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Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrado Ponente: silvio fernando trejos bueno


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Corte Suprema de Justicia



Sala de casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente:


SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

Bogotá D. C., catorce (14) de Diciembre de dos mil uno (2001).-


Ref: Expediente Nro. 4390
Procede la Corte a dictar sentencia sustitutiva de la que fue proferida el 19 de marzo de 1992 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario de mayor cuantía adelantado por LUZ MARINA y GLORIA MERCEDES CAMPO BECERRA, y como litisconsorte Felix Hernán Roldán Salcedo, contra Ana Lucía Ortega Campo de Medina, Jaime Eduardo Ortega Campo, Luis Antonio Castro Vera, sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., Luis Israel Castellanos, Humberto Campo Cabal, Jorge Eliécer Herrera Espinosa, Camilo Arturo Racines Campo, Marino Alfonso y Guillermo García Gil, Armando Campo Cabal, Ana Milena Campo Molina de Rivera, Fernando y Pablo Enrique Campo Molina, sociedad Calle Llano y Cía Ltda., sociedad Inversiones Montecasino Ltda.; con llamamiento posterior a María Cristina Campo de Arango, Stella Campo de Márquez, Marino, Felipe, Fernando, Diego, Javier, Eduardo y Myriam Campo Aristizábal, en su condición de sucesores de José María Campo Betancourt, y de Martha Cecilia Rengifo de Tabares y Beatriz Tabares Rengifo, cónyuge y heredera, respectivamente, de Uriel Tabares.

ANTECEDENTES:
1. En el proceso referido y para dar fin a la primera instancia, el juez dictó sentencia inhibitoria por falta de demanda en forma, y ordenó, en consecuencia, cancelar la inscripción de la demanda. Contra dicho fallo interpusieron recurso de apelación las demandantes y los demandados Jaime Eduardo Ortega Campo, sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., Camilo Arturo Racines Campo y Ana Milena Campo de Racines, recurso al que adhirió el demandado Jorge Eliécer Herrera Espinosa; en lo suyo, el Tribunal confirmó la decisión inhibitoria respecto del demandado Humberto Campo Cabal, y la revocó en lo restante, en lugar de lo cual dispuso negar las pretensiones de las demandantes respecto de Jorge Eliécer Herrera Espinosa; e impuso, en favor de la sucesión del causante Pablo Julio Campo Rivera, las siguientes condenas de restitución de bienes y frutos: a Camilo Arturo Racines Campo, el predio denominado “La Lanchera” y $1’990.400, por concepto de frutos; a Luis Antonio Castro Vera, el predio “Santa Ana” y frutos por valor de $1’740.971.90; a la sociedad “Calle Llano y Cía. Ltda.”, el predio con matrícula 3730012167 y la suma de $4’171.250 por concepto de frutos; a Jaime Eduardo y Ana Lucía Ortega Campo, el predio cuyos linderos especifica la providencia, y en abstracto el valor de los frutos producidos o que hubiera podido producir dicho predio y respecto de ellos negó la restitución del predio conocido como “La Chepa”; a Luis Israel Castellanos Chaparro, el predio “La Guinea” y en abstracto el valor de los frutos; a Ana Milena Campo Molina, el lote No. 6 de que trata la Escritura Pública Nro. 1710 de 9 de diciembre de 1981 de la Notaría Primera de Buga, y la suma de $495.366.13 por concepto de frutos; a la sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda. el 50% de los cuatro predios que le son reclamados y $18’910.848 por concepto de frutos; a Marino Alfonso y Guillermo García Gil, el predio con matrícula No. 373005349; a Guillermo García Gil, el predio con matrícula No. 3730012164 y en su favor mejoras por $15’057.000 del predio “Miralindo” y en abstracto lo condenó al pago de los frutos; de igual modo condenó a Camilo Arturo Racines Campo, Luis Antonio Castro Vera, sociedad Calle Llano y Cía. Ltda, Ana Milena Campo, sociedad Agrícola y Ganadera del Valle, a restituir el valor de los frutos producidos desde el mes de junio de 1987 hasta el día en que hagan entrega de los inmuebles; negó el reintegro de los frutos reclamados por las demandantes con reajuste por corrección monetaria; por último dispuso lo concerniente a la inscripción de la sentencia y al levantamiento de la de la demanda, y ordenó que en los diez días siguientes a la decisión en firme se hicieran las restituciones y pagos así ordenados.
2. Esa sentencia de segundo grado fue objeto del recurso de casación por parte de las demandantes y de los demandados Ana Lucía Ortega Campo de Medina, Jaime Eduardo Ortega Campo, Luis Antonio Castro Vera, sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., y Luis Israel Castellanos Chaparro, a raíz del cual la Corte señaló, con la amplitud necesaria, las razones por las cuales el Tribunal quebrantó la ley sustancial cuando se inhibió de resolver la petición de herencia deprecada respecto de Humberto Campo Cabal; absolvió a Jorge Eliécer Herrera Espinosa; y profirió fallo desestimatorio parcial respecto de la sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., Jaime Eduardo Ortega y Ana Lucía Ortega de Medina.
3. Sentadas estas premisas y por cuanto la relación procesal existente se ha configurado regularmente y, asimismo, en su desenvolvimiento no se ha incurrido en defecto alguno que haga necesario darle aplicación al Art. 145 del C. de P. C., corresponde ahora dictar sentencia de reemplazo y para tal fin son pertinentes las siguientes

