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Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrado Ponente: Dr. Jorge santos ballesteros santafé de Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil (2000). Ref.: Expediente N


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS

Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil (2000).

Ref.: Expediente No. 6417

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 8 de octubre de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso de filiación extramatrimonial que en contra de ALIRIO BOTERO POSADA adelantó SOL MARIA POSADA IDARRAGA en representación de su menor hijo ANDRES POSADA IDARRAGA.


ANTECEDENTES:
Mediante demanda presentada ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Envigado (Antioquia) SOL MARIA POSADA IDARRAGA, en representación de su menor hijo ANDRES POSADA IDARRAGA y por conducto de mandatario judicial, convocó a JORGE ALIRIO BOTERO POSADA para que con su citación y audiencia se declarara que el mentado menor ANDRES es hijo extramatrimonial del demandado, se comunicara la sentencia al Notario Primero del Círculo de Medellín a fin de que se anote en el acta de nacimiento del menor su nuevo estado civil y se condenara al demandado a las costas del proceso.
1. Los hechos que la demanda y su reforma contienen bien pueden resumirse del siguiente modo:
A. Por presentación que le hiciera el Alcalde de Tarso (Antioquia), de nombre Mario Flórez, la señora Sol María Posada Idárraga se conoció con el demandado en dicho municipio en el año 1981, donde había llegado como profesora de primaria el día 3 de mayo de 1980.
B. Se inició entonces una amistad entre el demandado y la madre del menor, con invitaciones de aquel a sus fincas y paseos de la pareja a Armenia, Caucasia, Buga y Bahía Solano. Así, en marzo de 1991 (sic) la pareja viajó a Buga; en junio de 1981 el demandado la propuso como candidata de las fiestas de Tarso y sufragó los gastos de doscientos cincuenta fotografías de ella; en julio de ese mismo año, el demandado invitó a la madre del menor a almorzar a su hogar, donde conoció a los hijos de aquél.
C. Luego de un tiempo de noviazgo, la pareja comenzó a tener relaciones sexuales, en agosto de 1981, antes de la celebración de las fiestas de Tarso, en la que figuraba Sol María como candidata en el reinado, al que desistió, después de su primera relación sexual, que lo fue con el demandado.
D. En 1981, Sol María conoció a Brocardo Botero Posada, hermano del demandado, con quien tuvo una relación meramente amistosa, la cual finalizó en diciembre de 1982, cuando Sol María se retiró de su trabajo en Tarso. Y en 1982 conoció a Jorge Alonso González, su novio hasta 1988 “año en que terminaron definitivamente tal amistad, y sólo volvió a aparecer cuando él la visita dos veces, mientras estuvo en el convento. Dicho señor es cuñado de Alba Lucía Botero, la hija de Jorge Alirio Botero”, el demandado (subrayado en la demanda).
E. En febrero de 1982, el demandado invitó a la madre del menor a la feria de la Candelaria, en Medellín, donde aquel tenía un apartamento situado en la calle 80 y donde tuvieron relaciones sexuales.
F. En 1989 el demandado visitó a la madre del menor en Caramanta (Antioquia), antes de que ésta ingresara a la comunidad misionera, donde permaneció aproximadamente quince meses.
G. Desde enero de 1991 hasta septiembre de 1993 la relación amorosa de la pareja “tomó fuerza definitiva”. En este lapso, la pareja planeó viajar a Bahía Solano, en compañía de dos amigos más, quienes a la postre no pudieron viajar por lo que el demandado, que había pagado los tiquetes, los regaló a la madre del menor. Esta los cambió luego en la Agencia de Realturs.
H. El 8 de mayo de 1992 el demandado llevó a la madre del menor a Profamilia donde le practicaron una conización, “esto es, el tratamiento de un tumor que le había aparecido a ella en la matriz”. “El 24 de mayo de 1992, vuelve a menstruar la señora demandante, después de la cirugía que le realizaron... Le habían pronosticado médicamente, una abstención de 40 días para nuevo contacto sexual”. Pero el 2 de julio de 1992, sin cumplirse totalmente el tiempo de abstinencia, “reiniciaron las relaciones sexuales entre las partes y llega la concepción”.
