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Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrado Ponente: Dr. Jorge santos ballesteros


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS
Bogotá D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil (2000).-

Ref.: Expediente No. 6359


Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, proferida el 30 de julio de 1996 en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial y petición de herencia incoado por NOEL MOLINA MONTES y JOSE HUMBERTO MONTES contra ASCENSION GUZMAN DE MOLINA, EMILIANO, ASCENSION, ANGEL ALBERTO, MARIA INES, TEOFILO, HERNAN, MARTINA y GABRIELINA MOLINA GUZMAN y los herederos indeterminados de ASCENSION MOLINA DEVIA.
I. ANTECEDENTES

1. Mediante demanda presentada ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo, la parte actora convocó a los demandados señalados para que, en sentencia dictada en proceso ordinario se profirieran las siguientes declaraciones y condenas:


1.1. Que los demandantes NOEL MOLINA MONTES y JOSE HUMBERTO MONTES son hijos naturales del señor ASCENSION MOLINA DEVIA, ya fallecido, y en consecuencia, ordenar al funcionario competente de Registro del Estado Civil, Alcaldía Municipal de Saldaña (Tolima), la inscripción de la providencia y la corrección del acta correspondiente.
1.2. Una vez acogida la anterior petición, declarar que los demandantes citados tienen vocación hereditaria respecto del señor ASCENSION MOLINA DEVIA, quien falleció en Saldaña (Tolima) el 6 de diciembre de 1992, con derecho, cada uno de ellos, a la parte de la herencia que les corresponde según lo determinado por la ley, y en consecuencia, adjudicarles la porción de la herencia que legalmente tienen y por ende, declarar ineficaces los actos de partición y adjudicación que se llegaren a hacer en favor de los demandados en el proceso de sucesión de ASCENSION MOLINA DEVIA, el cual se tramita ante el mismo despacho, e igualmente ordenar la cancelación de los registros que se efectuaren, con la condena para los demandados a restituir a la mencionada sucesión ilíquida, si aún lo estuviere, o a los actores, si ya no lo fuere, la posesión material de los bienes que integran la herencia y ocupada por aquellos, así como todos sus aumentos, productos, frutos civiles y naturales, percibidos desde el auto admisorio de la demanda y hasta su restitución material, o en su defecto, al pago de su valor, e igualmente condenarlos al pago de las indemnizaciones que por su hecho o culpa hayan sufrido las cosas relictas, en las cantidades que resulten probadas.
1.3. Si fuere el caso, ordenar la inscripción de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, para lo cual librará los oficios pertinentes con los insertos del caso, lo mismo que la cancelación de los registros de transferencia de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio de los bienes herenciales objeto de las peticiones, que los demandados hayan efectuado después de la inscripción de la demanda.
1.4. Condenar a los demandados al pago de las costas y agencias en derecho.

2. Las pretensiones anteriores se fundaron en los hechos que se resumen así:


2.1. El señor ASCENSION MOLINA DEVIA, quien contrajo matrimonio católico con la señora ASCENSIÓN GUZMAN el 5 de enero de 1969, falleció en la localidad de Saldaña (Tolima), el día 6 de diciembre de 1992, dejando como descendientes a los demandados y a los demandantes.
2.2. El día 16 de julio de 1962 la señora TEOFILA MONTES dió a luz un hijo a quien se le dió el nombre de NOEL y registrado por su madre ante la Alcaldía de Saldaña el día 31 de enero de 1973 como hijo extramatrimonial de ASCENSION MOLINA, habiendo sido testigos los señores Mariano Lozano y Julio Manrique.
2.3. El 16 de febrero de 1958 la señora TEOFILA MONTES tuvo otro hijo varón a quien dieron el nombre de JOSE HUMBERTO, igualmente hijo extramatrimonial de Ascensión Molina.
2.4. El señor ASCENSION MOLINA DEVIA y la señora TEOFILA MONTES iniciaron sus relaciones sexuales en el año de 1955 aproximadamente, dando como resultado no solamente el nacimiento de los hijos indicados en los numerales anteriores, sino de dos más que murieron a tierna edad, relaciones que fueron estables y notorias y se prolongaron durante más de treinta años continuos, durante los cuales el señor ASCENSION MOLINA DEVIA trató a los demandantes como sus hijos, y así eran aceptados ante la comunidad e inclusive por su propia familia, y cumplía con ellos tanto lo referente a la obligación alimentaria, como las normales de padre, e inclusive para el año 1984 los visitaba en la ciudad de Girardot en donde vivían.
2.5. Ante el mismo Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo se tramita el proceso de sucesión del señor ASCENSION MOLINA DEVIA, el que para la época de la demanda se encontraba con presentación de inventarios y avalúos, al parecer aún sin aprobación.
2.6. Los demandados tienen la posesión material de los bienes herenciales que se relacionan en la demanda.

