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Costa Rica: tan cerca de Centroamérica, tan lejos de Suiza


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Costa Rica: tan cerca de Centroamérica, tan lejos de Suiza

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En: Gobernanza. Revista Internacional para el Desarrollo Humano. Edición nº 19 (01/03/2005)

ArantxaTirado

Hasta hace pocos meses, Costa Rica era un país donde los políticos eran respetados y conocidos regionalmente por su honradez y su audacia -uno de ellos, José María Figueres Ferrer, fundador del Partido de Liberación Nacional (PLN) fue el responsable de abolir el ejército tras la guerra civil de 1948-. La democracia costarricense era considerada una de las más estables y eficientes de la región centroamericana. La neutralidad en la política exterior costarricense, pese a que aparente, era admirada como el ejemplo a seguir por el resto de América Central. Los hijos de la clase dirigente estudiaban al lado de los (becados) hijos de los campesinos en la pública Universidad de Costa Rica. El contacto entre clases era frecuente, muy lejos de la separación casi en "castas" que se vive en muchos de los países centroamericanos. En Costa Rica las relaciones sociales se desenvolvían en términos de aparente igualdad y en medio de una cordialidad muy propia del carácter costarricense, tan amante del diálogo y la concordia social. Todo semejaba tan idílico que, sobre el papel, Costa Rica tenía más puntos para ubicarse en el centro de Europa que en un contexto de realidad latinoamericana.

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses han convulsionado de tal manera al pequeño país centroamericano que algunas personas han empezado a darse cuenta de que ya no viven en la anteriormente conocida como "Suiza centroamericana". Los casos de corrupción que se han destapado desde que en octubre de 2004 fuera desatándose una espiral de escándalos que parecía no tener fin, han colocado a Costa Rica más cerca de Centroamérica de lo que nunca quiso estar. Su proverbial paz social y política ha dado paso a un clima de tensión, desaliento e inestabilidad institucional a la que tan acostumbrados están en muchos países latinoamericanos.

América Latina es la segunda región más corrupta del mundo, después de África. En una escala que va del 10, total transparencia, al 0, mayor grado de corrupción. En 2004 América Latina presentó 3,4 puntos mientras que África registró 2,8. Costa Rica, por su parte, tenía, hasta la fecha, relativos buenos datos. De 2003 a 2004 pasó de 4,3 a 4,9 puntos. Tras los últimos escándalos que han salpicado a varios ex presidentes del país, se prevé que el próximo informe de "Transparencia Internacional" muestre variaciones del indicador en sentido contrario.

La inexistencia de una "tradición" de corrupción política en Costa Rica, al menos no en los niveles que presentaba la corrupción entre los dirigentes del resto de países centroamericanos, ha provocado que los escándalos tuvieran mayor impacto. Lo que era esperable en la Nicaragua de Arnoldo Alemán, no lo era en la Costa Rica ni de Miguel Ángel Rodríguez, ni de Calderón Fournier, ni de Figueres Olsen. El pueblo costarricense, orgulloso de su tradición democrática, no podía concebir que sus dirigentes pudieran llegar algún día a equipararse, en términos de corrupción, a los del resto de Centroamérica. Es bueno destacar aquí que dentro del "imaginario social costarricense" el pueblo de Costa Rica se percibe a sí mismo como distinto al resto de centroamericanos: más blanco, más democrático, más pacífico... Ello ha dado lugar a interpretaciones historiográficas un tanto rocambolescas, y bastante desacreditadas hoy en día, que justificaban el "hecho diferencial" costarricense por la procedencia regional de los pobladores españoles.

En la actualidad dos de esos ex presidentes costarricenses, ambos pertenecientes al conservador Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se encuentran en prisión por cargos de corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito mientras que el tercero, el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional (PLN), Figueres Olsen, está siendo investigado por el cobro de 900.000 dólares de la empresa francesa Alcatel. Éste lo justifica como el pago de unos servicios lícitos de asesoría que desempeñó para dicha empresa. Por su parte, el ex presidente Alemán en Nicaragua guarda arresto domiciliario por la sentencia que le condenó a 20 años de prisión por cargos de, nada menos, lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, asociación e instigación para delinquir y delito electoral en perjuicio del Estado. En Guatemala, el ex vicepresidente Francisco Reyes se encuentra preso por fraude al Estado en tanto que el ex presidente Alfonso Portillo se halla refugiado en México. Las investigaciones se ciernen también sobre ex mandatarios de Panamá, Mireya Moscoso, o de El Salvador, Francisco Flores. El actual presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, es asimismo investigado puesto que podría haber recibido financiación ilegal para su campaña política por parte de la misma Alcatel. Como se puede apreciar, el fantasma de la corrupción política recorre Centroamérica.

En no pocos casos, detrás de las transacciones monetarias ilícitas aparece la mano de Taiwán y, en tantos otros, son empresas europeas las implicadas en los pagos ilegales. La complicidad de Taiwán y de dichas empresas con la corrupción en estos países no puede ser obviada. No olvidemos que Taiwán tiene interés en estrechar lazos con los gobiernos centroamericanos que no mantienen relaciones diplomáticas con China y Costa Rica es uno de ellos. De igual modo, en los últimos años se han realizado en Costa Rica unas cuantas obras con dinero proveniente de la cooperación exterior taiwanesa.

El hecho de que dos de los ex mandatarios ocuparan cargos en organismos internacionales multiplicó la repercusión de las acusaciones y detenciones. ¿Cómo fue posible que organismos de renombre internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Foro Económico Mundial aceptaran en sus direcciones a Miguel Ángel Rodríguez y a José María Figueres Olsen, respectivamente? Por lo que los acontecimientos nos han mostrado, pareciera que no existe ningún tipo de investigación previa respecto al origen del patrimonio de los candidatos a dichos organismos. Es paradójico saber que una de las credenciales que empujó a Miguel Ángel Rodríguez a la Secretaría General de la OEA fue la transparencia de su gestión pública, y más paradójico aún, que fuera el mismo Rodríguez quien impulsara bajo su mandato en 1998 un Código de Ética para funcionarios públicos.

Costa Rica ha pasado, merced a estos acontecimientos, de ser un ejemplo de honestidad y pulcritud política a ser un país plagado de "chorizos", en términos costarricenses. La ley que Abel Pacheco aprobó el 7 de octubre de 2004, llamada "Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito", tiene por objetivo dotar de mayores facultades a la Contraloría de la República y poder, de este modo, intervenir en cuentas bancarias de funcionarios sospechosos. Estas iniciativas son importantes pero tal vez lleguen demasiado tarde para recuperar la confianza de los costarricenses.

Precisamente, si algo se ve atacado en medio de toda esta crisis es la confianza de los ciudadanos en sus representantes. A ello hay que unir la fragmentación política existente en la Asamblea Legislativa, donde actualmente se pueden encontrar hasta diez grupos distintos fruto de las luchas intestinas y las divisiones en el seno de varios partidos. Con tamaño escenario no es descabellado preguntarse si no será la corrupción política que ha salido a la luz en los últimos meses la que acabe por socavar el sistema bipartidista que tan bien había funcionado en Costa Rica para la clase dirigente. La alternancia pacífica entre el PUSC y el PLN, que se ha sucedido durante décadas, puede llegar a su fin. En las últimas presidenciales ya se produjo un aumento de los votos al candidato Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que se consolidó como la tercera fuerza política del país. Cabe la duda de si será este partido u otro ya existente o de nuevo cuño el que se beneficiará de un eventual voto de castigo a las dos fuerzas políticas principales.

Al descrédito político sufrido por PLN y PUSC, salpicados por las corrupciones de sus otrora miembros y ahora expulsados, se une la desbandada de dirigentes sufrida por el socialdemócrata PLN. Las discrepancias surgidas con el actual candidato a la presidencia en las elecciones de febrero de 2006, el ex presidente y premio Nobel de la paz, Óscar Arias, han llevado a la salida de miembros de peso del partido como el ex secretario general Luis Guillermo Solís, el hijo del fundador, Mariano Figueres Olsen, y el ex presidente Luis Alberto Monge. En palabras de Luis Guillermo Solís, su abandono del partido se debe al carácter "neoliberal" del proyecto político de Arias.

La palabra "neoliberal" se empezó a conocer en Costa Rica a inicios de los años 90 cuando los distintos gobiernos comenzaron a recortar los gastos sociales en educación, sanidad y demás prestaciones. Ello se realizó con el objetivo de satisfacer las exigencias que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tenían para Latinoamérica. Costa Rica, que se había caracterizado por tener uno de los mejores sistemas sanitarios públicos de América Latina, junto con el cubano, vio cómo descendía el dinero que el Estado dedicaba a la salud de sus ciudadanos. Por su parte, en el año 2001, el proyecto de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cuarta empresa más grande de Centroamérica, fue objeto de un rechazo social incontestable que obligó a recular al Gobierno de Costa Rica, entonces presidido por Miguel Ángel Rodríguez.

