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Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrada Ponente: ruth marina díaz rueda


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL
Magistrada Ponente:

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil nueve (2009)


Referencia: Expediente No. 52001-3103-004-2003-00200-01

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por José Elías Almeida de la Cruz, frente al fallo de 5 de marzo de 2008 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso ordinario de pertenencia adelantado por el ahora recurrente contra el municipio de Pasto, Enriqueta Zarama Zarama, y personas indeterminadas, con demanda reivindicatoria de mutua petición de ésta respecto de aquél.



I. EL LITIGIO

1. Pretende el demandante que mediante sentencia judicial se declare que adquirió el dominio de los predios urbanos identificados por su ubicación y linderos en el libelo introductor, por el modo de la prescripción extraordinaria.


Para sustentar sus pretensiones aduce que desde hace treinta años ha detentado la posesión real y material de los inmuebles referidos, ejecutando actos como “realización de mejoras al bien, cierres permanentes, cuidado, consecución y pago de las domiciliarias de agua y energía eléctrica, matrículas que aparecen a nombre propio del accionante, mejoras a la casa donde aún reside, cuidado, uso, usufructo, disposición sobre el mismo, pago de servicios, entre otros”, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida.
2. Admitida a trámite la demanda y surtidas las correspondientes notificaciones compareció al proceso a través de apoderado el municipio de Pasto, proponiendo la defensa que denominó: “Falta de causa para demandar”; a su turno Enriqueta Zarama Zarama replicó incoando igualmente medios enervantes que llamó: “ser propietaria del inmueble con ánimo de señora y dueña, en ejercicio de todos sus derechos y quien ostenta el respectivo título legalmente inscrito en el Registro de Instrumentos Públicos”; a la vez formuló reconvención en contra del accionante, deprecando se declare que a ella pertenece el “dominio” pleno y absoluto de los bienes litigiosos, y la restitución de los mismos; el curador ad litem de las personas indeterminadas respondió la inicial, sin proponer medio exceptivo alguno.
3. Rituado el asunto, el Juez desestimó las pretensiones contenidas en la originaria, y en la de mutua petición, condenando en costas a ambas partes, decisión que fue confirmada íntegramente por el ad quem al desatar la alzada interpuesta por los dos.


II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

1. El Tribunal centra en primer término su atención en el estudio de la declaratoria de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, impetrada, es decir, la contenida en el petitum del escrito introductor. Tras de establecer un parangón entre los requisitos que se precisan para la configuración de aquélla, con los medios probatorios existentes en autos -en especial la testimonial y la confesión del propio demandante-, infirió que éste último ingresó a los bienes en disputa como simple tenedor, previa autorización de la causante Martha Zarama; empero como el accionante aduce haber mudado esa posición a la de poseedor, no existe “prueba que clarifique desde cuándo cambió su calidad de tenedor a la de poseedor que a juicio de la Sala lo ubicaríamos a partir del óbito de aquella, acaecido el 16 de julio de 1991, época a partir de la cual ninguno de sus posibles herederos reclaman los citados bienes inmuebles y el tenedor se torna poseedor ejerciendo actos propios de señor y dueño”; por lo que de aceptarse que sí operó el fenómeno de la interversión, al hacer el cálculo temporario de los 20 años que se exigen para esta clase de usucapión “se llega a la conclusión inequívoca de que a la presentación del libelo genitor ese lapso de tiempo aún no se había cumplido”.