CONSIDERACIONES:
1. En la sentencia de casación se concretó que por haber prosperado las demandas de casación contra Humberto Campo Cabal, Jorge Eliécer Herrera Espinosa, Jaime Eduardo y Ana Lucía Ortega Campo y la sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., “el fallo a dictarse por la Corte como juzgador de instancia se limitará a proferir las condenas pertinentes y a reproducir las restantes decisiones del Tribunal que no se afectan con la definición del recurso de casación”.
2. Esas restantes decisiones, que según lo expuesto son ahora inmodificables porque en su momento no fueron objeto del recurso de casación, o siéndolo, no dieron lugar al quiebre de la sentencia en los aspectos denunciados, son las condenas de restitución proferidas por el Tribunal en contra de Camilo Arturo Racines Campo, sociedad Calle Llano y Cía. Ltda., Ana Milena Campo Molina, Marino Alfonso y Guillermo García Gil, Luis Antonio Castro Vera, Luis Israel Castellanos Chaparro, así como las condenas parciales proferidas en su momento contra la sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., Jorge Eduardo y Ana Lucía Ortega.
Siendo ese, pues, el límite dentro del cual debe moverse, con exclusividad, la decisión que ahora se adopte, se dividirá la misma en tantas secciones como nuevas decisiones sea preciso proferir, teniendo como base que con relación a todas, la sentencia habrá de ser condenatoria y en ese entendido será apoyo probatorio indispensable el dictamen pericial aportado al proceso en primera instancia que fue objeto de ampliación en el trámite previo a esta sentencia; experticia que adquirió plena firmeza y brinda luz en cuanto a la cuantificación de los frutos, -sin corrección monetaria por lo explicado suficientemente en la sentencia de casación-, que deberán cancelarse a la parte actora, siempre con base en que los poseedores son de buena fe, deudores por lo tanto de frutos desde la época en que fueron notificados de la demanda, esto es, desde el año de 1982 y, a su vez, de las mejoras cuya existencia se acreditó en ese primer dictamen, con la actualización de valores que permita determinar la ampliación de dicha prueba pericial.
3. El primer dictamen pericial, que obra a folios 95 y siguientes del cuaderno 18, fue objeto de complementación en el trámite previo a esta sentencia, y por ello, a folios 978 a 983, 985 y 1124 a 1143 de los cuadernos de la Corte, obran las respectivas experticias que no fueron objetadas en legal forma, toda vez que el escrito que en ese sentido obra a folio 1154 de la Corte, mediante el cual se objetó el dictamen únicamente en lo relacionado con la no inclusión de mejoras respecto del lote “La Chepa” a restituir por los hermanos Ortega, -el dictamen en lo relacionado con los frutos no fue objeto de controversia alguna-, se hizo por parte de un abogado que carecía de poder, lo que permite concluir que dicha prueba pericial adquirió plena firmeza.
En cuanto a los fundamentos que rigieron dichos dictámenes, es preciso hacer ver que el primero tuvo en consideración únicamente el valor del arrendamiento por hectárea de cada uno de los lotes objeto de litigio, sin considerar la forma de explotación de cada uno de ellos y teniendo en cuenta “los precios mínimos promedios del arrendamiento de la tierra en las diferentes fechas de los cálculos”, como así lo puntualizaron los respectivos peritos a folio 122 del cuaderno número 18.
El dictamen complementario, en cambio, apreció la explotación de cada lote que examinó y por ello a los que se destinaron a la ganadería o a cultivos “semestrales o pepas”, les fijó el promedio de los frutos anuales con base en el canon de arrendamiento promedio por hectárea, a un nivel más alto que el que consideró en su momento el primer dictamen, y a los predios dedicados al cultivo de caña les fijó el promedio de los frutos “de acuerdo a los contratos en cuentas de participación”, lo que explica la razón por la cual los predios en poder de la sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda. y de los hermanos Ortega, tuvieron una ostensible alza en el promedio de los frutos, porque son tierras especialmente preparadas para el cultivo de caña, que han sido explotados técnicamente con dicha finalidad, lo que explica, entonces, que el dictamen complementario tenga en cuenta factores que se aproximan a un valor más real de los frutos a reconocer, sin que sea, por tanto, contraevidente con el primero.
Son absolutamente improcedentes, por otra parte, los escritos que se adjuntaron como “alegatos de conclusión”, toda vez que dicha etapa procesal hace parte de las actuaciones correspondientes a los jueces de instancia, siendo competencia de la Corte en esta etapa procesal, únicamente decretar pruebas de oficio, si a ello hubiere lugar, y proferir la sentencia sustitutiva que acá se hace en los términos previamente definidos.
4. HUMBERTO CAMPO CABAL.-
