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Corte suprema de justicia sala de casación penal


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República de Colombia

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Tutela Nº 26.819

JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ
Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado ponente:



DR. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 81


Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil seis.



VISTOS:


La Corte decide la acción de tutela interpuesta por JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR y el JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO, una y otro de Manizales, por la supuesta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y non reformatio in pejus, que atribuye a la circunstancia de haber sido condenado en primera instancia por lesiones personales y en segundo grado, por virtud del recurso de apelación, el Juez Colegiado confirmó la sentencia condenándolo por homicidio en grado de tentativa.


LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN
1. Se desprende de la demanda y de las pruebas allegadas al expediente que el 27 de abril de 2005 aproximadamente a la una de la mañana, varios sujetos entre quienes se encontraba JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ, ingresaron a un establecimiento de comercio provistos de armas de fuego y, luego de hurtar, huyeron con rumbo al barrio Bajo Caribe, en donde se encontraron con el vigilante CARLOS ARIEL QUINTERO VILLADA, al que amenazaron apuntándole a la cabeza con una pistola. Sin embargo, ante la reacción defensiva del celador, que logró despojar del artefacto a uno de los agresores, se inició un cruce de disparos en el cual resultó herido el señor QUINTERO VILLADA.
2. Por esos hechos fue capturado JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ, actuación que se legalizó ante el Juez de Control de Garantías, formulándose imputación e imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva.
3. Las diligencias se le asignaron al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales. La Fiscalía presentó escrito acusando a JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ por tentativa de homicidio. El 18 de mayo de 2005, se celebró la audiencia de formulación de acusación.
4. El 10 de junio del año anterior, tuvo lugar la audiencia preparatoria. Durante su desarrollo la Fiscalía y la Defensa anunciaron las pruebas que pretendían hacer valer en el juicio oral, las que se decretaron en su totalidad.
5. El 29 de junio de 2005, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral y se anunció que el sentido del fallo sería condenatorio, pero por lesiones personales.
6. La sentencia se leyó el 21 de julio de 2005. Conforme lo había advertido el Juez de instancia, JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ fue condenado por lesiones personales. Se le impuso pena de 36 meses de prisión, multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a de la privación de la libertad. Al sentenciado se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

7. La sentencia fue recurrida por el representante de la Fiscalía, por el Agente del Ministerio Público y por el Defensor.


7.1. Para la Fiscalía debía modificarse la decisión de primera instancia, porque no había congruencia entre la acusación y el fallo, pues, el Juez había desconocido la homogeneidad del bien jurídicamente tutelado, la inmutabilidad de los hechos y de las pruebas, la preservación del derecho de defensa y la coherencia entre los elementos fácticos y normativos tenidos en cuenta al realizar la adecuación típica.
7.2. Para el Ministerio Público se trataba de lesiones personales, pues, en su sentir, si no se condenaba a JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ por esa conducta punible, se le sancionaría por sus pensamientos.
7.3. El defensor, a su turno, argumentó la inocencia de JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ. Hizo un recuento de las pruebas y criticó las de cargo, para asegurar que se había desconocido la evidencia que favorecía a su defendido.

8. La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, luego de hacer una análisis pormenorizado de las evidencias arrimadas al expediente, concluyó que JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ, contrario a lo que pregonaban él y su defensor, sí participó en los hechos materia de juzgamiento, tanto que se había allanado a los cargos por el hurto que antecedió al atentado contra la vida.


8.1. En relación con la calificación de la conducta punible, explicó el Juez Colegiado que los factores objetivos demostrados en el plenario apuntaban a que se trataba de un conato de homicidio, pues, así podía deducirse del tipo de arma empleada, la reiteración de los disparos, la región anatómica afectada y la distancia a la que accionaron los letales artefactos.
8.2. En ese orden de ideas, el Ad quem dictó sentencia el 15 de septiembre de 2005, confirmando el fallo recurrido, pero modificándolo en el sentido de que no se condenaba a JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ por lesiones personales, sino por homicidio en grado de tentativa. De esa forma, dedujo para el procesado una pena de 8 años y 8 meses de prisión, la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término, negándole los sustitutos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
9. Contra la sentencia de segunda instancia no se interpuso el recurso extraordinario de casación, por lo que quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 2005 a las 6:00 p.m.
10. Ahora plantea el actor que se le vulneró el derecho a la non reformatio in pejus. Además, alega que en su caso hubo irregularidades que afectan el debido proceso, porque no se tuvieron en cuenta las evidencias que lo favorecían, haciendo expresa referencia al testimonio de JONATHAN NÚÑEZ HERNÁNDEZ, quien asegura que JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se presentó la refriega en la que resultó herido el celador CARLOS ARIEL QUINTERO VILLADA.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Ha reiterado esta Corporación que la acción constitucional establecida en el artículo 86 Superior, es de carácter residual, pues, sólo procede como remedio inmediato y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
También ha sentenciado la Corte que, constituye presupuesto inicial para la procedencia del amparo, definitivo o transitorio, la presencia de un hecho que genere agravio a las garantías fundamentales del peticionario, proveniente de las autoridades o de un particular en los eventos que define la ley.
Por último, se tiene establecido que si la solicitud de amparo se formula respecto de una actuación o decisión judicial, procederá cuando se demuestre que constituye una vía de hecho, es decir, una actuación arbitraria, irrazonable y distante por completo del ordenamiento jurídico y, por consiguiente, que genere agravio a los derechos del interesado.
Bajo estas premisas, para la Corte es claro que la petición de amparo que demanda JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ, es improcedente.

