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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal


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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 24120 de 2005 4 coincidencias

2005-09-15 Edición No 43799




EL CASACIONISTA SE EQUIVOCÓ EN LA SELECCIÓN DE LA CAUSAL. Reproche de nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales. Se limitó a enunciar la presunta irregularidad, pero ni siquiera mencionó cuáles fueron las pruebas practicadas supuestamente de manera ilegal, como tampoco enfrentó la valoración de los elementos que sí habrían sido allegados conforme a la ley, en orden a demostrar que por sí mismos no posibilitaban que el sentido del fallo siguiese siendo el mismo. Inadmitida (con aclaración de voto). M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 24890 de 2006 2 coincidencias

2006-02-23 Edición No 43914




LA CASACIÓN DISCRECIONAL PROCEDE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA. La posibilidad con que contaba el impugnante para acudir al medio extraordinario de impugnación, era la denominada casación discrecional o excepcional, la cual resulta viable para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, y como quiera que el censor desatendiendo esa obligación encamina el recurso por la vía tradicional, la conclusión que se impone es la de inadmitir el libelo. Inadmitida M.P. Marina Pulido De Barón.

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Expediente 25705 de 2006 1 coincidencias

2006-08-10 Edición No 44149




UN FALLO CAUSA EJECUTORIA UNA VEZ SE HAYAN DECIDIDO TODOS LOS RECURSOS LEGALES Y EXTRAORDINARIOS INTERPUESTOS Y QUE PROCEDAN CONTRA ÉL. La ley 975 de 2005. En tanto rigió el artículo 70, no era predicable ninguna situación de favorabilidad pues la rebaja de pena en una décima parte contenida en él no implicaba modificación relacionada con algún tipo de rebaja o beneficio previsto por otra norma legal, de modo que ante la inexistencia de colisión de leyes que ameritara examinar cuál de ellas contenía mayores beneficios, no se entiende como el impugnante a través de su invocación predique la aplicación de la citada disposición a su poderdante. El reconocimiento de esa garantía es actualmente posible –precisa la Sala- para aquellas personas condenadas antes de la vigencia de la ley 975 que no hayan reclamado dicha rebaja de pena, la cual se justifica en los efectos hacia el futuro de la sentencia de inexequibilidad del artículo. Confirmada. M.P. Alfredo Gómez Quintero.

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Expediente 25477 de 2006 1 coincidencias

2006-08-03 Edición No 44133




LA DEMANDA DE CASACIÓN DEBE CONTENER LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Delitos de secuestro extorsivo. La censura carece de razón suficiente para allanar el camino al trámite del recurso, así como de las indispensables notas de precisión y claridad. Por estas razones la demanda será inadmitida, como lo señala el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. Inadmitir. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

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Expediente 25841 de 2006 1 coincidencias

2006-05-16 Edición No 43964




"Se resuelve la acción de tutela presentada por el señor Diego Montalvo Zarama contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga".MP.ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

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Expediente 17089 de 2005 1 coincidencias

2005-08-10 Edición No 43727




COMPETENCIA PARA VIGILAR EL CUMPLIMENTO DE CONDENAS. Principio de favorabilidad con efectos sustanciales. En el fallo, se declaró que la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta a los ex representantes a la Cámara ARMANDO DE JESÚS POMÁRICO RAMOS, OCTAVIO CARMONA SALAZAR, MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ RIVERA y DARÍO SARAVIA GÓMEZ, corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (Reparto), a donde enviarán las copias del expediente. Cúmplase. M.P. Edgar Lombana Trujillo.

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Expediente 11689 de 2001 1 coincidencias

2001-07-18 Edición No 42250




Punibles de secuestro simple y hurto calificado y agravado. Las demandas presentadas por separado por el defensor común de los procesados, se encuentran bajo el título de “causales de casación para revocación de las providencias impugnadas” por ser violatorias a la ley sustancial, y por indebida y errónea interpretación de pruebas,de igual manera solicita la rebaja de penas respecto del art del Decreto 1199 de 1.987. La sala en sus consideraciones estima que las conductas se encuentran demostradas y tipificadas en el ordenamiento juridico, y respecto a la aplicación del Decreto 1199 de 1.987 es i mprocendente por ser una disposición derogada.M.P.Carlos Augusto Gálvez Argote.