2. En lo tocante a la demanda de reconvención, el sentenciador fija su atención en el supuesto normativo vertido en el artículo 946 del Código Civil, y en los presupuestos que hacen viable la acción reivindicatoria, para finalmente concluir que en el caso estudiado no concurre el elemento atinente a la identidad plena entre la cosa pretendida, es decir, el lote 11 allí descrito e identificado, con la que se dice posee el accionante inicial, encontrando ausente dicho requisito tras de analizar la prueba documental y pericial así: en la escritura pública No. 5778 de 5 de septiembre de 1996 de la Notaría Tercera de Pasto que contiene la liquidación del sucesorio de Martha Zarama Zarama, se dijo que el predio anteriormente citado tiene una extensión de 431 metros cuadrados, en tanto que el deprecado por ésta última, es de 210, siendo también diferentes los linderos allí consignados, por lo que se colige que el inmueble objeto del segundo libelo no corresponde al individualizado, lo que se corrobora con la experticia rendida por el auxiliar en la que se asigna al mismo terreno una medida de 601 M2 y colindancias disímiles, por lo que concluye el Tribunal que “al fallar este supuesto deviene necesariamente el decaimiento de lo pretendido en mutua petición”.
III. LA DEMANDA DE CASACION
Tres cargos ha dirigido el actor en pertenencia en contra del fallo; todos por la causal primera, vía indirecta, los que serán resueltos conjuntamente dado que ameritan reflexiones comunes.
CARGO PRIMERO
1. En el marco del aludido motivo de casación, “vía indirecta”, se acusa la sentencia de ser violatoria por interpretación errónea de los artículos 176, 177 inciso 1°, 187 y 407 del Código de Procedimiento Civil; 673, 762, 768, 775, 777, 780, 980, 2512, 2518, 2519, 2521, 2522, 2527, 2528, 2529, 2532 del Código Civil, 1° de la Ley 50 de 1936, y por falta de aplicación de los artículos 2531 numeral 3°, incisos 1° y 2°, y 768 ibídem.
2. Se inculpa al Tribunal de cometer errores de hecho en su actividad probatoria en tanto que no apreció los medios de convicción en su conjunto como lo exige el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues de hacerlo concluiría que se dieron todos los presupuestos requeridos para declarar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, resaltando que los yerros cometidos por el ad quem fueron los siguientes:
2.1 Apreciar inadecuadamente los testimonios rendidos por Flor Benavides de Guerrero, Ildefonso Pachajoa Lasso, Carlos Augusto de la Cruz Nupán, José María Timaná Pantoja y Hernando López; ya que los tres primeros dijeron conocer al demandante desde hace 30 años, los dos restantes 28 y 25 respectivamente y, por ello pueden afirmar que el actor ha ejercido la posesión de los predios singularizados en autos con ánimo de señor y dueño desde tales épocas, realizando mejoras en los mismos. Tampoco tuvo en cuenta que la primera y el último de los declarantes afirmaron no distinguir a Enriqueta Zarama.
2.2 Desconocer que la demandada reconviniente confiesa en el interrogatorio de parte que ha observado el inmueble a ella adjudicado en la sucesión de su hermana sólo de lejos pues nunca ha ingresado en él; que no sabe en qué condiciones lo posee el accionante y si ha efectuado o no mejoras, y finalmente que no ha requerido a éste para que le desocupe o entregue los citados lotes.
2.3 No estimar el contenido de la inspección judicial pues a través de ella se establece claramente la “posesión” pacífica del accionante desde el año 1973 y las mejoras realizadas por él durante el tiempo de explotación económica y el destino dado a los bienes raíces.
2.4 No darle el alcance probatorio que tenía, al dictamen pericial obrante en autos del cual se deduce que los terrenos identificados en la demanda han sido “explotados” por el actor desde hace 20 años, y que los adelantos efectuados en dichos terrenos por él, han consistido en una pequeña construcción de adobe y teja de barro dividida en tres bloques destinados a la crianza de animales, herrería y servicios sanitarios; cambio de techo de otra edificación antigua; pintura, e instalación de puertas y ventanas; actividades agrícolas y ganaderas; realización de otros beneficios, conservación de cercos, etc.
2.5. Como corolario señala que contrario a lo aseverado por el sentenciador de segundo grado, en el presente caso sí operó el fenómeno de interversión del título desde el año 1973, época desde la cual ejerce José Elías Almeida su posesión desconociendo dominio ajeno, entre otros el que depreca Enriqueta Zarama, quien presenta un instrumento público que corresponde a una franja de tierra diferente a las que se reclaman en este proceso, o el que exhibe el municipio de Pasto que también concierne a otra propiedad disímil a la que es objeto de esta litis.
CARGO SEGUNDO:
1. También por la causal primera, vía indirecta se incrimina la sentencia de ser violatoria de los artículos 70 y 197 del C. de P. C., y 2512 del Código Civil, a consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación del libelo y su contestación.
2. Tras resaltar el censor la importancia que tiene el escrito introductor como pieza fundamental de todo proceso, dado que en ella se plasman las pretensiones, los hechos que las soportan, el derecho invocado y el procedimiento escogido por el demandante, indica que el texto del mismo es la prueba que sirve para identificar el alcance y contenido de las súplicas, y el Tribunal desconoció la confesión efectuada por la accionada Enriqueta Zarama Zarama al responder los hechos 2° y 4° del pliego en mención pues en el 2° se señala la ubicación de los predios, y ésta no lo negó, haciendo lo propio respecto del 4° en el que se indica que los bienes se encuentran en cabeza del municipio de Pasto por venta que le hiciera Armando Ponce Muriel; dejando el ad quem de aplicar las disposiciones legales que aluden a la aceptación que efectuó aquélla cuando “no negó tales hechos” (2° y 4°), conducta a través de la cual el demandado está afirmando los actos de posesión del actor por el lapso de treinta años.
Agrega el recurrente: “Al tomar esa decisión el juzgador, violó de hecho e indirectamente la disposición del artículo 2512 del Código Civil, que establece el término que debe tomarse en cuenta para contar la posesión (20 años), y no presumirla como hizo el juzgador, tomando el hecho de la muerte de la señorita Martha Zarama Zarama (ocurrida hace 15 años), que es absolutamente ajeno a la fecha en que trocó el título de tenedor o poseedor, como lo afirman los testigos”.
CARGO TERCERO:
1. Se ataca el fallo invocando la misma causal originada en los reproches anteriores por violar indirectamente los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil, y 66, 2512, 2531 del Código Civil.
2. Las equivocaciones cometidas por el juzgador consistieron en afirmar que el título precario que tenía el demandante trocó en posesión sólo a partir de la muerte de Martha Zarama Zarama, esto es, desde el 16 de julio de 1991, desconociendo los medios de convicción traídos al proceso, es decir, los testimonios que relatan que el promotor del asunto la ejerce desde hace 30 años; apreciando aisladamente el registro civil de defunción de la referida causante, por lo que omite efectuar el estudio conjunto de las pruebas como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
Como colofón de su queja señala el impugnante que el Tribunal “no basó la inferencia en el conjunto probatorio sino en una prueba documentada, saliéndose de la valoración jurídica que debe ser aplicada y de la sana crítica en la apreciación de las pruebas”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. Dos fueron los fundamentos torales de la sentencia del Tribunal en lo que respecta a las pretensiones incoadas en el libelo inicial, a cuyo examen se limitará la actuación de la Corte, en tanto que la resolución respecto de la demanda de mutua petición, también denegatoria de lo allí deprecado, no se recurrió en sede de casación.


