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Corte suprema de justicia sala de casación penal sala de decisión de tutelas no. 1 Eyder Patiño Cabrera Magistrado Ponente stp2023-2015 Radicación n°. 78. 210


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No.1

Eyder Patiño Cabrera

Magistrado Ponente
STP2023-2015

Radicación n°. 78.210

(Aprobado Acta No. 080)


Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015).

ASUNTO

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por la Inmobiliaria Sredni & Compañía S.C.A, a través de apoderado judicial contra las Fiscalías 179 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito perteneciente a la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá y 43 Delegada ante el Tribunal Superior de esta ciudad, por la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y a la defensa.


HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. La sociedad accionante denunció penalmente a los hermanos Samuel, Oscar y Arturo Palacios Gutiérrez, José Emilio Velázquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Duran y Brenda Soanes Pineda, por el delito de fraude procesal por cuanto se hicieron adjudicar de manera ilegítima el lote de su propiedad identificado con matricula inmobiliaria número 040-45707.
2. La investigación le correspondió inicialmente a la Fiscalía 27 Seccional de Barranquilla, despacho que mediante resolución del 19 de noviembre de 2010, aplicó el principio de restablecimiento del derecho a favor de Inmobiliaria Sredni & Compañía S.C.A, ordenando la entrega del referido inmueble.
3. Contra la anterior determinación los denunciados interpusieron el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
La impugnación horizontal fue resuelta por la Fiscalía 179 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito perteneciente a la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá1, mediante resolución del 27 de septiembre de 2013 revocando la emanada por la Fiscalía 27 Seccional de Barranquilla y, en su lugar, precluyó la investigación. Así mismo, concedió la alzada en razón a la segunda determinación.
4. En resolución del 30 de octubre de 2014 la Fiscalía 43 Delegada ante el Tribunal Superior de esta localidad confirmó la preclusión.
5. Inconforme con tal determinación, la sociedad accionante acude a la acción de tutela para insistir en que las Fiscalías accionadas incurrieron en defecto fáctico «por valoración defectuosa del material probatorio que induce a error».
Al respecto, anota que los funcionarios demandados sin esgrimir razones, concluyen que no hay delito, ni siquiera establecieron la causal motivo de preclusión, ni la razón por la cual el punible de fraude procesal se encuentra prescrito.
LAS RESPUESTAS

1. Fiscalía 43 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El titular del despacho indicó que frente a los hechos motivos de inconformidad encontró que el comportamiento endilgado a los sindicados es atípico y que los hechos expuestos en la presente solicitud de amparo ya habían sido investigados y decididos por varias autoridades judiciales en diversas decisiones debidamente fundamentadas en la normatividad legal vigente y en las pruebas recaudadas en cada una de esas actuaciones.
Destaca que la sociedad accionante agotó todos los mecanismos previstos en las codificaciones procesales a través de sus representantes, resultando adversas a sus intereses, por lo que ahora opta por la tutela como si se tratara de una tercera instancia.
2. Fiscalía 179 Seccional Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá.
La funcionaria a cargo luego de refutar los señalamientos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad demandante señaló que al interior del sumario se le garantizó a la parte civil el debido proceso donde tuvo la oportunidad y la garantía plena de intervenir, proponer pruebas e interponer recursos.
Agregó, que la decisión de precluir la investigación radicó en que los hechos denunciados no constituían delito alguno.
3. Fiscal Coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública del Atlántico.
La funcionaria señaló que el proceso objeto de tutela estuvo asignado a la Fiscalía 27 Seccional, sin embargo, el mismo fue remitido a la ciudad de Bogotá, lo cual impide realizar una revisión de las decisiones que pretende dejar sin efectos la parte accionante.
PROBLEMA JURIDICO
Corresponde a la Sala establecer si las Fiscalías accionadas, desconocieron los derechos fundamentales reclamados por la sociedad demandante, al precluir la investigación a favor de las personas que denunció por el delito fraude procesal.
CONSIDERACIONES

El amparo propuesto será negado por las siguientes razones:


1. De acuerdo a los principios de cosa juzgada y autonomía judicial, el juez constitucional no puede deslegitimar las decisiones adoptadas en las instancias, menos cuando se acude a la tutela como una herramienta adicional debido a que en el trámite ordinario no se logró lo buscado por el interesado.
Por su carácter excepcional, no se puede acudir a ella en reemplazo de los medios normales de defensa o para plantear una controversia que se debió surtir en las instancias correspondientes, en consideración a que los funcionarios judiciales gozan de autonomía para interpretar la norma que más se ajuste al caso, para valorar las pruebas y para decidir el asunto con fundamento en las prescripciones legales y constitucionales pertinentes.
Por ello, cuando se promueve esta acción constitucional, es necesario que el interesado demuestre la ocurrencia de alguna causal de procedibilidad, según lo ha precisado la Corte Constitucional2, pues la sola inconformidad con las decisiones adoptadas por el juez natural no habilita a su interposición, máxime cuando la providencia aparece sustentada en argumentos serios, coherentes y razonables.
2. En el asunto que se examina, es palmario que la parte demandante acude a este mecanismo de protección con la finalidad de obtener una solución del asunto acorde con sus intereses, en cuanto pretende que el juez de tutela incursione en el análisis de la decisión de preclusión emitida por las Fiscalías accionadas, al considerar que efectuaron una equivocada valoración del conjunto probatorio.
3. Del soporte argumentativo de las providencias cuestionadas por vía de tutela, se percibe, que las decisiones de precluir la investigación a favor de los hermanos Samuel, Oscar y Arturo Palacios Gutiérrez, a José Emilio Velázquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Duran y a Brenda Soanes Pineda por el delito de fraude procesal, está soportada en el examen objetivo de los hechos que dieron origen al sumario y de las pruebas obrantes en la foliatura.
Al respecto, la funcionaria de segunda instancia, al resolver el recurso de apelación contra la resolución que precluyó la investigación precisó las razones por las cuales la Inmobiliaria Sredni & Compañía S.C.A, no tenía razón en sus reparos:
(…) Adelantada la respectiva investigación de los hechos reseñados, la fiscalía de primera instancia consideró que la acción penal se hallaba prescrita y dispuso precluir la actuación, por la imposibilidad de proseguirla, determinación que es confirmada por la segunda instancia en toda su extensión.
Conforme a lo indicado, es evidente que el comportamiento ejecutado por los procesados, ante todo fue legitimo por tratarse de un derecho consagrado y regulado por la Jurisdicción Civil vigente en el momento en el que ejercitaron cada una de las enunciadas acciones, y en segundo lugar, éstas fueron sometidas a la respectiva discusión ante los jueces competentes, quienes luego del trámite legal pertinente y la adecuada valoración probatoria, con razonamientos ajustados a la realidad procesal, emitieron los fallos que durante más de 20 años se han venido cuestionando por diferentes actores y ante diversas jurisdicciones.
En la condiciones reseñadas, los fallos mencionados cobraron fuerza de ley por razón de la cosa juzgada y la seguridad jurídica de las decisiones judiciales, de donde se infiere lógicamente que los sindicados no cometieron el delito que se les imputó, porque en la conducta que ejecutaron no concurrieron los elementos objetivos ni subjetivos requeridos por el tipo penal descrito en la respetiva norma prohibitiva, al no haber llevado a cabo ningún medio fraudulento que indujera en error a los Jueces de la Republica, para que resolvieran los respectivos procesos civiles en la forma en que lo hicieron.
De lo anterior se deduce, sin duda, que la parte actora acude al mecanismo de protección con la única finalidad de obtener que el juez constitucional revalúe las pruebas y provea conforme a sus anhelos, cuestión que, como se dijo, es a todas luces improcedente, más aún cuando no se constata que la determinación sea el fruto del capricho o la arbitrariedad de los funcionarios accionados, sino del examen objetivo de la prueba que les permitió concluir que la parte investigada no cometió delito alguno.
Como se observa, es nítida la improcedencia del amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE



Primero. Negar la tutela presentada por Inmobiliaria Sredni & Compañía S.C.A. a través de apoderado judicial.

Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase

Eyder Patiño Cabrera

Magistrado



Gustavo Enrique Malo Fernández

Magistrado




Luis Guillermo Salazar Otero

Magistrado

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria





1 Por reasignación de la actuación.

2 Sentencia C- 590 de 2005.



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