3. Una vez admitida la demanda se ordenó correrle traslado a los demandados. Emplazados los herederos indeterminados, se les nombró curador ad litem, quien notificado contestó la demanda sin oponerse a las pretensiones. Notificados personalmente los demandados determinados la contestaron dentro de la oportunidad, oponiéndose a las pretensiones, aceptando unos hechos y negando otros.


4. La primera instancia culminó con sentencia de fecha 18 de agosto de 1995 mediante la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo accedió a las pretensiones de la parte actora, por haber encontrado plenamente demostrada la causal 6ª. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, para declarar la paternidad, y así mismo determinó que los demandantes deben ser reconocidos como herederos del causante en el proceso de sucesión con derecho a la legítima rigorosa, e igualmente condenó a los demandados a restituirles su cuota parte de los bienes, para lo cual debe rehacerse la partición, lo mismo que al pago de los frutos civiles y naturales producidos por ellos, liquidados a partir del 21 de junio de 1993 hasta el día en que se profirió el fallo, que, según el avalúo pericial practicado ascienden a la suma de $1’069.875.oo para cada uno de los actores, y finalmente ordenó la consulta de la sentencia con el superior si no fuere apelada.
5. Apelado el fallo por la parte demandada, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en sentencia de 30 de julio de 1996 lo confirmó, reformándolo en lo referente a la acción de petición de herencia, en el sentido de que su prosperidad es en abstracto, por lo que, en el evento de haberse dictado sentencia aprobatoria de la partición en la sucesión del señor ASCENSION MOLINA DEVIA, se rehaga para que se les adjudique la cuota herencial a que tienen derecho los demandantes, y que como consecuencia de lo anterior, en lo relacionado con los frutos, los actores tendrán derecho a éstos conforme a sus cuotas herenciales.
6. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandada interpuso recurso de casación cuya demanda estudia ahora la Corte.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL
Después de hacer un recuento del litigio, el Tribunal Superior de Ibagué, al no encontrar reparo alguno a los presupuestos procesales ni irregularidad capaz de invalidar la actuación, procedió a decidir de mérito, para lo cual hace algunas precisiones legales y doctrinarias referentes a la causal 6ª. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, que el apoderado de la parte recurrente estima que no está debidamente alegada, pero que el ad-quem consideró invocada expresamente, según lo afirmado por la parte actora en el hecho 7º. de la demanda (fl. 40 cd. 1), e indica que la posesión notoria del estado de hijo “es aquel reconocimiento tácito de la prole que en vida hace un padre o una madre, traducido en hechos encaminados a proveer lo relacionado con la educación y establecimiento, es decir, con su subsistencia; actos que se deben proyectar en un sector de la comunidad, deudos y amigos, y que deben tener una duración no menor de cinco años”.
Precisa que en lo referente al trato y la fama, como lo ha sostenido esta Corporación, debe analizarse cada caso particular teniendo en cuenta las circunstancias mutantes del entorno social en las que se desarrollaron las relaciones entre el presunto padre y su hijo, pues la valoración de los hechos constitutivos de la posesión notoria no puede hacerse de una forma rígida, ni todas las personas se comportan de la misma manera, pues es muy frecuente el caso de hombres que tienen dos mundos diferentes y definidos: uno donde desenvuelven su actividad social y económica, y en otro, su actividad humana. Igualmente cita jurisprudencia de la Corte frente a la notoriedad exigida para la causal aducida, en la que se indica que ésta no puede ser un valor absoluto y no se opone a que sea el resultado de hechos privados repetidos ante distintas personas, de una manera tal que no haya incertidumbre sobre su expresión, ni que esta causal no prospere si alguno de los parientes o amigos, o los vecinos, no se dan cuenta del tratamiento, bien porque les hayan ocultado los hechos de manera intencional, o porque no los presenciaran.
A continuación transcribe en lo pertinente las declaraciones rendidas en el proceso por Julio Manrique Molina, Myriam Montes de Manrique, Elena Cabezas Montes, Olga Estrella de Laguna, Aquileo Rodríguez, José Isidro Laguna Guzmán, José Isidro Laguna Dussán y Helda Cabezas de Yáñez, que contienen hechos vinculados con la presunción de paternidad reclamada y de las cuales se desprende, en concepto del ad-quem, que el trato que prodigara el señor Ascensión Molina Devia a los demandantes no tuvo el carácter de secreto, pues se proyectó a personas circundantes, quienes narraron hechos que demuestran el trato del causante para con los actores, como proveer lo necesario para su subsistencia y educación, el que se prolongó en el tiempo hasta cuando los demandantes eran adultos.
Señala el Tribunal que a pesar de que los testimonios de los parientes están catalogados como sospechosos, esa razón no impide al juzgador penetrar en su contenido, apreciando sus versiones de conformidad con las reglas de la sana crítica, pues la particularidad del parentesco de suyo no es causa indicativa de que falten a la verdad, como lo señala esta Corporación en sentencia que cita, sin que en el proceso se aprecie parcialidad en los testimonios por el parentesco, ni sus declaraciones son estériles o inanes en el litigio.
Reitera el Tribunal que el testigo Aquileo Rodríguez por haberse criado en la vereda El Gusano, hoy San Agustín, puede dar cuenta de los suministros del causante Ascensión Molina para la subsistencia de los demandantes, y además señala que la familia de la madre de los actores se radicó posteriormente en Girardot. Añade que aunque los testigos Olga Estrella de Laguna, José Isidro Laguna Guzmán y José Isidro Laguna Dussán se refieren a hechos acaecidos estando ya mayores los demandantes, informan sobre la presencia del causante en la casa de los actores en Girardot, hecho que no puede pasar inadvertido para el análisis de la causal invocada, pues indica la prolongación del trato. Respecto al hecho narrado por la señora Helda Cabezas de Yáñez, acerca de que encontraba reiteradamente en casa de la señora Teófila Montes al señor Ascensión Molina, cuando iba a la misma por menesteres de la modistería, considera el Tribunal que no es irrelevante para la causal en estudio, pues sirve para corroborar la convivencia del causante con la madre de los demandantes, circunstancia significativa para acreditar la posesión notoria.
Considera el ad quem que no es necesario que cada uno de los testigos deponga sobre el tiempo de los hechos que constituyen la causal invocada, ni se exige, como lo ha dicho la Corte, que expresen explícitamente, que la duración de la posesión del estado de hijo fue mayor de 5 años, por ser suficiente que de dichas declaraciones surjan datos ciertos que permitan concluir que se prolongó por un tiempo superior a dicho lapso, ni que se demuestre que el demandado ha atendido a la educación, subsistencia y establecimiento del hijo, sino que basta que el padre no haya eludido esos primordiales deberes y que los haya prestado en la medida de sus fuerzas y dentro de las condiciones especiales de cada caso, de tal manera que el fallador obtenga una sólida convicción de que el vínculo que une a esas dos personas es el de la filiación.
Del análisis en conjunto de las pruebas testimoniales reseñadas, llega a la conclusión el Tribunal que están demostrados los elementos configurativos de la posesión notoria, por cuanto de ellas emerge que el causante proveyó a la subsistencia y establecimiento de los demandantes, como consecuencia del hecho de haber convivido con la progenitora de los actores, tanto en la vereda San Agustín como en la ciudad de Girardot, sin que los testigos de la parte demandada neutralicen las declaraciones rendidas por los de la actora.
Indica el ad quem que por mandato expreso del parágrafo del artículo 398 del C.C., el tiempo de la posesión notoria antes de la vigencia de la Ley 75 de 1968, es computable al posterior.
Agrega que al prosperar la acción de filiación, igualmente se impone la de petición de herencia, pero como no está demostrado que se haya efectuado la partición en la sucesión del señor Ascensión Molina Devia, la prosperidad de esta última acción será en abstracto, y en caso de haberse realizado deberá rehacerse a fin de que se les adjudique a los demandantes la cuota herencial a que tienen derecho. En cuanto a los frutos, establece que al elaborarse nuevamente la partición, los actores tendrán derecho a la adjudicación respectiva conforme a las cuotas herenciales.