I. El 21 de diciembre de 1992, Alejandro Montoya, contratado personalmente por el demandado, inició los trabajos de ampliación en la casa de los padres de Sol María, situada en Sabaneta. El demandado se encargó de pagar todos los materiales y los salarios correspondientes.
J. El 27 de febrero de 1993 nació en Medellín, en la clínica Las Vegas, el menor demandante, fruto de las relaciones sexuales del demandado con la madre de aquel. En junio de 1993 el demandado le entregó a la madre del menor una fotografía diciéndole “te cambié por otra, mira la novia que me conseguí”.
K. Después de nacer el menor, y mientras la pareja mantuvo buenas relaciones, el demandado aportaba la suma de $25.000 mensuales.

L. En junio de 1994 “el demandado le lleva una cama al bebé, un viernes por la noche, debido a que el niño se caía frecuentemente”.


2. Notificado que fue el demandado, dio contestación a la demanda por conducto de apoderada, negando varios hechos y aclarando otros a vuelta de lo cual propuso como excepción las “relaciones sexuales de la madre del menor con varones diferentes del demandado”. En el escrito de contestación a la reforma de la demanda textualmente, y a manera de síntesis, expresa ”en resumen, nunca han existido relaciones íntimas y estrechas entre el señor ALIRIO BOTERO y la señora SOL MARIA POSADA, y por ende, el menor por quien se demanda no puede ser hijo de mi representado”.
3. La primera instancia culminó con sentencia que acogió las pretensiones de la demanda y negó por ende la excepción alegada por el demandado, quien interpuso recurso de apelación, desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín con sentencia confirmatoria de la del a quo.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Parte el Tribunal del relato sintético de la demanda y sus fundamentos de hecho así como de la tramitación procesal surtida en la primera instancia y los fundamentos de la apelación, para luego descender a las consideraciones que lo llevaron a confirmar la sentencia, las cuales bien pueden compendiarse del siguiente modo:
Previa constatación de la existencia en el proceso de los denominados presupuestos procesales, persuadido de la inexistencia de nulidades y de la prueba sobre la legitimación en la causa con la copia del registro civil de nacimiento del menor ANDRES POSADA IDARRAGA, se aplica el Tribunal a la tarea de enmarcar conceptualmente el caso sub lite, ubicándolo en el artículo 6º numeral 4º de la Ley 75 de 1.968, atinente a la presunción de la paternidad natural en el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que conforme al artículo 92 del Código Civil, pudo tener lugar la concepción. De este precepto reproduce el Tribunal jurisprudencia de esta Sala (sentencias del 14 de septiembre de 1972, 19 de julio de 1974 y 29 de noviembre de1991), en la que se comparaba el sistema imperante antes de la ley 75 de 1968 con el adoptado por ésta, sistema aquél en el que no tenía ninguna significación jurídica el hecho de tener simples relaciones sexuales con mujer soltera o viuda durante la época en que de acuerdo al artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción, pues se requería que tales relaciones hubiesen sido estables y notorias.
Sentado lo anterior, aplica las directrices del artículo 92 del Código Civil, para concluir, con base en el certificado de registro civil de nacimiento del menor, que su concepción pudo haber tenido lugar en el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 1º de septiembre de 1992.
Reproduce después, y así continúa estableciendo el marco conceptual del caso sometido a su juicio, el artículo 7º de la Ley 75 de 1968, atinente a los exámenes personales del hijo, sus ascendientes y terceros, que aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, aspecto en el cual se detiene con alguna intensidad, para así darse a la tarea de analizar los exámenes realizados a las partes en el proceso ( con base en el análisis de los grupos y subgrupos sanguíneos, y al sistema HLA), principalmente el practicado con base en el sistema HLA “dado que … científicamente se tiene establecido, es esta prueba la que permite predicar con un grado de probabilidad hasta del 99%, que raya en la certeza, la paternidad atribuida a determinado individuo”.