El primero, estriba en que “la ocupación del actor en los inmuebles urbanos que reclama en usucapión no la hizo con ánimo de señor y dueño para ejercer actos posesorios sino como mero tenedor por cuenta y autorización de su propietaria Martha Zarama Zarama”, inferencia a la que arribó “examinada la prueba en su conjunto, tal y como lo disponen los artículos 177 y 187 de nuestro Estatuto de Enjuiciamiento Civil”.
El segundo en que como el actor alega que trocó su título precario de tenedor al de poseedor, y del acervo probatorio estudiado en especial la testimonial no fluye con certeza y precisión la época en que principió a desplegar conductas de señor y dueño, revelándose contra la propietaria del predio, “a juicio de la sala lo ubicaríamos a partir del óbito del Martha Zarama Zarama, acaecido el 16 de julio de 1991” fecha desde la cual ningún posible heredero ha reclamado el bien y el “tenedor” se torna en “poseedor” ejerciendo actos de dominio por lo que “de aceptarse ésta premisa y hacer el cálculo temporario de los 20 años que exige éste modo de adquirir por prescripción extraordinaria de dominio, se llega a la conclusión inequívoca que a la presentación del libelo genitor, éste lapso de tiempo aún no se ha cumplido”.
2. A las cardinales conclusiones precedentes, el recurrente José Elías Almeida de la Cruz, demandante en pertenencia y demandado en reconvención, se opone con insistencia afirmando que sí poseyó materialmente el inmueble discutido sin reconocer “dominio ajeno” como se comprueba con las declaraciones de Flor Benavides de Guerrero, Ildefonso Pachajoa Lasso, Carlos Augusto de la Cruz Nupán, José María Timaná Pantoja y Hernando López, quienes dijeron saber que ha ostentado en tal calidad el referido predio en un lapso que oscila entre 25 y 30 años; en la inspección judicial a través de la cual se establece claramente la “posesión” pacífica del accionante desde el año 1973 y las mejoras plantadas por él; y en la confesión de Enriqueta Zarama Zarama al dar respuesta a los hechos 2° y 4° del escrito introductor, pues en el 2° se señala la ubicación de los bienes en disputa, y al contestarlo no lo negó, e hizo lo propio respecto del 4° en el que se indica que los mismos se encuentran en cabeza del municipio de Pasto, por venta que le efectuara Armando Ponce Muriel, destacando que “la posesión la ha ostentado el demandante por el tiempo necesario para adquirir por prescripción”, probanzas todas éstas que fueron ignoradas en el fallo como lo describe en los tres cargos propuestos, a cuyo compendio se remite la Corte por economía procesal.
3. En lo que respecta a la interversión del título, que a juicio del juzgador no satisfizo el término de usucapión extraordinaria invocada, acotó el censor que en la sentencia opugnada también se incurrió en equivocación cuando en ella se aseveró que “el título precario” que tenía el actor lo transformó en posesión sólo a partir de la muerte de Martha Zarama Zarama, esto es, desde el 16 de julio de 1991, pues con tal hermenéutica se desconocieron las pruebas arriba mencionadas, apreciándose aisladamente el registro civil de defunción de la referida causante, y omitiéndose por ende efectuar el estudio conjunto de los medios de convicción, como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