En la demanda y su posterior reforma se reclama de él, en acción de petición de herencia por cuanto como heredero por representación del hermano del causante Luis Ignacio Campo Rivera le fueron adjudicados bienes relictos de Pablo Julio Campo Rivera, la restitución de los predios “Campo Alegre” y “La Liliana”, con matrículas inmobiliarias 3730012166 y 3730017291 respectivamente, segregados de la hacienda “San Rafael”, ubicados en el corregimiento “El Vínculo” de la ciudad de Buga, junto con los frutos percibidos desde el 25 de octubre de 1961, fecha del fallecimiento del referido causante.
Contra dicha pretensión, el demandado en mención formuló las excepciones de prescripción de la acción de petición de herencia e indebida acumulación de pretensiones (f. 71 C #1 bis 2), a su vez demandó en acción de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio mediante demanda de reconvención que finalmente se rechazó.
Toda vez que en primera instancia se profirió respecto de dicho demandado sentencia inhibitoria que confirmó en su momento el Tribunal, la parte demandante interpuso recurso de casación que se desató mediante sentencia, en la que con relación a dicho demandado, expreso que “la discusión frente a dicho demandado comporta su exclusión como heredero, dada la calidad de tales que adquieren las demandantes y la restitución de los bienes específicos de la universalidad que ellas reclaman en su condición de hijas del referido causante”, lo que implica que una vez esclarecido el tema jurídico que da legitimidad a las partes para demandar y ser demandadas en petición de herencia, queda por dilucidar el aspecto que tiene que ver con las restituciones a que haya lugar.
Pues bien, en el punto es preciso recordar que a HUMBERTO CAMPO CABAL le adjudicaron, en la hijuela ocho, un predio rural, segregado del potrero “El Llano” debidamente determinado, y en la hijuela número once del trabajo partitivo protocolizado en la escritura pública 170 de febrero 17 de 1981 de la Notaría Primera del Círculo de Buga (f. 30 Cdo. Ppal.), 2/9 partes, en común y proindiviso con Pablo Enrique y Armando Campo Cabal y Margarita Campo de Ortega, de otros lotes rurales en el referido sector.
Posteriormente, mediante escritura pública 1710 de diciembre 9 de 1981, se formalizó la división material de la comunidad referida, y en virtud de tal acto se le adjudicó a HUMBERTO CAMPO CABAL, el lote número 4 segregado del predio “San Rafael”, con los linderos allí especificados (folio 165 C. #1 bis 2), de manera que quedó en posesión de los lotes conocidos como “Campo Alegre” y “La Liliana” como así se constató en la inspección judicial que se practicó a los mismos el 6 de febrero de 1987 (F. 2 Cdo. 18).
En esas condiciones, son dichos lotes, plenamente identificados y coincidentes con los que se detallaron en la demanda y su posterior reforma, los que debe restituir el referido demandado a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, representada por las acá demandantes, quienes por ser hijas reconocidas del causante tienen mejor derecho que Humberto Campo Cabal.
Además de los lotes en mención, el demandado deberá restituir los frutos percibidos desde el año de 1982, época en la que se inició este proceso según lo expuesto en los aspectos generales de estas consideraciones, que según pruebas periciales que obran en el expediente corresponden a $2.002.000 por el predio “Campoalegre” y $4’914.000 por “La Liliana”, para un total de $6’916.000 hasta el año de 1987 (fls. 98 a 101 Cdo. 18), y a partir de entonces hasta el pasado mes de junio de 2001 a $162’291.440 (fl. 1143 Cdo. de la Corte), y en su favor se reconocen las mejoras aún existentes cuyo valor asciende a $6’083.634 (fl. 1126 Cdo. de la Corte).
En síntesis, Humberto Campo Cabal deberá reintegrar los inmuebles previamente referidos junto con la suma de $169’207.440 y la que respecto al futuro se cause por concepto de frutos con base en las directrices fijadas por los peritos en la actualización de la referida prueba (F. 1124 C. de la Corte), y en su favor recibirá, de parte de la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, la suma de $6’083.634 por concepto de mejoras, lo que implica que con relación a él la sentencia inhibitoria de primer grado habrá de revocarse.
Y habrá de ser condenatoria la sentencia en relación con dicho demandado porque además de configurarse con éxito los presupuestos de la acción de petición de herencia, las excepciones que planteó en contra de aquélla no prosperan, porque no existe indebida acumulación de pretensiones, toda vez que en este caso era dable iniciar dicha acción por ser el referido poseedor de los bienes inmuebles a restituir un heredero putativo, y segundo porque contra terceros sólo era viable recurrir a la acción reivindicatoria, de manera que se están acumulando respecto a distintos demandados y no con relación a uno mismo.
En cuanto a la prescripción de la acción de petición de herencia, basta mencionar que el término de los 20 años en que expira dicha acción, comienza a correr desde el momento en que al demandante se le reconoce su vocación hereditaria, lo que quiere decir que en este caso, cuando la reclamación de la herencia se hizo el 9 de febrero de 1982 y el reconocimiento como hijas del causante ocurrió el 13 de noviembre de 1980, no había transcurrido el término para la prescripción de la acción.

