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Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrado Ponente silvio fernando trejos bueno


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

Bogotá D., C., tres (3) de febrero de dos mil seis (2006).


Ref: Exp. No. 11001-02-03-000-2006-00065-00
Decide la Corte la acción de tutela instaurada por la señora Luz Marina Jaimes Jaimes contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, extensiva a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los Magistrados Avelino Calderón Rangel, Marianell González Castillo y Jorge Enrique Pradilla Ardila, trámite al que fue vinculado el Banco AV Villas.

I. ANTECEDENTES
1. Alegando la violación al debido proceso e igualdad, pretende la accionante que de conformidad con el artículo 42 de la ley 546 de 1999, y las sentencias T-606 de 2004, T-701 de 2004, T-199, T-217, T-258, T-282, T-391, T 494, T-844, T-1074 y T-1157 de 2005 emanadas de la Corte Constitucional, se decrete la nulidad del proceso a partir “de las actuaciones surgidas después de la aprobación de la reliquidación del crédito” (folio 9); así como la terminación del proceso ejecutivo hipotecario que adelanta el Banco AV Villas ante el juzgado accionado; y que como medida provisional se suspenda la diligencia de entrega del inmueble.
Expuso que en el referido proceso le fueron negadas las solicitudes de suspensión del proceso y de terminación del mismo con el argumento de que el crédito que le fue otorgado era de libre inversión; que el jugado incurrió en vía de hecho por no aplicar el parágrafo 3° del artículo 42 de la ley 546 de 1999.
2. El juzgado accionado replicó la tutela indicando que en el trámite del proceso se han cumplido las normas procesales que lo gobiernan; que dentro del mismo no se presentó la reliquidación del crédito por tratarse de “mutuo comercial” y no de un crédito para vivienda, por lo que las solicitudes a que alude la accionante le fueron negadas; así como el incidente de nulidad que en apelación confirmó el tribunal.
3. La Sala demandada solicitó que el amparo fuera denegado toda vez que la sentencia que cuestiona el accionante se ajusta con estrictez a la ley, y por ende, no denota arbitrariedad o capricho, puesto que el crédito demandado tiene como destinación la libre inversión o de carácter comercial y, en consecuencia no le es aplicable la ley 546 de 1999.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. En el presente asunto la accionante intervino presentando las solicitudes a que alude en su escrito y además propuso incidente de nulidad fundado en que el proceso debió terminar una vez hecha la reliquidación del crédito; el juez del conocimiento falló el incidente negando la nulidad deprecada, decisión confirmada por el Tribunal accionado al resolver el recurso de apelación que contra la misma interpuso la demandada, por tratarse de un crédito de libre inversión.

2. En la queja constitucional objeto de decisión, se plantea que al crédito ejecutado le son aplicables los beneficios conferidos por la Ley 546 de 1999, pues, aunque fue conferido para ser destinado a libre inversión, lo cierto es que fue pactado en UPAC; por consiguiente, al no haberse efectuado la reliquidación del crédito en los términos de la ley en cita, la actuación surtida en el proceso ejecutivo es nula.

3. Las decisiones de los accionados, distan de constituir un error susceptible de protección en sede tutelar, esto es estructurar vía de hecho, dado que lo resuelto es fruto del estudio de las normas que rigen el caso aplicadas a la situación fáctica concreta, aspecto que por demás ya fue dilucidado por esta Sala, en sentencia del 24 de febrero de 2004, en la que sostuvo: “En efecto, es claro para la Corte que la negativa de los funcionarios judiciales aquí demandados, a dar aplicación a la Ley 546 de 1999 para el caso planteado por la actora, obedece no a una decisión caprichosa y arbitraria, sino a la aplicación de los artículos 40 y 42 de la Ley 546 de 1999, el primero de los cuales dispone que: “ con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes, para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo …” (el resaltado es nuestro), luego mal puede pretender la actora que se aplique la citada ley para el préstamo solicitado y otorgado por “Conavi” que era para libre inversión, lo que de plano excluye la concesión del amparo para los efectos aquí perseguidos, ya que en últimas aspira a que por vía de tutela se le exonere de cumplir con las obligaciones derivadas de un crédito de libre inversión y que además se impida a “Conavi” ejecutar su cobro conforme a la ley.” (Exp. T. No.2004 00013-01).



4. Por lo dicho, se denegará el amparo deprecado, como en efecto se dispondrá enseguida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la protección constitucional impetrada.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados; y en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
Notifíquese y Cúmplase
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA




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