En efecto, téngase en cuenta que por disposición expresa de la ley (art. 6-1 D. 2591/91), la acción de tutela no procede cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales. En este caso se demostró que hubo garantía para la defensa de los intereses del sentenciado, no obstante que renunció expresamente a interponer el recurso extraordinario de casación, no obstante haber estado legitimado para el efecto. En esas condiciones, no puede asegurarse que se le hubiera conculcado el derecho al debido proceso. Lo que se advierte, es el deseo de revivir términos procesales legalmente concluidos, actitud que resulta desleal. Así lo explicó la Corte Constitucional:


“En aras del debido proceso que consagra la Constitución Política y, que con tanto celo ha protegido la jurisprudencia constitucional, los sujetos procesales se encuentran en la obligación de actuar con lealtad, sujetándose a los límites impuestos por la regulación jurídica. Por ello, el actor teniendo en cuenta que ha contado con todas las oportunidades para ser escuchado y, para aportar las pruebas que considere pertinentes para probar su derecho, no puede, aduciendo una presunta violación al debido proceso, que como se vio no existe, intentar por vía de tutela revivir unos términos que se encuentran ejecutoriados, como se dijo, por su no actuar” 1

La acción de tutela no es el camino jurídico para invalidar las providencias judiciales, porque la intervención del juez de tutela, por ser estrictamente excepcional, debe estar encaminada a determinar si a pesar de existir errores o faltas en los procesos, éstos pudieron corregirse en el propio trámite, a través de los distintos mecanismos que prevé la ley.


De otro lado, el artículo 86 Superior establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública... Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
La Corte Constitucional, al establecer los alcances de la inmediatez con la cual debe proceder el afectado a reclamar el amparo de sus derechos fundamentales, en consideración a la finalidad prevista por el constituyente para ese excepcional y extraordinario medio de defensa, ha señalado lo siguiente:
"Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. (...)
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión.” 2
Por su parte, esta Corporación ha sentenciado en relación específica con la tutela contra decisiones judiciales, que para que opere este excepcional instrumento de protección debe acreditarse que se trata de una vía de hecho y, además, que se reúnan otros tres requisitos:
“... el primero, que establecen tanto el artículo 86 de la Carta Política como el 6º del Decreto 2.591 de 1991, condiciona la procedencia de la tutela a la inexistencia de otro medio de defensa judicial de las garantías constitucionales afectadas; los otros dos, de creación jurisprudencial, precisan que i) es indispensable que se hubiese hecho uso de todos los recursos previstos por los estatutos procesales para discutir dentro de la misma actuación el eventual agravio inferido a cualquiera de los que en ella intervienen y que ii) la acción se ejerza oportunamente.”
Al examinar esta última exigencia, sostuvo la Sala Penal de la Corte en sentencia de tutela del 29 de julio del 2003, radicado 14.092:

1. El Decreto 2.591 de 1991 establece que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales que se rige por los principios de economía, celeridad y eficacia (artículo 3º), cuya sustanciación se hará con prelación “para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus” (artículo 15), que puede interponerse en cualquier tiempo como que todos los días y horas son hábiles para hacerlo y procede aun bajo los estados de excepción (artículo 1º).
2. De tales previsiones se deduce con claridad no sólo que la vulneración o amenaza de la garantía constitucional debe ser actual, sino que la solicitud de amparo se debe presentar tan pronto el afectado sufra los efectos de la acción u omisión de la autoridad pública que lo lesiona o pone en peligro.” 3
En el presente caso ocurre que la sentencia de segunda instancia mediante la cual se confirmó la de primer grado, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, cuyos efectos pretende el accionante que se invaliden por este medio, data del 15 de septiembre de 2005, habiendo quedado en firme el 14 de diciembre del mismo año, porque contra ella no se interpuso el recurso extraordinario de casación.
Es claro, pues, que el término que empleó el interesado para reclamar el amparo de sus derechos se exhibe del todo exagerado, sin que exista motivo que justifique su presentación de forma absolutamente extemporánea, porque sobrepasa todo término razonable, lo que conduce a que se niegue el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR, por improcedente la tutela de los derechos constitucionales fundamentales invocados por JORGE ARMANDO MEZA RAMÍREZ.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

MAURO SOLARTE PORTILLA

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ


TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria

1 Sentencia T – 1661 de 2000

2 SU-961 de 1999

3 Sent. del 01-09-02 Rad. 17.655



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