III. LA DEMANDA DE CASACION

Con fundamento en la causal primera de casación consagrada en el artículo 368 del C. de P.C., el recurrente formula un cargo único contra la sentencia del Tribunal, por considerarla violatoria de manera indirecta, por aplicación indebida del numeral 6º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, y de los artículos 397, 398 y 399 del C.C., y por falta de aplicación de los artículos 176, 177, 187, 217 y 218 del C. de P.C., por error de hecho manifiesto y trascendente en el análisis y valoración de la prueba, que hace recaer únicamente en los testimonios que según su sentir, sirvieron de fundamento para proferir la sentencia acusada, es decir los rendidos por Julio Manrique Molina, Myriam Montes de Manrique, Elena Cabezas Montes, Olga Estrella de Laguna, Aquileo Rodríguez, José Isidro Laguna Guzmán, José Isidro Laguna Dussán y Helda Cabezas de Yáñez.

Al desarrollar el cargo el recurrente señala que la jurisprudencia, con base en las normas jurídicas aplicables al caso, reiteradamente ha indicado que para darse la posesión notoria del estado de hijo natural se requiere que concurran en forma conjunta los elementos de trato, fama y tiempo, y agrega que por haberse dictado la sentencia con fundamento únicamente en las declaraciones de testigos, es necesario establecer si con dichos testimonios se probaron los tres elementos señalados anteriormente, para lo cual efectúa un análisis de ellos, así:

JULIO MANRIQUE MOLINA, sobrino de Ascensión Molina Devia y a su vez cuñado de los demandantes, los conoció en 1964 en la vereda San Agustín del Municipio de Saldaña, manifestó que el presunto padre visitaba sin ningún ocultamiento y de manera pública a la señora Teófila Montes Cabezas, y por su intermedio le daba mercado cada ocho días. El censor observa que este testigo no hace ninguna referencia al trato de padre que supuestamente efectuaba el señor Molina en relación con sus presuntos hijos extramatrimoniales, como tampoco se refiere a la fama, ni al tiempo necesario mínimo que establece la ley, pues dos o tres visitas en dos años, no significan nada. Añade que, aceptando que el señor Molina le diera mercado a la madre de los actores, esto parece más un acto de liberalidad que contraprestación de un compromiso sentimental de la trascendencia y gravedad que se anota en la sentencia.


