Página principal

Corte suprema de justicia


Descargar 68.82 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño68.82 Kb.

CASACION. RADICACIÓN: 1 6. 6 8 0

JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ





Proceso No 16680
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

DR. MAURO SOLARTE PORTILLA

Aprobado acta No. 090

Bogotá, D.C., seis de agosto del año dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante la cual lo condenó por el concurso de delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravados.



Hechos y actuación procesal.-
1.- Los hechos fueron declarados por el juzgador, de la manera siguiente:
“…tuvieron su acaecer en la madrugada del día 9 de junio de 1997 en plena vía pública del barrio Antonio Nariño, cuando varios sujetos que se desplazaban en un carro se acercaron en él hasta el antejardín del inmueble ubicado en la calle 42 # 36-12 del barrio Antonio Nariño de esta ciudad (Cali-Valle), donde se encontraban dialogando Carlos Marquínez Ibarbe y Juan Carlos Piedrahita Alomías, apeándose uno de aquellos, quien indiscriminadamente disparó hacia éstos causándole la muerte al primero de los nombrados y lesionando al segundo, quien logró escapar del ataque violento”.
2.- Abierta la investigación por la Fiscalía Cuarenta y Cinco Seccional de la Unidad Tercera Especializada de Delitos contra la Vida, Libertad Sexual y Dignidad Humana, con sede en Santiago de Cali (fl. 24-1), vinculó mediante indagatoria a JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ (fl. 60), a quien definió su situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fls. 90 y ss.).
Posteriormente, previa clausura del ciclo instructivo (fl. 258), el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete se calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra del procesado por el concurso de delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravados (fls. 284 y ss.), mediante determinación que adquirió ejecutoria en esa instancia pues el recurso interpuesto por la defensa fue denegado por extemporáneo (fls. 330 y ss.).

3.- El conocimiento del juicio fue asumido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali (fl. 340-2), donde se llevó a cabo la vista pública (fls. 479 y ss. -2), y el quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve se puso fin a la instancia. En la sentencia proferida se condenó al procesado JULIÁN GUILLERMO GRUESO a la pena principal de cuarenta y seis (46) años de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de tres (3) años, así como al pago en concreto de los perjuicios materiales y morales ocasionados con la infracción, entre otras determinaciones, a consecuencia de hallarlo penalmente responsable de los cargos formulados en el pliego enjuiciatorio (fls. 767 y ss.). El veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó íntegramente aquella sentencia (fls. 845 y ss. -2) al conocer en segunda instancia de la apelación promovida por la defensa.


4.- Contra este fallo, el procesado oportunamente interpuso recurso extraordinario de casación (fls. 869), el que fue concedido por el ad quem (fl. 873), en tanto que su defensor presentó la correspondiente demanda (fls. 878 y ss.) declarándosele ajustada a las prescripciones legales por la Sala (fl. 3 cno. Corte).

La demanda.-
Con apoyo en la causal primera, cuerpo segundo, de casación, un cargo formula el demandante contra el fallo del Tribunal, en el que lo acusa de violar, por vía indirecta, disposiciones de derecho sustancial, a consecuencia de incurrir en errores de hecho en la apreciación de la prueba testimonial.
Como normas transgredidas menciona los artículos 323 y 324-7 del Código Penal de 1980, y 254, 294 y 298 del Código de Procedimiento Penal de 1991.

ÚNICO CARGO. (Violación indirecta de normas de derecho sustancial)
Sostiene que el Tribunal, al apreciar el testimonio de José Libardo Wagner Cañas, le confiere plena credibilidad, y deduce que el autor responsable del doble homicidio materia de investigación y juzgamiento es JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ.
Al hacer esta deducción, dice, incurre en error de hecho por falso juicio de identidad, siendo esta una manera de falsear el alcance objetivo del testimonio rendido por Wagner Cañas, “o en otras palabras, se ha interpretado falsamente la prueba”.
De este modo, agrega, el ad quem crea una premisa falsa que lo lleva a una deducción de igual talante, esto es, “una falsa imputación de responsabilidad”.
El Tribunal creó una premisa falsa porque no toma en cuenta que el testigo no se sostuvo en su versión original, toda vez que en la ampliación de su declaración contradice lo expuesto en la primera.
Sostuvo inicialmente haber visto a JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ a una distancia de 90 metros, afuera de un carro, efectuando los disparos. Después, dijo que lo vio a 4 ó 5 metros sentado dentro del vehículo. Estas dos versiones, en opinión del casacionista, son contradictorias, porque las dos circunstancias no pueden darse al mismo tiempo. Es decir; o se está disparando o no se está disparando. Asimismo, resulta físicamente imposible que simultáneamente se esté dentro y fuera del automotor. Son por tanto, ideas o conceptos mutuamente excluyentes.
Considera que si en tales condiciones se confiere plena credibilidad al testigo que presenta dos versiones contradictorias, se yerra por ignorar el principio de no contradicción y se incurre en grave error de juicio que vicia la sana crítica en la apreciación de la prueba testimonial, como ello fue lo cometido por el Tribunal, pues la sana crítica no puede aceptar contradicciones en un testimonio.
Menos, cuando se utiliza como única fuente para construir la premisa mayor de un silogismo jurídico, consistente en tener por acreditado que Julián Guillermo Grueso Hernández le disparó a Carlos Marquínez Ibarbe, quien murió por herida mortal causada por arma de fuego, y concluir que aquél mató a éste.
Agrega que el Tribunal desconoció la sana crítica al dejar de considerar que el testigo José Libardo Wagner Cañas se halla sindicado de haber dado muerte a Álvaro José Angulo Hernández, hermano del procesado JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ, como lo reconoció en la declaración que corre a folios 463 y siguientes del cuaderno número 2.
Anota que Juan Carlos Piedrahita Alomía, no obstante estar mucho más cerca de su agresor, nunca reconoció al procesado como autor del hecho.

Sin embargo, el Tribunal vicia la sana crítica porque no apreció el testimonio de este declarante como testigo presencial de los hechos, en contraposición al de Wagner Cañas, y le da credibilidad a éste a pesar de ser sospechoso.


El juzgador, comete el doble error al apreciar dichos medios, pues unas veces altera el contenido de la versión haciéndole decir al deponente lo que en verdad no dijo, y otras toma una parte de las aserciones como si fuera toda la deponencia, con lo cual desfigura totalmente el testimonio.
En otros eventos, agrega, inventa situaciones como así sucede al atribuir engaños a un capitán del ejército por parte del procesado que apenas ostenta el título de cabo. De este modo le atribuye indicios graves que no especifica y que ponen en evidencia a JULIÁN GUILLERMO GRUESO como autor imputable y responsable de una muerte que no ha cometido, sin tomar en cuenta la presunción de veracidad que ampara a la injurada.
Con fundamento en lo anterior, solicita de la Corte infirmar el fallo materia de censura, y proferir el que deba reemplazarlo (fls. 878 y ss.-2).