A continuación copia apartes del dictamen rendido por el Laboratorio Central de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de su posterior aclaración, del que afirma que no fue objetado, ni siquiera cuestionado, por lo cual “merece ser acogido por el Tribunal en toda su extensión como en efecto se hará, para deducir que la paternidad atribuida al demandado Alirio Botero Posada, se encuentra establecida en ese alto porcentaje del 98,9%”. Y reafirma esta posición al asegurar que “no existen razones para considerar error humano en la realización de dicha prueba, y menos que la negativa reiterada del demandado de haber sostenido relaciones sexuales con la madre del menor, tenga el alcance jurídico de desvirtuar o debilitar los resultados de la prueba científica que arrojaron (sic) un índice de compatibilidad superior al 98,9%”, resultado que el Tribunal encuentra avalado en la restante prueba de orden documental y testimonial.
El Tribunal descarta la excepción planteada por el demandado consistente en que la madre del menor tuvo relaciones sexuales con otro hombre, Brocardo Botero, por la época en que pudo tener lugar la concepción del menor actor, pues tal afirmación no tiene ningún soporte probatorio, distinta del dicho de Luz Matilde Avendaño, quien ubica tales relaciones en abril de 1992, “ y es lo cierto que de acuerdo con el cómputo que se hace con base en el artículo 92 del Código Civil, la concepción del menor tuvo lugar en el periodo entre el 3 de mayo y el 10 de septiembre de ese mismo año, vale decir, días después del fallecimiento del citado Brocardo Botero”
Ya sentada su conclusión, el Tribunal de todos modos continúa con el análisis de los testimonios de María Ofelia Rincón G., Nivia del Carmen Tamayo de C., Ana Cecilia Gallego Arango -del que afirma que “no tiene mayor alcance probatorio en razón de que su conocimiento lo deriva por comentarios de la misma demandante”-; y del interrogatorio del propio demandado, quien “contra la evidencia que arroja la foto número 3, obrante a folio 1 del cuaderno uno, niega estarse abrazando con la demandante”.
Prosigue con el dicho de Abundio de Jesús e Italia Posada Idárraga, hermanos de la madre del menor y de quienes por tal razón el Tribunal manifiesta que sus declaraciones deben ser analizadas con mayor severidad. De estas declaraciones concluye que no obstante su relación de parentesco con la demandante, sus testimonios merecen credibilidad pues “no aparecen aislados o huérfanos de otros medios probatorios, sino que por el contrario, sus dichos encuentran contundente respaldo en los testimonios de las señoras María Ofelia Rincón, Nivia del Carmen Tamayo y Ana Cecilia Gallego Arango, testificantes éstas claras, serias y responsivas, quien (sic) en todo caso explican la ciencia de su dicho, dando cuenta fiel de la relación de amistad entre la demandante y el señor Alirio Botero Posada, por la época en que pudo tener lugar la concepción del menor Andrés Posada”.
De las fotos aportadas por la parte actora, desestima las obrantes a folios 26,27, 28, 74 y 75 por cuanto de ellas no se infiere ningún hecho que pueda ser indicativo de alguna relación íntima entre la madre y el demandado. Pero de las visibles a folio 1, fundamentalmente la número 3, el Tribunal sí encuentra que refleja sin lugar a dudas más que una simple amistad.
En cuanto al cheque obrante a folio 2 del cuaderno número dos, manifiesta el Tribunal que se encuentra establecido que fue girado por el demandado a favor de un hermano de la madre del menor, y resalta seguidamente que el demandado aduce como causa de la emisión del título, un préstamo otorgado por él en favor del aludido hermano, sin que exista prueba alguna que permita respaldar tal préstamo, “pues el prestatario no acepta haberlo recibido a dicho título, ni existe ningún testigo o documento con el que se pueda establecer que tal entrega del dinero fue a título de préstamo”.
Retoma luego el examen de genética con base en el sistema de análisis de Grupos y subgrupos de sangre, en el que se concluyó que era compatible el análisis de la paternidad. De aquí resalta el Tribunal que dicho examen no fue ni cuestionado ni objetado, por lo que constituye prueba indiciaria “que refuerza el valor de la importantísima prueba científica con base en el sistema HLA; el dicho de los testigos y el valor de los documentos analizados”.

