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Corte suprema de justicia


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República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3


EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

MAGISTRADO PONENTE



STP14373-2015

Radicación No.: 82.180

Acta No. 365


Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil quince (2015)



VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por YOLANDA PÉREZ SOTO y JOHN PÉREZ SOTO, frente al fallo proferido el 2 de septiembre del presente año por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ mediante el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela formulada contra la FISCALÍA 34 SECCIONAL DE IBAGUÉ, la NOTARÍA SÉPTIMA de esa misma ciudad y los ciudadanos BERNEY YURI RODRÍGUEZ y ALEJANDRA RAMÍREZ JARAMILLO por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Fueron sintetizados por el a quo, de la forma en la que a continuación se indica:


El 23 de julio de 2013, el señor BERNEY YURI RODRIGUEZ CARDOZO instauró en contra de JOHN PÉREZ SOTO y YOLANDA PÉREZ SOTO, denuncia por la presunta comisión de los reatos de FRAUDE PROCESAL, ABUSO DE CONFIANZA y FALSEDAD EN DOCUMENTO, cuya investigación le correspondió a la Fiscalía Treinta y Cuatro (34) Seccional de Ibagué, Tolima, la cual a la fecha no se ha “calificado”, en tanto no se ha producido ningún archivo de las diligencias, solicitud de preclusión o formulación de imputación.
Considera el actor que se han vencido los términos procesales con los que cuenta la Fiscalía para adoptar una decisión de fondo, y en su sentir, el Fiscal asignado no es competente para conocer de la actuación que se adelanta contra ellos, lo cual resulta vulneratorio del debido proceso.
Por tanto, solicita que el órgano acusador se pronuncie sobre la denuncia instaurada en su contra.


EL FALLO IMPUGNADO


Recordó el a quo el carácter subsidiario y residual de la tutela, y advirtió que la Fiscalía se encuentra desarrollando el respectivo programa metodológico, en el marco de la etapa de indagación, para esclarecer los hechos denunciados y establecer las conductas penales que se alegan.


En ese sentido, observó que lo pretendido por los accionantes, resulta equivocado, toda vez que el ente acusador no ha superado el término para imputar o solicitar la preclusión, como quiera que el asunto aún se encuentra en etapa de indagación y la norma penal establece que la Fiscalía tiene dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis, para formular imputación, u ordenar el archivo de las diligencias, término que se amplía a tres años, cuando existe concurso de delitos, como en el caso acontece.
Por lo tanto, no se puede pretender que el juez constitucional aborde el asunto y determine las competencias judiciales del órgano acusador, sin que medie una vía de hecho, que suponga la vulneración de garantías fundamentales.
Por tales razones, negó el amparo constitucional invocado.


LA IMPUGNACIÓN


Fue propuesta por JOHN PÉREZ SOTO y YOLANDA PÉREZ SOTO, reiterando los argumentos expuestos en el libelo primigenio.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE


De conformidad con lo establecido en el artículo 2º numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.



1. De la congestión y la mora judicial.

Éstos, son fenómenos multicausales y estructurales que afectan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en los términos de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución.


Así, es claro, y tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, han señalado el deber que tienen todas las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna. Ello, porque de presentarse una dilación injustificada en la actividad de la administración o la inobservancia de los términos judiciales, podrían afectarse los derechos fundamentales del debido proceso o acceso a la administración de justicia.
La Corte Constitucional ha señalado, para los casos en los cuales es evidente una dilación injustificada en el proceso y siempre y cuando se esté ante la existencia de un perjuicio irremediable, la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados.
Sobre el particular, ese Tribunal señaló en decisión CC T-1154/04 que:
a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, debe resaltar la Sala que no toda dilación dentro del proceso judicial es vulneratoria de derechos fundamentales. Entonces, la tutela no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario judicial, sino que debe acreditarse la falta de diligencia de la autoridad pública. Además de lo anterior, es preciso acreditar que con la mora, se produzca un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela en el asunto en particular (En ese sentido, CSJ STP5707 – 2014, CSJ STP, 19 mar. 2013, Rad. 65770 y CSJ STP, 9 jul. 2013, Rad. 67.797, entre otras).