Concepto del Agente del Ministerio Público.-
La Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal, comienza por considerar que el memorial presentado, a manera de demanda de casación, no se aviene a los parámetros técnico jurídicos que regulan este excepcional medio de impugnación.
El actor mezcla en el mismo cargo las diversas modalidades de error de hecho, y, sin atender los fundamentos probatorios de la sentencia, se limita a exponer sus particulares puntos de vista, pero no precisa, ni demuestra el error in iudicando que apenas enuncia.
Señala simplemente que el juez de segunda instancia habría incurrido en falso juicio de identidad porque, en su opinión, se apartó de las reglas de la sana crítica al otorgar credibilidad al testigo José Libardo Wagner Cañas, no obstante que éste se contradice y aparece como sindicado de la muerte del hermano del procesado. También porque ignoró el testimonio de Juan Carlos Piedrahia Alomia, quien habiendo estado cerca de su agresor, nunca reconoció al acusado.
Después de mencionar la diferencia que existe entre los conceptos de falso juicio de identidad, falso juicio de existencia y falso raciocinio, como especies del error de hecho, manifiesta que dentro del mismo cargo y frente a una misma prueba no resulta factible mezclar indistintamente argumentos referidos al falso juicio de identidad y falso raciocinio.
Tampoco es viable, dice, enunciar en la misma censura, falta de apreciación de un testimonio porque ello corresponde al falso juicio de existencia por omisión de prueba, ya que esta modalidad de error tiene su propio método para postularlo, desarrollarlo y concluirlo, de acuerdo con su naturaleza.
Estas inconsistencias, prosigue, serían suficientes para desestimar el cargo. Pero, además de ello, el demandante pasó por alto que el Tribunal fundamentó su decisión no sólo en el testimonio de José Libardo Wagner Cañas, sino en el ponderado examen del caudal probatorio que obra en el proceso.
Al efecto resalta que el Tribunal tuvo en cuenta la declaración de Luis Alberto Marquínez, quien señaló que el mismo GUILLERMO GRUESO manifestó que él había dado muerte a Carlos Marquínez.
También consideró la declaración que José Libardo Wagner Cañas quien dijo haber observado cuando GUILLERMO GRUESO se bajó del vehículo y comenzó a disparar contra quienes se hallaban en el lugar. Este testigo amplió su relato nueve meses después informando que si bien no lo vio disparar, sí pudo darse cuenta que él iba en el citado vehículo vestido con una chaqueta negra, lo que permitió al fallador colegir que ello no demeritaba el inicial señalamiento ni significaba contradicción de ningún tipo, en tanto que para establecer la credibilidad del testigo tomó en consideración que la Fiscalía se trasladó al lugar de los hechos y pudo percatarse que ningún obstáculo le impedía presenciar lo que estaba ocurriendo.
Igualmente encontró que la incriminación hecha por Luis Alberto Marquínez, la corroboran Luz Marina Marquínez, Juan Carlos Piedrahita, y el joven Heyber William Caicedo.
Además, del cotejo de la versión del acusado con los mencionados testimonios y el relato del Capitán Oscar Mier Granda, quien refirió que el cabo Grueso Hernández le indicó que el propósito del operativo en el cementerio era recuperar armas que portaban los pandilleros, cuando en realidad se trataba de obtener la captura de los homicidas de su hermano, el Tribunal dedujo que el móvil para delinquir era el de ejecutar actos de retaliación contra la pandilla señalada como responsable de la muerte de Álvaro José Angulo Hernández, hermano del procesado.
Además, el Tribunal analizó el dicho de los testigos que el encartado citó para tratar de demostrar su coartada, y concluyó que no merecían credibilidad, pues si bien afirman que lo vieron entre las 11:00 y la 1:30 de la madrugada, lo cierto del caso es que los hechos ocurrieron entre las 3:30 y las 4:20 del amanecer del lunes 9 de junio de 1997.
Tampoco le mereció crédito la sindicación que John Robinson Valencia Quiñonez y Edinson Ortiz hicieron respecto de que el responsable del homicidio era el hijo de un fotógrafo, quien al parecer había fallecido por lo que dispuso compulsar copias para investigar la conducta de falso testimonio y fraude procesal.
Por lo anterior, considera que el casacionista, además de refundir indiscriminadamente las tres modalidades de error de hecho, limitó su inconformidad a la manera como fue valorado el testimonio de José Libardo Wagner Cañas y a la falta de apreciación del de Juan Carlos Piedrahita Alomia, pero nada dijo en relación con el análisis integral de la prueba realizado por el Tribunal.
De esta manera, la demanda quedó convertida en un simple alegato de instancia en la que el censor expone su criterio personal para enfrentarlo al del fallador, sin tener en cuenta que en tales eventos prevalece el de este último por venir amparada su decisión con la presunción de legalidad y acierto.
Considera, asimismo, que las conclusiones de la sentencia no se oponen a las reglas de la persuasión racional que rigen el sistema probatorio, y son resultado del prudente y juicioso análisis de los elementos de convicción, legal y oportunamente allegados al proceso , por lo que el cargo debe ser desestimado.
Con fundamento en lo expuesto, sugiere a la Corte no casar la sentencia acusada (fls. 5 y ss. cno. Corte).

