Página principal

Corte suprema de justicia sala de casación penal sala segunda de decisión de tutelas magistrado Ponente: jorge luis quintero milanéS


Descargar 32.54 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño32.54 Kb.

TUTELA No. 51954

AMALIO JOSÉ OTERO MONSALVE




República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado Acta No. 020

Bogotá D.C., enero veintisiete (27) de dos mil once (2011)
V I S T O S

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por el apoderado del accionante AMALIO JOSÉ OTERO MONSALVE contra la decisión adoptada el 18 de noviembre de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, por cuyo medio negó el amparo para los derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la Fiscalía Once Seccional de San Marcos – Sucre.


ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN


Según lo refieren las diligencias, el ciudadano AMALIO JOSÉ OTERO MONSALVE formuló ante la Fiscalía General de la Nación denuncia en la que ponía de presente la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial por parte de RAFAEL AUGUSTO ZULETA ZULETA.


La noticia criminis fue asignada para su tramite a la Fiscalía 11 Seccional de San Marcos - Sucre, despacho que en aplicación de los artículos 66, 68 y 79 de la Ley 906 de 2004, resolvió el 22 de noviembre de 2010 archivar las diligencias luego de constatar que los hechos denunciados no constituyen desmedro en la finalidad de la administración de justicia.

En tales condiciones AMALIO JOSÉ OTERO MONSALVE acude por conducto de apoderado al mecanismo excepcional de la tutela, tras estimar que con la decisión de archivar la actuación reseñada se incurrió en una vía de hecho, en tanto que, el accionado incumplió con el deber legal en el desempeño de la función pública habida cuenta que no comunicó dicha determinación a los interesados, pero además no desarrolló el plan metodológico tal como se solicitó en la denuncia, limitándose a tener en cuenta lo manifestado por el denunciando.

Con base en lo expuesto, demanda el amparo para los derechos fundamentales al debido proceso, acceso de administración de justicia, igualdad y contradicción y solicita, se deje sin efecto la decisión reprobada a efectos de seguir adelante con la investigación.


RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA

El Fiscal 11 Seccional de San Marcos – Sucre retoma los argumentos expuestos en el resolución de archivo y hace saber que dicha decisión fue publicitada a los sujetos procesales sin desatender la ritualidad procesal pertinente.


EL FALLO IMPUGNADO

Lo profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo el 29 de noviembre negando el amparo reclamado, precisando así que en el presente asunto se cumplió con la comunicación de la decisión que ordenó el archivo de las diligencias penales, sobre todo, respecto del denunciante, quien por conducto de su apoderado recibió copia de la misma, según lo informa y acredita la Fiscalía accionada.

De otra parte refiere, en los términos que lo ha precisado la Sala de Casación Penal, al actor aún le resta controvertir la resolución de archivo ante un juez de control de garantías, a quien le corresponde verificar los presupuestos decantados en el auto proferido por el máximo tribunal en la jurisdicción ordinaria el 5 de julio de 2007, dentro del radicado 2007-0019.

LA IMPUGNACIÓN

El apoderado del accionante impugnó la sentencia de tutela insistiendo en la procedencia del amparo, para lo cual retoma someramente los argumentos de la demanda a la vez que agrega, aceptando en gracia de discusión que efectivamente hubiese acudido ante el juez de control de garantías, con lógica simple se le hubiera indicado que para lograr la protección de los derechos fundamentales invocados debía hacer uso de la acción de tutela.


CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, de la cual es su superior funcional, en actuación que comprende a la Fiscalía 11 Seccional de San Marcos.

Referente a la acción pública que nos ocupa ha de precisarse que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De tal suerte que, cuando no exista otro medio de defensa judicial para buscar la eficacia del derecho atacado o amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en abstracto le ha conferido la Constitución.


En el evento que concita la atención de la Sala, la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante AMALIO JOSÉ OTERO MONSALVE, se orienta a trastocar la firmeza de la resolución por cuyo medio, la fiscalía accionada dispuso el archivo de las diligencias en relación con la denuncia formulada por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial.

En este orden, emerge trascendente precisar que la doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

De esta forma, lo primero que debe precisarse para resolver la solicitud de amparo, es si el accionante tiene acceso a otro medio de defensa judicial para obtener la protección de la garantía que ahora considera agraviada con la actuación reseñada en el acápite correspondiente.


Bajo ese contexto impera destacar, que si bien en los términos señalados por la Corte Constitucional en sentencia C-1154 de 2005 contra el archivo de las diligencias no procede recurso alguno, dicha determinación no reviste el carácter de cosa juzgada por manera que el demandante cuenta con el mecanismo judicial previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, en virtud del cual puede solicitarle al funcionario competente se reanude la indagación, “si sugieren nuevos elementos probatorios”. Luego, resulta incuestionable que el ciudadano JOSÉ AMALIO OTERO MONSALVE puede emplear el instrumento de protección propicio para esgrimir los argumentos del libelo constitucional al interior del escenario natural, en orden a demostrar la existencia de la tipicidad objetiva de la acción penal y el funcionario judicial está en la obligación de atender dicho pedimento.


A más de lo anterior, ha de advertirse que según lo precisara la Corte Constitucional al declarar la condicionalmente exequible el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 en sentencia C-1154 de 2005, en el evento de denegarse la solicitud de reanudación de la investigación por existir controversia entre el denunciante y la Fiscalía en torno a su procedencia, la parte afectada tiene la posibilidad de acudir ante el Juez de Control de Garantías en orden a obtener su intervención en el asunto.

En conclusión, los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance

para dilucidar de manera pronta e idónea la situación, enervan la procedencia del amparo constitucional, máxime que lo que se vislumbra en la demanda de amparo es su fundamento en la inconformidad con la decisión que se abstuvo de dar inició formal a la investigación de los hechos denunciados por el accionante, tema ajeno al ámbito de protección de este instituto constitucional, pues la interpretación de las normas o la valoración de las pruebas por los funcionarios judiciales es de su exclusiva competencia en su especial condición de jueces naturales, lo cual imposibilita que mediante este procedimiento haya lugar a una intromisión sobre lo decidido por vía de despojarlos de sus facultades y funciones para adoptar una determinación diversa, pues convertiría esta acción en una instancia paralela, en total contrariedad con las razones que determinaron su institucionalización.

De tal forma el mecanismo extraordinario de amparo resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo de los medios judiciales que el procedimiento ofrece. Resulta así alterada la esencia de la acción de amparo constitucional, pese a que se ha insistido en los estrados judiciales de todos los niveles, que no se trata de un mecanismo adicional ni alternativo para censurar el raciocinio jurídico, ni el trámite impartido al asunto, ni la convicción a la que pudiesen arribar los funcionarios competentes después de analizar la normatividad aplicable al asunto y el acopio probatorio a la luz de los postulados de la sana crítica.

Si se admitiera que el Juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o los supuestos desaciertos en la apreciación de las pruebas o en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios judiciales, no solo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior.


Así las cosas, al no existir fundamento para tutelar los derechos invocados en la demanda por el ciudadano AMALIO JOSÉ OTERO MONSALVE, la confirmación de la providencia impugnada es la decisión que se impone adoptar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,




R E S U E L V E :


1. CONFIRMAR la decisión impugnada, con arreglo a las motivaciones consignadas en la presente providencia.
2. NOTIFICAR de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta determinación.

Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS


TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje