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Corte suprema de justicia sala de casacion civil y agraria


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra

Santafé de Bogotá D. C., diez (10) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1.999).-

Ref: Expediente No.7591

Pasa a definirse lo relativo al pretendido conflicto de competencia que, para seguir conociendo del proceso de alimentos promovido por Alejandrina Sanabria a nombre de sus menores hijos Rodrigo Alexander y Hansenis Hernández Sanabria contra Jorge Luis Hernández, enfrenta a los Juzgados Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo y Cuarto de Familia de Barranquilla.



ANTECEDENTES

1.-La mencionada demandante convocó a proceso a Jorge Luis Hernández ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo con el fin de lograr el aumento de la cuota alimentaria suministrada por éste a sus hijos menores Rodrigo Alexander y Hansenis Hernández.

2.- El proceso, que se adelantó con la oposición del demandado, culminó el 13 de julio de 1994 por disposición del juez del conocimiento, visto el acuerdo a que llegaron las partes durante la audiencia de conciliación -fols. 117 y 118-.

3.- Pasados algo más de cuatro años, el demandado presentó escrito solicitando el levantamiento del embargo que pesa sobre su salario y prestaciones, ante lo cual se pronunció el Juzgado Promiscuo de Puerto Leguízamo ordenando remitir por competencia las diligencias a los jueces de familia – reparto- de Barrranquilla, so pretexto de que en esa ciudad residen actualmente los dos menores.

El Juez Cuarto de Familia de Barranquilla, a su turno, se negó a conocer del asunto amparándose en el principio de la perpetuatio jurisdictionis e insistiendo en que al mencionado Juzgado Promiscuo corresponde seguir adelantando las aludidas diligencias.

Así arribó el presente asunto a esta Corporación , la cual, visto que la situación enfrenta a juzgados de diferente distrito judicial – Putumayo y Atlántico -, procede a resolverla a términos de los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996.



CONSIDERACIONES

1.- Se dejó visto que hace ya largo tiempo, esto es, desde el 13 de julio de 1994, el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo, en el curso de la audiencia de conciliación y tomando en consideración el acuerdo de las partes, declaró terminado el presente proceso; de donde, al rompe se advierte cómo en torno al conocimiento del mismo es ya imposible que surja un conflicto.

Frente a la situación planteada, no otra cosa cabe decir, en efecto, sino lo que se muestra como evidente, a saber, que el requisito primario para que pueda hablarse de un conflicto de competencia es el de que exista una materia sobre la cual actuar, o, dicho en otra forma, que el proceso en cuestión no haya terminado por cualquiera de las causas previstas en la ley.

Ya en auto de 7 de diciembre de 1973, se dijo: “Si la razón de ser de estos conflictos y la finalidad esencial que con su resolución se busca, es impedir que determinado proceso vaya a ser decidido por un juez al que la ley no le asigna la facultad de ejercer en él la función jurisdiccional , obvio es inferir que ellos son improcedentes cuando, como ocurre en el presente caso, surgen después de que uno de los jueces que discrepan ha proferido la correspondiente sentencia, puesto que, tratándose de procesos contenciosos, mediante este acto dicho funcionario deja decidido el conflicto de intereses que se le ha presentado para su composición.

“ Y si a la postre el negocio resulta fallado por un juez incompetente, el conflicto carece de finalidad; a más de que esa incidencia es inidónea para corregir la irregularidad que por el aspecto dicho se presente”. (G.J. t. CXLVLL, pag. 252).

Así mismo en auto de 29 de abril de 1997 se expresó cómo “... para que el enfrentamiento entre dos jueces para conocer de un negocio tenga alguna relevancia jurídica es preciso, y ello resulta obvio, que se encuentre aún pendiente en el proceso la decisión sobre las pretensiones de la demanda; por cuanto, si ya se desató el litigio, si aquella controversia que puso en actividad al aparato jurisdiccional del estado ya fue definida, pues entonces el juez, empleando la competencia que estimó en ese momento tener asignada, cumplió ya su cometido”. Y se agregó : “ Así, proferida la sentencia, utilizada por el juez su competencia, el conflicto en torno de ésta hácese imposible por sustracción de materia; por ende, no hay para qué decirlo, cualquier decisión al respecto es inoficiosa puesto que la situación planteada, de conflicto no tiene más que la apariencia”.

Corolario de lo anterior es que lo procedente para el caso sea, no dirimir un inexistente conflicto, sino, sencillamente, remitir las diligencias al mencionado Juzgado Promiscuo, en donde han venido reposando, para que el juez se pronuncie sobre la petición del demandado que originó esta colisión, o, si lo considera pertinente, indique el procedimiento que en eventos tales ha de seguirse.

2.- No sobra, sin embargo, recordar al señor Juez de Puerto Leguízamo lo que de antiguo bien definido tiene la Corte, esto es, que “... el cambio de residencia de los alimentarios (... ) es cuestión que no roza para nada la competencia territorial ya fijada en el proceso. La ley lo que desea es que el proceso no esté sujeto al vaivén de esa circunstancia y cualquiera otra, y, antes bien, ha sentado el principio de la inalterabilidad de la misma “ ( Auto de 8 de agosto de 1991).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, resuelve :



Abstenerse de resolver el aparente conflicto de que se ha hecho mérito en la parte motiva, disponiendo que el expediente sea enviado de inmediato al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo, comunicándose mediante oficio al otro juez involucrado, lo aquí decidido.

NOTIFIQUESE

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS

PEDRO LAFONT PIANETTA

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

RAFAEL ROMERO SIERRA

JORGE SANTOS BALLESTEROS


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