SE CONSIDERA:
ÚNICO CARGO. (Violación indirecta de normas de derecho sustancial)
La jurisprudencia de esta Corte repetidamente ha dado en sostener que los errores de hecho en la apreciación probatoria, se presentan cuando el juzgador omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo (falso juicio de existencia). También, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente recaudada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella (falso juicio de identidad). Asimismo, cuando sin cometer ninguno de los anteriores desaciertos, existiendo la prueba es apreciada en su exacta dimensión fáctica, al asignarle su mérito persuasivo transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria (falso raciocinio).
Cuando la censura se orienta por el falso juicio de existencia por suposición de prueba, compete al casacionista demostrar el yerro mediante la indicación correspondiente del fallo donde se aluda a dicho medio que materialmente no obra en el proceso; y si lo es por omisión de ponderar prueba que material y válidamente obra en la actuación, es su deber concretar en qué parte del expediente se ubica ésta, qué objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal probatorio que integra la actuación, da lugar a variar las conclusiones del fallo, y, por tanto modificar la parte resolutiva de la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.
Si lo pretendido es denunciar la configuración de falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, el casacionista debe indicar expresamente, qué en concreto dice el medio probatorio, qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se le tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y lo más importante, la repercusión definitiva del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo.
Si se denuncia falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, se debe indicar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de experiencia fue desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y cómo; finalmente, demostrar la trascendencia del error. Para esto tiene por carga indicar cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto y opuesto al ameritado.
Cada una de estas especies de error, obedecen a momentos lógicamente distintos en la apreciación probatoria y corresponden a una secuencia de carácter progresivo, así encuentren concreción en un acto históricamente unitario: el fallo judicial de segunda instancia. Por esto no resulta avenido a la lógica que frente a la misma prueba y dentro del mismo cargo, o en otro postulado en el mismo plano, sin indicar la prelación con que la Corte ha de abordar su análisis, se mezclen argumentos referidos a desaciertos probatorios de naturaleza distinta.
Debido a ello, en aras de la claridad y precisión que debe regir la fundamentación del instrumento extraordinario de la casación, compete al actor identificar nítidamente el tipo de desacierto en que se funda, individualizar el medio o medios de prueba sobre los que predica el yerro, e indicar de manera objetiva su contenido, el mérito atribuido por el juzgador, la incidencia de éste en las conclusiones del fallo, y en relación de determinación la norma de derecho sustancial que mediatamente resultó excluida o indebidamente aplicada y acreditar cómo, de no haber ocurrido el desacierto, el sentido del fallo habría sido sustancialmente distinto y opuesto al impugnado, integrando de esta manera la proposición del cargo y su formulación completa.
Además, la misma naturaleza rogada que la casación ostenta, impone al demandante el deber de abordar la demostración de cómo habría de corregirse el yerro probatorio que denuncia, modificando tanto el supuesto fáctico como la parte dispositiva de la sentencia. Esta tarea comprende un nuevo análisis del acervo probatorio, valorando las pruebas omitidas, cercenadas o tergiversadas, o apreciando acorde con las reglas de la sana crítica aquellas en cuya ponderación fueron transgredidos los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o los dictados de experiencia; y excluyendo las supuestas o ilegalmente allegadas o valoradas. Este proceso debe cumplirse no de manera insular sino en confrontación con lo acreditado por las acertadamente apreciadas, tal como lo ordenan las normas procesales establecidas para cada medio probatorio en particular y las que refieren el modo integral de valoración, y en orden a hacer evidente la falta de aplicación o la aplicación indebida de un concreto precepto de derecho sustancial, pues es la demostración de la transgresión de la norma de derecho sustancial por el fallo, la finalidad de la causal primera en el ejercicio de la casación (Cfr. Sent. Casación de abril 27/2000. M.P. Arboleda Ripoll. Rad. 13116).