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Expediente 11242 1 coincidencias

1999-01-20 Edición No 41345




Recurso extraordinario de casación interpuesto contra la por medio de la cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó, con un incremento punitivo, la condena que el Juzgado 35 Penal del Circuito de esa ciudad impuso a MAURICIO ALEXANDER POSADA ALZATE como responsable de los delitos de homicidio intencional en grado de tentativa y porte ilegal de armas. La Sala resuelve CASAR la Sentencia impugnada Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo

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Expediente 11242 1 coincidencias

1999-01-20 Edición No 41345




Recurso extraordinario de casación interpuesto contra la por medio de la cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó, con un incremento punitivo, la condena que el Juzgado 35 Penal del Circuito de esa ciudad impuso a MAURICIO ALEXANDER POSADA ALZATE como responsable de los delitos de homicidio intencional en grado de tentativa y porte ilegal de armas. La Sala resuelve CASAR la Sentencia impugnada Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo

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Proceso 24817 de 2006 27 coincidencias

2006-06-22 Edición No 44001




EN MATERIA DE TERMINACIONES ABREVIADAS DEL PROCESO, NO ES SUFICIENTE CON LA IMPUTACIÓN FÁCTICA. Al aceptar el procesado la responsabilidad, debe quedar en claro cuál es la conducta por la que se procede, porque si se condena al sindicado por una conducta punible diferente, se le vulnera el derecho a la no autoincriminación. Como en el presente caso sólo concurren circunstancias de atenuación punitiva, el ámbito de movilidad punitiva se limita al cuarto mínimo y no al primer medio como lo dispuso la instancia. En atención a la reparación del artículo 269 del Código Penal, la pena se reduce de la mitad a las tres cuartas partes. Esta cantidad se rebajará en la tercera parte por haber aceptado los procesados los cargos en la audiencia preparatoria. En el mismo término quedará reducida la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. De otro lado, dada la gravedad de los hechos y los antecedentes personales de los procesados, quienes registran condenas por delitos anteriores cuya ejecución se había suspendido condicionalmente incumpliendo con las nuevas ilicitudes las obligaciones que habían contraído, no es viable reconocerles de nuevo el subrogado ni mecanismo alguno que sustituya la prisión intramural. Casa. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

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Expediente 20785 de 2006 7 coincidencias

2006-01-19 Edición No 43889




PAGO EXTRAJUDICIAL DE PERJUICIOS MORALES. Cuando la víctima acepta el dinero consignado por los procesados y de esa manera da por reparados los perjuicios ocasionados con la comisión de la conducta punible, pone en evidencia que consideró como inexistentes los perjuicios morales, no siendo del resorte del funcionario judicial entrar a cuestionar esa pretensión indemnizatoria. Casar. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

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Expediente 21378 de 2006 5 coincidencias

2006-03-16 Edición No 43944




ES NEGADA PRISIÓN DOMICILIARIA POR LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE COMETIDA. La modalidad y gravedad de la conducta punible (concurso de delitos de hurto calificado-agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal) realizada por los procesados y por la cual se les condenan, patentizan la necesidad de ejecución de la pena a fin de que a través del tratamiento penitenciario puedan lograr su reinserción social. Desestimada. M.P. Mauro Solarte Portilla.

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Expediente 24052 de 2006 4 coincidencias

2006-03-14 Edición No 43959




TRIBUNAL INCURRIÓ EN ERROR AL IMPONER LA PENA PRIVATIVA POR LOS DELITOS DE SECUESTRO EXTORSIVO. Si a los procesados no se les imputó adecuadamente la circunstancia de mayor punibilidad de la coparticipación, el Tribunal no podía considerarla de ninguna manera para afectar la cantidad de pena impuesta, como tampoco podía –porque no fue objeto de impugnación- variar los parámetros que tuvo en cuenta el A quo para fijarla a partir del mínimo del primer cuarto del ámbito de movilidad. Casa. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

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Expediente 12368 de 1999 4 coincidencias

1999-08-11 Edición No 41537




autor de un concurso de hechos punibles de secuestro extorsivo (tentado), lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal...Corte Suprema de Justicia Sala de casación Penal; Jorge Aníbal Gómez Gallego

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Proceso 22407 de 2005 3 coincidencias