MYRIAM MONTES DE MANRIQUE, hermana de los demandantes y esposa del anterior testigo, afirma que de las relaciones entre su madre y el señor Ascensión Molina nacieron los demandantes y otros dos hijos que murieron pequeños y que el causante, cuando se trasladaron a vivir a Girardot, pagaba el arriendo de la casa y los visitaba cada quince días. Dice el casacionista que este testimonio no da razón de la ciencia de su dicho, ni es conducente, procedente y útil, pues nada dice del trato, la fama y el tiempo de la posesión notoria de hijos extramatrimoniales de los demandantes, que hubiera podido servir para probar la causal 4ª. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, pero no para la causal que se dió por probada en la sentencia recurrida.
ELENA CABEZAS MONTES, hermana de los demandantes, también afirma que de la relación señalada nacieron cuatro hijos, dos de los cuales murieron y que su señora madre nunca salía con el señor Molina porque “eran un par de viejos recatados”, pero que éste le daba plata y mercado y cuando se trasladaron para Girardot, ayudaba para el arriendo y para los estudios, comida y ropa de los muchachos. Respecto a este testimonio, igualmente señala el censor que podría haber servido para probar la causal 4ª. pero no la 6ª., y que si alguna relación sentimental hubo entre el señor Ascensión Molina y la señora Téofila Montes Cabezas, ésta fue secreta, clandestina, sin trascendencia al público; que de esta declaración tampoco se deduce nada que tenga que ver con el trato, fama y tiempo sobre la posesión notoria del estado de hijos extramatrimoniales que reclaman los demandantes.
Igual observación hace el recurrente de los testimonios de OLGA ESTRELLA DE LAGUNA, AQUILEO RODRIGUEZ, JOSE ISIDRO LAGUNA GUZMAN, JOSE ISIDRO LAGUNA DUSSAN y HELDA CABEZAS DE YAÑEZ.
Agrega que además, los testimonios de Julio Manrique Molina, Myriam Montes de Manrique y Elena Cabezas Montes están afectados de sospecha, de conformidad con el artículo 217 del C. de P.C., por lo que no ofrecen serios motivos de credibilidad aunque no fueron tachados en el momento procesal previsto, pero que no son responsivos, exactos y completos, evidenciando por el contrario falta de probidad.
Pasa luego el casacionista a estudiar cada uno de los elementos estructurales de la posesión notoria de hijo extramatrimonial, es decir, el trato, la fama y el tiempo e indica que en el presente caso, partiendo de la prueba testimonial en que se fundamentó la sentencia y con base en la cual se dió por probada dicha posesión, ni en conjunto, ni separadamente, estos testimonios aportan elementos de juicio ciertos y seguros, de los que se pueda deducir el trato, la fama y el tiempo, necesarios e indispensables para proferir la sentencia acusada en el sentido en que se hizo.
Considera el recurrente, que dado lo anterior, es evidente y determinante el error de hecho derivado de la inadecuada valoración probatoria, y que de no haberse presentado, la sentencia del ad quem hubiera revocado la de primera instancia y declarado no probada la posesión notoria de estado civil de hijos naturales de los demandantes, como se hizo con las supuestas relaciones sexuales entre Teófila Montes Cabezas y Ascensión Molina Devia. Añade que de los testimonios tantas veces señalados no se derivan, ni se prueban los hechos positivos del señor Molina relacionados con la subsistencia, educación y establecimiento de los demandantes, por cuanto no precisan sitio, ni el tiempo de estos hechos, de los que se pueda predicar dicha circunstancia.
En sentir del censor, la inadecuada apreciación de la prueba testimonial, única aportada al proceso, llevó al Tribunal a declarar probada la posesión notoria del estado de hijos extramatrimoniales de los demandantes, sin tener en cuenta que el artículo 397 del C.C. señala pautas precisas y concretas sobre el comportamiento de un padre frente al hijo. Que tampoco tuvo en cuenta el artículo 398 ibidem, que señala taxativamente que la posesión notoria debe durar por lo menos 5 años para que se tenga como prueba. También pasó por alto el ad quem el artículo 399 de la misma codificación, que precisa que el estado civil se probará con un conjunto de testimonios fidedignos, el cual, probado de esa manera, debe ser irrefragable.
Reitera que los testimonios señalados no cumplen las exigencias de los artículos anteriormente citados y que en definitiva, se le dió a esta prueba un alcance y valor probatorio más allá del que de ellos se deriva y en consecuencia, no se probó ninguno de los requisitos constitutivos de la posesión notoria del estado civil de hijos naturales que reclamaron los demandantes, porque de parte del señor Ascensión Molina no hubo trato del que se derivara su condición de padre, sin ningún equívoco y además este supuesto trato nunca trascendió, es decir que si existió, no pasó de actos privados dados dentro del excluyente límite familiar, sin que nadie se percatara de él, ni en Saldaña, ni en Girardot. Agrega que el tiempo de cinco años es imposible de calcular y que el ad quem ni siquiera se tomó el trabajo de hacer el cálculo respectivo.
Concluye que todo lo anterior indica que el Tribunal al declarar probada la posesión notoria de hijos naturales de los demandantes, con fundamento en la prueba testimonial reseñada, cometió un error de hecho manifiesto y trascendente, por inadecuada apreciación de la prueba.


IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
En el presente caso el cargo se planteó por la violación indirecta de la ley sustancial, producto de una aplicación indebida y por falta de aplicación de las normas citadas anteriormente, originada en el error de hecho manifiesto y trascendente en que incurrió el fallador en el análisis y valoración de la prueba testimonial de la parte demandante, única base para la decisión impugnada.

En primer lugar alega el recurrente que el Tribunal cometió error de hecho en la apreciación de las declaraciones de Julio Manrique Molina, Myriam Montes de Manrique, Elena Cabezas Montes, Olga Estrella de Laguna, Aquileo Rodríguez, José Isidro Laguna Guzmán, José Isidro Laguna Dussán y Helda Cabezas de Yáñez, las que en concepto del casacionista no aportan ningún elemento de juicio del cual se puedan deducir, de manera cierta y concreta, los elementos constitutivos de la posesión del estado civil de hijos extramatrimoniales reclamada por los demandantes, esto es, la fama, el trato y el tiempo. Además, considera que los testimonios de los tres primeros están afectados de sospecha, de conformidad con el artículo 217 del C. de P.C. y en consecuencia no ofrecen serios motivos de credibilidad, a pesar de no haber sido tachados en la oportunidad procesal pertinente.


