Página principal

Corte suprema de justicia sala de casacion penal magistrado ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar Aprobado Acta # 112


Descargar 21.6 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño21.6 Kb.

Tutela 12.104

Gian Carlo Ferrer Daza ó

John Alexander Cuéllar Dávila a través de abogado


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Aprobado Acta # 112

Bogotá D.C., septiembre veinticuatro (24) de dos mil dos (2002).



Vistos:
Resuelve la Sala la acción de tutela presentada a través de abogado por GIAN CARLO FERRER DAZA ó JOHN ALEXANDER DAVILA CUELLAR, privado de la libertad en la Cárcel del Distrito Judicial La Modelo de Bogotá, en contra del Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.

La acción de tutela:
Según la demanda el accionante está privado de la libertad desde el 28 de mayo de 1999 en el proceso que le adelanta el Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado de Bogotá. La acusación la expidió la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía el 3 de mayo de 2000 y los cargos que le atribuyó a título de autor fueron fabricación y tráfico de armas y municiones, fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares, uso de documento público falso, falsedad personal para la obtención de documento público y homicidio agravado. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia y adquirió ejecutoria el 17 de octubre de 2000.
El abogado del actor relaciona todas las actuaciones procesales que han tenido lugar desde el arribo del expediente, para juzgamiento, a los Juzgados Especializados. Inclusive una colisión negativa de competencias propuesta por el Juzgado demandado, aceptada por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá y dirimida por la Corte, asignándole el conocimiento del proceso al primer despacho judicial. Agrega que el 5 de junio de 2002, con fundamento en el numeral 5º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal y en el 5º transitorio de la misma obra, solicitó la libertad provisional de su representado. Mediante providencia del 11 de junio siguiente, confirmada el 22 de julio del mismo año por el Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado la decidió adversamente. Estas determinaciones judiciales son las que cuestiona a través de la tutela. Las considera arbitrarias y violatorias de los derechos fundamentales de debido proceso, a la igualdad, a la libertad y a la presunción de inocencia.
Señala el apoderado que el término a que se refiere la ley transcurrió y la audiencia pública no se ha celebrado debido a negligencia judicial. Destaca el carácter obligatorio de las sentencias de constitucionalidad y reclama la aplicación de la sentencia C-846/99 de la Corte Constitucional. Igualmente de los fallos de tutela T-842/2001 y T-1003/2000 de la misma Corporación.
El argumento central del Tribunal Superior de Bogotá, que transcribe el actor, es que el Código de Procedimiento Penal vigente, a diferencia del anterior y quizás siguiendo la orientación trazada por la Corte Constitucional en la sentencia C-846/99, estableció como circunstancia que permite la superación del término legal previsto para la obtención de la libertad provisional debido a la no celebración de la audiencia pública, la suspensión de ésta “por causa justa o razonable”. Según el abogado este raciocinio, que no acepta, está en contravía de la sentencia T-842/2001 mencionada, cuyo aparte pertinente transcribe y se encuentra referido a los actos dilatorios del procesado o del defensor como causas que impiden la libertad provisional con sustento en el artículo 415-5 del Código de Procedimiento Penal de 1991.
En suma –dice el demandante—en cuanto el lapso fijado en la ley transcurrió y ni él ni su defendido han realizado maniobras dilatorias, ni las causas justas o razonables con fundamento en las cuales los despachos judiciales negaron la libertad provisional les son imputables, las decisiones demandadas constituyen vías de hecho.
Solicita, entonces, que se dejen sin valor esas providencias y se le ordene al Juzgado Especializado que deje en libertad al accionante “…ya que el tiempo que ha transcurrido ha sobrevenido inexorablemente sin que se hubiere podido llevar a efecto en su totalidad la vista pública, razón por la cual, al no haber mediado acción u omisión atribuible al defensor o su prohijado en el transcurso de dicho lapso, la libertad debe otorgarse sin más dilaciones”.
La Corte asumió el conocimiento de la acción de tutela y le comunicó lo pertinente a los demandados. El Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado comunicó que el expediente lo remitió, por competencia (decreto 2001/02), al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá. El Tribunal Superior de Bogotá envió copias de las distintas decisiones que ha adoptado en el proceso al cual se refiere la tutela y expresó que la actuación cuestionada estuvo ajustada a derecho. Solicita por lo tanto declarar la improcedencia de la acción.

