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Corte suprema de justicia sala de casación penal sala de decisión de tutelas n° 2 maría del rosario gonzález muñoz magistrada ponente stp12924-2014 Radicación n° 75869


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

Magistrada ponente
STP12924-2014

Radicación n° 75869

(Aprobado Acta No. 319)


Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014).
ASUNTO
Resolver la impugnación presentada por JAIME BLANCO DUGAND contra la sentencia de tutela proferida el 28 de julio de 2014 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que negó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; a cuyo trámite fueron vinculados el Ministerio de Protección Social y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Según se desprende del trámite, JAIME BLANCO DUGAND deprecó ante Colpensiones la pensión de invalidez. Como la entidad determinó que su pérdida de capacidad laboral equivalía al 31,7 %, solicitó que el asunto fuera remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, la cual modificó dicho porcentaje por 44,7 %, en decisión del 22 de agosto de 2013. En virtud de la impugnación contra tal determinación, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez conceptuó que la disminución de capacidad laboral corresponde al 44,81 %.
El ciudadano mencionado (“coadyuvado” por sus hermanos Armando Ramón y Josefina Blanco Dugand) acude ante la jurisdicción constitucional deprecando el amparo de sus garantías superiores, que estima vulneradas por las calificaciones dictaminadas, pues en su criterio, ninguna de las dos juntas valoró adecuadamente su historia clínica.
TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA
Por mandato expreso contenido en el auto A – 133 de 2014, el 8 de agosto del presente año, el juez plural de primer grado asumió el conocimiento del asunto y ordenó la vinculación de las autoridades previamente aludidas.

El Ministerio de Protección Social y Colpensiones alegaron ausencia de legitimidad por pasiva. Las juntas de calificación de invalidez defendieron la legalidad de sus conceptos, explicaron en extenso sus fundamentos y se opusieron al unísono a la prosperidad de la acción.


El a quo denegó el amparo, pues el examen de las evidencias recaudadas le permitió concluir que las entidades demandadas tomaron en cuenta la totalidad de la historia clínica del censor.
El memorialista impugnó el fallo. Reiteró los hechos y argumentos expuestos en el libelo introductorio, recalcando la supuesta omisión valoración por parte de las juntas calificadoras.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, cuya facultad para asumir el conocimiento del sub examine, fue definida mediante el auto A – 133 de 2014 de la Corte Constitucional.
Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando sean amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva de las autoridades públicas o de los particulares. Se caracteriza por ser un trámite subsidiario e informal que tiene lugar ante la ausencia de otro medio de defensa o su falta de idoneidad, o excepcionalmente para evitar un perjuicio irremediable.
El demandante censura los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez accionadas, que en su criterio no valoraron integralmente su historia clínica. Sin embargo, sin que resulte necesario efectuar el análisis desplegado en primera instancia para determinar si las entidades accionadas incurrieron o no en el yerro denunciado, advierte la Sala que la acción de amparo se torna improcedente, en atención a lo normado en el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001:

Controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el secretario representará a la junta como entidad privada del régimen de seguridad social integral.

La existencia de un medio judicial como el descrito excluye la viabilidad de la solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T – 578 de 2010, entre muchos otros pronunciamientos en el mismo sentido, lo siguiente:


De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación para que proceda el amparo se requiere del agotamiento de todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado, salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
 En ese sentido, ha advertido que el amparo constitucional no se ha constituido como una instancia adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar  las omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni puede ser estimado como último recurso de litigio.
La conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que la parte actora no acreditó, y la Sala tampoco lo evidencia, encontrarse frente a una evidente situación de perjuicio irremediable que haga forzosa la intervención transitoria del juez constitucional.
Los precedentes razonamientos constituyen fundamento suficiente para confirmar la decisión de primer grado, por la cual fue negado el amparo deprecado por el demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la anterior motivación.
2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase,


MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO


FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria





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