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Corte suprema de justicia¡Error!Marcador no definido. Sala de casación penal


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Tutela No. 22063

JORGE ÁLVARO MORA


Impugnación


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA¡Error!Marcador no definido.

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:


Dr. ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO


Aprobado Acta N° 067

Bogotá, D. C., septiembre trece (13) de dos mil cinco (2005).




VISTOS
Procedería la Sala a pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por el ciudadano JORGE ÁLVARO MORA, en contra de la decisión adoptada el 12 de julio de 2005 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, por cuyo medio negó el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerado por la Fiscalía Veintinueve Seccional de Granada - Meta -, si no observara que se ha incurrido en irregularidad sustancial que afecta de nulidad el trámite cumplido.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. Previa denuncia formulada por el ciudadano JORGE ÁLVARO MORA, la Fiscalía Veintinueve Seccional de Granada tramitó una investigación previa en contra de Ricardo Díaz Chaparro e Isabel Jiménez Beltrán por los presuntos delitos de estafa, falsedad y fraude procesal.


2. A través de resolución del 29 de julio de 2004, el despacho judicial mencionado resolvió inhibirse de abrir instrucción, en tanto “la conducta desplegada por los (. . .) implicados es atípica”.
3. El 21 de octubre del mismo año, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio se abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra la decisión censurada “por indebida sustentación”.
4. JORGE ÁLVARO MORA acude al mecanismo de amparo considerando que la fiscalía accionada desconoció los elementos de prueba que aportó a las diligencias indicativos del proceder delictual de los imputados.
Resalta que para concluir que se había infringido la ley penal no se requería de un profundo análisis.
LA ACTUACIÓN

Mediante auto del 29 de junio de 2005, el Tribunal Superior de Villavicencio admitió a trámite la presente acción de tutela y ordenó vincular a la funcionaria judicial accionada.


Al dar respuesta al libelo, la Fiscal Veintinueve Seccional de Granada resalta que las consideraciones que dieron lugar a la resolución inhibitoria se encuentran ajustadas a derecho.
Informa que en “Octubre 21 de 2004, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior se abstiene de emitir pronunciamiento sobre el recurso interpuesto por el denunciante JORGE ÁLVARO MORA por indebida sustentación y ordena sean enterados los sujetos procesales”.


EL FALLO IMPUGNADO


Lo profirió una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 12 de julio de 2005, declarando la improcedencia de la acción constitucional al advertir que la determinación cuestionada “goza de la debida sustentación de carácter fáctico - jurídica”.
Agrega que la ley contempla la revocatoria de la resolución inhibitoria, previa petición del denunciante en tal sentido.

LA IMPUGNACIÓN

JORGE ÁLVARO MORA impugnó la sentencia de primer grado precisando que acude a la acción de tutela para que la justicia investigue a los responsables de los hechos que denunció.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA


Tal como se anunció, sería del caso entrar a pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por el ciudadano JORGE ÁLVARO MORA, si no fuera porque la Sala advierte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio no era el órgano competente para tramitar el pedimento de tutela en primera instancia, como quiera que si bien el acto procesal que se estima violatorio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia es la resolución del 29 de julio de 2004, por medio de la cual la Fiscalía Veintinueve Seccional de Granada resolvió inhibirse de abrir investigación, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio conoció del diligenciamiento cuestionado absteniéndose de resolver el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra tal determinación.


Y es que el problema jurídico planteado en la demanda de tutela se refiere a que la fiscalía accionada desconoció los elementos de prueba que aportó a las diligencias indicativos del proceder delictual de los imputados, situación que por virtud de la abstención no pudo ser objeto de análisis por parte del superior funcional correspondiente.
Lo anterior permite concluir que así el pedimento de amparo no hubiera sido dirigido en contra de la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio, es claro que la censura constitucional allí plasmada comprende también la actividad procesal desarrollada por ésta.
Ahora bien, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, dispone que en desarrollo de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, la competencia a prevención para conocer de dicho trámite la tendrán los jueces y Tribunales “con jurisdicción” en donde ocurriere la violación o la amenaza que se denuncian (subrayas fuera de texto).
Brindándole claridad al asunto de la competencia, el artículo 1, numeral 2, inciso 1 del Decreto 1382 de 2000 prevé que cuando la acción de tutela se dirija contra la Fiscalía General de la Nación, le será repartida al superior funcional del Juez al que se encuentre adscrito el Fiscal.
Es indudable que la autoridad judicial accionada de mayor jerarquía sería la Fiscalía que se abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra la resolución inhibitoria y, en dicha medida, la competencia para conocer de la solicitud de amparo - en primera instancia - se encuentra radicada en esta Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
De esta forma, imperioso resulta declarar oficiosamente la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal en atención a lo normado en los artículos 140, numeral 2 y 145 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al trámite de tutela por virtud del principio de integración consagrado en el artículo 4 del Decreto 306 de 1992, disponiéndose que el expediente sea sometido a reparto en la Secretaría de la Sala.
No esta de más advertir que la nulidad decretada no afecta la validez de las pruebas allegadas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE


1. DECLARAR la NULIDAD de lo actuado en el presente asunto a partir del auto por medio del cual se asumió su conocimiento.
2. ADVERTIR que la nulidad declarada no afecta la validez de las pruebas allegadas.
3. SOMETER el expediente de tutela a reparto en la Secretaría de la Sala.
4. ENVIAR copia del presente pronunciamiento al Tribunal de origen para efectos puramente informativos.
5. NOTIFICAR la decisión a los sujetos procesales, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARINA PULIDO DE BARÓN

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria









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