5. JORGE ELIECER HERRERA ESPINOSA.-
Se reclama de este demandado la restitución, mediante acción de reivindicación, del predio conocido como “Santa Clara”, antes “La Cilia”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 3730011631, que adquirió inicialmente el causante Pablo Julio Campo Rivera por donación que le hizo Luis Felipe Campo (E.P. 171 de febrero 22 de 1955), fue luego adjudicado a José María Campo Rivera quien vendió sus derechos herenciales a José María Campo Saavedra (E.P. 292 de noviembre 9 de 1961), quien lo vendió a Guillermo Villegas Chaparro (E.P. 1457 de septiembre 17 de 1971), fue adjudicado luego por remate a Luis Francisco Concha quien a su vez vendió a Jorge Eliécer Herrera según escritura pública 761 de mayo 29 de 1981, lo que significa que su título más antiguo corresponde al del heredero putativo José María Campo Rivera contra quien las demandantes presentan el del causante a quienes ellas heredan con exclusividad, desplazando, en consecuencia, a los restantes adquirentes.
El demandado referido fue inicialmente emplazado pero posteriormente compareció al proceso para actuar mediante apoderado, y mientras tanto su curador ad litem contestó el libelo introductorio planteando como excepciones de fondo las que denominó prescripción extintiva, prescripción adquisitiva e ilegitimidad de personería por pasiva (fl. 359 C. #1 bis 2). El predio que ocupa, por otra parte, fue plenamente identificado en la diligencia de inspección judicial que se practicó el 6 de febrero de 1987 (f. 2 vto. C. #18).
Los dictámenes periciales, por su parte, arrojaron como frutos percibidos desde el año de 1982 hasta 1987 un consolidado de $6’870.000 y a partir de entonces, hasta el mes de junio de 2001, la suma de $112’860.160, para un total, por tal concepto, de $119’730.160. En cuanto a las mejoras que se reconocieron en el primer dictamen aportado al expediente a folios 95 a 152 del Cdo. 18, cuya existencia y valor actualizado se dictaminó en la ampliación de dicha experticia llevada a cabo el 4 de junio de 2001, se estableció una suma total de $60’728.000.
En esas condiciones, por ser el referido demandado subadquirente y actual propietario inscrito de uno de los bienes que hace parte de la masa herencial de la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera representada por las acá demandantes, quienes para disputarle la propiedad presentan un título de mejor derecho, deberá restituir el mismo con los frutos previamente referidos, por lo cual es viable concluir que ninguno de los medios exceptivos prospera, toda vez que ya se dijo que la acción de reclamación patrimonial no se ha extinguido por prescripción, además, bien se sabe que la prescripción adquisitiva es una acción, y por todo lo que se dejó establecido en la sentencia de casación y se reitera en esta, el referido demandado está legitimado en la causa por ser el poseedor del bien materia de reivindicación.
6. SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL VALLE.-
De ella se demanda la restitución de cuatro lotes que adquirió de “Azcárate Rivera e Hijos Limitada” (E.P. 672 de julio 13 de 1962), quien a su vez los adquirió del heredero putativo Luis Ernesto Ossa Campo (E.P. 340 de abril 17 de 1962), y de los herederos de María Campo de Arango (E.P. 7 de enero 5 de 1963), así como en virtud de la partición material que se hizo en la escritura pública 1710 de 9 de diciembre de 1981. Respecto al 50% de los mismos, fue proferida condena en contra por el Tribunal en segmento ahora intocable por cuanto no lo alteró la sentencia de casación, condena que se hizo en dicho porcentaje y no con relación a lotes identificables, debido a la dificultad sobreviviente en orden a señalar con exactitud cuáles fueron objeto de la negociación frente a las cuales las herederas tenían mejor derecho.
Para este momento, entonces, luego de dejarse plenamente establecido en la sentencia que desató el recurso de casación, que como subadquirente de bienes que pertenecen a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, dicha sociedad está obligada a restituir los que tenga en su poder, previa la revocación de la sentencia inhibitoria proferida en relación con dicho porcentaje, se condenará a la referida sociedad a restituir, en favor de la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, el restante 50% de los predios cuya titularidad detenta.
Dichos bienes, que en su totalidad se conocen como lote A, lote B, lote C y lote D, tienen como matrículas inmobiliarias los números 3730012158, 3730012159, 3730012161 y 3730017289 y fueron plenamente identificados en la continuación de la diligencia de inspección judicial que se llevó a cabo el 3 de abril de 1987 (fl. 69 C. #18), así como por los peritos que corrigieron la imprecisión que en la inspección judicial se observó en cuanto a los linderos correspondientes a los lotes B, C y D (fl. 123 y 134 C. #18).