4. En el caso sub lite pretende Jesús Elías Almeida que se declarare que adquirió por prescripción -de naturaleza extraordinaria-, los terrenos cuyas características suministró en el libelo introductor del proceso, y a ese examen se aplicará la Sala:


4.1 En los términos del artículo 2518 del Código Civil, mediante la “prescripción adquisitiva”, llamada también "usucapión", puede ganarse el dominio de los bienes corporales, muebles o inmuebles, así como los demás derechos reales, si las cosas sobre las cuales recaen los mismos han sido poseídas en la forma y durante el tiempo requerido por el legislador.
La prescripción de la especie arriba expresada, que fue la que hizo valer el pretenso usucapiente, tiene como fundamento esencial la tenencia del bien con ánimo de señor y dueño, que no necesita respaldarse en “título” alguno, en tanto que la buena fe del “poseedor” se presume de derecho, bastándole a éste comprobar que lo estuvo poseyendo en forma ininterrumpida, por el tiempo legalmente exigido, plazo que si en la actualidad es de diez años -artículo 1º de la ley 791 de 2002-, al elegir el actor que se rigiera bajo el imperio de la anterior legislación, le corresponde probar que la ha ejercitado durante veinte anualidades continuas.
El artículo 762 del Código Civil ha definido la posesión como “…la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño…”, es decir que requiere para su existencia del animus y del corpus, esto es, el elemento interno, psicológico, la intención del dominus, que por escapar a la percepción directa de los sentidos es preciso presumir de la comprobación plena e inequívoca de los actos materiales y externos ejecutados continuamente y por todo el lapso que dure aquélla, que por constituir manifestación visible del señorío, llevan a inferir la intención o voluntad de hacerse dueño, mientras no aparezcan otras circunstancias que demuestren lo contrario, y el elemento externo, esto es, la retención física o material de la cosa. Estos principios deben ser acreditados plenamente por el prescribiente para que esa posesión como presupuesto de la acción, junto con los otros requisitos señalados, lleve al juzgador a declarar la pertenencia deprecada a favor del actor.
Por otra parte, tanto las leyes, como la jurisprudencia y la doctrina, en forma unánime han reiterado que en relación con las cosas, las personas pueden encontrarse en una de tres posiciones, cada una de las cuales tiene diversas consecuencias jurídicas e igualmente le confiere a su titular distintos derechos subjetivos, así: a) Como mero tenedor, cuando simplemente ejerce un poder externo y material sobre el bien reconociendo dominio ajeno (art. 775 Código Civil); b) Como poseedor, cuando, además de detentar materialmente “la cosa”, tiene el ánimo de señor y dueño y quien, de conformidad con el artículo 762 ibídem, es reputado como tal mientras otro no justifique serlo; c) Como propietario, cuando efectivamente posee un derecho real en ella, con exclusión de todas las demás personas, que lo autoriza para usar, gozar y disfrutar de la misma dentro de la ley y de la función social que a este derecho corresponde (art. 669 C.C.).
De lo expresado anteriormente se concluye que el elemento que distingue la “tenencia”, de la “posesión”, es el animus, pues en aquélla, quien detenta el objeto no lo tiene con ese ánimo y reconoce dominio ajeno, mientras que en la segunda, como ya se dijo, requiere de los dos presupuestos, tanto la aprehensión física del bien como de la voluntad de ostentarlo como verdadero dueño.
A pesar de la diferencia existente entre “tenencia” y “posesión”, y la clara disposición del artículo 777 del C.C. en el que se dice que “el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión”, puede ocurrir que cambie el designio del tenedor, transmutando dicha calidad en la de poseedor, por la interversión del título, colocándose en la posibilidad jurídica de adquirir el bien por el modo de la prescripción, mutación que debe manifestarse de manera pública, con verdaderos actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo del titular, y acreditarse plenamente por quien se dice “poseedor”, tanto en lo relativo al momento en que operó la transformación, como en los actos categóricos e inequívocos que contradigan el derecho del propietario, pues para efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se detentó el bien a título precario, que no conduce nunca a la usucapión y sólo a partir de la posesión podría llegarse a ella, si se reúnen los dos elementos a que se ha hecho referencia, durante el tiempo establecido en la ley.
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia del 15 de septiembre de 1983 dijo: “Y así como según el artículo 777 del Código Civil, el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, quien ha reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío, trocarse en poseedor, sino desde cuando de manera pública, abierta, franca, le niegue el derecho que antes le reconocía y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo de aquél. Los actos clandestinos no pueden tener eficacia para una interversión del título del mero tenedor. Con razón el artículo 2531 del Código Civil exige, a quien alegue la prescripción extraordinaria, la prueba de haber poseído sin clandestinidad”.
En pronunciamiento posterior sostuvo así mismo la Corte: “La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener el contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella”. (Sentencia de Casación de 18 de abril de 1989, reiterada en la de 24 de junio de 2005, exp. 0927).
