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Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrado Ponente : Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente : Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles


Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil uno (2001)

Ref. Expediente No. 0700-01

Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia de 8 de febrero del año en curso, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala de Decisión de Familia, mediante la cual se denegó la acción de tutela instaurada por OSCAR EDUARDO GUERRA OCHOA y MARIA OTILIA PAREJA, en su propio nombre y como representantes legales de los menores Juan Sebastián Guerra Cogollo y María Paula Guerra Pareja, respectivamente, contra el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
1. Obrando en la condición antes dicha, los accionantes demandan la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la no desaparición forzada, a no ser torturados física o psicológicamente, a la libertad, a la igualdad, a la protección familiar y de los niños, supuestamente conculcados por el mencionado órgano judicial.
Piden, al efecto, se designe a Oscar Eduardo Guerra Ochoa, en calidad de administrador de los dineros que “se destinarán” para la seguridad de las familias Guerra Ochoa, Guerra Cogollo, Guerra Pareja y de los citados menores.

Así mismo, “ordenar a las autoridades a las cuales se estime necesario, levantar la medida cautelar que pesa sobre el canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 37 #13-48…, radicado al número 21019 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga”.


De otra parte, ordenar al Juzgado Sexto de Familia de dicha ciudad, colocar a disposición de Oscar Eduardo Guerra Ochoa, la suma de $2.500.000.oo para destinarla a la seguridad de los prenombrados menores.

En subsidio de la anterior petición, se ordene al Banco Davivienda, sucursal Colseguros de Bucaramanga, poner a disposición de dicha persona, los dineros que en tal entidad posee el causante Jorge Hernando Guerra Moreno y que sean necesarios para atender a la seguridad de las preindicadas familias.


2. Las solicitudes reseñadas se fundan, en síntesis, en los siguientes hechos:
2.1 Jorge Hernando Guerra Moreno fue secuestrado el 2 de marzo de 1998 en la “Hacienda Zapamanga” del municipio de Floridablanca, siendo liberado posteriormente. Empero, las amenazas contra su vida y la de los miembros de su familia continuó, por lo que se debió contratar protección especial.

2.2 En el mes de junio del mismo año, se le intentó secuestrarlo nuevamente y, finalmente, en el mes de noviembre de 2000, un grupo de desconocidos le dio muerte junto con su hijo Jorge Adolfo Guerra Ochoa, en la citada hacienda, hechos que son materia de investigación por la Unidad de Homicidios de la “Sijin Desan”.


2.3 El causante Jorge Hernando Guerra Moreno es el padre de Oscar Eduardo Guerra Ochoa y abuelo de los menores Juan Sebastián Guerra Cogollo y María Paula Guerra Pareja, quien es hija de Jorge Adolfo Guerra Ochoa y dependía económicamente tanto de éste como de su abuelo.
2.4 Oscar Eduardo Guerra Ochoa es estudiante universitario y dependía económicamente de su padre. Además, carece de recursos para brindar tanto a su hijo Juan Sebastián, como a su sobrina María Paula (quien dependía de dichos causantes), la protección que requieren.

2.5 Los mentados menores se encuentran en estado de indefensión frente a los posibles atentados de que puedan ser víctimas por desconocidos.


2.6 El proceso de sucesión de Jorge Hernando Guerra Moreno cursa en el Juzgado 6° de Familia de Bucaramanga y debido al trámite dispendioso del mismo, los herederos demandantes no pueden tener disposición y acceso inmediato a los bienes sucesorales, lo que es necesario para preservar sus vidas y, por ende, no pueden esperar hasta el pronunciamiento del “fallo respectivo”, pues no cuentan con recursos propios.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
La decisión denegatoria del amparo invocado la fundó el a-quo en las consideraciones que cabe resumir así:
Se aprecia de las copias del proceso de sucesión de Jorge Hernando Guerra Moreno, tramitado en el Juzgado accionado, que por auto de 19 de enero de 2001 se reconoció como heredero de aquél a Oscar Eduardo Guerra Ochoa, en la condición de hijo extramatrimonial, a la vez que se negó por un defecto en el poder otorgado por su progenitora María Otilia Pareja, a su abogado, el reconocimiento de la menor María Paula Guerra Pareja, en la calidad de hija legítima de Jorge Adolfo Guerra Ochoa, quien era hijo del mencionado causante, decisión contra la que se interpuso el recurso de reposición, sin que se tenga conocimiento de que tal medio de impugnación haya sido resuelto.
Así, pues, la citada menor no está legitimada para instaurar la tutela, en la medida en que esta se dirige contra la actuación surtida en el referido proceso sucesorio en donde, para tal fin le era imperioso acreditar que se encuentra allí reconocida como interesada.
De otra parte, continúa diciendo el Tribunal, en lo concerniente con Oscar Eduardo Guerra Ochoa, es de verse que ejercitó sus derechos mediante la vía adecuada, esto es, concurriendo al proceso de sucesión de Jorge Hernando Guerra Moreno que cursa en el Juzgado 6° de Familia de Bucaramanga, donde fuera reconocido como heredero del causante. De ahí que sea al interior de tal trámite en donde puede reclamar lo que hoy pretende en sede de tutela, pues esta no puede utilizarse para sustituir procedimientos y decisiones judiciales, máxime cuando al Juez del conocimiento no ha proferido determinación en torno al asunto, dado que no se le ha planteado y, por tanto, mal puede enrostrársele acción u omisión vulneratoria de las prerrogativas fundamentales de dicho accionante.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION
Aducen los accionantes, en resumen, que la acción en ningún momento se podría dirigir contra el titular del Juzgado 6° de Familia de Bucaramanga, en la medida en que no ha incurrido en acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales cuya protección demandan, sino contra el “trámite que exige el proceso de sucesión”, pues dadas las formalidades exigidas por el legislador para su adecuado desarrollo, así como la congestión existente en los despachos judiciales, dicha ritualidad sí pone en peligro las citadas prerrogativas de las familias que solicitan el amparo, ya que se trata de un proceso en el que se retarda demasiado el proferimiento de la sentencia aprobatoria de la partición y, por ende, la entrega de las “correspondientes legítimas”, constituyendo esa espera “un peligro para los derechos fundamentales de la vida, la no desaparición forzada, no ser torturado física o psicológicamente, la libertad, la igualdad, la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de los niños…”.
En fin, que lo discutido no es la existencia de la vía judicial de proceso de sucesión, sino el tiempo que necesitará el funcionario judicial para proferir la sentencia aprobatoria de la partición, lapso durante el cual los derechos fundamentales objeto del amparo, se “agravan en su vulneración o se pasará del peligro actual a su vulneración objetiva según sea el derecho afectado…”.
CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, se estableció como un mecanismo defensivo de los derechos fundamentales de las personas, de naturaleza restrictiva y residual en la medida en que a través de ella puede buscarse la protección inmediata de dichos derechos cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.