Finalmente extracta apartes de las declaraciones de testigos (Luz Matilde Avendaño, Jorge Alonso González, Rafael de Jesús Arango, Alejandro Montoya y Manuel Ovidio Botero) presentados por la parte demandada, para concluir que, analizados en conjunto “no relatan hechos de trascendencia o de entidad tal que puedan desvertebrar o debilitar el gran valor de convicción que tiene la prueba científica, en correspondencia con la restante prueba analizada”.


LA DEMANDA DE CASACION
El recurrente edifica su ataque a la sentencia que se ha dejado reseñada, sobre dos cargos, que la Corte despachará en el orden en que fueron propuestos:
CARGO PRIMERO
Con invocación de la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente acusa la sentencia de ser nula, y al efecto presenta, en síntesis, esta argumentación:
Explica que se aprecia a folios 97 y 143 del cuaderno No. 1 que al proceso se le dio el trámite de los artículos 87, 89 a 93 de la Ley 83 de 1946 que fueron reformados por los artículos 11 a 18 de la ley 75 de 1968, incurriéndose así en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, al tramitar la demanda, no por el proceso ordinario que correspondía, sino mediante un proceso especial, derogado expresamente por el artículo 353 del Código del Menor, decreto 2737 de 1989.
En procura de demostrar el cargo, explica el recurrente que el proceso de investigación de la paternidad establecido en la ley 83 de 1946 tiene una naturaleza precaria, pues podía ser revisado en acción ordinaria, ante el juez del circuito, trámite que “consistía en traslado de ocho días, término de pruebas de 20 días y audiencia de conclusión”. Asevera que “la ley 75 de 1968 no cambió los términos de traslado, pruebas y alegato. Modificó el término para la acción de revisión y en el parágrafo del artículo 18 dispuso: ‘en los términos del presente y de los anteriores, QUEDAN MODIFICADOS LOS ARTÍCULOS 87 Y 89 DE LA LEY 83 DE 1.946’” (mayúsculas del texto original). Y de allí concluye que la ley 75 de 1968 “no estableció ni la competencia ni el procedimiento ante el juez de menores, para los procesos de filiación extramatrimonial”.
Los anteriores argumentos los apuntala en la afirmación según la cual, como el artículo 353 del Código del Menor derogó expresamente la ley 83 de 1946, tal derogatoria comprende su texto original, “así como las reformas que le introdujo la ley 75 de 1968”.
De lo anterior entonces infiere que “ya porque al dejar de tener competencia los jueces de menores para conocer de los procesos de filiación, dejaba de tener vigencia el procedimiento aplicado al trámite de esas acciones; o ya porque habiéndose consagrado el procedimiento abreviado de los jueces de menores para la filiación extramatrimonial por la ley 83 de 1946, este procedimiento, junto con la reforma introducida por la ley 75 de 1968, fue derogado de manera expresa por el artículo 353 del Código de Menores”
Al haberse desarrollado un trámite especial o abreviado cuando correspondía uno ordinario, se incurrió en la causal de nulidad contemplada en el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
CONSIDERACIONES
El cargo se reduce a establecer que existe nulidad no saneada en la sentencia atacada a consecuencia de haberse tramitado el juicio por el procedimiento previsto en la ley 75 de 1968 (artículos 11 a 18), normas que derogaron el trámite establecido en la ley 83 de 1946, y no por el proceso ordinario, bajo el supuesto que como el Código del Menor (decreto 2737 de 1989) derogó de manera expresa la aludida ley 83 de 1946, deben entonces entenderse también derogados aquellos artículos de la ley 75 de 1968 que le introdujeron reformas a la mentada ley 83.