En consecuencia, cuando se invoca la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, para obtener la declaratoria judicial de pertenencia, el demandante debe acreditar no solamente que la solicitud recae sobre un bien que no está excluido de ser ganado por ese modo de usucapir, sino que ha detentado la posesión pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo previsto por la ley. Pero además, si originalmente se arrogó la cosa como mero tenedor, debe aportarse la prueba fehaciente de la interversión de ese título, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequívocamente, incluyendo el momento a partir del cual se rebeló contra el titular y empezó a ejecutar actos de señor y dueño desconociendo su dominio, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido de posesión autónoma y continua del prescribiente.
4.2 En el plenario se encuentran acreditados los siguientes hechos que tienen relevancia respecto de la decisión que se está adoptando:
4.2.1 Desde la misma demanda el actor afirmó que en 1969 empezó a trabajar en calidad de jornalero, en la urbanización José Ignacio Zarama de esa ciudad, de propiedad de Martha Zarama Zarama quien era su patrona, trabajo que perduró hasta el año de 1973, a partir del cual tomó posesión definitiva del predio deprecado en el libelo inicial.
4.2.2 Posteriormente, el mismo demandante José Elías Almeida de la Cruz al rendir interrogatorio acepta haber estado al servicio de las hermanas Martha y Enriqueta Zarama, desempeñándose como obrero desde que tenía 21 años, hasta 1973 cuando se terminó de construir el conjunto residencial donde las referidas señoras lo llevaron a trabajar. Seguidamente, manifiesta que desde esa época “la señorita Martha me dejó viviendo allí en la casa porque ella era tan buena, no solo conmigo sino con distintas personas; ella me dijo ‘vos te quedas allí, te quedas viviendo y buscas trabajo por fuera’ (…) yo pago los servicios, los impuestos no porque a mí no me han llegado recibos ni tampoco he sido reclamado, a mí no me han llegado”. Preguntado acerca de su relación con Enriqueta Zarama, tras la muerte de su hermana Martha, a quien él señala como su empleadora, afirmó que no ha recibido instrucciones de aquélla referentes a los terrenos cuya prescripción suplica a su favor, ni haber tenido problema alguno desde el óbito de esta última “estoy ahí en el inmueble desde 1969 que estaba a órdenes de doña Martha, y luego ya independiente desde 1973 y hasta la actualidad no he tenido ningún requerimiento de nadie”.
4.2.3 De las declaraciones de los testigos, se destaca lo siguiente:
Flor Benavides de Guerrero, afirma conocer al demandante desde hace treinta años, trabajando en forma independiente, “yo no he sabido que trabajara para alguien, todo el tiempo trabajaba en la picada de piedra (…) todos los vecinos hemos creído que él es dueño porque todo el tiempo ha vivido allí, ha tenido sus animales”.
Por su parte, Ildefonso Pachajoa, distingue al actor desde la misma época que la anterior; agrega que Martha Zarama lo trajo a la urbanización de propiedad de ésta y su otra hermana para que les trabajara; añade que cuando Almeida terminó dicha labor “se quedó viviendo en la casa de las señoritas Zarama” y buscó trabajo independiente “en eso de partida de piedras”; señaló finalmente que “a la cuenta, doña Martha le regaló la casa porque como ya se acabó el trabajo de la urbanización se quedó viviendo allí y consiguió trabajo por donde lo vían (sic)”.
Carlos de la Cruz, manifiesta en su declaración que las señoritas Zarama “lo bajaron a vivir allí”, adicionando que “yo eso lo digo, que lo bajaron a cuidar la casa, no a regalarla, y desde que lo bajaron está viviendo allí hasta ahora”.
A su vez, Arturo Timaná dice respecto de lo anterior que “Don Elías es dueño de ahí del lote que vive él; él ha tenido el ganado de él allí, ha mantenido como dueño, le he alquilado un toro para las vacas; hemos venido trabajando así, por eso yo lo conozco que él es el dueño; pero no sé cómo adquirió, eso es de cada persona”. Finalmente, asevera desconocer a Martha Zarama.
Oscar Edmundo Rosero, declaró: “A Martha Zarama la conocí desde hace treinta y cinco años y por motivos profesionales (…); no conozco a José Elías Almeida”; que las hermanas Zarama son dueñas del bien disputado en este litigio, el cual se encuentra habitado por una familia de la cual ingnora su nombre, lo que percibió a la muerte de Martha al acompañar a la heredera Enriqueta junto con funcionarios del Instituto Agustín Codazzi para identificar los inmuebles de propiedad de la causante.
María Sol Obando expresa conocer a José Elías, porque “era trabajador de la señora Martha Zarama, lo conozco hace unos treinta años; a Enriqueta Zarama la conozco de toda la vida, unos treinta y cinco años porque mi papá era el asesor tributario de ella y yo lo soy en la actualidad (…) sé que los lotes de los que habla han sido propiedad de la familia Zarama Zarama; primero de doña Martha y después de la señorita Enriqueta Zarama (…) no me consta ni tengo ningún conocimiento que Martha Zarama haya enajenado al señor José Elías dicho terreno ni se lo haya donado. Sé que él era trabajador de la señorita Zarama e inclusive que también les cuidaba las pesebreras”.
Mauricio Rendón, distingue al ahora demandante desde hace aproximadamente 9 años, viviendo en los predios que dice reconocer como de propiedad de Martha Zarama; afirma, igualmente que no sabe en qué calidad los tiene el accionante.