La posesión que detenta la referida sociedad sobre los bienes inmuebles en mención quedó demostrada, igualmente, cuando aceptó ese hecho en la contestación de la demanda, en la que dijo estar en posesión de ellos, “en calidad de propietaria, con título justo, inobjetable”, mediante prueba que en momento alguno se desvirtuó (fl. 182 Cdo. 1 bis 2).
Frente a dicha circunstancia, el demandado, como poseedor de buena fe, deberá restituir los frutos percibidos desde el año de 1982, hasta la fecha en que se lleve a efecto la entrega, razón por la cual debe pagar la suma de $39’233.010 por concepto de los referidos frutos hasta el año de 1987, en razón de $15’288.000, por concepto del lote A; $7’353.010 por el lote B; $2’548.000 por el lote C; y, $14’014.000 por el lote D; suma que incluye los $18’910.848 que ordenó restituir el Tribunal, y de allí en adelante, hasta el mes de junio de 2001, la suma de $1.090.500.522 que corresponde al 50% de los frutos de la totalidad de los cuatro lotes, a partir de dicha fecha, para un total de $1.110.822.684.
En esas condiciones, la condena que se profiere en contra de la referida sociedad, en cuanto a la restitución de frutos, se hace en forma concreta para los frutos causados a partir de 1982 hasta junio de 2001 respecto del 50% de los lotes que detenta, y respecto del otro 50% queda inmodificable la condena impuesta por el Tribunal en el sentido de hacerla en concreto para los frutos causados desde el año de 1982 hasta 1987, y en genere o en abstracto, para los causados a partir del año de 1987 hasta la fecha de entrega, como así se determinó en los numerales XXIX y XXXVIII de la sentencia en mención.
Correlativamente, por concepto de las mejoras efectuadas a los lotes a restituir, la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera deberá cancelarle a la referida sociedad demandada la suma de $45’553.200 (fl. 1132 Cdo. de la Corte).
En cuanto a las excepciones de mérito que denominó de cosa juzgada, inoponibilidad de la sentencia de 30 de abril de 1980, carencia de título y acción para la reivindicación, improcedencia de la nulidad de las particiones, prescripción extintiva de la acción de petición de herencia y prescripción adquisitiva de dominio, es pertinente recordar los argumentos que fueron plenamente expuestos en la sentencia de casación para desvirtuar con ellos la posibilidad de estar frente a la figura jurídica de la cosa juzgada o inoperancia de la sentencia de filiación o carencia de título e improcedencia de la nulidad de las particiones, que entre otras cosas no es que sean nulas, sino inoponibles a las demandantes.
En torno al tema de las prescripciones, tanto extintiva como adquisitiva, lo dicho en relación con el demandado Jorge Eliécer Herrera Espinosa cobra plena actualidad en este caso, para concluir que acá, tal como allá, son absolutamente improcedentes.
7. JAIME EDUARDO Y ANA LUCIA ORTEGA CAMPO.-
En virtud del quiebre de la sentencia parcialmente absolutoria proferida en favor de los referidos demandados por el Tribunal, por las razones allí consignadas que tienen que ver con que frente a ellos, respecto del predio conocido como “La Chepa”, es plenamente viable la acción reivindicatoria que promueven las demandantes, habrá de ordenarse la restitución del inmueble en mención, junto con los frutos percibidos que ascienden a $12’558.000 desde el año de 1982 hasta el de 1987, y $804’746.612 desde 1987 hasta junio de 2001, para un consolidado de $817’304.612. Por su parte no tienen derecho a ninguna mejora porque, según el dictamen pericial inicial, no se encontró ninguna efectuada con antelación a la presentación de la demanda (fl. 95 Cdo. 18).
El referido inmueble, conocido como “La Chepa” les fue adjudicado en la partición material que se otorgó mediante escritura pública 1710 de diciembre 9 de 1981, como subrogatarios de los derechos herenciales que correspondían a José María Campo Saavedra, tiene folio de matrícula inmobiliaria número 3730017290 y fue plenamente identificado en la reforma de la demanda (fl. 79 cdo. 1 bis 3).
Esa identificación quedó, además, plenamente demostrada en la diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 3 de abril de 1987, cuando se dijo que “coincide con el determinado en el escrito de corrección de la demanda (sic)” y fue examinado por los peritos según dictamen que obra a folio 137 del cuaderno 18.
Por su parte, el demandado Jaime Eduardo, a folio 342 del cuaderno 1 bis 2, planteó las excepciones de caducidad de la acción de petición de herencia, cosa juzgada, prescripción extintiva y prescripción adquisitiva, que por ser similares a las que con antelación se analizaron, merecen igual reproche.
8. Finalmente, en materia de costas judiciales causadas en ambas instancias, se observa que la apelación interpuesta por la parte demandante prosperó. En consecuencia, se le impondrá a los demandados acá vencidos la obligación de reembolsarle a las demandantes la totalidad de los gastos y expensas en que incurrieron en ambas instancias de conformidad con el Art. 392, numerales 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil.