2005-03-16 Edición No 43538




DEBER DE VERACIDAD EXIGIBLE A LOS PARTICULARES. Los particulares tienen el deber de veracidad cuando expresa o tácitamente lo impone la ley y se cumplen otras condiciones como la capacidad probatoria del documento, su utilización con fines jurídicos y la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero, estableciendo tres exigencias para que la falsedad ideológica de particular pueda tener realización típica. Si el pacto entre comprador y vendedor se refiere a una cosa determinada, aquél no puede extender una prueba escrita mutando la razón de ser del mismo. Ninguna persona está facultada para faltar a la verdad, es decir, para no afirmar la realidad en los documentos que deba emitir. En realidad resulta difícil concebir la falsedad ideológica en documento privado porque si está obligado a decir la verdad es porque ese documento privado se convirtió en documento público en razón de que pasó por cualquier motivo el ámbito de la administración pública y de las funciones del empleado oficial. No casar. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

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Expediente 15580 de 2004 3 coincidencias

2004-01-21 Edición No 43165




Coautores responsables del delito de secuestro simple. Pena principal privativa de la libertad de 3 años de prisión . Los procesados sustrajeron al ofendido del lugar donde se encontraba, y lo privaron de la libertad de locomoción por algo más de una hora , con el fin de golpearlo y amenazarlo para que desistiera del propósito de insistir en el cobro de una obligación. Casar parcialmente M.P. Mauro Solarte Portilla

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Expediente 16562 de 2001 2 coincidencias

2001-09-28 Edición No 42297




La Sala casa y en consecuencia rebaja condena, atendiendo a lo expuesto por el libelista, acerca de que su representado indemnizó de manera voluntaria a la Empresa Colombiana de Petróleos por perjuicios ocasionados, acreditando el beneficio reclamado. M.P. Carlos E Mejia Escobar

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Expediente 13249 de 2001 2 coincidencias

2001-09-18 Edición No 42292




No casa sentencia condenatoria contra los procesados por los delitos de hurto y acceso carnal violento, de acuerdo con los cargos imputados, considerando que las argumentaciones del casacionista no acreditan los errores denunciados, ni su trascendencia en las conclusiones probatorias del fallo...entre otras. M.P. Fernando E Arboleda Ripoll.

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Expediente 17990 de 2006 1 coincidencias

2006-10-12 Edición No 44167




EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, SE DA FRENTE A UN CONFLICTO DE NORMAS VIGENTES. Delitos de hurto calificado agravado, porte ilegal de armas para la defensa personal y extorsión agravada en grado de tentativa. La Sala hizo la disminución correspondiente a la reparación sobre la pena tasada. Al cobijar la pena tasada por el Tribunal, únicamente los delitos contra el patrimonio económico, los 60 meses de prisión que se impusieron tanto se reducirán en la mitad, para fijarla definitivamente en 30 meses de prisión, tiempo al que igualmente quedará establecida la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. Casa Oficiosamente. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

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Expediente 24846 de 2006 1 coincidencias

2006-02-09 Edición No 43914




LA APARICIÓN DE HECHOS O PRUEBAS NUEVAS DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE MODIFICAR EL FALLO CONDENATORIO. El hecho nuevo o la prueba nueva deben estar encaminadas a desvirtuar de manera razonable la responsabilidad penal declarada en la sentencia y correlativamente a demostrar que si hubieran sido conocidas oportunamente se imponía la absolución del condenado cuando lo que se pretende probar con ellos es su inocencia. Inadmitida. M.P. Alfredo Gómez Quintero.

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Expediente 24139 de 2005 1 coincidencias

2005-09-22 Edición No 43804




PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR LOS DELITOS DE UTILIZACIÓN ILÍCITA DE UNIFORMES E INSIGNIAS. La acción penal en la etapa del juzgamiento para las figuras delictivas mencionadas prescribe en cinco (5) años, así la pena máxima señalada para la utilización ilegal de uniformes e insignias sea de seis (6) años y para el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal de cuatro (4) años, pues conforme a ella el término de prescripción en el juicio empieza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 contado a partir de la ejecutoria de la acusación, sin que en ningún evento el mismo pueda ser inferior a cinco (5) años. M.P. Alfredo Gómez Quintero.

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Expediente 17666 de 2005 1 coincidencias

2005-05-25 Edición No 43631




DIFERENCIACIÓN ENTRE SECUESTRO EXTORSIVO Y EXTORSIÓN. En las dos infracciones se conspira contra la voluntad del sujeto pasivo. La demostración en sede casacional del error en la denominación jurídica de la conducta endilgada debe emprenderse con arreglo a la causal primera; bien por violación directa de la ley sustancial, demostrando que el yerro se constata en la indebida selección o aplicación de la ley; o bien por violación indirecta, cuando el problema subyace en la errónea apreciación de las pruebas. No Casa. M.P. Edgar Lombana Trujillo.