Julio César Montenegro, asevera que ha tratado al señor Almeida desde hace como quince años; que en esa época él le solicitó al antes mencionado que le alquilara unas pesebreras, a lo que respondió que debía consultarlo con la dueña, es decir, Martha Zarama; “la llamó y ella autorizó que me permitieran llevar los caballos”.
Alvaro Riascos, ha visto al accionante desde hace tres lustros viviendo en el lote objeto de litigio, pero indica no saber cómo lo adquirió.
Hernando López, declara que reside en el mismo barrio de José Elías Almeida desde hace veinticinco años; respecto de la propiedad debatida sostuvo: “No se si sea donación o compra, o herencia (…) lo hemos visto todos los del barrio allí, y entonces uno piensa que el es propietario”.
Martha Chávez, señala: “A mí lo único que me consta es que el señor José Almeida ha vivido en la casa tipo colonial ubicada en el Barrio Morasurco donde él vive desde el ochenta y dos u ochenta y tres que yo compré mi casa”.
Gloria Guzmán, manifiesta conocer al ahora demandante desde hace aproximadamente veinte años, aunque precisa: “Es difícil saber cómo adquirió la casa”.
Finalmente, Alfredo Rojas testifica que desde hace más de treinta años ha tratado a José Elías, “pero no me consta que él sea propietario” del lugar que habita.
4.2.4 El 31 de marzo de 2006 se realizó Inspección judicial al predio en discusión, identificándose plenamente por sus características y linderos, “con el auxilio de la carta catastral y el plano de la urbanización que obra en el plenario”.
4.2.5 El dictamen pericial practicado con la finalidad de determinar las construcciones erigidas en los pluricitados inmuebles, informa que en el lote número 10 objeto de debate no existe ninguna edificación, siendo destinado al cultivo de maíz, y el 11 cuenta con una pequeña vivienda familiar de ladrillo, techo de eternit, piso en cemento y servicios públicos domiciliarios, con un incipiente sembradío de alfalfa, cebolla y árboles, así como un cuarto de un metro de extensión, destinado a la cría de cuyes y conejos. Concluye el examen, respecto de la mejoras existentes que se han realizado “en el transcurso de los últimos 20 años aproximadamente, esto en razón a que la construcción de la casa no es reciente”.
4.2.6 En cuanto a la confesión que afirma el recurrente efectuó la demandada Enriqueta Zarama al no negar los hechos 2° y 4° del escrito genitor, cabe memorar lo que estos dicen: “Segundo: Los predios materia de esta demanda se encuentran ubicados dentro del perímetro urbano del municipio de San Juan de Pasto, en la proyección de la calle 21 con la carrera 41, urbanización José Ignacio Zarama, con una extensión total de 685 metros cuadrados, aproximadamente, y alinderado como se anotó”; “Cuarto: Los inmuebles materia de la posesión y objeto de la presente acción, el 10 de noviembre de 1997 mediante escritura No.5195, de la Notaría Segunda del Círculo de Pasto, Matrícula inmobiliaria No. 240-54378, fue vendido al señor Armando Ponce Muriel y el 10 de noviembre de 1997 este último lo enajenó al municipio de Pasto (plan vial) aquí hay que hacer claridad que mi patrocinado nunca ha perdido la posesión de la totalidad de los inmuebles materia de esta prescripción adquisitiva, y por haber transcurrido el tiempo legalmente establecido para adquirir los mencionados bienes por prescripción extraordinaria, se me ha conferido poder especial para iniciar la acción respectiva”.
Al observar la réplica del libelo por parte de la accionada Enriqueta Zarama Zarama se advierte que al hacer referencia a los hechos ya descritos expuso: “Segundo: es cierto que el predio por el cual demanda el señor Elías de la Cruz Almeida (sic) está ubicado en el perímetro urbano. Habla de ‘los predios’ y del área, lo cual no es del caso de aceptar o negar”. “Cuarto: este hecho no me compete aceptarlo ni negarlo; está dirigido al municipio de Pasto”.
De las refutaciones anteriores no se refleja que haya existido, como lo afirma el recurrente, aceptación por la demandada a través de su apoderado, respecto de “la posesión que ejerce el señor Almeida desde el año de 1974, 30 años atrás de la presentación del libelo genitor”.
4.2.7 Finalmente se encuentra incorporado al expediente el registro civil de defunción de Martha Zarama Zarama, donde se constata que ésta falleció el 16 de julio de 1991 en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.
5. Si la demostración del error de hecho en la valoración probatoria requiere, entre otros elementos, que la conclusión censurada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, tiene que seguirse que su configuración exige que sea manifiesta, esto es, que para establecerlo no resulte necesario acudir a elaboradas razones o a sutiles disquisiciones, porque de ser así el yerro no salta de bulto a la vista ni emerge de su sola enunciación y, de contera, carecería del carácter de evidente exigido para estructurarlo. Por supuesto, que dada la particular naturaleza del recurso de casación, y concretamente que este no encarna una tercera instancia que le permita al recurrente asentar desinhibidamente su parecer en torno a los elementos probatorios recaudados, es esencial, para efectos de la prosperidad del mismo, que se configure el factor de la contraevidencia del juicio del sentenciador y, por ende, que el censor deba orientar su labor impugnativa a mostrar los palmarios desaciertos en la apreciación de los medios de convicción, precisando en cuáles de ellos recayó la equivocación y cómo los afectó.