2. El juez de control de garantías en el proceso penal.

Mediante sentencia CC C-591/14, la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones: «Además de lo previsto en otras disposiciones de este código», «y por orden del fiscal», contenidas en el inciso 1º del artículo 88 de la Ley 906 de 2004 con sustento en lo siguiente:


En el ámbito del sistema penal acusatorio la función de garante de los derechos fundamentales se ha atribuido al Juez de control de garantías. Al respecto ha indicado la jurisprudencia de esta Corte que:
El artículo 250 de la Constitución establece la cláusula general de competencia del juez de control de garantías para adoptar , a solicitud de la Fiscalía, las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso (Art.250.num.1°); le asigna el control automático sobre las capturas facultativas que excepcionalmente realice la Fiscalía conforme a facultades que otorgue la ley, así como sobre las diligencias de registro, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones que adelante la fiscalía (Art, 250, núm. 1° inciso 3° y num. 2°9). Así mismo señala que en caso de requerirse “medidas adicionales que implique afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello” (Art. 250 núm. 3°).
Así, la creación del Juez de control de garantías o juez de la investigación penal, responde al principio de necesidad efectiva de protección judicial, en razón a que muchas de las medidas procesales que se adoptan en el curso de la investigación penal entran en tensión con el principio de inviolabilidad de determinados derechos fundamentales, los cuales únicamente pueden ser afectados en sede jurisdiccional.
Se trata de una clara vinculación de la investigación a la garantía de los derechos fundamentales tanto del investigado como de la víctima, que fungen así como límites de la investigación.
Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. Así, toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o convalidación1 el sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la víctima2. (Énfasis fuera de texto).
Además, en decisión CC C-1092/03, ese alto Tribunal declaró exequible el Acto Legislativo 03 de 2002, exponiendo, sobre el punto objeto de análisis que:
«…la institución del juez de control de garantías en la estructura del proceso penal es muy importante, como quiera que a su cargo está examinar si las facultades judiciales ejercidas por la Fiscalía se adecúan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos» (Resaltados de esta Sala).
Tal línea de pensamiento ha sido acogida por esta Sala de Tutelas, que en providencia CSJ STP, 27 de abril de 2009, Rad. 41.704 indicó que:
el Sistema Penal Acusatorio tiene su propio y especial mecanismo interno de protección de los derechos fundamentales, a partir de la figura del Juez de Control de Garantías, de tal manera que inadecuadamente se podría acudir al de tutela, si previamente no se activa tal instrumento en el trámite del respectivo proceso.
Agréguese, en ese sentido, que la participación del Juez de Control de Garantías está respaldada por una fórmula amplia de competencia, estipulada inicialmente en el numeral 8º del artículo 153 de la Ley 906 de 2004, bajo la expresión: ‘Las (materias) que resuelvan asuntos similares a los anteriores’, que fue nuevamente introducida con la reforma efectuada por medio de la Ley 1142 de 2007, en su artículo 12, conservando la misma redacción inicial.
Y en reciente decisión CSJ STP11596 – 2015, expuso:
Recuérdese que el juez de control de garantías hace parte de la estructura básica del proceso penal, encargado de velar por el respeto de las garantías constitucionales y legales, dentro de un escenario natural, esto es, oral, en el marco de una audiencia preliminar y con la potestad de adoptar medidas de restablecimiento de los derechos fundamentales que encuentre vulnerados.
Entonces, partiendo del supuesto que las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias de los hechos y, desde visión de derecho interno, que sus derechos no se limitan a intereses pecuniarios, sino que, además, en su titularidad esta los derechos a la verdad y a la justicia; desde esta óptica, por supuesto que pueden acceder y reclamar el acceso a la administración de justicia e intervenir desde la investigación preliminar en el asunto penal.
En relación con tales garantías de la víctima, a la Fiscalía le compete su protección, así como concretar su derecho a la verdad y a la justicia, en armonía con los postulados de un estado constitucional que respeta la dignidad humana y la solidaridad de las personas que lo integran.
Por todo lo visto, para la Sala cobra vigencia el criterio según el cual las víctimas son titulares de derechos y que la Fiscalía tiene un rol de protección frente a estas, por consiguiente, está en el deber de adelantar la indagación dentro de un término razonable. En tal razón, cuando demandan la protección de sus derechos fundamentales, con ocasión de la eventual mora en la que se encuentra incurso el instructor, bien puede invocarse la intervención del juez de control de garantías (Negrillas fuera del texto original).