Un rechazo semejante despierta, entre buena parte de los costarricenses y de las fuerzas políticas del país, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Costa Rica negoció con Estados Unidos. Su ratificación va a ser un elemento fundamental de la agenda política costarricense. La Asamblea Constituyente tiene la palabra. Hacen falta 38 votos, dos tercios de los 57 diputados existentes en la cámara, para su definitiva aprobación.

El futuro del Estado social costarricense depende, en buena parte, de si dicho tratado se aplica o no. Para algunos dirigentes, como el centroderechista Ottón Solís, "la apertura en telecomunicaciones y seguros (monopolios estatales) debilitarán el 'estado social de derecho'". Tal vez éste sea un precio que Costa Rica no pueda permitirse, máxime cuando las cifras de pobreza aumentan cada año, con más de un 20% de población pobre en la actualidad y con una inflación creciente que deteriora a diario el poder adquisitivo de los costarricenses.



La corrupción puede que no sea la causante de la pobreza en el país, pero está claro que coadyuva a que las diferencias sociales entre sus ciudadanos se tornen más grandes. La suma de corrupción política, apertura de mercados y liberalización de los servicios sociales puede ser una combinación funesta para los intereses de las clases populares y la, cada vez menor, clase media costarricense. Poco queda ya de lo que fue la Suiza de Centroamérica...


Comentario de Arantxa Tirado (arantxa.tirado@iigov.org) - 01/03/2005




Estimados Sres. Palacios y Sol: Agradezco sus acertadas observaciones. Es cierto que empresas españolas, entre ellas Abengoa, están en el punto de mira de los casos de corrupción desatados en Costa Rica. Mi omisión no obedece a ninguna intencionalidad oculta sino a la selección de las empresas vinculadas a los casos principales. Tampoco menciono en el artículo nada acerca del "caso Finlandia" y ello no significa que pretenda ocultarlo. De todos modos, me parece muy acertado poner el acento en este hecho y quiero aquí ahuyentar eventuales suspicacias. Por otra parte, Sr. Palacios, Asamblea Constituyente es un lapsus no corregido. Como apreciará, en el mismo artículo se habla de Asamblea Legislativa unos párrafos antes. Por último, agradecer al Sr. Villalobos sus comentarios y decirle que todas las virtudes que usted enumera de la democracia costarricense las conozco bien y las admiro todavía más. Un saludo.










Comentario de Gerardo Villalobos (gevillalo@yahoo.com) - 01/03/2005




Estimada Arantxa, interesante su reportaje; lástima que el enfoque es, básicamente, sobre lo negativo de la experiencia que ha vivido Costa Rica con estos casos: Déjeme decirle que la experiencia vivida por este país -que es el mío- ha sido observar cómo una democracia funciona; cómo la separación y respeto entre Poderes Públicos se da; cómo, El Poder Judicial, sin dobleces ni cálculos, ha actuado apegado a Derecho sin otorgar beneficios a personas por lo que fueron sus investiduras. Y como consecuencia de ello el país se ha visto fortalecido en su lucha contra la corrupción que en estos casos, infelizmente, se ha debido en parte a las acciones de compañías internacionales -españolas, francesas y orientales que, haciendo de la coima una práctica de mercadeo, tentaron a personas de débil moral y de débiles principios por lo que hoy pagan sus consecuencias unos, y otros, si es que demuestran su inocencia recuperarán su libertad.










Comentario de Alfonso Palacios Echeverría (alfonso_palacios@racsa.co.cr) - 01/03/2005




Dos observaciones: No señala Usted en su valioso artículo a las empresas españolas que han participado con políticos y funcionarios corruptos criollos en "chorizos" (sic)de gran envergadura en la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual le resta objetividad. Espero que no sea intencional. La asamblea no es "constituyente" sino legislativa, error grave que no debería ocurrir en la revista de Governanza.




Estimada Arantxa Tirado, su artículo me parece muy bien fundamentado y claro, solamente quiero llamar su atención sobre el hecho de que una de las empresas vinculadas a los casos de corrupción es "española", si bien su apeciación sobre Taiwan es correcta, esperaría que su artículo hubiera hecho mayor enfasis o aportara mayores elementos sobre el papel y el porque de empresas españolas involucradas en este escandalo.



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