La Ley 83 de 1946, llamada Orgánica de la Defensa del Niño, contempló en sus artículos 85 a 96 el procedimiento para la investigación de la paternidad, estableciendo, para lo que acá interesa, que la pretendida investigación se adelantaba ante el juez de menores a instancias de la madre desde el quinto mes de embarazo y hasta cuando el hijo cumpla los 21 años de edad, mediante demanda en la que debía indicarse el nombre del presunto padre o algún principio de prueba en que se fundara el derecho invocado. A dicha demanda la ley le establecía un trámite consistente, en síntesis, en la necesaria notificación personal de la misma al presunto padre, un traslado de ocho días para contestarla, un término probatorio de veinte días para el caso de que el presunto padre negara la calidad de padre, vencido el cual se surtía una audiencia de alegaciones de la que se dejaba constancia en acta, para finalmente esperar la resolución judicial que debía proferirse en el término de ocho días. No obstante ese procedimiento especial, la ley dejaba a salvo el derecho de las partes a ocurrir ante los jueces civiles para que mediante el trámite de un proceso ordinario, se revisara el fallo del juez de menores, acción ésta que prescribía en dos años contados desde el pronunciamiento de la sentencia del juez de menores.
La Ley 75 de 1968 introdujo variadas reformas a la ley 83 de 1946, pero en punto del trámite que se ha dejado compendiado estableció en sus artículos 11 a 18, una modificación, con la expresa advertencia dejada en el parágrafo del artículo 18, atinente a que en los términos de los artículos 11 a 18 quedaban modificados los artículos 87 y 89 a 93 de la ley 83 de 1946.
El artículo 88 de la ley 83 de 1946 sólo establecía que la actuación ante el juez de menores se surtía en papel común, sin costo alguno para la madre o el niño. Los demás preceptos quedaron derogados y así, sin tener que acudir a esa ley, a partir de la vigencia de la ley 75 de 1968, el procedimiento que debía seguirse era el de este cuerpo normativo, que al punto indicaba lo siguiente:
Estableció que sobre el juicio de filiación natural de un menor conocería el juez de menores; sin embargo, muertos el presunto padre o el hijo, la competencia para conocer de la acción de filiación quedaba radicada en el juez civil competente y por la vía ordinaria, con lo cual escindía en dos trámites el proceso de filiación según si el presunto padre o el hijo hubiesen fallecido o no. Y a continuación determinó la ley (artículo 13 y siguientes) los intervinientes en el proceso y estableció la notificación personal al demandado o presunto padre, el traslado a este por ocho días para contestar la demanda, su juramento conforme al artículo 1º ordinal 4º de esa ley, una etapa probatoria de veinte días ampliable por otros diez, una audiencia de alegaciones que debía celebrarse dentro de los ocho días siguientes y el proferimiento de la sentencia dentro de los ocho días siguientes.
Trátese de términos parecidos o disímiles, con adición de etapas o diligencias procesales nuevas o no, es lo cierto que la ley 75 de 1968, en este punto derogó las previsiones de la ley 83 de 1946 con el establecimiento, como se dijo, de dos trámites -el ordinario regulado en el Código de procedimiento civil o el especial en ella previsto- según las diversas circunstancias fácticas que la misma ley distinguió. Al respecto la Corte expresó: “Sabido es que en tratándose de asuntos sobre paternidad extramatrimonial coexisten dos clases de procedimientos para establecerla, elegibles según las circunstancias del demandante y el presunto padre extramatrimonial, así: uno especial contemplado en los artículos 13 a 16 de la ley 75 de 1968, para cuando el demandante es menor de edad y el pretenso padre vive, … y otro ordinario, regulado en el capítulo segundo del Titulo XXI del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, previsto para cuando el demandante es mayor de edad o el sedicente progenitor ha fallecido” (sentencia del 10 de mayo de 1994).
Con base en los anteriores supuestos debe concluirse sin duda alguna que la nulidad que el recurrente cree ver en la sentencia no tiene asidero, pues no solamente se han distinguido dos situaciones fácticas que tienen distinto tratamiento procesal, sino que la derogatoria expresa que una ley hace de otra, que a su vez fue modificada por una segunda, no implica la derogatoria de esta segunda ley. Aplicado este concepto, oscuro a primera vista, al caso planteado por el recurrente, se tiene que si el Código del Menor derogó de manera expresa la ley 83 de 1946, y esta ley a su vez había sido con anterioridad modificada por la ley 75 de 1968, no tiene necesariamente que seguirse que este último cuerpo normativo se halla igualmente derogado. Otra cosa sería si el Código del Menor hubiese tratado el punto del trámite contemplado en la ley 75 de 1968, es decir, el procedimiento especial de investigación de la paternidad cuando el demandante es menor y el padre vive, pues en tal caso se hubiese entendido derogada o modificada o complementada, según el caso, esa ley 75 de 1968.