Las precedentes reflexiones vienen al caso sometido ahora al escrutinio de la Corte, pues, como se constatará, la “inferencia probatoria” combatida -la atinente a la época en que se produjo la interversión del título de tenedor a poseedor respecto de José Elías Almeida- no pugna de manera ostensible con el contenido de los medios objetivos de persuasión de los cuales la extrajo el fallador, ya que corresponde a una interpretación plausible de lo expresado por el actor a través de su apoderado judicial en el libelo incoativo del proceso; en la confesión realizada en el interrogatorio; y en el cúmulo de testimonios que estudió mancomunadamente con las otras dos piezas procesales, que evidencian que el demandante ingresó a los predios de la fallecida Martha Zarama, quien fuera su patrona, en calidad de trabajador, lo que no desconoció en ningún momento el fallador, como tampoco, que si aquél ejerció actos de posesión sobre los aludidos predios, de aceptar la premisa de que el accionado mutó su calidad de tenedor a la de poseedor, luce razonable la hermenéutica del Tribunal cuando así reflexionó: “A juicio de ésta Sala lo ubicaríamos a partir del óbito de aquélla, acaecido el 16 de julio de 1991, época a partir de la cual ninguno de sus posibles herederos reclaman los citados bienes inmuebles y el tenedor se torna en poseedor ejerciendo actos propios de señor y dueño”, y al hacer el cálculo temporario de los 20 años que exige este modo de adquirir, tendría que colegirse en forma inequívoca, que a la presentación del libelo genitor ese lapso de tiempo no se cumplió.