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Expediente 18103 de 2005 1 coincidencias

2005-03-02 Edición No 43608




ERRORES DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. Falso juicio de legalidad y falso juicio de convicción. El juicio de legalidad se relaciona con el proceso de formación de la prueba, con las normas que regulan la manera legítima de producir e incorporar la prueba al proceso, con el principio de legalidad en materia probatoria y la observancia de los presupuestos y las formalidades exigidas para cada medio. No Casa. M.P. Edgar Lombana Trujillo.

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Expediente 21351 de 2005 1 coincidencias

2005-01-26 Edición No 43566




PODRÁ DESISTIRSE DE LA CASACIÓN Y DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN ANTES DE QUE LA SALA LAS DECIDA. La facultad de desistir de los recursos le asiste a la parte que los interpone, cuya aceptación se condiciona al cumplimiento de las exigencias previstas en la ley, las cuales, en este caso, se dan a cabalidad, de conformidad con el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal. No Casa. M.P. Herman Galan

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Expediente 20434 de 2004 1 coincidencias

2004-11-03 Edición No 43405




LA PRESCRIPCIÓN DECLARADA EN ESTA PROVIDENCIA, POR RAZÓN DE LA CONTRAVENCIÓN DE LAS LESIONES PERSONALES, OBLIGA HACER DEDUCCIÓN A LA CONDENA IMPUESTA. En este específico caso, como los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2000 y dado el estado actual del proceso, pues la sentencia no ha logrado su ejecutoria, los dos años requeridos para la operancia del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal de la contravención por lesiones personales se cumplieron el 3 de diciembre de 2002, por lo que la potestad punitiva del Estado se extinguió en cuanto a dicho ilícito antes de que el expediente llégase a la Corte para calificar la demanda es decir, el 27 de enero de 2003, debiéndose hacer los ajustes de pena en lo que concierne a la acción penal prescrita. Declarar extinguida por prescripción la acción penal. M.P. Herman Galán Castellanos.

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Expediente 13745 de 2002 1 coincidencias

2002-12-12 Edición No 42767




La indemnización integral impone la autorización de la reducción punitiva. La Sala considera que la indemnización integral no es un acto de arrepentimiento, y que mucho menos a falta de esta contricción no pueda el procesado beneficiarse de la reducción de la pena. Casa M.P. Yesid Ramirez Bastidas

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Expediente 14740 de 2002 1 coincidencias

2002-05-09 Edición No 42535




En materia de nulidades al casacionista le corresponde demostrar la trascendencia de la irregularidad acusada. El demandante no cumple con la exigencia, se limita a enunciar la actividad que fue desarrollada por los miembros de la Policía Judicial de la cual deriva la supuesta vulneración de los derechos de defensa y al debido proceso de los sindicados. No Casa M.P. Jorge Anibal Gomez Gallego

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Expediente 15201 de 2002 1 coincidencias

2002-02-06 Edición No 42445




Se formula nulidad por falta de competencia, supuesto error en calificación jurídica provisional. La defensora asegura que existió error en la calificación jurídica de la conducta, puesto que se tomó por secuestro extorsivo, lo que no era más que un secuestro simple. De ahí avanzó hasta la supuesta nulidad por falta de competencia del Tribunal Nacional. C.P. Edgar Lombana Trujillo

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Expediente 14863 de 2002 1 coincidencias

2002-01-24 Edición No 42432




No se reconoce reducción de pena, el resarcimiento de perjuicios materiales no corresponde a una verdadera reparación. La Sala no encuentra desconocimiento o tergiversación de prueba por parte del Tribunal, el cual concluyó que no procedía el descuento punitivo, por cuanto los perjuicios no fueron cancelados en su totalidad. M.P. Alvaro Orlando Perez Pinzón

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Expediente 11808 del 2000 1 coincidencias

2000-05-25 Edición No 41809




Pena principal 7 años y 6 meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes y a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por 5 años y pérdida de la patria potestad por 2 años, como autor del doble delito de secuestro simple agravado en concurso homogéneo. No casar. M.P. Carlos Augusto Galvez Argote.


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