Si en este caso el recurrente ha tenido en su defensa la posibilidad de impetrar el recurso de casación es porque una norma específica contempló esa hipótesis, cual es la prevista en el artículo 9º del decreto 2272 de 1989 que expresa: “Además de los casos, en que conforme al Código de Procedimiento Civil proceden los recursos extraordinarios de casación y revisión, también son susceptibles de los mismos, las sentencias proferidas en los procesos a que se refieren los artículos 13 a 16 de la ley 75 de 1968”. De manera que se incurre en petición de principio cuando en casación se alega la derogatoria de los aludidos artículos 13 a 16, precisamente invocados por la ley para darle cabida al recurso de casación en los juicios de filiación que transitaron por ese procedimiento especial.
El cargo, entonces, no prospera.
SEGUNDO CARGO
Se acusa la sentencia de fecha 8 de octubre de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, de ser indirectamente violatoria de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 1º y 4º de la ley 45 de 1936, el último modificado por el artículo 6º numeral 4º de la ley 75 de 1968 a consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de las declaraciones de varios testigos y por causa de error de derecho al darle valor de plena convicción al examen de HLA, practicado a la madre, al menor y al demandado, así como el examen del grupo sanguíneo, con resultado de “paternidad compatible”.
Para demostrar su acusación, de entrada fija el recurrente la época en que conforme al artículo 92 del Código Civil tuvo lugar la concepción del menor, habida cuenta que su nacimiento acaeció el 27 de febrero de 1993. Y así, expresa que la concepción temporalmente se sitúa entre el 3 de mayo y el 1º de septiembre de 1992, espacio de tiempo en que debe recaer la demostración de las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre del menor.
Sentada esta premisa pasa seguidamente a analizar el testimonio de María Ofelia Rincón G., del que afirma que lo que ella declara no hace referencia alguna a hechos en los cuales se pueda inferir siquiera una relación sexual entre la madre del menor y el demandado en el espacio de tiempo arriba preestablecido, amén de pregonar que es un testigo de oídas, para lo cual copia apartes de su declaración. Igual método aplica a la declaración rendida por Nivia del Carmen Tamayo de Castañeda, referida a visitas del demandado a la madre del menor en 1989, y a informaciones dadas por la misma demandante.
Critica al Tribunal por la forma como le resta toda credibilidad al testimonio de Ana Cecilia Gallego Arango, por cuanto al decir del Tribunal “su conocimiento lo deriva por comentarios de la misma demandante” y en cambio acoge los testimonios de María Ofelia Rincón y Nivia del Carmen Tamayo, a las que la sentencia califica de testificantes claras, serias y responsivas.
Con el testimonio de Abundio de Jesús Posada Idárraga hace lo mismo: luego de transcribir una parte de su declaración, en la que el deponente sostiene que las relaciones sexuales entre el demandado y la madre del menor acaecieron en 1991, afirma el recurrente que como la concepción se ubica en un espacio de tiempo diferente, su versión carece de trascendencia, no obstante lo cual, el Tribunal lo tiene como prueba de las relaciones sexuales para la época de la concepción.
Se refiere luego al testimonio de Italia Idárraga, del que dice que no hace referencia alguna a la época del embarazo e inclusive ubica la permanencia de la madre del menor en Caramanta cuando los testigos la sitúan en Sabaneta.
Y finalmente, después de reproducir una parte de la sentencia en la que el Tribunal expresa que el dictamen HLA merece ser acogido en toda su extensión, ubica el error de derecho del Tribunal precisamente en eso: en haberle dado un mérito probatorio que la ley no reconoce al dictamen pericial prenombrado, pues “las conquistas científicas … no han sido instituidas ni reconocidas por nuestra legislación, como pruebas que brinden certeza sobre la filiación extramatrimonial”.
CONSIDERACIONES

1. Es sabido que la Corte, cuando actúa como tribunal de casación, sólo dispone de restringidas facultades, circunscritas al marco que el mismo recurrente traza, marco que en todo caso no podrá soslayar las directrices normativas para la interposición y sustentación del recurso, orientadas todas a frenar la ilegalidad de la sentencia, que así se constituye en el tema sobre el cual habrá de decidir la Corte. Por tal razón son más amplios los poderes del juez de instancia a cuyo cargo está el análisis de las pruebas con miras a establecer las bases fácticas de su decisión, examen para el cual cuenta hoy con más libertad de decisión, toda vez que le es dable aplicar su persuasión racional con base en una sana crítica a los elementos probatorios de que dispone para fallar. De allí se infiere lo que se ha denominado “presunción de acierto” que ampara a toda sentencia que llega a la Corte atacada en casación, pues tal principio va de la mano con la discreta autonomía del fallador en la apreciación de las pruebas.


De lo anterior se deduce, teniendo en la mira la causal de violación indirecta de la ley sustancial y desde la óptica del recurrente, que su labor deberá consistir en desvertebrar esa presunción de acierto mediante la demostración de los errores de hecho patentes en la sentencia y evidenciados en los autos o en la infracción de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios probatorios, como medio a su vez de la infracción de normas sustanciales básicas en la decisión impugnada, amén de la trascendencia o incidencia marcada del error demostrado, en el sentido de la decisión tomada por el Tribunal.
Por consiguiente, si el ejercicio de las facultades de los jueces de instancia en el terreno de las probanzas no es susceptible de control en sede de casación sino en los eventos específicos de evidentes errores de hecho o de errores de derecho, resulta obligatorio para el recurrente demostrar tales errores, no con una crítica de las conclusio­nes fácticas del fallador que implique quizás una exposición más razonada, pues en tal caso la casación trocaría en instancia ulterior, sino en la demostración de los yerros del Tribunal, individualizándolos uno a uno y mostrando respecto de cada uno de ellos, el craso desacierto que "... debe aparecer de manera incontrovertible, cierta, que no deje resquicio alguno por donde pueda insinuarse un ápice de duda ..." (G.J. Tomo CXLVII, pág. 52), cuando el error que se le achaca al Tribunal es de hecho, vale decir, en la contemplación objetiva de la prueba.
De allí fluye que si el Tribunal aprecia este material en su conjunto como lo manda el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y del modo en que se presenta, pero en ejercicio de la discreta autonomía de la que se halla investido, le da un entendimiento que no repugna al texto de las piezas procesales en las que consta el dicho de los testigos, los informes y el restante material probatorio, y, por lo tanto, tiene por demostrada una serie de hechos relevan­tes para la composición de la litis, es imposible que un error de hecho pueda configurarse "... porque el yerro de esta clase -se repite- ha de ser evidente, y esa evidencia no se da cuando la interpreta­ción del tribunal no es ilógica ni arbitraria…" (G.J. Tomo CXXXIX, pág. 130), más aún cuando no solamente el Tribunal se detiene en el análisis de los diversos testimonios, sino que a la vez que se inclina por la veracidad que le merecen los dichos de unos testigos, refuerza esa conclusión con otros medios de prueba obrantes en el proceso, como en este caso lo son, los dos dictámenes periciales, amén de las fotografías y el cheque girado por el demandado, material probatorio que resultó analizado críticamente por el Tribunal.
En efecto, el Tribunal, aparte de analizar en extenso la prueba pericial a que después se hará referencia, estudia los testimonios de María Ofelia Rincón G., Nivia del Carmen Tamayo, Ana Cecilia Gallego (a quien califica como testigo de oídas), Abundio de Jesús Posada (cuyo testimonio, dice el Tribunal, debe ser mirado con más severidad, por ser hermano de la demandante) e Italia Posada, (también hermana) de todos los cuales extracta apartes coincidentes, para concluir, comenzando por los dos últimos testimonios (de los hermanos de la madre), que no pueden ser desestimados y al contrario merecen credibilidad porque encuentran contundente respaldo en los otros testimonios. Pero no se detiene allí el Tribunal, pues a renglón seguido analiza las fotos obrantes a folios 26, 27, 28, 74 y 75, para negarles poder de convicción, así como las visibles a folio 1, fundamentalmente la tres, “la cual sin lugar a dudas refleja más que una simple amistad”. Lo mismo hace con el cheque (fl 8, cdno 2) girado por el demandado a Abundio, cuyo importe, para el demandado, tuvo como causa un préstamo hecho, no a éste, sino al padre de Sol María, la demandante, mientras que para Abundio tenía como fin la compra de materiales para el arreglo de la casa de la madre del menor demandante. Y en cuanto a la prueba testifical de la demandada, además de resumir el dicho de cada testigo (Luz Matilde Avendaño, Jorge Alonso González, Rafael Arango, Alejandro Montoya, Manuel Botero), lo cual implica una valoración crítica, concluye el Tribunal que tales testimonios no relatan hechos de trascendencia que debiliten la prueba científica, “en correspondencia con la restante prueba analizada”.