DECISION:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida en este proceso el 18 de junio de 1988 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga y, en su lugar,
A) CONDENAR a HUMBERTO CAMPO CABAL a restituir, a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, representada por las acá demandantes, los predios conocidos como “Campoalegre” y “La Liliana”, distinguidos con los folios de matrícula inmobiliaria 3730012166 y 3730017291, ubicados en el corregimiento El Vínculo del municipio de Buga, plenamente identificados en el proceso.
B) CONDENAR a HUMBERTO CAMPO CABAL a pagar a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, representada por las acá demandantes, la suma de $169’207.440, por concepto de los frutos percibidos o por percibir desde el año de 1982 hasta el mes de junio de 2001.
C) CONDENAR a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera a cancelar al referido demandado Humberto Campo Cabal, la suma de $6’083.634 por las mejoras efectuadas en los lotes a restituir.
D) CONDENAR a JORGE ELIECER HERRERA ESPINOSA a restituir a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, representada por las acá demandantes, el predio “Santa Clara”, con matrícula inmobiliaria 3730011631, cuyos linderos se especificaron en el proceso.
E) CONDENAR a JORGE ELIECER HERRERA ESPINOSA a pagar a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera la suma de $119’730.160 por concepto de los frutos percibidos o que hubiera podido percibir.
F) CONDENAR a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera a pagar en favor del referido demandado la suma de $60’728.000 por concepto de las mejoras efectuadas por éste en el referido inmueble.
G) CONDENAR a la sociedad AGRICOLA Y GANADERA DEL VALLE LTDA. a restituir a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, el otro 50% de los inmuebles que se conocen como lote A, lote B, lote C y lote D, con matrículas inmobiliarias 3730012158, 3730012159, 3730012161 y 3730017289, ubicados en el corregimiento El Vínculo del municipio de Buga.
H) CONDENAR a la sociedad AGRICOLA Y GANADERA DEL VALLE LTDA., a pagar a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, la suma de $1.110.822.684 como porcentaje equivalente al 50% de los frutos percibidos o por percibir desde 1982 hasta junio de 2001.
I) CONDENAR a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera a pagar en favor de la referida sociedad, la suma de $45’553.200, por concepto de las mejoras efectuadas en los lotes a restituir.
J) CONDENAR a JAIME EDUARDO ORTEGA CAMPO y ANA LUCIA MARGARITA ORTEGA DE MEDINA a restituir a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, representada por las demandantes, el predio conocido como “La Chepa”, con matrícula inmobiliaria 3730017290, ubicado en el corregimiento El Vínculo del municipio de Buga.
K) CONDENAR a los referidos demandados a pagar a la sucesión de Pablo Julio Campo Rivera, la suma de $817’304.612 por concepto de los frutos percibidos o por percibir desde 1982 hasta el mes de junio de 2001.
L) No prosperan, por tanto, las excepciones planteadas por los demandados antes referidos.
M) Los frutos que se perciban con posterioridad a la última fecha del dictamen pericial, esto es, con posterioridad al mes de junio de 2001, se reajustara utilizando las mismas referencias que emplearon los respectivos peritos.

