuntado, desde la gestión de la obra a la del agua, es fácil de enunciar, pero difícil de trasladar a la práctica con la premura que suelen demandar las operaciones políticas. Tras más de un siglo gestionando y planificando obras hidráulicas, es problemático exigir a los técnicos y los organismos implicados que se dediquen ahora, de la noche a la mañana, a gestionar y planificar el uso del agua. Tal cosa requiere, además de la voluntad política y los necesarios cambios administrativos, una profunda reconversión mental que no cabe improvisar.
Reflexionemos, pues, sobre el necesario cambio de enfoques. En primer lugar hay que advertir que el cambio de enfoques indicado alcanza hasta la propia manera de considerar el ciclo del agua. A la planificación tradicional de obras hidráulicas le bastaba con interpretar los problemas desde la mecánica de fluidos y la Ley de Conservación de la materia y la energía en la ésta se apoya. Ley que permite establecer el conocido balance que iguala, en un período de tiempo, los flujos acumulados de entrada de agua a cualquier territorio o receptáculo, con los de salida más la variación del stock contenido en el mismo. Sin embargo, la gestión del agua como recurso obliga a interpretar el ciclo hidrológico, no sólo desde la mencionada Ley de Conservación (conocida como Primer Principio de la Termodinámica), sino también desde la Ley de la Entropía (o Segundo Principio de la Termodinámica) que dibuja el trasfondo físico de la escasez económica, al establecer que no puede haber procesos cuyos logros no entrañen pérdidas netas de energía disponible, desterrando del mundo físico la posibilidad de conseguir la quimera del perpetuum mobile,… o de aportar nuevas concesiones de abastecimiento a favor del sistema de usos sin detrimento del sistema del recurso ni de los ecosistemas asociados al mismo.
La Ley de la Entropía gobierna el comportamiento del agua en el ciclo hidrológico, explicando todos sus cambios más o menos "espontáneos" de estado (nieve, hielo, vapor o agua líquida), de calidad (con más o menos sales o materia orgánica en dilución, agua libre o adsobida) o de posición gravitatoria, que se operan a lo largo del mismo. Este conjunto de cambios configura un "campo de gradientes de potencial" ligados al agua que va disminuyendo, desde que ésta aparece en forma de lluvia, hasta que llega al mar, donde alcanza su máximo nivel de entropía que la radiación solar invierte al devolverle (mediante la evaporación, elevación y pérdida de solutos) su nivel originario de calidad asociada a la cantidad. Así, podemos decir que esa fuente externa que es la energía solar mueve el ciclo hidrológico, como el agua mueve la rueda de un molino, y que es posible acelerar (usando), retrasar (conservando) e incluso invertir (depurando, desalando y bombeando) las pérdidas y deterioros que se operan a lo largo del mismo (aunque tales operaciones de impulsión y reciclaje entrañen siempre mayores costes que las ganancias de potencial obtenidas).
Sinteticemos los dos sistemas de representación a los que conducen la versión mecánica ordinaria y la versión termodinámica antes esbozada de la problemática que envuelve al ciclo del agua. La interpretación que se hace de este ciclo desde la mecánica clásica, a partir del simple Principio de Conservación, al ignorar los cambios unidireccionales de calidad y estado antes apuntados, tiene el siguiente significado desde el punto de vista de la teoría de sistemas: "en el sistema no hay fuentes ni sumideros". Para que tal cosa ocurra el gradiente de potencial ligado a la calidad del agua ha de presuponerse nulo, bien por considerarla homogénea a lo largo del ciclo o por suponer que los cambios de calidad son erráticos o, todo lo más, ligados a las contaminaciones o evaporaciones de origen antrópico. Interpretación ésta que necesita conciliarse con la explicación del fluir del agua en el ciclo hidrológico. Lo que puede hacerse, sin salir de la mecánica clásica, tomando la fuerza de la gravedad como algo ajeno al agua que la impulsa hacia la cota cero de los mares, pudiendo las sociedades humanas utilizar esta fuerza hidráulica para sus propios fines industriales, sin menoscabo de esa otra calidad química, homogénea o aleatoria, supuestamente intrínseca del agua. Recordemos que los Planes Hidrológicos han venido siendo tributarios de esta interpretación, al ocuparse sólo de la cantidad y de la contaminación de origen antrópico. Sin embargo, en Las cuentas del agua en España (1994) (CAE 94) (Gascó y Naredo (dirs.), 1994) se incluyeron ya resultados del cálculo de los dos principales gradientes de potencial ligados al ciclo del agua en cada una de las cuencas hidrográficas: los relacionados con la ubicación física y con la calidad química del agua. La comparación de esta última en cabecera y en los aforos de salida al mar, denota que la pérdida de calidad química es muchísimo mayor en las cuencas más áridas del sureste, con relación a las del norte húmedo, con lo que la peor calidad natural del agua se suma en aquellas a las menores y más irregulares disponibilidades en cantidad.
La interpretación del ciclo hidrológico que hace abstracción del mapa de calidad natural o de fondo con el que se ha de trabajar, podría resultar aceptable en un país de clima húmedo, donde predomine la buena calidad natural de sus aguas continentales hasta los mismos límites de su territorio, sin embargo resulta totalmente inconveniente en un país como el nuestro, en el que las diferencias de calidad natural intra e inter cuencas son abismales. Así, en la España meridional y costera, los problemas de calidad contribuyen tanto o más que los de cantidad a la escasez de agua para abastecimiento, por lo que carece de sentido preocuparse sólo de la cantidad y no de conservar, gestionar e, incluso, rectificar la calidad del agua disponible en esos territorios6.
La interpretación estrecha del ciclo del agua que estamos comentando, al limitarse a postular que "nada se crea ni se destruye a lo largo del mismo", arroja un corolario bastante pobre con vistas a la gestión: se trata de aumentar lo más posible las captaciones y de paliar las irregularidades temporales y los desequilibrios espaciales en cantidad, para abastecer lo mejor posible unas demandas que se suponen exógenas y crecientes. De esta manera se da por buena una gestión que consiga asegurar el máximo de entradas de agua al sistema de usos, captando, embalsando y trasvasando desde donde "sobre" hacia donde "falte", para evitar en suma que ésta salga y se "pierda" en el mar. Problemas todos ellos cuyos planteamientos y soluciones se circunscriben al mero campo de lo técnico.
Sin embargo si postulamos, de acuerdo con la Ley de la Entropía, que existe un desequilibrio fundamental en calidad que recorre y mueve todo el ciclo hidrológico desde la fuente (entradas por precipitación) hasta el sumidero último (el mar), se obtienen orientaciones distintas con vistas a la gestión. La realidad del ciclo hidrológico se manifiesta como un sistema abierto y desequilibrado en calidad asociada a la cantidad, cuyos intercambios de masa y energía con el exterior, originan flujos variables en función de la energía natural de la radiación solar y sus derivados o de la artificial de manejo que la especie humana puede introducir. El corolario que para la gestión se deriva de este enfoque ya no puede limitarse a aumentar las entradas al sistema de usos sin atender a lo que ocurre dentro del mismo, sino que debe orientarse a reducir o retrasar las pérdidas en cantidad y calidad que se producen en su seno, buscando mejorar la eficiencia de los usos y penalizando y desalentando los más inadaptados y dispendiosos en los territorios cuyas escasas dotaciones así lo justifiquen. Y, en lo que concierne a los abastecimientos, este enfoque nos recuerda que la gestión del agua rara vez se enfrenta hoy a un problema de escasez (o de abundancia) absoluta que induzca a ampliar las captaciones y trasvases sin reparar en sus costes, sino que es precisamente la consideración de éstos la que debe ayudarnos a elegir entre las opciones técnicas que nos brinda un estado de las artes capaz, no sólo de mejorar la eficiencia de los usos y de extender la depuración y reutilización del agua, sino de forzar también la "reversibilidad" del propio ciclo hidrológico desalinizando el agua salobre e, incluso, la propia agua del mar y elevándola a la cota deseada.
Desde esta perspectiva la gestión del agua cobra una dimensión claramente económica, al plantearse en términos de elección entre las distintas posibilidades técnicas y sociales de encarar el problema (ahorro, reciclaje, uso combinado, abastecimiento de uno u otro tipo,...) teniendo en cuenta el coste físico y monetario de cada una de ellas. El coste físico de depuración, en cuyo extremo se situaría la opción de retomar el agua desde ese sumidero último que es el mar, para devolverle su condición de recurso con la calidad y ubicación deseada, constituye una guía objetiva para la gestión, al aportar el mapa de costes máximos con el que debe contar cualquier política de abastecimiento (sería una aberración económica recurrir al abastecimiento mediante la captación y traída de aguas continentales, con costes físicos superiores a los que se originarían haciéndolo a partir del reciclaje y la desalación de aguas salobres e incluso marinas, sin riesgo de desdotar otras zonas y con obras de menor impacto). Sin embargo hay que subrayar que, a diferencia del coste físico, el coste monetario de las posibles opciones no es una variable independiente, ya que depende del marco institucional y normativo que la política hidrológica impone en cada caso, favoreciendo ciertas instalaciones, prácticas de gestión e intereses y penalizando otros.
La aplicación de cada uno de los dos enfoques descritos reclama, como es lógico, sistemas de información estadística diferentes. La planificación de las obras hidráulicas, cuyo razonamiento se circunscribía a la mecánica de flujos, se ha apoyado tradicionalmente en datos de precipitaciones y caudales disponibles para proyectar infraestructuras orientadas al abastecimiento de unas demandas que le venían dadas como algo exógeno y creciente. Para este propósito extractivo bastaba con mantener una red de pluviómetros y otra de aforos que aportaran los datos empíricos mínimos sobre los que apoyar este ejercicio, y con atribuir unas "dotaciones" razonables para los distintos usos, acordes con objetivos que venían avalados la mayoría de las veces por criterios políticos. Desde este punto de vista, tanto por suponer una tendencia natural al crecimiento de las "demandas", como por garantizar la propia seguridad de los abastecimientos con una pluviometría tan irregular como la nuestra, no tenía sentido profundizar en el análisis de los usos ni en el modo de recortar las "dotaciones", ni las inversiones, en obras hidráulicas, cuando además había intereses directamente vinculados al volumen de éstas. Sin embargo, el segundo de los enfoques mencionados, al razonar en términos de eficiencia no sólo de los abastecimientos, sino también de los usos del agua, requiere una información más amplia. Una información que como mínimo incluya, junto a las posibilidades y costes de captación que brindan los datos de precipitaciones y aforos, los de "producción" de agua de calidad mediante bombeo, depuración y desalación, abarcando así todas las posibilidades de oferta. Además de preocuparse de evaluar las posibilidades y los costes asociados al ahorro y a la posible sucesión de usos compartidos, tomando la demanda como un variable sobre la que cabe incidir.
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