Si bien, dicha acción se concibió como una garantía adicional para los propósitos señalados, lo fue de manera subsidiaria, es decir, no sustitutiva o excluyente de los jueces naturales y de los procedimientos dispuestos en el ordenamiento positivo vigente para la composición de los diversos conflictos.

2. Examinado el asunto sometido a decisión de la Corte, por el aspecto de su procedencia, prontamente se advierte que falla por dicha extremo pues no es la tutela la vía indicada para resolver las solicitudes elevadas por los aquí accionantes, ni el juez constitucional el competente para adoptar las decisiones correspondientes.


En efecto, la petición atinente a que el Juzgado accionado ponga a disposición de Oscar Eduardo Guerra Ochoa -reconocido como heredero en el proceso de sucesión de su extinto padre Jorge Hernando Guerra Moreno, allí cursante-, la suma de $2.500.000.oo mensuales para pagar el servicio de escoltas, pólizas de responsabilidad civil extracontractual y seguros de vida de los promotores del amparo, así como la concerniente con la designación de dicho heredero como administrador de tales dineros, deben elevarse ante el citado despacho judicial por quien tenga interés real en el asunto (la menor María Paula Guerra Pareja no ha sido reconocida como heredera en dicha causa mortuoria), a fin que sean allí resueltas, pues se trata de cuestiones que tienen que ver con bienes del causante y con la administración de los mismos y, por ende, es el proceso sucesorio el escenario natural donde deben plantearse y dilucidarse (arts. 595 y 614, C. de P. C.).
Y la solicitud relacionado con el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 37 #13-48 de propiedad del causante Jorge Hernando Guerra Moreno, decretada por el Juzgado 4° Civil del Circuito de Bucaramanga, en el proceso “radicado al número 21019”, debe presentarse ante dicho despacho por ser el que adoptó tal medida, para que sea resuelta al interior de dicho trámite.
Es que como tantas veces se ha dicho y ahora se reitera, la vía de protección que se analiza no puede converger con otros medios de defensa judicial, dado que no es un mecanismo que pueda activarse a discresionalidad del interesado, ni muchos menos para eludir el que de manera específica señale la ley, como aquí se pretende, pues las mencionadas peticiones no han sido elevadas ante los jueces cognoscentes de los procesos referenciados, según se colige de las fotocopias del proceso de sucesión del causante Guerra Moreno, allegadas al expediente, como también del hecho de no haberse traído a este copia de las mismas.

3. Es más, resulta inusitado por decir lo menos, que se accione contra el Juzgado 6° de Familia de Bucaramanga, para con posterioridad afirmar en el escrito de impugnación del fallo de primera instancia, que el amparo no se dirige contra dicho despacho porque no incurrió, en el desarrollo del memorado proceso sucesorio, en acción u omisión que pueda amenazar o vulnerar los derechos fundamentales de los promotores del amparo, sino contra el trámite establecido por el legislador para la composición de tal clase de asuntos, dado que dilata el proferimiento de la sentencia aprobatoria de la partición y la entrega de los bienes a los asignatarios, por cuanto quien debe ser sujeto pasivo de una acción de tutela es la persona natural o jurídica que amenace o cause agravio a los derechos fundamentales de otra y, por ende, mal pude dirigirse contra un cuerpo normativo que, como se sabe, está desprovisto de personalidad jurídica.



4. Consecuente con lo discurrido, la Corte confirmará la sentencia impugnada, sin que al efecto sean necesarias otras consideraciones.

DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.
Comuníquese telegráficamente lo acá resuelto a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

JORGE SANTOS BALLESTEROS
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO



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