Para resolver el cargo compendiado, es preciso señalar que el Tribunal hizo un análisis global e integrado del acervo probatorio recaudado y su conclusión sobre la paternidad deprecada fue producto del examen conjunto de todas las pruebas practicadas y no de un examen aislado o separado de cada una de ellas.
En efecto, dijo el ad-quem: “De todo lo anterior, sopezando (sic) en su conjunto la prueba testifical reseñada, se llega a la conclusión que en este caso particular, los elementos configurativos de la posesión notoria, están demostrados, como que emerge de esta prueba valorada en su globalidad que el causante proveyó a la subsistencia y establecimiento de los demandantes, ya en la vereda ‘San Agustín’, ora en la ciudad de Girardot,…”, y agregó que los testigos llamados por los demandados no neutralizaron estas declaraciones, teniendo en cuenta el paralelismo familiar que tuvo el presunto padre en su mundo personal y social respecto de las relaciones con la madre de los demandantes.
No queda ninguna duda entonces, que el sentenciador para confirmar la sentencia apelada, analizó los elementos de prueba aportados conjugándolos entre sí y en virtud de esa actividad intelectual decidió estimar las pretensiones de la demanda.
En ese orden de ideas, al recurrente le incumbía hacer ver, bajo el prisma de los errores evidentes de hecho, que en la apreciación de todos y cada uno de los medios de prueba tenidos en cuenta por el Tribunal, éste supuso o deformó su contenido material, dando por sentada su existencia sin estarlo, adicionando o cercenando lo que ellos dicen, yerros que deben ser manifiestos, es decir, que emerjan a simple vista, pues para que estos errores tengan entidad en casación, han de tener la virtud de poner al descubierto, mediante un simple cotejo objetivo de resultados y no de pareceres interpretativos más o menos aceptables, que las respectivas afirmaciones de hecho efectuadas en la sentencia adolecen de contraevidencia o degeneran en rotunda arbitrariedad por no haber visto pruebas que obran en los autos o por haber supuesto las que allí no existen. En consecuencia, si el Tribunal contempla este material en su conjunto como lo manda el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y del modo en que se presenta, pero en ejercicio de la discreta autonomía de la que se halla investido le da un entendimiento que no repugna al texto de las correspondientes piezas procesales y, por lo tanto, tiene por demostrados una serie de hechos relevantes para la composición de la litis, es imposible que un desacierto de aquella estirpe pueda configurarse.
En la especie que hoy ocupa la atención de la Corte, el censor optó por señalar que hubo una errónea apreciación de las pruebas, pero en su demostración se quedó corto, sin que por otra parte, los errores de hecho denunciados alcancen a ser ostensibles. Respecto a lo primero, el impugnante se olvidó de atacar la totalidad de las pruebas tenidas en cuenta por el sentenciador para llegar a la conclusión contenida en el fallo, porque se observa que fueron apreciadas las declaraciones de los testigos de la parte actora, con apoyo en las cuales dijo el sentenciador que otorgaban pleno convencimiento de la posesión notoria del estado de hijo de los demandantes respecto a su presunto padre, y agregó que esas declaraciones no fueron desvirtuadas por los testimonios rendidos a petición de los demandados, apreciación que debió ser atacada por el censor, indicando de manera concreta cómo las declaraciones de los señores MARIA ALIA BASTIDAS DE CABEZAS, SIMON SANABRIA CABEZAS, OLIMPO CABEZAS, MARCO FIDEL SERRANO, NOEL ALMANZA ALFARO y ANDRES ANTONIO LEAL, dejaban sin fundamento las recibidas a petición de la parte actora y llevaban a la conclusión de que las pretensiones aducidas en la demanda debían ser negadas, sin que se observe que el recurrente efectuara tal labor.
Respecto de las declaraciones de los testigos que la sentencia cita, es pertinente advertir que, contra lo que pretende hacer ver el casacionista, el Tribunal Superior pesó y trajo a cuento todas y cada una de las declaraciones señaladas, de suerte entonces que no es que las alterara de modo que parcialmente las haya pasado por alto o las desoyera en su contenido integral, y en la balanza en que las aludidas declaraciones se colocaron en el ánimo decisorio del fallador ad quem, optó este último por resolver en el sentido en que con mayor fuerza se inclinó esa balanza y así lo hizo constar en la parte expositiva de su providencia.
