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Corte suprema de justicia sala de casación penal sala segunda de decisión de tutelas josé luis barceló camacho


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Magistrado Ponente



STP4284-2016

Radicación N° 85026

Aprobado acta N° 108

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016).




V I S T O S

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación propuesta por el accionante JOSÉ ANTONIO PINTO ORJUELA, contra el fallo de tutela emitido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 8 de marzo de 2016, mediante el cual negó el amparo constitucional a los derechos fundamentales que considera vulnerados por la Dirección General de la Policía Nacional.



I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El ciudadano JOSÉ ANTONIO PINTO ORJUELA promovió demanda de tutela, en procura de amparo para el derecho fundamental de petición que considera vulnerado por la Dirección General de la Policía Nacional.

Como sustento de la demanda refirió el libelista, que el 16 de septiembre de 2015, radicó derecho de petición ante la accionada, solicitando se le informara el nombre de la persona natural o jurídica, a cuyo favor se giró el cheque o se depositó la suma de $ 7.756.755 que por concepto de liquidación de cesantías parciales y con destino a la liberación del crédito hipotecario o gravamen con la Corporación de Ahorro y Vivienda - Conavi (hoy Bancolombia), se reconoció mediante resolución No. 1332 del 22 de octubre de 1997 por parte del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional Social, con la indicación del número de documento de identidad o NIT, nombre del banco, tipo de cuenta y número de la misma y receptores de dicho valor.

Así, como quiera que trascurrieron más de cinco meses sin respuesta alguna, solicitó la intervención del juez de tutela, a fin de que se ordene a la accionada brindar una respuesta de fondo a su petición.



II. INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD ACCIONADA

El Subdirector Administrativo y Financiero de la Policía Nacional acudió al trámite, informando que revisado el Sistema Electrónico Gestor de Contenidos Policiales (GECOP), se constató que el escrito al que alude el accionante, no figura cargado en ese sistema, de donde concluye que no fue radicado en esa dependencia.


Agregó que a pesar de lo anterior, logró establecer que dentro del expediente No. 7162 de junio 6 de 2014, al señor JOSÉ ANTONIO PINTO ORJUELA se le reconoció el reajuste de las cesantías por el valor de $ 7.756.754,82, suma que fue consignada el 26 de junio siguiente en la cuenta de ahorros No. 130190424 del Banco BBVA. Información le fue comunicada al peticionario en oficio del 2 de marzo de 2016, constituyendo una respuesta material o de fondo.

En tal virtud, solicitó se declare improcedente el amparo deprecado por configurarse un hecho superado.

III. FALLO IMPUGNADO

El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la

tutela por cesación de la actuación impugnada, precisando que en el presente asunto se materializó una situación que encuadra dentro del fenómeno jurídico denominado “hecho superado”, dado que según se acreditó durante el trámite tutelar, mediante oficio S-2016-059694 del 2 de marzo último, la accionada respondió materialmente la solicitud del ciudadano PINTO ORJUELA, a quien le fue brindada la información pretendida sobre el pago parcial de las cesantías reconocidas en el año. Documento que igualmente se comprobó, fue remitido a la dirección registrada por el peticionario.
IV. IMPUGNACIÓN

El accionante presenta impugnación frente al fallo de tutela insistiendo en la procedencia del amparo, efecto para el cual señala que se equivocó el juez constitucional de primer grado al darle plena credibilidad a la respuesta ofrecida por la accionada y no analizar el contenido de la petición objeto de la demanda, desconociendo con ello que en este caso se configura una “evasiva al punto central que nos atañe, esto es, un valor ECONÓMICO NO APLICADO A MIS PRESTACIONES SOCIALES”.

Además, precisa que la acción de tutela se impetró para obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Por último, destaca que la respuesta aportada al tribunal difiere de lo solicitado en el derecho de petición, en el que está pidiendo información y pago efectivo de las cesantías ya reconocidas en la resolución 1332 del 22 de octubre de 1997, por valor de $ 7.756.755 y no aquél señalado por la accionada ($ 7.756.754.82), sumas que aparentemente son iguales y han generado una interpretación errada por cuenta del juez constitucional de primer grado.


En consecuencia, peticiona la revocatoria del fallo de tutela.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

En atención a lo establecido en el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada por el accionante, en tanto ha sido interpuesta en relación con la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional.


La acción de tutela constituye un mecanismo diseñado para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o de los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.

Es así como, frente al derecho fundamental invocado por el accionante, esta Sala en armonía con la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que el artículo 23 de la Carta garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes de interés general o particular. De modo que, el derecho de petición tiene una doble dimensión: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario y b) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relación a la cuestión planteada.

De igual modo, se tiene que conforme la normativa reguladora del derecho de petición -artículo 1º Ley 1755 de 2015, que incorporó el artículo 13 a la Ley 1437 de 2011- la solicitud además de formularse en interés general o particular, puede entrañar el reconocimiento de un derecho, la resolución de una situación jurídica, el acceso a información sobre la acción de las autoridades públicas, la expedición de copias de documentos públicos y la formulación de consultas.

Lo anterior, sin perder de vista que el contenido del derecho de petición no involucra el sentido de la respuesta, como quiera que aquel es diferente de lo pedido. Por lo tanto, el juez constitucional que analiza la vulneración del artículo 23 de la Carta simplemente debe examinar si hay resolución o no de la solicitud respetuosamente presentada, pero no puede entrar a determinar el sentido de una respuesta, pues de hacerlo, estaría reemplazando a la administración y de contera, desconocería la discrecionalidad que le es propia al funcionario competente para resolver de fondo el asunto.


En el presente asunto, es claro que el accionante se muestra inconforme con la negativa del amparo frente al derecho de petición elevado el pasado 16 de septiembre de 2015, al considerar que lo respondido por la accionada constituye una evasiva al punto central de lo pretendido, que no fue otra cosa que obtener la siguiente información en relación con el pago de la suma de $ 7.756.755, reconocida mediante resolución 1332 del 22 de octubre de 1997 por concepto de liquidación de cesantías parciales:

1.) El nombre de la persona o entidad a quien se le giró el cheque correspondiente o se le depositó dicho valor, junto con el número del documento de identificación o el NIT correspondiente.


2.) El nombre del Banco, el tipo de cuenta y el número de la misma, los cuales fueron receptores de dicho valor…”

Al respecto, la Subdirección Administrativa y Financiera - Dirección General de la Policía Nacional allegó copia del oficio No. S-2016-059694 de fecha 2 de marzo de 2016, a través del cual ofreció respuesta al actor, en el sentido de informar que revisado el Sistema de Información para las Prestaciones Sociales (SIPRE), se pudo evidenciar que a nombre de JOSÉ ANTONIO PINTO ORJUELA se reconoció, según expediente 7162 del 6 de junio de 2014, el reajuste de unas cesantías por valor de $ 7.756.754,82 en la nómina de cesantías definitivas No. 14/2014, canceladas a la cuenta de ahorros No. 13019024 del Banco BBVA, de lo cual se anexaron los soportes de pago.


Constatado entonces el contenido de la respuesta entregada por la entidad demandada, con la petición objeto de la demanda, se concluye que en ella se atendieron cada uno de los requerimientos elevados por el peticionario, habida cuenta que se informó y documento sobre la forma de pago y datos del receptor de la suma ($ 7.756.754,82) reconocida a su favor por concepto de reajuste de cesantías definitivas, valor obtenido del expediente registrado en el Sistema de Información para las Prestaciones Sociales (SIPRE), por lo que de encontrar el peticionario que existe una inconsistencia entre la suma reconocida y la efectivamente cancelada, deberá acudir ante la dependencia competente y solicitar la aclaración que considere pertinente.

En tal sentido, resulta acertada la decisión del juez de primer grado al considerar la improcedencia del amparo, en la medida que en el curso del presente trámite constitucional, la entidad accionada ofreció respuesta congruente a la petición elevada por el actor, lo que configuró un hecho superado, de ahí que en virtud de la situación reseñada, cualquier orden del juez constitucional, cuando se profirió el fallo de primer grado, carecía de objeto al desaparecer la razón de ser del instituto, que es la protección inmediata del derecho fundamental que se invocó en el libelo.

Resta señalar que los argumentos de la impugnación que le son útiles al actor para invocar la protección del derecho fundamental al debido proceso, resultan extraños al marco fáctico brindado por la demanda y, por ende, a la decisión del tribunal a quo, sin que corresponda en esta sede emitir pronunciamiento alguno sobre el particular, porque se desconocerían principios rectores como la contradicción y la doble instancia, de suerte que, de persistir la inconformidad del accionante en torno a dicha temática, deberá acudir ante el juez constitucional competente para que estudie sus planteamientos y emita la decisión que corresponda.


Basten las anteriores motivaciones para impartir confirmación a la sentencia objeto de alzada.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

1.- CONFIRMAR el fallo impugnado.
2.- NOTIFÍQUESE de conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.- REMÍTASE el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO



NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria


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