Dentro de ese contexto el yerro de hecho predicado por la censura respecto a la apreciación de las pruebas, no existe, o por lo menos no es evidente, así pudiera desgajarse por medio de agudas elucubraciones una conclusión distinta de la que exteriorizó el sentenciador, pues es palpable que las argumentaciones probatorias expuestas por el Tribunal no resultan inverosímiles, absurdas, ni pugnan con la razón, ya que si los testigos dijeron reconocer que habitó el señor Almeida en los terrenos litigiosos, por espacio de 25 años o más, dichas manifestaciones, si bien eran demostrativas de ello, no podían ser tomadas literalmente en cuenta, ni en forma aislada de los demás medios de convicción como lo pretende el censor, para dejar claramente establecido que el señor Almeida de la Cruz poseyó por más de 20 años, con ánimo de señor y dueño los bienes disputados; más sí requería un esfuerzo del accionante encaminado a acreditar, a partir de qué momento varió su condición de tenedor a poseedor, aspecto que encuentra la Corte huérfano de prueba, y que obliga a mantener incólume la sentencia opugnada.
6. Bastan las precedentes consideraciones para deducir que ninguno de los cargos propuestos está llamado a prosperidad.
IV.- DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriores la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 5 de marzo de 2008 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso ordinario de pertenencia adelantado por el ahora recurrente contra el municipio de Pasto, Enriqueta Zarama Zarama, y personas indeterminadas.
Costas a cargo del recurrente, las que serán liquidadas por la Secretaría.
Notifíquese y devuélvase.

WILLIAM NAMÉN VARGAS


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA



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