En efecto: respecto a la declaración de JULIO MANRIQUE MOLINA se encuentra que el recurrente la cercenó, señalando en la demanda únicamente apartes sin ilación, y además, algunas objeciones formuladas no parten de supuestos ciertos, como decir que no hace ninguna referencia al trato de padre por parte del causante Ascensión Molina Devia a sus presuntos hijos, o sobre la fama o el tiempo, cuando, como se observa de la lectura de la declaración, sí lo dijo, pues en su exposición afirmó que el mismo causante, con quien convivía en el año 1964 cuando conoció a los demandantes, le dijo que le mandaba mercado cada 8 días a la señora Teófila Montes porque tenía dos hijos con ella que eran Humberto y Noel, y también señaló que cuando estaban estudiando, Ascensión Molina preguntaba por ellos y que cuando se fueron a vivir a Girardot y el deponente vivía en la casa de la familia Montes, el señor Molina fue a visitarlos varias veces, que además les pasaba lo necesario para uniformes, cuadernos y recreo. Igual observación puede hacerse en relación con los testimonios de MYRIAM MONTES DE MANRIQUE y ELENA CABEZAS MONTES quienes indican que el causante le daba a la madre de los demandantes para los estudios de los muchachos, para ropa y para comer, y que cuando se enfermaban daba para la droga que necesitaran. De estas tres declaraciones concluye el Tribunal que aunque los testimonios de los parientes de las partes están catalogados como sospechosos, esto no impide apreciarlos conforme a las reglas de la sana crítica, y con mayor razón “cuando no aparece prueba o elementos de juicio serios que prediquen la parcialidad en el testimonio por tal parentesco”, además de que el declarante Julio Manrique Molina dice ser familiar de ambas partes.
El Tribunal, del análisis global de los testimonios, tanto de los anteriormente reseñados como de los rendidos por Olga Estrella de Laguna, Aquileo Rodríguez, José Isidro Laguna Guzmán y Helda Cabezas de Yáñez, concluyó que el trato dado por el causante a los actores “…no tuvo el carácter de secreto, como que aquél (sic) se proyectó a personas circunstantes de ese devenir”, esto es, familiares, vecinos y amigos de las personas de quienes se predica, sin que esa notoriedad tenga que ser tumultuaria.
Se trata, en síntesis, de una situación por completo ajustada al artículo 187 del Código de Procedimiento Civil que, por sabido se tiene, establece el sistema de la libre apreciación de la prueba en lo que toca con su valoración en el proceso civil, luego en estas condiciones la Corte no puede entrar a pronunciar nuevas y distintas afirmaciones de hecho que sustituyan a las de instancia si estas no incurren en ostensible contraevidencia, todo porque la parte demandada, ahora recurrente en casación, al ensayar un análisis particular y ajeno a las conclusiones del ad-quem de la prueba testimonial señalada, termina por no comulgar con el método empleado para el mismo fin por el Tribunal.
En este orden de ideas, si de la presunción de paternidad consagrada en el numeral 6º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968 se trata, para los efectos del artículo 399 del Código Civil, el juez debe tener en cuenta que la interpretación y valoración de la prueba testimonial aportada para acreditar la posesión del estado de hijo extramatrimonial, debe llevarse a cabo con razonable amplitud, pues si bien la ley exige de manera categórica que esta posesión debe demostrarse por un conjunto de testimonios “fidedignos” que permitan establecerla de manera irrefragable, la estimación de ellos “…no puede llevarse al extremo de hacer ineficaz la prueba testimonial en estas causas, cuando quiera que dada la forma como se suceden los hechos sea la prueba de dicho linaje la única que puede hacer valer el demandante. Claro está que la convicción del juez sobre la incontrastabilidad de esos testimonios tiene que desprenderse de su labor intelectual, es decir del grado de certeza que en la ponderación de las declaraciones se forme su intelecto, actividad en la cual el juez no puede ser constreñido por el legislador pues en ella es y tiene que ser autónomo…” (G.J. Tomo CCXII, pág. 300).
Aplicado lo anterior al presente caso, observa la Corte, que una vez estudiados los testimonios recibidos y realizada la necesaria labor de comparación entre ellos y la conclusión a que llegó el Tribunal, para determinar si los yerros fácticos materia de censura tuvieron lugar, se tendrá que afirmar que la posesión notoria del estado de hijo de los demandantes deducida por el ad-quem, no es una inferencia que contraríe abiertamente la realidad probatoria del proceso, por cuanto se acomoda a las alternativas lógicas de dicho acervo probatorio. Los testimonios fueron analizados por el Tribunal, como ya se ha reiterado, en forma lógica, armonizándolos unos con otros y teniendo en cuenta que cada uno de los deponentes puede aportar evidencia apenas parcial sobre los elementos requeridos para demostrar la causal invocada por los demandantes, esto es, que la ley no exige que a todos los declarantes les conste absolutamente todo lo que tiene que ver con aquella, pues, además de ser absurdo, haría imposible la prueba del estado civil cuyo título se pretende obtener.
Sobre este particular ha dicho esta Corporación: “No es jurídico exigir que cada uno de los testigos se refiera siempre a actos posesorios que hayan durado por más de 5 años, pues, en el punto, basta que sumados los períodos menores a que aquellos hagan relación, el total comprenda lapso mayor y continuo de 5 años. Tampoco se exige que los testimonios fidedignos expresen, explícitamente, que la duración de la posesión fue mayor de 5 años, pues es suficiente que de ellos surjan datos ciertos que permitan llegar, aunque sea por la vía de la inferencia, a la conclusión de que la posesión se prolongó por más del quinquenio. Del mismo modo, no se requiere, en todos los casos, que la prueba demuestre que el demandado ha atendido a la subsistencia, a la educación y al establecimiento del hijo, pues claro que, por ejemplo, al cumplir 5 años de edad el hijo que desde su nacimiento haya sido asistido por su padre, puede ejercitar la acción de investigación con apoyo en la existencia de hechos constitutivos de posesión notoria, aunque aún no se haya iniciado su etapa escolar y menos la de su establecimiento. Basta en el particular que el padre, según las circunstancias, no haya eludido la satisfacción de esos primordiales deberes y, antes bien, los haya prestado en la medida de sus fuerzas y dentro de las condiciones especiales que cada caso puede ostentar, de tal manera que sirven para fundar en el ánimo del fallador la convicción sólida de que el vínculo unitivo de tales personas no puede ser otro que el de la paternidad o la filiación. Y sobre la notoriedad de la posesión, la doctrina jurisprudencial tiene sentado que ‘basta que los hechos se exterioricen ante un conjunto de personas por signos inequívocos, para que la filiación, por dejar de ser oculta, se haga notoria y prospere la inferencia de que así como ese grupo de personas tuvo al demandante como hijo de tal padre, no había secreto para todo el vecindario, aunque no se preocuparan de averiguarlo o de saberlo, o prefieran ignorar todas esas cosas”. (Cas. Civil del 26 de septiembre de 1973, G.J. t. CXLVII, pág. 77 y 78).
En las declaraciones rendidas pueden aparecer algunas imprecisiones y contradicciones que son explicables, como cuando el testigo Aquileo Rodríguez dice que los demandantes se trasladaron a vivir a Girardot cuando eran mayores de edad, mientras que Elena Cabezas Montes indica que fue cuando estaban pequeños, pero es preciso tener en cuenta que se refieren a hechos ocurridos bastante tiempo atrás, además de que los deponentes no son personas de alto nivel intelectual, circunstancia que, por otra parte, no constituye un argumento para restarles credibilidad y sobre la que esta Corporación ha sostenido que “…los testimonios pueden ofrecer ciertas imprecisiones y contradicciones, pero éstas pueden tener explicación lógica y no les resta credibilidad, por cuanto puede suceder que por el tiempo transcurrido entre los hechos que narran los testigos y el momento en que declararon ‘…es apenas natural que sus relatos ofrezcan ciertas lagunas y contradicciones. Lo sospechoso, lo inverosímil, habría sido lo contrario. De conformidad con los dictados de la crítica testimonial, si tales declaraciones hubiesen sido coincidentes hasta en sus más mínimos detalles, habrían carecido de toda credibilidad”. (Cas. Civil de 30 de septiembre de 1977 y 26 de junio de 1998).
En síntesis, el ad-quem al analizar el contenido de las declaraciones en su conjunto, las encontró suficientes para dar por establecida la posesión notoria del estado de hijo de los demandantes con respecto al causante Ascensión Molina Devia, apreciación que corresponde al poder discrecional del fallador de instancia para valorar las pruebas, quien no incurrió en arbitrariedad o contraevidencia respecto de lo narrado por los testigos, de donde se concluye que los reparos invocados no estructuran los errores de hecho evidentes que se le enrostran al sentenciador de segunda instancia.
Por consiguiente no se abre paso el cargo en estudio.

DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de julio de 1996 pronunciada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial y petición de herencia promovido por NOEL MOLINA MONTES y JOSE HUMBERTO MONTES contra ASCENSION GUZMAN DE MOLINA, EMILIANO, ASCENSION, ANGEL ALBERTO, MARIA INES, TEOFILO, HERNAN, MARTINA y GABRIELINA MOLINA GUZMAN y los herederos indeterminados de ASCENSION MOLINA DEVIA.
Condénase en costas del recurso a la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

MANUEL ARDILA VELASQUEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

JORGE SANTOS BALLESTEROS

J.S.B. Exp. No. 6359


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