Consideraciones de la Sala:
El procesado tiene derecho a libertad provisional, según el numeral 5º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, “cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses”.
El inciso 2º de la norma, sin embargo, determina la improcedencia de la libertad “cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor”.
En el caso propuesto a consideración de la Sala es claro que el término legal mencionado, duplicado en virtud del artículo 15 transitorio de la ley 600 de 2000, transcurrió si se tiene en cuenta que la resolución de acusación dictada en contra del accionante, tal y como es constatable en la decisión que se le cuestiona al Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado, quedó ejecutoriada el 17 de octubre de 2000. No obstante, tanto el Juzgado como el Tribunal demandados estimaron en las decisiones que el apoderado del actor califica como vías de hecho, que la superación de ese término obedece a que la audiencia pública no ha podido concluirse por causas justas o razonables. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá expresó sobre el punto en el auto mediante el cual confirmó la negativa de la primera instancia a concederle libertad provisional a FERRER DAZA o CUELLAR DAVILA:
“Ahora bien, examinada la situación hay que señalar, que la prolongación del debate público ha obedecido a causas justificadas y razonadas pues para su no terminación ha incidido la no asistencia, el 13 de agosto de 2001, a la diligencia de audiencia pública programada por el Juzgado, del procesado GIANCARLO FERRER DAZA, así como el trámite de colisión de competencia planteado que resolvió la H. Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, se fijaron varias fechas para la continuación del debate público justificando su programación en el mes de junio por cuanto con antelación se había dispuesto la celebración de audiencias públicas en otros procesos igualmente con detenido”.
Se trata de argumentos serios que no pueden ser objeto de discusión a través de la acción de tutela, como lo pretende el abogado demandante a partir de una comprensión equivocada de la causal 5ª de libertad provisional, en cuanto –es lo que parece—vincula su improcedencia solamente a acciones u omisiones atribuibles al procesado o al defensor. Esta es una de las circunstancias que impide la libertad provisional de acuerdo con la ley, aunque no es la única como ya se vio. La suspensión de la audiencia “por causa justa o razonable” es la otra y la noción de causa justa o razonable es comprensiva de todas las actividades inherentes al trámite procesal, ya sean provenientes del funcionario judicial o de los sujetos procesales. Esto significa que la actividad de cualquiera de éstos, de buena o mala fe realizada, justifica que no se concluya la audiencia pública en relación con todos.
Con independencia de si el procesado o su defensor han actuado más o menos en el proceso y de cuánto lo han prolongado por razón de esa actuación, de todas formas puede justificarse el retardo en la celebración de la audiencia pública en virtud de causas que aunque no les sean atribuibles resulten justas y razonables. Como las actividades de los otros sujetos procesales, ciertas decisiones del juzgador como la solicitud de cambio de radicación o la colisión de competencias, el trámite que se deriva de una declaración de impedimento o de una recusación y, por último, la imposibilidad de programar la audiencia inmediatamente por impedirlo el hecho de encontrarse programados otros actos judiciales en otras actuaciones.
Los funcionarios demandados, en conclusión, en desarrollo de su autonomía calificaron de manera razonable como causas justas para no haber concluido la audiencia pública, las relacionadas en sus providencias y ello es indiscutible a través de la acción de tutela, que por lo tanto es improcedente. Y lo es igualmente frente a la pretendida violación del derecho a la igualdad. Si otra autoridad judicial decidió, por vía de tutela, ordenarle al Juez del conocimiento dejar en libertad provisional a otro procesado en el mismo expediente, ello no obliga a adoptar igual decisión en el presente caso. Simplemente porque cada funcionario es autónomo para resolver los casos a su cargo sin que las decisiones de otros lo obliguen, en cuanto sólo se encuentra sujeto a la Constitución y a la ley.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada a través de apoderado por GIAN CARLO FERRER DAZA ó JOHN ALEXANDER DAVILA CUELLAR en contra del Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.
2. En firme esta providencia, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON


FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA


HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE


JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO


CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA

TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria






La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje