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Corte suprema de justicia sala de casación penal sala segunda de decisión de tutelas josé luis barceló camacho


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Magistrado Ponente

STP8443-2015

Radicación N° 80232

Aprobado acta N° 227

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil quince (2015).



V I S T O S

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante JUAN CARLOS TABARES QUICENO, en contra de la sentencia adoptada el 20 de mayo de 2015 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, por cuyo medio negó el amparo para los derechos fundamentales que estima vulnerados por la Policía Nacional.



I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El ciudadano JUAN CARLOS TABARES QUICENO promovió mediante apoderado demanda, en procura de amparo para los derechos fundamentales al trabajo, salud, mínimo vital y vida que consideró vulnerados por la Policía Nacional.


Para dar sustento a la demanda, refirió el libelista que JUAN CARLOS TABARES QUICENO ingresó a la Policía Nacional en diciembre de 2005, cuando fue designado en el cargo de patrullero, habiendo sido merecedor de altas calificaciones y una mención honorífica, por su buen desempeño laboral.


Resaltó que en el mes de julio de 2011, al señor TABARES QUICENO le diagnosticaron trastorno afectivo bipolar lo que ocasionó que se dispusiera su reubicación laboral de tal forma que se desempeñara en la parte administrativa, por lo que laboró en la oficina de Archivo del Departamento de Caldas hasta el año 2012, tiempo durante el cual se le prescribieron algunas incapacidades.

Agregó que en el año 2013 su representado fue

trasladado a laborar en el Centro Automático de Despacho, donde le correspondía recibir las llamadas de la línea de emergencia y coordinar con las patrullas la atención de los casos, entre otras actuaciones similares, las que según afirma el peticionario, por no ser administrativas le ocasionaron estrés generándole varias incapacidades.


Adujo que en agosto de 2013 el patrullero fue convocado a Junta Médica Laboral, la cual mediante Acta No. 473 concluyó una disminución de la capacidad laboral del 20,81%, con la precisión de “no apto para reubicación laboral”.


Indicó que ante reclamación elevada por el interesado, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, resolvió a través de Acta del 4 de febrero de 2015, modificar la patología descrita por la junta, en el sentido de señalar que el patrullero padecía una enfermedad maniaco-depresiva, determinando una disminución de la capacidad laboral del 28.05%, pero al igual que la inicial decisión, no recomendó reubicación laboral.


Aludió que con resolución No. 01337 de abril de 2015 se retiró del servicio activo a JUAN CARLOS TABARES QUICENO por disminución de la capacidad psicofísica, atendiendo lo considerado y recomendado por el Tribunal Médico Laboral.


En tal sentido, advirtió que con lo decidido la accionada pretende sustraerse de las prestaciones médicas que debe brindarle al accionante.


Asimismo, afirmó que no se tuvo en cuenta lo indicado en el concepto emitido el 13 de junio de 2014 por la junta médica de la Clínica San Juan de Dios, donde se consideró que el patrullero es apto para labores administrativas, de ahí que hubiera podido ser reubicado.

De acuerdo con lo reseñado, destacó que con el retiro del servicio se dejó sin seguridad social al actor, pero además se desconoció la estabilidad laboral reforzada que lo ampara a partir de la disminución de capacidad laboral en un 28,05%, lo que lo ubica como sujeto de especial protección constitucional en los términos de la jurisprudencia emitida sobre la materia.

Por lo demás, señaló que a la luz del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, se violó el debido proceso, toda vez que el concepto que se tuvo en cuenta era anterior a los tres meses y, por tanto, debió considerarse el emitido por la junta médica de la Clínica San Juan de Dios.


Con base en lo anterior, peticionó que se ordene a la Policía Nacional reubicar a JUAN CARLOS TABARES QUICENO, en un cargo acorde a sus destrezas y habilidades.

Adicionalmente, solicitó ordenar el reconocimiento y pago de los salarios adeudados al actor, con sus respectivos intereses.


II. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

La Asesora Jurídica del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía se remitió a las consideraciones esgrimidas en el Acta del 4 de febrero de 2015, a la vez que se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto las decisiones de esa instancia son irrevocables según el artículo 22 del Decreto 1796 y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.

Similar respuesta ofreció el Jefe del Área de Sanidad del

Departamento de Policía de Caldas, agregando que el 10 de abril de 2015 el actor se presentó al examen médico de retiro y el 28 de abril se realizó junta médico laboral de retiro.


A su turno, la representante legal de la Clínica San Juan de Dios se refirió al contenido de la valoración realizada al accionante el 13 de junio de 2014 a través del área de consulta externa de la entidad.


Por último, el Secretario General de la Policía Nacional retomó el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, en torno a la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral.


Enfatizó en que no existen pruebas de la vulneración de derechos alegada en la demanda, por lo que se remitió al contenido de las normas que consagran todo lo relacionado con el retiro del servicio por disminución en la capacidad laboral.


Bajo tales consideraciones, solicitó se desestime el amparo deprecado.

El Director de Talento Humano de la Policía Nacional se pronunció en similares términos.

III. EL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal Superior de Manizales negó el amparo reclamado, tras advertir que la decisión adoptada por la accionada no conculca prerrogativas básicas del accionante, por cuanto se ajusta a las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, en tanto que se tiene un diagnóstico de los organismos médico laborales competentes, según el cual el actor no es apto para desempeñar funciones al interior de la Policía Nacional, de ahí que lo procedente sea el retiro del servicio, por cuanto, además, se trata de una enfermedad de origen común, mientras que el porcentaje de la pérdida de su capacidad laboral no es suficiente para que se ordene la pensión por invalidez.


En ese sentido, precisó que la acción de tutela no es el medio idóneo para dirimir las inconformidades expresadas por el accionante, quien tiene a su alcance las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que se desvirtúe eventualmente la presunción de legalidad de los actos administrativos atacados.

Respecto del término de los tres meses de vigencia de las valoraciones que efectúan las autoridades militares, advirtió que si bien ese plazo se superó, lo cierto es que ese hecho no invalida la actuación, ni tampoco constituye conculcación de garantías fundamentales que ameriten la intervención del juez de tutela, pues advirtió que se estableció un término de cuatro meses para presentar la reclamación de la cual debe conocer el Tribunal, organismo que dispuso la realización de otro concepto psiquiátrico para proceder a resolver de acuerdo con la situación al actual del patrullero.

IV. LA IMPUGNACIÓN

El apoderado del accionante impugna la sentencia de primera instancia, para lo cual señala que el Tribunal omitió darle prioridad al estado de desprotección del señor TABARES QUICENO, quien se encuentra en condiciones de continuar desempeñando labores administrativas en la Policía Nacional.


Considera, que el juez constitucional bien puede ordenar el reintegro del actor mientras se resuelve la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en aras de garantizar la asistencia médica inmediata y el mínimo vital.

Solicita en consecuencia se revoque la sentencia de tutela y en su lugar se conceda el amparo invocado.


V. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por una Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, de la cual es su superior funcional, en actuación que comprende a la Policía Nacional.


El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.


En el caso concreto, la inconformidad del accionante se

funda en el cercenamiento de los derechos fundamentales al trabajo, salud, mínimo vital y vida, que considera se irroga, a partir de su retiro del servicio activo de la Policía Nacional por pérdida de la capacidad laboral, determinación que obedeció a la no recomendación de reubicación laboral por parte de las autoridades médico laborales que realizaron la Junta Médica Laboral, de manera que la demanda de tutela está orientada en esencia, a conseguir que se declare la invalidez de los actos administrativos pertinentes, se ordene el reintegro y consecuente reubicación laboral del actor.

Así, en orden a resolver la impugnación propuesta se impone destacar que la jurisprudencia constitucional y la de esta Corporación vienen sosteniendo que la acción de tutela no es mecanismo apropiado para impugnar la legalidad de un acto administrativo, así como no lo es para obtener el reintegro a un cargo del cual el solicitante ha sido desvinculado.


De esta manera, se ha reiterado que las acciones contenciosas administrativas son las vías judiciales ordinarias de defensa con que cuentan los asociados para enfrentar la ilegalidad de los actos administrativos acusados de vulnerar derechos fundamentales, como así lo precisó la Corte Constitucional (CC T-343/01):

(…)la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es el instrumento jurídico específico que puede utilizar el actor para solicitar de la Jurisdicción Contencioso Administrativo la declaratoria de nulidad del acto administrativo; esto es, para plantear su pretensión orientada a la pérdida de su eficacia jurídica por la ocurrencia de un vicio que afecta su validez (ilegalidad, incompetencia, forma irregular, etc..) y que, en consecuencia, se le restablezca en su derecho o se le repare el daño”.


Así mismo, se tiene que la solicitud de suspensión provisional puede proponerse, a manera de medida cautelar, sobre el hecho de que el acto administrativo viole de forma grosera derechos fundamentales, posibilidad que brinda el artículo 229 y ss. de la ley 1437 de 2011 y que se funda en el principio de subsidiariedad del mecanismo de amparo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional manifestó (CC SU-544/01):


(…) La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, hace más cuidadoso y exigente el examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de formular una petición excepción(al, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del acto.

En contraste con lo anterior, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en punto de la existencia de otros medios de defensa judicial al alcance del accionante, corresponde al juez de tutela ponderar su idoneidad y eficacia de cara a las circunstancias concretas del actor y los derechos fundamentales cuya protección reclama. En efecto así lo precisó la Corte Constitucional (CC SU-913/01).




(…)El presupuesto de no procedibilidad de la acción de tutela es precisamente la existencia de otro medio legal de defensa que la jurisprudencia constitucional ha caracterizado de distintas maneras. En la citada sentencia T-543/92 se calificó de "medio judicial apto", en la T-159/94 empleó el término "expeditos procedimientos judiciales" en cuanto que la existencia de éstos impide la procedibilidad de la tutela.


En todo caso, la jurisprudencia ha reiterado que no procede la acción de tutela cuando existe un medio alternativo idóneo para proteger el derecho fundamental que se considera violado. En efecto, la Corte en sentencia T-067/98, expresó:


En efecto, la procedencia de la acción de tutela se determina según si el demandante carece o no de un medio judicial idóneo y expedito para proteger sus derechos fundamentales, para lo cual no basta con registrar en abstracto la eventual existencia de otros instrumentos procesales, sino que se torna necesario evaluar su eficacia a la luz de las circunstancias concretas.


La idoneidad y eficacia del medio alternativo es instancia propicia para que se examine la pretensión del accionante, pero no significa que sea un medio que le garantiza siempre la prosperidad de lo que alega en dicho recurso. La Corte no puede, al decidir que existe otro medio alternativo, que debe resolverse ante otro Juez, examinar si prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, porque se trataría del estudio del fondo de lo alegado, lo cual escapa a la competencia de la Corte Constitucional.
De tal suerte que, si el acto reprobado se ofrece adverso a las pretensiones del accionante, no corresponde al juez de tutela zanjar tal discusión, como que el juez natural que tiene el monopolio de la actuación y el llamado por ley a conocer de las distintas pretensiones planteadas por el libelista -en sede extraña- contra la actuación administrativa adelantada por las autoridades médica de la Policía Nacional, es el juez de lo contencioso administrativo, que no el juez de tutela.

Y es que frente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial surge evidente la improcedencia de la acción, a más que resulta categórico afirmar que ausente se muestra el perjuicio irremediable porque que no se satisfacen las exigencias mínimas que a términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC T-225/93 y T-197/96) -las que comparte la Sala- se requieren para su configuración, esto es, que sea inminente1, urgente2, grave e impostergable, sin que la razón aducida por el accionante en cuanto a las circunstancias que se presentan a partir de su retiro del servicio activo, habilite su permisión.


Se concluye entonces, cuando en las actuaciones administrativas se incurren en trasgresiones al debido proceso de los interesados en la definición de dicho trámite, la acción de tutela se erige como un mecanismo de protección adecuado, pero solamente si no existe otro medio de defensa judicial que sirva para garantizar tales derechos, o si existiéndolo no se revela como una herramienta eficaz en el caso concreto, o se cierne la amenaza inminente de un perjuicio irremediable sobre esta clase de derechos, presupuestos que en el presente caso no convergen.


Corolario de lo expuesto, el fallo objeto de impugnación será confirmado.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

1.- CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones consignadas en la anterior motivación.
2.- NOTIFICAR de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.- REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta sentencia.

Notifíquese y cúmplase.


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria




1 Que amenaza o está por suceder.

2 Hay que instar o precisar su pronta resolución o remedio.


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