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Corte Suprema de Justicia sala de decisión penal de tutelas


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República de Colombia

S
egunda instancia No. 52591
José Luis Garcés Pareja.

Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS
Magistrado Ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado Acta No. 071


Bogotá, D.C., marzo tres (3) de dos mil once (2011).
VISTOS:
Decide la Sala la impugnación interpuesta por José Luis Garcés Pareja, contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2010 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, a través de la cual negó la acción de tutela intentada por él contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

1. José Luis Garcés Pareja y Otros a través de apoderado instauraron demanda laboral contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom-, para que previos los trámites condenara a la demandada a reconocer y pagar la reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación de los demandantes, con base en el 75% de todo lo devengado por ellos durante su último año de servicio en su condición de trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –Telecom-, hoy liquidada y no en la realizada al momento de su reconocimiento.


2. Del mencionado trámite conoció en primera instancia el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá que mediante sentencia del 18 de febrero de 2009 declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la parte demandada, y en consecuencia, la absolvió.
3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte actora la impugnó y la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 27 de noviembre de 2009 la confirmó, no sin antes advertir que:
“…si bien es cierto la transición permite mantener los requisitos de la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión previstos en el régimen pensional anterior, no ocurre lo mismo respecto del Ingreso Base de la Liquidación, como quiera que el mismo debe tasarse con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que expresamente determina la forma como se obtiene el mismo, y no acudir al régimen pensional anterior para aplicar el IBL allí previsto”.
4. José Luis Garcés Pareja acude al juez de tutela en procura de amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, y en consecuencia, solicita se deje sin efectos la decisión objeto de queja si se tiene en cuenta que “la pensión debe liquidarse con todos los factores devengados en el último año de servicio y sobre los aportes para pensión…(), continuar con la actualización e indexación de este valor calculado al año 1995 y llevarlo de acuerdo con los IPC al año 2007”.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
Esta Colegiatura en su Sala Laboral admitió la demanda de tutela, notificó la iniciación del trámite a las autoridades demandadas y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la solicitud de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
La Corporación referenciada, previo el estudio de las copias que hacen parte de este trámite constitucional, resolvió negar el amparo solicitado, al advertir que carece del principio de la inmediatez.
IMPUGNACIÓN:
Inconforme con la decisión, José Luis Garcés Pareja recurrió la decisión y con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial de tutela, pretende se revoque la sentencia, y en su lugar, se acceda a sus pretensiones
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
2. La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna acudiendo a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.
3. Esa viabilidad excepcional se presenta cuando las determinaciones judiciales constituyen una vía de hecho entendida como una irregularidad burda que desconoce la Constitución y la ley con quebranto de los derechos de quienes acuden a la administración de justicia, circunstancia extraordinaria fundada en la prevalencia del derecho sustancial -artículo 228 de la Constitución Política- que faculta entonces al juez de tutela para corregir los yerros cometidos por las autoridades judiciales.
4. De la demanda de tutela surge claro que la intención de José Luis Garcés Pareja, se dirige a que por el excepcional mecanismo de protección constitucional, se deje sin efecto por supuesta irregularidad constitutiva de vía de hecho la decisión proferida por las Sala de Decisión Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual confirmó el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad en el proceso ordinario laboral que adelantó el accionante contra la Caja de Previsiòn Social de Comunicaciones –Caprecom-, mediante la cual resolvió absolverla de todas y cada una de las pretensiones elevadas por el demandante al declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación.
5. Encuentra la Sala que el amparo solicitado es improcedente porque tal como lo tiene precisado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, pues con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.
6. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la mencionada condición que está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de este trámite constitucional cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de quien acuda en busca de su amparo, razón más que suficiente para declarar la improcedencia de la presente acción de tutela toda vez que la sentencia objeto de reproche fue proferida el 27 de noviembre de 2009, y entonces, no puede entenderse cómo después de transcurrido tanto tiempo apenas ahora José Luis Garcés Pareja considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales.
Así se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre el tema referenciado, precisando que la solicitud de amparo debe ser interpuesta:
“…en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”.
7. Al revisar el pronunciamiento a que hace referencia el libelista en el escrito de tutela, la Sala no advierte de qué manera se le haya vulnerado derecho fundamental alguno porque al resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, previo el estudio del acervo probatorio y las previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico aplicables al caso, la Corporación Judicial accionada de manera razonada expuso los motivos por los cuales confirmó la sentencia recurrida, circunstancia que aleja la decisión objeto de queja de ser arbitraria o caprichosa que amerite la intervención del juez de tutela.
8. La proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer una posición particular, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que:
“…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto.1
9. Vistas así las cosas, es evidente que el demandante, en esencia, pretende a través de esta acción censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial. Y,
10. La Sala aprovecha la oportunidad para hacerle saber a José Luis Garcés Pareja que el presente trámite constitucional no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, situación que aquí no sucedió.
En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1.- CONFIRMAR la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación el 26 de octubre de 2010. Y,
2.- Remitir el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria

1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. 332/06



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