SEGUNDO: “VII. Declarar no probadas las excepciones propuestas por los demandados”.
“VIII. Ordénase a Camilo Arturo Racines Campo a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio cuya ubicación y cabida y linderos aparecen en el literal e, ordinal 1 de está providencia, epígrafe antecedentes”.
“IX. Condénase a éste demandado a pagar por concepto de frutos a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, la suma de $1’990.400.00”.
“X. Condenar a Camilo Arturo Racines Campo a pagar las costas causadas en ambas instancias. Liquídense”.
“XI. Ordénase a Luis Antonio Castro Vera a restituir a la sucesión nuevamente ilíquída de Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio “Santa Ana”, de ubicación, cabida y linderos consignados en el literal f, ordinal 1 de esta sentencia. Lo mismo que un lote de 8 hectáreas 4.400 metros cuadrados, parte integrante del denominado “Loma de los Monederos”, alinderado así: Occidente: con propiedad de Luis A. Castro Vera; Oriente, Norte y Sur: con propiedad de Francisco Campo Rivera, es decir, con el predio “Loma de los Monederos”.
“XII. Condénase a Castro Vera a pagar a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, por concepto de frutos la cantidad de $1’740.971.90”.
“XIII. Condénase a Luis Antonio Castro Vera a pagar las costas ocasionadas en las dos instancias. Liquídense”.
“XIV. Ordénase a la sociedad Calle Llano y Cía Ltda. a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio detallado en el literal g., ordinal 1 de este proveido, epígrafe antecedentes”.
“XV. Condénase a la prenombrada sociedad a cancelar a la sucesión ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, por concepto de frutos $4’171.250.oo”.
“XVI. La demandada pagará las costas de la primera y segunda instancia. Liquídense”.
“XVII. Ordénase a Jaime Eduardo y Ana Lucía Margarita Ortega Campo, a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio de 43 hectáreas 2.000 metros cuadrados, alinderado así: Norte: parte del potrero “El Llano”, que se adjudicó a una comunidad de herederos y subrogatarios; Sur: callejón de Guayabito y Mocoa; Oriente: parte del potrero “El Llano” que se adjudicó a los herederos de Pablo Enrique y Armando Campo Cabal; Occidente: con predios de Elvira Sanclemente y herederos de Eduardo Sanclemente”.
“XVIII. Condénase in genere a Jaime Eduardo y Ana Lucía Margarita Ortega Campo a pagar a la sucesión nuevamente ilíquida de Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, los frutos producidos o que hubieran podido producir el predio a restituir. La liquidación se hará conforme a los anteriores artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil”.
“XXI. Condénase a Luis Israel Castellanos Chaparro a reintegrar a la sucesión ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio “La Guinea”, cuyas características identificadoras se consignaron en el literal j, del ordinal 1, epígrafe de antecedentes”.
“XXII. Condénase en forma genérica a Luis Israel Castellanos a pagar a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el valor de los frutos producidos o que hubiera podido producir el predio litigioso. Liquídense conforme los anteriores artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil”.
“XXIII. No se ordena el pago de mejoras por los motivos expuestos”.
“XXIV. Condénase a Castellanos Chaparro al pago de las costas procesales de ambas instancias”.
“XXV. Ordénase a la señora Ana Milena Campo Molina de Rivera a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el lote No. 6 de que trata la escritura pública No. 1710 del 9 de diciembre de 1981, Notaría Primera de Buga, cuyos linderos son: Occidente: mojón 17 al mojón 20 y con el predio adjudicado a Pablo Enrique Campo Cabal; Sur: del mojón 20 al mojón 19 y con el lote No. 3 adjudicado a Francisco Campo; Oriente: del mojón 19 al mojón 18 y con la carretera central del Valle; Norte: del mojón 18 al mojón 17 y con el lote No. 5 que se adjudica a Pablo Enrique Campo Cabal”.
“XXVI. Condénase a la señora Campo Molina de Rivera a pagar a la sucesión ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, por concepto de frutos la suma de $495.366.13”.
“XXVII. Condénase a la precitada demandada a pagar las costas procesales de ambas instancias. Liquídense”.
“XXVIII. Ordenase a la sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda. a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el 50% de los 4 predios que le son reclamados, cuya ubicación y linderos aparecen consignados en el literal i, del ordinal 1 del epígrafe de antecedentes”.
“XXIX. Condénase a dicha sociedad a pagar a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, por concepto de frutos $18’910.848.oo”.
“XXXI. Ordenase a Marino Alfonso y Guillermo García Gil a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio aludido en el literal k, del ordinal 1 del epígrafe de antecedentes”.
“XXXII. Ordenáse a Guillermo García Gil a restituir a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, el predio aludido en el literal 1, del ordinal 1 del epígrafe de antecedentes”.
“XXXIII. Ordenase a las demandantes como representantes de la sucesión nuevamente ilíquida del señor Pablo Julio Campo Rivera, a pagar a Marino Alfonso y Guillermo García Gíl, por concepto de mejoras del predio “Miralindo”, la suma de $15’057.000.oo”.
“XXXIV. Condenar a las demandantes como representantes de la sucesión nuevamente ilíquida del señor Pablo Julio Campo Rivera, a pagar a Guillermo García Gil por concepto de mejoras la cantidad de $23’942.000.oo”.
“XXXV. Los demandados favorecidos con el pago de mejoras tienen el derecho consagrado en el artículo 970 del Código Civil”.
“XXXVI. Condenar en abstracto a Marino Alfonso y Guillermo García Gil a pagar a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Rivera, a pagar los frutos producidos o que hubiera podido producir los predios a restituir. La liquidación se efectuará siguiendo los derroteros de los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil”.
“XXXVII. Condenar a los señores Marino Alfonso y Guillermo García Gil a pagar las costas procesales de ambas instancias. Liquídense”.
“XXXVIII. Condénase in genere a Camilo Arturo Racines Campo, Luis Antonio Castro Vera, sociedad Calle Llano y Cía. Ltda., Ana Milena Campo de Rivera, sociedad Agrícola y Ganadera del Valle Ltda., a pagar a la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera, representada por Gloría Mercedes y Luz Marina Campo Becerra, los frutos producidos entre el mes de junio de 1987 y el día de la entrega de los inmuebles a restituir. Cuantifíquense de conformidad con los anteriores artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil”.
“XXXIX. Negar el pago de la corrección monetaria solicitada por las representantes de la sucesión nuevamente ilíquida del causante Pablo Julio Campo Rivera”.
“XL. Ordenase la inscripción de este fallo en las matrículas inmobiliarias correspondientes”.
“XLI. Levantar la inscripción de la demanda. Líbrense los oficios correspondientes”.
“XLII: Ordenase a la oficina de Registro cancelar las inscripciones a favor de los demandados vencidos en la litis y respecto de los predios cuya restitución se ordenó”.
“XLIII. La entrega de los inmuebles se hará dentro de los 10 días siguientes a la decisión en firme. Si voluntariamente no se efectuare la entrega, el funcionario de primera (sic) grado tomará las medidas necesarias para hacer cumplir el fallo”.
“XLIV. El pago de los frutos y el de las mejoras se efectuará en el término anteriormente señalado”.
TERCERO: Se dispone que entre ambas partes tiene ocurrencia la compensación.
CUARTO: Son de cargo de los demandados las costas causadas en favor de las demandantes en las dos instancias. Estas serán tasadas en su oportunidad.
COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE y DEVUELVASE.

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

MANUEL ARDILA VELÁSQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

(en permiso)

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ


JORGE SANTOS BALLESTEROS

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO




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