En resumen, todo ese acervo probatorio fue mirado por el Tribunal en su conjunto y de él extrajo su conclusión razonada que la Corte, en sede de casación, no puede entrar a refutar en la medida en que no es patente o evidente el supuesto yerro de apreciación del Tribunal.
2. Se ha dicho con insistencia que el error de derecho a que se refiere la causal primera de casación implica la apreciación de la prueba por parte del juzgador quien se equivoca, violándolas, en las normas legales que disciplinan su mérito probatorio. Se incurre en él, ha sostenido la Corte, entre otros eventos, "cuando se aprecian pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las avalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere" (Cas. Civ. de 25 de agosto de 1973, CXLVII, 61).
En el presente caso el yerro de valoración se cree ver en que el Tribunal le dio total valor probatorio al examen HLA practicado al menor, la madre y el demandado. Sin embargo, olvidó el recurrente dar aplicación al artículo 374 del Código de Procedimiento Civil que exige de él la indicación de las normas probatorias violadas por el Tribunal explicando además en qué consiste la infracción, aspectos que en este cargo están por completo ausentes, y cuya omisión por sí sola, da al traste con su prosperidad.
Por lo demás, ya se advirtió cómo el Tribunal apoyó su decisión no sólo en el referido examen sino en otro denominado de Grupos y Subgrupos Sanguíneos, amén del restante acervo probatorio, que analizó y criticó.
En efecto, apoyóse el Tribunal en el examen rendido por el Laboratorio Central de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y en su posterior aclaración, del que dijo que “merece ser acogido por el Tribunal en toda su extensión como en efecto se hará, para deducir que la paternidad atribuida al demandado Alirio Botero Posada, se encuentra establecida en ese alto porcentaje del 98,9%”. Pero de esas palabras aisladas no puede desprenderse un yerro de valoración comoquiera que refuerza el Tribunal su persuasión con el restante material probatorio, descartando la excepción planteada por el demandado, alusiva a relaciones sexuales de la madre del menor con otros hombres en la misma época de la concepción -aspecto que, por lo demás, no fue para nada controvertido por el recurrente-, analizando los testimonios y expresando el mérito probatorio que le merecen, y en fin haciendo lo propio con las fotografías y el cheque girado por el demandado a un hermano de la madre del menor.
Entonces, si, como en efecto ocurrió, el Tribunal basó su decisión no sólo en el examen HLA sino en otras probanzas, no cometió yerro probatorio dando por demostrado con esa sola prueba la paternidad del demandado, yerro que en todo caso la Corte, si fuera de derecho, no logra encuadrar en la violación de alguna norma probatoria que le prohibiese llegar a la convicción de la paternidad del demandado, sólo con el examen preanotado, cosa que de todos modos no ocurrió, pues, se repite, el Tribunal apreció y criticó todo el material probatorio.
No prospera tampoco este cargo y por ende hay lugar a imponer la correspondiente condena al pago de costas (Artículo 392, numeral 1o, del Código de Procedimiento Civil).
DECISION
En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que con fecha ocho (8) de octubre de 1996 y para ponerle fin en segunda instancia al proceso ordinario de la referencia, profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Las costas causadas en casación son de cargo de la parte demandada. Tásense en su oportunidad.
NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE A LA OFICINA JUDICIAL DE ORIGEN.

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

JORGE SANTOS BALLESTEROS




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