3. Análisis del caso concreto.

En el presente asunto, los recurrentes acudieron a la extraordinaria vía constitucional, para que a través de este mecanismo excepcional, se disponga que el Fiscal 34 Seccional de Ibagué, agilice la investigación que adelanta en el marco de la Ley 906 de 2004, por los hechos denunciados, por BERNEY YURI RODRÍGUEZ CARDOZO, contra JOHN PÉREZ SOTO y YOLANDA PÉREZ SOTO, por los delitos de, fraude procesal, abuso de confianza y falsedad en documento.


No obstante, los accionantes consideran que el término que establece la ley para que la Fiscalía se pronuncie de fondo sobre la denuncia ha fenecido, como quiera que el ente acusador no ha adelantado imputación en su contra, ordenado el archivo de las diligencias o solicitado la preclusión, y en consecuencia se mantiene la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Resulta primordial aclarar que el asunto objeto de discusión, se encuentra en etapa de indagación. Esto implica que el ente investigador tiene 2 años desde el momento en que conoce de la noticia criminal, para resolver si formula imputación o archiva las diligencias, tiempo que se extiende a 3 años, cuando se presenta un concurso de delitos, como así lo establece el parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 20043.
La denuncia fue formulada el 23 de julio de 2013, lo que permite concluir que la autoridad accionada, ha desarrollado las actuaciones de investigación dentro del término que la legislación procesal penal contempla, razón por la cual no puede advertirse la vulneración de algún derecho fundamental, en el caso, toda vez que las actividades de la Fiscalía se han adelantado en los plazos establecidos.
Ahora bien, el funcionario accionado informó sobre las actuaciones que se han desarrollado en el marco del programa metodológico de la investigación, las que se resumen así:
i. El 1 de agosto de 2013 le fue asignada la investigación.
ii. El 26 de agosto del mismo año, implementó el programa metodológico, y en el marco del mismo ordenó la práctica de varias actividades.
iii. El 10 de septiembre de 2013, realizó interrogatorio al indiciado.
iv. El 13 de enero de 2014, ordenó la inspección de lugar diferente a los hechos.
v. En mayo de ese año, realizó dos entrevistas.
vi. El 12 de diciembre del mismo año realizó el respectivo avalúo de bienes inmuebles.
vii. En enero de 2015 ordenó dos inspecciones4.
Entonces, al observar las actuaciones desplegadas por el servidor accionado en la etapa de indagación, se puede colegir que no medió ninguna dilación injustificada en el proceso, y por el contrario se adelantaron juiciosamente las acciones de investigación propias del órgano acusador, para que conforme a estas se profiera la decisión que corresponda, ya sea imputar, o archivar las diligencias.
De otra parte, advierte esta Sala, que los actores, tienen la posibilidad de acudir ante el Juez de Control de Garantías para que evalúe las actuaciones desarrolladas por el Fiscal 34 Seccional de Ibagué en la etapa de indagación, y proteja los derechos fundamentales presuntamente vulnerados a los accionantes, pero al omitir el agotamiento de ese mecanismo ordinario de defensa, desconocieron la naturaleza subsidiaria de la tutela, razón adicional para declarar la improcedencia de la queja constitucional.
En ese sentido, los recurrentes cuentan con mecanismos de defensa judicial ante las autoridades de la jurisdicción penal ordinaria, los que deben agotar antes de acudir al Juez de tutela.
En consecuencia, lo procedente será confirmar en su integridad la decisión impugnada, de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE



CONFIRMAR el fallo de primer grado.
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria



1 En casos excepcionales autorizados por la propia Constitución. Se parte del principio de la necesidad de autorización previa para la adopción de aquellas medidas que impliquen afectación de derechos fundamentales, sólo excepcionalmente las medidas pueden ser convalidadas en sede judicial, en los eventos en que así lo autorice expresamente la Constitución.

2 Sentencia C- 979 de 2005. Fundamento Jurídico No. 36.

3 Artículo 175. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.

El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.



Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.


4 Si bien la Fiscalía informó la realización de tales actividades, no explicó de manera detallada en qué consistieron.


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