En el presente evento, el censor no acata estos derroteros, como con acierto es destacado por la Delegada en su concepto.
Si bien selecciona correctamente el motivo que pretende aducir, para enunciar el cargo como error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación del testimonio de José Libardo Wagner Cañas -lo que supondría tener que acreditar que el juzgador cercenó, adicionó o tergiversó su expresión fáctica para hacerle producir efectos que no se establecen de su contexto objetivo-, deja la propuesta en su sólo enunciado. Es tanto ello, que abandona la demostración de este tipo de error y seguidamente, bajo el mismo enunciado de ataque, trata de desarrollar otro distinto, en cuanto sostiene que el juzgador se apartó de los postulados que rigen la sana crítica. Así no logra percatarse que se trata de desaciertos de naturaleza diversa y, por lo mismo, autónomos en su desarrollo y demostración.
Pero aún de llegar a colegirse que la pretensión del censor es orientarse por el falso raciocinio en la apreciación del testimonio rendido por José Libardo Wagner Cañas, por haber transgredido las leyes de la ciencia, los postulados de la lógica o las reglas de experiencia como principios orientadores de la sana crítica, la conclusión no sería distinta.
Hace depender la demostración del yerro tan sólo de afirmar que el testigo se contradice en cuanto a la distancia desde la cual dijo haber observado a los agresores, la ubicación precisa de éstos, y que el Tribunal no tuvo en cuenta que dicho declarante figura como sindicado de la muerte de Álvaro José Angulo Hernández, pero ningún esfuerzo realiza para confrontar sus apreciaciones con los fundamentos probatorios del fallo a fin de controvertirlos y demostrar la ilegalidad de la decisión censurada.
Por parte alguna del libelo indica exactamente qué dijo José Libardo Wagner Cañas, qué se establece de él, cómo lo ponderó el juzgador, cuál el mérito que le confirió, cuál el que de acuerdo con las reglas de la sana crítica habría de corresponderle, y cómo su apreciación conjunta con los demás sobre los que no recae ningún tipo de desacierto, daría lugar a variar los fundamentos fácticos de la sentencia impugnada, y, por ende, la declaración del derecho en sentido sustancialmente distinto y opuesto al contenido en su parte resolutiva.
Con total abstracción de la decisión que pretende combatir, el censor se dedica simplemente a sostener que el testigo no merece credibilidad porque en sus dos intervenciones procesales no fue preciso en cuanto a la distancia desde la cual observó a los agresores y en aclarar si éstos estaban o no disparando desde el vehículo donde se transportaban, y porque además aparece como sindicado de haberle dado muerte al hermano de JULlÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ.
Pero como si estos desaciertos no fueran suficientes para desestimar la censura, nuevamente bajo el mismo enunciado de propuesta incursiona en un tipo de error probatorio distinto que tampoco desarrolla ni demuestra. Contradictoriamente refiere que los juzgadores violaron las reglas de la sana crítica porque dejaron de considerar la declaración de Juan Carlos Piedrahita Alomía, testigo presencial de los hechos, quien, según el casacionista, nunca reconoció al procesado. En este sentido no advierte que si los sentenciadores incurrieron en falso juicio de existencia por omisión, simultáneamente no pudieron haber apreciado el mismo medio con transgresión de las reglas que gobiernan la persuasión racional.
Con todo, es de advertirse, que este aparte de la censura carece de fundamento. En el fallo de primera instancia el juzgador hace expresa referencia a dicho medio al declarar que “… en últimas los únicos que presenciaron (los hechos) fueron Wagner y Juan Carlos Piedrahíta Alomías, y el señalamiento que de Julián Guillermo hace el primero, está ampliamente confirmado por indicios que se desprenden del comportamiento de Julián Guillermo Grueso Hernández en los días posteriores al insuceso…” (fl. 797 cno. 2), lo que desvirtúa la afirmación del casacionista sobre que dicho medio fue omitido de ponderar.
Igual situación cabe predicar del fallo de segunda instancia, donde se advierte que Juan Carlos Piedrahita Alomía no sólo corroboró el testimonio del hermano de occiso, quien sostuvo que encontrándose en el cementerio al momento del sepelio, el procesado manifestó que él había matado a Carlos “Piña” (fl. 858), sino que “en todo relato, siempre indicó que estaban él y el occiso sentados cuando se iniciaron los disparos, pues otras personas que los acompañaban una hora antes se habían retirado” (fl. 864).

Acontece también, que los juzgadores fundamentaron su decisión de condena, además de lo relatado por José Libardo Wagner Cañas y Juan Carlos Piedrahita, en otros medios de convicción cuya apreciación el casacionista no cuestiona, y al dejar de hacerlo, no logra desvirtuar la presunción de acierto y legalidad en que se amparan los fallos de segunda instancia.


Así por ejemplo, el Tribunal tuvo en cuenta el testimonio de Luis Alberto Marquínez, uno de los hermanos del occiso, quien narró que “el mismo agresor de nombre GUILLERMO GRUESO lo decía en el cementerio, que él había matado a CARLOS MARQUÍNEZ” (fl. 853).
Consideró también, en orden a establecer el mérito persuasivo del testimonio de José Libardo Wagner Cañas, que si bien éste declarante no observó al procesado disparar “sí se percató de su presencia al interior del vehículo en que se desplazaban los agresores del señor Marquínez Ibarbe”, lo cual le permitió colegir que “en nada enerva la afirmación de imputación”, pues la Fiscalía se trasladó al lugar de los hechos y “pudo percatarse que en verdad, ningún obstáculo le impedía presenciar lo que estaba ocurriendo” (fl. 855).

Analizó asimismo, que la incriminación formulada por Luis Alberto Marquínez Ibarbe en contra del procesado, fue corroborada por Luz Marina Marquínez, Juan Carlos Piedrahita Alomia, y Heyber William Caicedo.


Tuvo en cuenta, además, que el procesado JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ había amenazado a Carlos Marquínez por lo que temía perder la vida a manos de aquél, según lo certifica Luz Marina, quien, según el juzgador, “no por el hecho de ser hermana del occiso, debe restársele credibilidad a su atestación” (fl. 859).

Destacó también el Tribunal, que JULIAN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ, mediante engaño obtuvo autorización del capitán Oscar Mier Granda para realizar un operativo en el cementerio al momento del sepelio de Carlos Marquínez Ibarbe, con el propósito de recuperar armas que serían portadas por pandilleros, cuando en realidad de lo que se trataba era de identificar y capturar a los homicidas del hermano del procesado, de lo cual concluyó que “hasta el móvil para desplegar el proceder se tiene acreditado, siendo el ejecutar actos de retaliación contra los miembros de la pandilla señalada como responsable de la muerte de su hermano Álvaro José Angulo Hernández” (fl. 862).


El Tribunal también demeritó los testimonios citados por el procesado para tratar de demostrar su coartada propuesta, tras considerar que no le merecían credibilidad porque si bien ubican a GRUESO HERNÁNDEZ entre las once de la noche y la una y treinta de la madrugada siguiente en la residencia de Pedro Duque, donde al parecer habitaba su novia María Liliana Duque Restrepo, los hechos materia de investigación y juzgamiento ocurrieron entre las 3:30 y las 4:20 a.m. de lo cual infirió que “bien pudo el procesado salir y regresar, para volver a ser observado por los testigos en horas de la mañana” (fl. 862).
Finalmente, ningún crédito mereció para el Tribunal lo declarado por John Robinson Valencia Quiñonez y Edinson Ortiz, quienes sin haber estado presentes en los hechos, pretendieron desviar la investigación sindicando “al llamado hijo del fotógrafo”, quien al parecer había fallecido, como el autor del homicidio y la tentativa de homicidio materia de juzgamiento, siendo esta la razón por la que dispuso compulsar copias para que se les investigara por los delitos de falso testimonio y fraude procesal en que habrían podido incurrir.

Así, se nota sin mayor esfuerzo, que el casacionista, en lugar de acreditar el error de apreciación probatoria que pretendió denunciar, se dedica a establecer sus propias valoraciones probatorias para anteponerlas al criterio del juzgador, sin tomar en cuenta que en frente de dicho tipo de discrepancias prima el de éste, quien cuenta con amplia libertad para apreciar los medios y asignarles mérito persuasivo, limitada sólo por las reglas de la sana crítica cuya transgresión el casacionista no demuestra.

Entonces, ante la defectuosa formulación de la censura, y la falta de fundamento en su postulación, no cabe más alternativa que su desestimación.
CASACIÓN OFICIOSA (pena accesoria):
Acorde con la normativa sustancial por la que se rige el presente asunto, cuando la pena de interdicción de derechos y funciones públicas se impone como accesoria a la de prisión, su tiempo de duración debe ser igual a ésta, sin que pueda exceder de 10 años, según lo establecen los artículos 44 (modificado por el 28 de la ley 40 de 1993 y luego por el 3º de la ley 365 de 1997) y 52 del Código penal de 1980 aplicable al caso.
En relación con este tópico, recientemente la Corte precisó que cuando la pena privativa de la libertad excede los diez años de prisión, no resulta aplicable el artículo 52 del Decreto 100 de 1980. Indicó, además, que, en dicha hipótesis, el artículo 44 ejusdem (modificado por el 28 de la ley 40 de 1993 y luego por el 3º de la ley 365 de 1997), no faculta al juzgador para imponer la interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo menor de diez años, prevalido de la expresión “hasta” allí utilizada.
La genuina interpretación judicial, dijo la Sala, “conduce a entender que si la pena principal es menor de diez años, la accesoria en cuestión será también menor, pero que si la pena principal es de diez años, por ejemplo, también en ese rango será la accesoria, por contera, si la pena principal supera los diez años, por mandato del artículo 44 precitado, la interdicción será de 10 años, límite máximo, porque, la aplicación de las normas (52 y 44 del Código anterior) en cuestión obedece a un criterio sistemático, en virtud del cual, las normas no pueden obrar aisladamente, sino de manera complementaria, en función de un todo, que, por lo mismo, impide aislarlas para su cabal aplicación” (Cfr. sent. cas. julio 31/03. M.P. Dr. Galán Castellanos. Rad. 15063).

En dicho pronunciamiento, mayoritariamente la Corte dejó sentado, que no se vulnera la prohibición constitucional de la reforma en peor, establecida en el artículo 31 de la Carta, cuando el juez de segunda instancia, incluso el de casación, ante la arbitrariamente impuesta, ajusta la pena a sus precisas condiciones legales. Esto por cuanto al proceder de este modo, preserva no sólo el principio de legalidad propio del Estado de Derecho, caracterizado por una ley previa, escrita y estricta, sino que su observancia brinda seguridad jurídica, también de rango fundamental y constitucional, como lo es igualmente la certeza jurídica, propia de la concreción que preserva la igualdad ante la ley.

En este evento, el procesado JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ fue condenado a la pena privativa de la libertad de cuarenta y seis (46) años de prisión, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas “por un lapso temporal de tres (3) años”, pena esta última que resulta inferior en siete (7) años a la legalmente aplicable.
Con el fin de salvaguardar el principio de la legalidad de las penas, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, la Corte hará uso de la facultad otorgada por el artículo 216 del Estatuto procesal, para corregir oficiosamente este desacierto, tal y como, igualmente con criterio de mayoría, lo ha hecho en ocasiones anteriores (cfr. cas. agosto 8 de 2002. Rad. 16030. M.P. Dr. Arboleda Ripoll).
Es de aclarar, finalmente, que compete al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad realizar la redosificación punitiva a que hubiere lugar, a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código penal, y la aplicación del principio de favorabilidad (artículo 79.7 del Código de procedimiento penal).
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto de la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
1.- DESESTIMAR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado JULIÁN GUILLERMO GRUESO HERNÁNDEZ.
2.- CASAR PARCIALMENTE, de manera oficiosa, la sentencia impugnada, para fijar en diez (10) años la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. En lo demás, el fallo se mantiene.
Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase al Tribunal de origen. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

YESID RAMÍREZ BASTIDAS


Comisión de servicio

HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE


JORGE A. GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO


ALVARO O. PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN


JORGE L. QUINTERO MILANÉS MAURO SOLARTE PORTILLA



TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje